(SENA-Fobomade y PL).- La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió la demanda interpuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible y el Foro Nacional de Reciclaje en contra del Estado de Costa Rica, acusado de dañar severamente el ecosistema, la biodiversidad y el caudal del río San Juan con la construcción de una carretera de casi 130 kilómetros de longitud. El gobierno de Nicaragua presentó quejas formales al PNUMA, Unesco y a la Convención Internacional para los Humedales (Ramsar).

El gobierno de la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla pretende construir una carretera paralela al río San Juan, torrente compartido con Nicaragua. Dicha obra es parte de un paquete de proyectos anunciado por Chinchilla en diciembre de 2010, que incluye helipuertos, un puente peatonal sobre el río Colorado, la instalación de alcantarillas e incluso un muelle en el río Colorado. Se prevé también la construcción de mallas que servirán como puerta de entrada a los ríos Colorado, San Carlos y Sarapiquí.

A juicio del director del Centro de Investigación y Transferencia de Cambio Climático José Antonio Milán, el camino proyectado en el borde sur del río San Juan facilitará la accesibilidad a un territorio hasta ahora poblado por vegetación, animales y muy escasos seres humanos, lo cual encarecerá el cuidado medioambiental por parte de Nicaragua. Detrás de la carretera vendrán comunidades, restaurantes, hoteles y un sinnúmero de sitios recreativos que modificarán más aún el ecosistema, advirtió el académico.

Las infraestructuras horizontales y lineales como carreteras y vías férreas se caracterizan por un tipo de impacto llamado efecto barrera, pues alteran el régimen de correntía natural. El proyecto vial, con su cuneta, alcantarillas y otras obras, variará significativamente la forma de entrega de la correntía al río, y por el ancho de los tubos de alcantarillas fotografiados suponemos que los volúmenes de agua lanzados por ahí serán excesivos, explicó Milán.

La zona tiene un régimen de precipitación superior a los tres mil milímetros anuales, y con las modificaciones difícilmente tendrá capacidad para evacuar tanta agua. Los suelos de la zona son muy poco estables, y existe la probabilidad de que con el tiempo se produzcan deslizamientos de tierra, que al final verterán enormes cantidades de sedimentos al río e incrementarán el daño, evaluó el integrante de la Universidad de Ciencias Comerciales.

El presidente del Consejo Nacional de Universidades Telémaco Talavera expuso los perjuicios evidentes a la reserva de Biosfera Indio Maíz, por el deterioro de la calidad del agua. En sus 7.677 kilómetros cuadrados, dicha demarcación alberga una gran diversidad de ecosistemas representativos del bosque tropical húmedo y humedales, marismas, lagunas costeras y estuarios, que constituye un reservorio genético de especies botánicas y de fauna escasas o desaparecidas en otras partes del trópico mesoamericano.

Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua Julio Cesar Avilés detalló ante la Asamblea Nacional los daños ambientales en la zona del río San Juan, y las afectaciones al torrente y la flora y fauna de su medio natural. Aunque Costa Rica construye la carretera en su lado, está dañando de manera significativa no solo sus tierras, ya que el desarrollo de la infraestructura vial repercute negativamente en la navegabilidad. Las evidencias son claras, basta navegar por la ribera del San Juan para ver el enorme daño que se le está ocasionando, según el alto mando militar.

“El daño que ya está provocando la carretera es verdaderamente catastrófico”, alertó el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, antes de enviar cartas oficiales de reclamo a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y a la Convención Internacional para los Humedales (Ramsar), detallando los graves daños al ecosistema, a la biodiversidad y al mismo caudal del río San Juan.

El gobierno de Nicaragua también envió una nota de protesta al Ejecutivo de Costa Rica, demandándole detener el proyecto hasta que se valoren sus efectos ecológicos. También solicitó el estudio de impacto ambiental que corresponde hacer antes de la ejecución de cualquier obra similar, con el fin de conocer los impactos sobre el terreno y los posibles mecanismos de mitigación.

La Asamblea Nacional de Nicaragua respaldó la demanda del Ejecutivo, amparada en más de cinco convenios internacionales. Los diputados catalogaron la obra como una política agresiva y de confrontación por parte del gobierno costarricense en perjuicio de los derechos soberanos de Nicaragua sobre el río San Juan. Para el vicepresidente de Nicaragua Jaime Morales Carazo, “es verdaderamente penoso que un gobierno que ha gozado de un prestigio de civilidad y de amor hacia la naturaleza y su protección, cometa un crimen tan atroz contra la naturaleza”, reportó El Nuevo Diario. El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Jaime Incer Barquero observó la gran contradicción que implica la promoción de Costa Rica como un paraíso verde cuando destruye su propio ecosistema y el de un país vecino.

Nicaragua denunció que el gobierno costarricense inició el proyecto sin contar con un estudio de impacto ambiental, razón por la cual la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales Juana Argueñal solicitó el 29 de noviembre a la Convención Ramsar que envíe una misión a la zona a fin de verificar los daños al humedal y río San Juan. El viceministro de Ambiente y los Recursos Naturales Roberto Araquistain advirtió que el proyecto viola las convenciones de Biodiversidad y de Lucha contra la Desertificación, así como el Protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de ozono.

Además, la carretera también atenta contra la navegación del mencionado río, violando directamente el Tratado Jerez-Cañas vigente desde 1858, denunció el comandante Edén Pastora. En virtud del Laudo Cleveland de 1888 y de otros tratados sobre la navegación y derechos del cuerpo de agua como el Laudo Alexander y el Tratado Jerez-Cañas, Nicaragua tiene el dominio y sumo imperio sobre las aguas del San Juan y el derecho a mejoras a la navegación, aseguró el jurista Manuel Madriz en una entrevista con El Nuevo Diario.

Por tanto, Nicaragua cuenta con instrumentos jurídicos para frenar la obra. “Nosotros disponemos de la totalidad de las islas para agilizar el curso de las aguas, de forma tal que el país puede quitar cualquier ínsula natural o artificial que perjudique la navegación”, expuso Madriz, catedrático y autor del libro El Río San Juan de Nicaragua. En ese marco, el gobierno de Nicaragua no solo debería notificar a la Corte Internacional de Justicia y llamar a Costa Rica para negociar la indemnización justa y real; también tendrían ocupar entre 600 y 700 metros al sur de la ribera derecha del río para reforestar las áreas arrasadas por la maquinaria costarricense y así garantizar la navegabilidad del cuerpo de agua.

El general Avilés resaltó las intenciones del gobierno nicaragüense de preservar sus reservas naturales y para protegerlas recién creó un batallón ecológico a fin de cuidar una masa forestal de más de 30 mil kilómetros cuadrados que agrupa 62 áreas protegidas.

Por la importancia internacional de las reservas medioambientales de río San Juan, el municipio de San Carlos, cabecera del departamento homónimo en Nicaragua, resultó seleccionado como sede de la X Feria Nacional de la Tierra 2012, que abordará el manejo de residuos, agua, saneamiento y protección de la biodiversidad, informó El Nuevo Diario.

El alcalde del municipio Johnny Gutiérrez explicó que potenciarán el peso referencial que tiene el Río San Juan para plantear los desafíos ambientales de Nicaragua como nación. Nada mejor que este lugar para discutir y analizar sobre las posibilidades de seguir creciendo como seres humanos, no podemos seguir pensando en desarrollo si no actuamos en equilibrio con los recursos del ambiente, declaró el funcionario.

Gutiérrez comentó que los parques naturales de San Juan, que forman parte de la Reserva de Biosfera y tienen sitios Ramsar, son el escenario perfecto para recordar a todo el mundo que aún tenemos la oportunidad de avanzar en armonía con la madre naturaleza.

Demandas judiciales

Una jueza del Distrito Civil de Río San Juan aceptó conocer una solicitud de instituciones ambientales nicaragüenses de construir perpetua memoria sobre los daños ecológicos que causa la carretera costarricense, como preludio de una demanda internacional en contra Costa Rica por destrucción al medio ambiente y daños a la humanidad. La solicitud fue presentada por la Fundación Amigos de Río San Juan; Fundación Reserva Esperanza Verde; la Universidad Martin Lutero, y la Junta Directiva del Consorcio Gaspar, que aglutina a 22 ONG y ambientalistas locales.

El colectivo social denunció que las maquinarias costarricenses han soterrado canales naturales que alimentan al río desde su territorio, y derribaron bosques y árboles que sirven de refugio a especies silvestres del ecosistema sur.También acusaron a Costa Rica de haber vertido sedimentos y lanzado árboles, piedras y basura a las márgenes del río, con lo cual espantan especies de animales y contaminan extensas zonas con los gases de las maquinarias de gasolina y diesel.

Los denunciantes señalaron que la obra bloqueó el paso natural de especies de todo tipo que transitaban antes desde los bosques hasta el río para alimentarse y calmar la sed, y han destruido microsistemas y colonias de animales asentados allí. Además, los obreros orientaron el sistema del drenaje de la carretera hacia el canal del río San Juan mediante tuberías que descargan directamente en el cuerpo acuático.

Uno de los aspectos mencionados como daño económico a la zona fue la remoción de mojones y señales de límites fronterizos, con los que provocan inseguridad jurídica y afectan directamente las inversiones, el turismo y la seguridad ciudadana en la ribera.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz de Costa Rica, Alberto Cabezas, presentó el pasado fin de semana un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de su país para que exija el cese de la obra, reportó El Nuevo Diario.

El 19 de diciembre, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió la demanda en contra de Costa Rica, interpuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible y el Foro Nacional de Reciclaje, reportó la agencia Prensa Latina. El titular del CCJ Francisco Darío Lobo dijo que el Estado costarricense debe contestar a la demanda, tras recordar que los seis Estados centroamericanos están bajo la jurisdicción de esta Corte en todo el ámbito del derecho comunitario y del derecho internacional.

Algunos países no tienen magistrados en el CCJ, como Costa Rica, pero eso no lo exime de la obligación de someterse a la jurisdicción de la CCJ y de acatar sus resoluciones y sentencias, aseveró el magistrado Lobo. Por tanto, en caso de que Costa Rica desconozca la decisión de la CCJ, podría ser declarada rebelde pues esa nación centroamericana firmó los conveniosy tratados de conformación del órgano regional jurídico, por lo cual no puede desconocer sus sentencias y mandatos.

El presidente del tribunal manifestó que una delegación de magistrados de la CCJ pretende visitar la zona donde Costa Rica construye su carretera a fin de constatar los daños ecológicos del proyecto y definir mejor las medidas cautelares que se le impondrían al gobierno costarricense, indicó el diario El 19 Digital.

Tras admitir la demanda contra Costa Rica por daños ambientales, explicó Lobo, la CCJ abre un juicio y da un plazo de diez días para que la presidenta Laura Chinchilla conteste al reclamo.