El Alto y La Paz (ABI).- La Procuraduría General del Estado ahorró más de 1,3 millones de dólares al país al resolver tres arbitrajes internacionales: el caso de la empresa Atlas, que gerenciaba el complejo metalúrgico de Karachipampa; las demandas de GDF-Suez de Francia y Carlson Dividend Facilityt, ambas accionistas de la empresa eléctrica Corani, nacionalizada por el Ejecutivo en mayo de 2010.

El procurador general del Estado Hugo Montero informó que existen cerca de 12 notificaciones de controversias asumidas por su despacho como casos de defensa del Estado. “Son varios los casos, todos están bajo control procesal, debidamente controlados y monitoreados, siempre en la perspectiva de que los intereses del Estado no sean afectados en estos procesos”, manifestó.

Recordó que los procesos fueron heredados por el ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, como parte de un paquete de conflictos y controversias en que estaban o se encuentran en juego los intereses del pueblo boliviano. El seguimiento de los procesos está actualmente a cargo de la Sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, bajo una política de igual atención y manejo responsable.

Montero estableció que entre las controversias hubo procesos con algunas empresas estratégicas ligadas al campo de generación y administración de electricidad, pero algunos fueron solucionados de manera amistosa. “Nuestra principal preocupación es solucionar la controversia de forma amigable. Eso significa con una conciliación con empresas”, añadió.

El Procurador General del Estado se refirió, por ejemplo, al seguimiento del caso de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) y dijo que se vela por la aplicación de la normativa referente a la transferencia de las acciones a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

La Procuraduría también supervisó la firma de la resolución de contrato de riesgo compartido, entre la empresa canadiense Atlas PRECIUS METAL INC. y la Corporación Mineral de Bolivia (COMIBOL) para la reactivación de la metalúrgica Karachipampa. En ese marco fue firmado el contrato transaccional de liberación general y recíproca de obligaciones entre ambas empresas y el Ministerio de Minería y Metalurgia.

La controversia se inició en junio de 2010 cuando la COMIBOL ejecutó una boleta de póliza de garantía por el monto de 850.000 dólares debido al incumplimiento de inversión total comprometida por ATLAS para reactivar Karachipampa. De acuerdo con el desarrollo de las negociaciones realizadas bajo la coordinación y supervisión de la Procuraduría, ATLAS entregó la planta de Karachipampa el 30 de diciembre de 2010. El acuerdo establece que COMIBOL reconocerá a ATLAS el pago de 750.000 dólares por las inversiones efectuadas en la primera fase en el Complejo Metalúrgico Karachipampa.

Por otro lado, la Procuraduría General del Estado acompañó el cierre de la operación transaccional de compensación de acciones de Corani a la empresa Carlson Dividend Facility SA. Montero destacó el cumplimiento del Estado boliviano para cumplir con el mandato del Decreto Supremo 196, como la nacionalización de las acciones del paquete correspondiente a Corani.

Señaló que Carlson Dividend Facility tenía el 0.65% de las acciones que fueron endosadas a favor de ENDE, por un valor equivalente a 240 mil dólares. ENDE cancelará este monto, y así las acciones a su favor sumarían el 98 por ciento del total del paquete accionario.

Los antecedentes de este acuerdo se remiten al Decreto supremo 493, emitido el 1 de mayo de 2010, que instruye nacionalizar a favor de ENDE el paquete accionario que poseían los inversionistas extranjeros en la Empresa Corani, Valle Hermoso y Guaracachi. A la fecha, sólo queda pendiente la compensación económica a la empresa Rurelec, por su paquete accionario en Guaracachi.

Primeros resultados

En la rendición pública de cuentas de esa institución, la sub procuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, precisó que la Procuraduría del Estado en diez meses de funcionamientos resolvió tres arbitrajes internacionales, que tienen un impacto positivo económico, social y político. “Los ahorros económicos en esos tres casos son alrededor de 1,3 millones de dólares y el aspecto social y político es mucho más valioso respecto al logro que se ha obtenido con los tres casos ya resueltos”, argumentó.

Arismendi recordó que la Procuraduría tiene la misión de defender los intereses y el patrimonio del pueblo boliviano, especialmente en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente. En esa línea, precisó que en el caso de la empresa Atlas, no cumplió un contrato de riesgo compartido con la COMIBOL, en el que se comprometió a presentar un plan de inversiones y un cronograma para que ponga en marcha la fundición de oro, plata y estaño en Karachipampa.

Precisó que por ese incumplimiento en las inversiones, Comibol ejecutó una de las boletas de garantía de 850.000 dólares, acción que generó la demanda de Atlas por la suma de 2 millones de dólares, además de la devolución de la boleta de garantía. “La Procuraduría ha logrado que el caso se resuelva con el pago de 750.000 dólares y sin devolver la boleta”, subrayó.

Arismendi apuntó que en el caso de GDF-Suez de Francia, accionista de la empresa nacionalizada Corani, demandó la compensación de sus acciones, previa evaluación de una empresa independiente que determinó el pago de 18.425.000 de dólares por el 50% del paquete accionario. “En este segundo caso hemos logrado suspender definitivamente el arbitraje y evitar al Estado boliviano el gasto, porque un arbitraje internacional está entre tres a cuatro millones de dólares”, complementó.

En el caso de la empresa Carlson Dividend Facilityt de Suiza, cuyas acciones también pasaron a la estatal ENDE, informó que se zanjó la “eventual amenaza de arbitraje” con el Estado boliviano con la suscripción de un contrato transaccional. “Con esos tres casos la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado ha logrado tres aspectos muy importantes en lo económico. Se han ahorrado al Estado varios millones de dólares que podía haber gastado en arbitrajes y compensaciones injustas”, aseveró.

El procurador Hugo Montero informó el viernes que la proyección de esa institución para 2012 es consolidar un plan estratégico con las instituciones públicas, para fortalecer la defensa legal del país, ante eventuales arbitrajes internacionales.

“Nuestra proyección es consolidar nuestro plan estratégico institucional para incorporarnos de manera más efectiva y eficiente en la coordinación que debemos tener para la defensa de los intereses del Estado con las otras entidades y unidades jurídicas públicas”, explicó a la ABI.

Con esa meta se busca fortalecer la Procuraduría como “capitana y defensora” de los interés del Estado. “Queremos incorporar nuestro plan nacional en coordinación con todas las organizaciones, lo que implica coordinar, trabajar y hacer un trabajo en equipo con todas las unidades jurídicas de esas entidades públicas”, remarcó.

Aseguró que la defensa de los intereses del Estado debe ser coordinada con el resto de las instituciones, para controlar directamente los procesos en los cuales el Estado se ve involucrado, en escenarios internacionales. “Tenemos la tarea de tratar de acordar pagos de compensaciones producto de las nacionalizaciones y de las recuperaciones siempre en beneficio del pueblo boliviano, buscando niveles de equilibrio para no perjudicar a las empresas legítimamente establecidas que han invertido”, sustentó.

Asimismo, dijo que la labor de la Procuraduría tiene impacto en el orden social y político, porque a partir de la participación en procesos internacionales o amenazas de procesos se da seguridad jurídica a las instituciones, empresas inversoras, además de estabilidad económica y tranquilidad social al interior del país.