El Cairo y Túnez (PL).- Las expectativas de que la Primavera Árabe propice en un año cambios añorados durante décadas en la docena de naciones que la vivieron quedaron muy por encima de sus desenlaces. El gobierno interino creado en Libia tras una sangrienta guerra contra Muamar El Gadafi intentó maquillar de legitimidad el capítulo más lóbrego de la llamada Primavera Árabe, ensombrecido por la devastadora intervención de la OTAN.

Un año después de su imprevisto estallido en Túnez, los levantamientos populares en países árabes siguen acaparando la atención mundial, tanto por su accidentada evolución como por la importancia estratégica de la región que convulsionan.

Aunque 2011 se registra como el esplendor de la llamada Primavera Árabe, por propiciar en un año cambios añorados durante décadas, las expectativas suscitadas en la docena de naciones que la vivieron -con más o menos magnitud- quedaron muy por encima de sus desenlaces.

Los tunecinos sorprendieron a propios y extraños cuando se deshicieron el 14 de enero del presidente Zine El Abidine Ben Alí, apenas días después de la inmolación de un joven desempleado en la recóndita Sidi Bouzid, el 17 de diciembre de 2010. Ahí empezó todo.

La euforia inicial de las revueltas, que sacudieron los cimientos de tronos y gobiernos, y abrieron nuevos horizontes a la población, ha tropezado con una incesante inestabilidad política, una democracia en ciernes, y más desempleo y pobreza, dos detonadores de las protestas.

La espontaneidad, la falta de liderazgo único y la carencia de alternativas al deseado cambio, fueron debilidades comunes a todos los procesos, a lo que se sumaron oportunismos políticos externos, afán de protagonismo regional y ajustes de cuenta. El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) eligió con 153 votos a Moncef Marzouki como presidente de Túnez, el primero que llega al cargo por vía democrática tras el derrocamiento de Zine El Abidine Ben Alí.

El líder del partido Congreso por la República (CPR) y exjefe de la Liga Tunecina por la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) fue el único candidato a la primera magistratura, luego que el pleno rechazó otras nueve postulaciones por carecer del apoyo mínimo de 15 delegados.

Marzouki tenía asegurados casi la totalidad de los 89 votos del movimiento islamista moderado Ennahda (renacimiento, en árabe), aunque del total de 217 miembros de la ANC, 44 emitieron el sufragio en blanco, tres en contra y dos se abstuvieron. Además, el CPR ganó 29 escaños en las elecciones del pasado 23 de octubre, y tenía acuerdos dentro de una coalición tripartita con el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL-Ettakatol), que obtuvo 20 asientos.

En su alocución tras ser elegido, el veterano dirigente por las garantías individuales destacó que “la confianza es lo que distingue a la nobleza del ser humano”. Dentro de la mencionada alianza, Ennahda reservó para su secretario general, Hamadi Jebali, el puesto de primer ministro de Túnez, y Ettakatol consiguió la presidencia de la ANC, que asumió su líder Mustafa Ben Jafaar durante la sesión constitutiva, el 22 de noviembre.

Según la ley orgánica de los poderes públicos, un componente esencial de la Constitución provisional aprobada ayer, Marzouki deberá encargar mañana a Jebali la formación de un gobierno interino que se mantendrá vigente hasta la realización de elecciones generales.

Entretanto, cientos de manifestantes continuaron acampados fuera del Palacio de Le Bardo, sede de la ANC, en protesta por las que consideraron maniobras para la repartición del poder, y en reclamo de que se promulgue la Carta Magna de 26 artículos. La sesión del 12 de diciembre completó un ciclo de casi un año desde que en diciembre de 2010 un joven se inmoló en la localidad de Sidi Bouzid y desató las revueltas populares que forzaron la caída de Ben Alí el 14 de enero de 2011.

Túnez formó un gobierno interino, celebró elecciones y habilitó una Asamblea Constituyente, pero sigue inmerso en diseñar una sociedad plural bajo un liderazgo islamista, la corriente político-confesional que ya recogió en Marruecos y Egipto los frutos de la rebelión laica.

Algunos analistas insistieron en la conocida “teoría del dominó”, pero la forma en que Hosni Mubarak se apartó del poder, en una suerte de “autogolpe de Estado” consensuado con Estados Unidos para dejar al mando a una Junta Militar afín, echó por tierra ese criterio.

En Egipto, el octogenario rais renunció, pero continuó incidiendo por acción u omisión en la lenta transición democrática, siempre atada al compromiso de la cúpula castrense de ejercer el rol dado por Washington en la volátil relación del mundo árabe con su aliado Israel. Al margen de limitaciones internas, la intervención de Occidente encauzó por derroteros más sangrientos y traumáticos la sed reformadora de libios, sirios, yemenitas, bahreiníes, y en menor medida de jordanos, argelinos, iraquíes y omaníes.

Lo anterior se evidenció en la guerra diseñada y azuzada por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para derrocar a Muamar El Gadafi en Libia, a partir del infausto aval de la Liga Árabe (LA), mucho más ignominioso en la crisis siria.

La organización panárabe se esmeró en romper su proverbial y tradicional ineficacia de la mano de las monarquías petroleras del golfo Pérsico, pero cayó en una peligrosa subordinación a Occidente.

La crisis libia fue paradigmática en dobles raseros de la ONU, las potencias occidentales y la propia LA, repitiendo ex profeso viejas prácticas de politizar la democracia y los derechos humanos en pleno proceso de lo que en las sociedades árabes se denominó revolución.

Pero la reacción respecto a las revueltas en Siria fue más virulenta porque se suministró armas a la oposición y la LA secundó el esquema de sanciones políticas, diplomáticas y económicas de Occidente.

A título individual, Catar utilizó el asedio a Damasco para tratar de erigirse en coloso de la diplomacia regional, y Arabia Saudita buscó obstruir los nexos de Irán con el mundo árabe de mayoría sunnita, y de paso acallar protestas chiitas en su propio territorio y en Bahrein.

La familia Al Khalifa, que gobierna Bahrein, aplastó en apenas un mes la sublevación de la mayoría chiita con ayuda de soldados sauditas y emiratíes, y confiada en la integridad territorial, supuestamente garantizada por la Quinta Flota estadounidense, la cual tiene su base allí.

Tras 10 meses de protestas y sangrienta represión, una parte de la oposición en Yemen quedó satisfecha cuando Alí Abdulah Saleh firmó un plan del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico para ceder el poder, aunque seguirá como presidente hasta las elecciones de febrero.

Lo más frustrante para el sector mayoritario de la oposición fue que su progresiva salida de escena se pactó a cambio de otorgarle inmunidad judicial a él y su familia, lo cual alentó nuevas manifestaciones.

En Argelia hubo amagos de insurrección y Europa se frotó las manos, pero Abdelaziz Bouteflika pudo campear el temporal, al igual que el sultán Qaabos de Omán, quien aplacó el malestar con proyectos sociales y económicos impulsados gracias a una inyección millonaria del CCG.

Kuwait cerró 2011 con un gobierno dimitente y en funciones y con el parlamento disuelto, pero el carácter cíclico de esas crisis es ajeno a la oleada de revueltas regionales, mientras las monarquías de Jordania y Marruecos se vieron acorraladas por reclamos de reforma y democracia.

El rey Abdulah II tuvo que destituir el Ejecutivo dos veces en el año para tranquilizar a opositores que espera un combate eficaz a la corrupción y el avance hacia una monarquía constitucional que limite el poder del monarca y permita al parlamento elegir al jefe del gabinete.

Mohamed VI tomó la seña del movimiento reivindicativo que estalló el 20 de febrero y reformó la Constitución del reino alawita, cedió prerrogativas, realizó elecciones legislativas y aceptó el triunfo de un partido islamista, aunque tampoco satisfizo a toda la oposición.

Similitudes y singularidades aparte, lo común a casi todos los procesos es que los frutos de la primavera siguen amenazados de marchitarse mientras más arrecia el invierno, aunque afortunadamente los pueblos siguen afanados en reencauzar la esperanza.

Egipto, la rebelión inconclusa

Gobernado por una Junta Militar a la que Hosni Mubarak decidió ceder el poder en febrero, Egipto estrenó 2011 sacudido por revueltas y lo despidió inmerso en elecciones pacíficas, precedidas por sucesos no menos inquietantes. La ola de protestas populares en noviembre en la plaza Tahrir y en Alejandría, y la represión letal de la policía hicieron patente el desengaño de quienes certificaron como revolución consumada el derrocamiento del “rais” (presidente, en árabe) a comienzos de año.

El cóctel explosivo de elevada insatisfacción social, acentuada por una pobreza y un desempleo galopantes, un régimen coercitivo que ahogaba disensiones políticas y un fraude flagrante en los comicios parlamentarios de 2010, lanzaron a las calles a millones de egipcios.

La sublevación también tuvo como detonante el orgullo de los habitantes del país más poblado e influyente del mundo árabe, por demás con legado faraónico, que se empeñaron en emular con el pequeño Túnez.Si los tunecinos necesitaron casi un mes para forzar la huída del presidente Zine El Abidine Ben Alí, el 14 de enero, los egipcios lograron en 18 días acabar el 11 de febrero con un gobierno de 30 años que tenía sólidos aparatos de seguridad y la bendición estadounidense.

La bautizada como Revolución del 25 de Enero volcó a las calles a una juventud contestataria que, haciendo uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, movilizó a millones y acaparó las miradas del mundo, sobre todo por su civismo y la actitud pacífica de sus protagonistas.

La revuelta se saldó, sin embargo, con más de 850 muertos, sobre todo en la primera semana, y miles de heridos, cuya reivindicación en Tahrir en noviembre fue uno de los móviles de las protestas aplastadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA).

Una represión desmedida de las fuerzas antimotines causó 42 muertos y unos dos mil heridos también en poco más de una semana, cuando sobrevivientes de las arremetidas de comienzos de año se unieron al reclamo para que el CSFA entregara el poder a civiles sin su tutelaje.

Precisamente, la acción policial de noviembre en Tahrir fue la demostración inequívoca de que el lento proceso de transición democrática en Egipto estaba al borde del colapso y generando un alarmante grado de desconfianza ciudadana.

El país vivió prácticamente todo el año entre marchas reivindicativas, protestas de sectores políticos y huelgas gremiales impensables bajo el régimen de Mubarak, pero el apremio por cambios tangibles provocó movilizaciones para que se acelerara la transición. Dos momentos referenciales del malestar popular con la gestión de los militares se registraron con las manifestaciones de julio y septiembre denominadas “viernes de persistencia”, la primera, y “corrigiendo el rumbo”, la segunda.

En julio los egipcios exigieron la renuncia del presidente de facto y jefe del CSFA, mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi, y el juicio urgente a Mubarak, sus dos hijos, Alaa y Gamal, y otros exfuncionarios a los que, tras disímiles amaños legales, se les comenzó a procesar.

Analistas coincidieron en que la persecución judicial de exministros y otros allegados al depuesto presidente fueron “acciones cosméticas” para dar la imagen de cambio, pues muchos juicios siguen inconclusos, pese a tener, al menos en el caso de Mubarak, un final predecible.

Dos meses después, musulmanes, cristianos y laicos añadieron a los reclamos de julio el cese de juicios a civiles en cortes militares, mediante los cuales fueron condenadas más de 12 mil activistas.Los egipcios sintieron que el CSFA incumplía el calendario electoral prometido, a excepción del referendo para enmendar la Carta Magna y poner en vigor una “Declaración Constitucional” refrendada por el 77,2 por ciento de los participantes en la votación.

Sin embargo, el texto constitucional fue, a la postre, otro detonante de las manifestaciones de finales del año, sobre todo lo relativo al protagonismo concedido a la cúpula castrense que, pese a retóricos discursos, preservó la esencia del régimen Mubarak.

Grupos interesados en afianzar el status quo provocaron, al menos en dos ocasiones, enfrentamientos entre musulmanes y coptos, con la quema de iglesias y la intervención implacable del Ejército y la policía que causaron en total la muerte de más de 40 cristianos.

Durante el año fueron nombrados tres primeros ministros, dos bajo la égida del CSFA y el último de ellos tras la crisis de noviembre, dado que su antecesor insistió en imponer cláusulas constitucionales que en la práctica dejarían al Ejército por encima de la ley.

El mando castrense se vio forzado a prometer que cederá el poder a mediados de 2012, después de completar un complicado y prolongado cronograma de elecciones legislativas y presidenciales en el que las primeras fases presagiaron nuevos episodios de beligerancia política.

Los comicios para la Asamblea del Pueblo, iniciados el 28 de noviembre y previstos para concluir el 11 de enero entrante, transcurrieron con relativa calma, pero no impidieron que se desmoronara el paradigma fabricado por Estados Unidos y Europa.

Así, la nación del Nilo, cuyos habitantes consiguieron se desmantelara el otrora gobernante Partido Nacional Democrático, vivió un claro reacomodo de fuerzas políticas, ajuste de cuentas con el anterior régimen y la legalización de partidos islamistas.

Pero la llamada revolución pacífica se tiñó varias veces de sangre, sufrió un notorio estancamiento, el exministro de Defensa de Mubarak (Tantawi) continúa al mando y la vieja guardia islamista recoge en las urnas el fruto de la revuelta conducida básicamente por jóvenes laicos.

Libia, el legado más aciago de la Primavera Árabe

El gobierno interino creado en Libia tras una sangrienta guerra contra Muamar El Gadafi intentó maquillar de legitimidad el capítulo más lóbrego de la llamada Primavera Árabe, ensombrecido por la devastadora intervención de la OTAN.

En el año de mayor convulsión política y social, registrada de forma simultánea en países del norte de África y Medio Oriente, Libia descolló a partir del 17 de febrero por un alzamiento fabricado desde afuera con una oposición de orígenes, credo e ideologías diversas.

Tan innegable es que a los beligerantes con el Ejército gubernamental los movió el descontento extendido a un sector de la población, como que su victoria fue posible gracias a los ocho meses de bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Y ello explica que la rebelión contra El Gadafi nacida en Benghazi, la segunda ciudad libia después de Trípoli, fuera perdiendo autenticidad en la misma medida que sus protagonistas se tornaron más dependientes y manejables para las potencias occidentales.

La cúpula del denominado Consejo Nacional de Transición (CNT) careció desde el inicio -y sigue careciendo- de capacidad de liderazgo, carisma, programa alternativo definido y poder para cohesionar a un país con un complejo entramado étnico-tribal, de ahí el rol de la OTAN.

Observadores achacaron la poca confianza que ofrecía la dirigencia del CNT al hecho de que algunos de sus miembros traicionaron antes a El Gadafi o pasaron de ser acérrimos enemigos de Occidente a lacayos que imploraron los bombardeos aéreos de la alianza atlántica.

Documentos de inteligencia de Estados Unidos y otros hallados en Trípoli tras la entrada de los sublevados aportaron luces sobre la pertenencia de algunos jefes militares insurgentes al Grupo Islámico de Combatientes Libios (LIFG, por sus siglas en inglés), creado en 1990.

El país, con uno de los mejores indicadores económicos y de bienestar social per cápita de África, según datos de organizaciones internacionales, pagó en una sola factura el alto precio de su riqueza petrolera, viejas vendettas árabes y la insumisión a poderes externos.

La guerra desatada por la OTAN, de la que difícilmente llegue a conocerse algún día la cifra exacta de víctimas civiles y militares, fue posible por el aval que la Liga Árabe dio al Consejo de Seguridad de la ONU para la aprobación de una zona de exclusión aérea sobre Libia.

Antiguas rivalidades de gobernantes árabes, básicamente del actual rey saudita Abdulah Bin Abdulaziz, con El Gadafi, un líder más volcado a su vertiente africana en la que se autodefinía como “rey de reyes”, incidieron en la presión del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico.

Las monarquías árabes, con Arabia Saudita y Catar en primera línea, ensayaron y estrenaron en la nación norafricana el esquema que en las postrimerías de 2011 se intentó diseñar para Siria, aunque con las abismales diferencias entre uno y otro caso.

El pretexto fue proteger a la población civil supuestamente reprimida por el gobierno, pero el curso de ocho meses de asedio aéreo y terrestre, hasta que los alzados tomaron Trípoli en agosto, probó sobremanera que la prioridad no era la vida de los libios.

Una vez conseguido el visto bueno del Consejo de Seguridad, la exclusión aérea se trastrocó en una cruzada bélica indiscriminada, dirigida a destruir el régimen de El Gadafi, pese a que en los últimos años mostró cierto entendimiento con Estados Unidos y países europeos.

Si en la memoria de Washington y Europa seguía martillando el nacionalismo y el antiimperialismo que en su día propugnó El Gadafi, la ambición por hacer una nueva repartición del vasto petróleo libio encabezó en esta ocasión la lista de las preferencias.

El CNT y sus mentores de Occidente ignoraron las reiteradas gestiones mediadoras de la Unión Africana, pues el objetivo de la agresión estada bien definido y había que llevar la misión hasta el final en nombre de la paz, los derechos humanos y la libertad.

Sin embargo, los episodios vividos por Libia tras la captura y el asesinato de El Gadafi el 20 de octubre, y la humillante exhibición de su cadáver y el de uno de sus hijos en Misratah durante cinco días, alimentaron presagios de un rebrote de guerra civil.

Vale aclarar que la actitud vengativa de los ex insurgentes fue más allá del linchamiento de El Gadafi, y por lo mismo quedaron bajo la lupa internacional después de la captura del hijo de éste, Saif Al-Islam, y del exjefe de inteligencia Abdulah Al-Senoussi.

En otro ámbito, la demora en formar gobierno y la propia polarización dentro del CNT para elegir primer ministro a Abdel Rahim El-Keib, con 26 de los 51 votos posibles, dejaron claro que entre los sublevados existían alarmantes rivalidades.

El CNT dijo concebir una administración capaz de conducir el país a elecciones en la primera mitad de 2012 para una Asamblea Constituyente que redacte la Carta Magna, coordine el desarme de civiles, ex militares y ex insurgentes, y aliente la reconstrucción.

Pero mientras fenece el año de las revueltas, en Libia pulula la desconfianza entre distintas fuerzas políticas, sobre todo respecto a la capacidad del CNT para lograr el desarme, la reconciliación y reparar el tejido social, propósitos tan perentorios como difíciles.

Incubando la guerra post-Gadafi

Cualquiera que sea la nomenclatura y el programa del futuro gobierno libio, los reiterados tropiezos para formarlo desvelan una preocupante amalgama de rivalidades políticas, fragmentación territorial y tribal, luchas de poder y sed de venganza. La Libia “liberada” que certificó el autoproclamado presidente del CNT Mustafa Abdul Jalil el 23 de octubre en Benghazi, encara inmensos desafíos tras finalizar la guerra azuzada por la OTAN.

Sin la tutela visible de la alianza atlántica tras concluir su misión en octubre, una de las prioridades de los líderes de la insurrección que derrocó a Muamar El Gadafi es perseguir y juzgar a simpatizantes, exfuncionarios y exmilitares del anterior gobierno. Claro está, ese anhelado ajuste de cuentas con fachada justiciera dista mucho de ser transparente y apegado a derecho, a juzgar por advertencias de grupos defensores de los derechos humanos y el trato vejatorio dado a detenidos, heridos y fallecidos.

Pero los episodios que ha vivido Libia en los últimos meses, sobre todo después de la captura y asesinato de El Gadafi el 20 de octubre, y la humillante exhibición de su cadáver en Misratah durante cinco días, alimentan presagios bien fundados de un rebrote de guerra civil.

A la instancia que funge como gobierno le falta carisma y liderazgo real, y prueba de ello son sus dificultades para legitimar un gabinete representativo de todos los sectores de Libia, y su incapacidad para lograr el desarme y la reconciliación, dos propósitos perentorios.

Observadores achacan la poca confianza que ofrece la dirigencia del CNT al hecho de que algunos de sus miembros traicionaron antes a El Gadafi o pasaron de ser acérrimos enemigos de potencias occidentales a lacayos que imploraron los bombardeos aéreos de la OTAN.

Documentos de inteligencia de Estados Unidos y otros hallados en Trípoli tras la entrada de los sublevados, aportaron luces sobre la pertenencia de algunos jefes militares insurgentes al Grupo Islámico de Combatientes Libios (LIFG, por sus siglas en inglés), creado en 1990.

Los mismos que saludaron la agresión militar del bloque atlántico, la cual durante casi siete meses lanzó más de nueve mil 600 bombardeos aéreos contra objetivos militares y civiles, son señalados de haber tenido nexos con la red Al-Qaeda en Afganistán, Irak y otros países.

Ello explica porqué el CNT, dada la renuncia anunciada de su primer ministro de facto Mahmoud Jibril, optó por la figura aparentemente neutra y conciliadora del empresario y académico Abdul Rahim El-Keib para encabezar el Ejecutivo de transición hasta las elecciones.

Analistas creen que su falta de nexos con el gobierno anterior, a diferencia de Jalil y Jibril, y su arraigo a Trípoli (la capital), hacen a El-Keib útil para equilibrar el apoyo al liderazgo del CNT por parte de los libios de Benghazi, cuna de la rebelión. No obstante, valga recordar que El-Keib se formó, vivió y trabajó durante décadas en Estados Unidos, fue profesor en universidades norteamericanas y de los Emiratos Árabes Unidos, y contribuyó con su dinero a financiar la insurrección contra El Gadafi.

El CNT pretende una administración capaz de conducir el país a elecciones en la primera mitad de 2012 para una Asamblea Constituyente que redacte la Carta Magna y coordine el desarme de civiles, exmilitares y exinsurgentes. Pero la polarización en su seno para elegir al primer ministro, con 26 de los 51 votos posibles, fue una señal inequívoca de que entre los sublevados prevalecen marcados antagonismos.

Y ocurre que, además de las dudas sobre el origen, filiación política, probidad, ideología y credo de los que ahora administran Libia, pesa mucho su credibilidad dañada por las argucias que idearon y propagaron con ayuda de Occidente para justificar el levantamiento.

Al margen de algún exceso que cometiera El Gadafi, los alzados y la OTAN -con el infausto aval de la Liga Árabe- dijeron preocuparse por civiles brutalmente reprimidos por militares y supuestos mercenarios subsaharianos, argumentos ahora usados en una franca limpieza racial.

La maldad atribuida al régimen incluyó el reparto de Viagra a soldados para violar a mujeres, algo que la inteligencia de Washington luego probó era falso, aunque fue propagado con vehemencia por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.

Como bola de nieve rodante, los pretextos para que la ONU autorizara la zona de exclusión aérea, el suministro de armas a insurrectos bajo fachada de ayuda no letal, su entrenamiento y financiamiento, amplificaron un clima de odio y difidencia que se respira por doquier.

No son pocos quienes insisten en que podría reanudarse la guerra, en tanto leales a El Gadafi, milicias tribales y exinsurgentes negados a desarmarse protagonizan escaramuzas esporádicas en Trípoli, Benghazi, Misratah, Zintan u otra plaza en busca de protagonismo y poder.

Tiroteos en calles de la capital libia, motines violentos en prisiones o protestas de exsoldados y exinsurgentes armados con fusiles para reclamar el pago de salarios atrasados y una estructura militar que los acoja, son algunos de los ejemplos más recientes.

La propia prensa occidental reseñó durante la insurrección numerosos casos de arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones extrajudiciales de leales a El Gadafi por parte de los sublevados, y hoy admite una incipiente insurgencia tribal contra las nuevas autoridades.

A nadie escapa la realidad de que el propósito de cohesionar a los libios en torno al CNT es tan inviable como antagónicos son los intereses de la población, sobre todo los leales al antiguo líder que sufrieron los bombardeos de la OTAN y los abusos de los alzados.

Libios entrevistados por Prensa Latina en Egipto admitieron lo complejo de armonizar su sociedad, tomando en cuenta que convergen tribus, etnias, nómadas del desierto, africanos subsaharianos, islamistas, laicos, judíos, liberales, por demás, detractores o fieles a El Gadafi.

El propio alzamiento demostró que son posibles alianzas coyunturales, aunque la comunión en el afán de aniquilar al antiguo líder requirió ocho meses de beligerancia y la devastadora agresión de la OTAN. El Gadafi fue asesinado dos meses después de caer Trípoli.

A largo plazo, sin embargo, queda cada vez más claro que esas concertaciones son poco sostenibles y de duración efímera, lo cual eleva sobremanera la probabilidad de más violencia. Por ejemplo, en Misratah, tierra del occidente libio de donde procedía la brigada que capturó y mató a El Gadafi en Sirte, numerosos consejos, comités y milicias locales riñen entre sí y disponen a su antojo órdenes de arrestos para líderes de otros grupos.

Varios testimonios refieren que muchas de esas estructuras y sus jefes se niegan a legitimar al CNT como el nuevo régimen, aumentando la duda sobre quién debe gobernar Libia, pese a que Washington, la Unión Europea y la ONU se apresuraron a dar el espaldarazo a los rebeldes.

Un análisis del grupo de inteligencia global Stratfor lanzó una verdad lapidaria al afirmar: “La característica de la nueva Libia es altamente incierta, pero lo que está claro es que el CNT no tomará fácilmente el control que El Gadafi dejó”.

Quizás ello justifique el escepticismo y pesimismo de quienes hacen un análisis meticuloso del país norafricano y vaticinan sin reparos que los verdaderos desastres están aún por llegar.

* Corresponsal de Prensa Latina en Egipto.