Existe una gran carga procesal de casos pendientes de conclusión, en diferentes etapas procesales, correspondientes a las gestiones 2009, 2010, 2011 e incluso de anteriores gestiones. El fiscal general Mario Uribe instruyó a los Fiscales de Distrito revisar todos y cada uno de los despachos fiscales bajo su dependencia a objeto de realizar hasta el 30 de diciembre de 2011 la inventariación de casos no resueltos anteriores a 2011.

El fiscal Mario Uribe Melendres, tras un relevamiento de información en las Fiscalías departamentales del país, ha evidenciado algunos aspectos que afectan a los principios de celeridad, gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad, por lo que ha emitido el Instructivo N. 871/2011 con el propósito es ajustar la Política de Persecución Penal del Ministerio Público.

Actualmente se cuenta con un total de 439 fiscales: 25 en Beni, 33 en Chuquisaca, 72 en Cochabamba, 111 en La Paz, 18 en Oruro, 9 en Pando, 32 en Potosí, 95 en Santa Cruz, 29 en Tarija y 15 en la Fiscalía General. Se estima que solamente en materia penal, en el Distrito de La Paz hay cerca de 30 mil casos acumulados y en Cochabamba, cerca de 29 mil causas.

El fiscal general ordenó a los Fiscales de Distrito del país dar solución a la brevedad posible a los siguientes aspectos:

Si bien el art. 393 Bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que los fiscales “podrán” solicitar al Juez de Instrucción la aplicación del procedimiento inmediato, el mecanismo procesal de Casos Flagrantes tiene entre otros objetivos el de garantizar la celeridad de los procesos y evitar la impunidad de casos que pueden concluirse rápidamente.

El instructivo hace referencia al constante cambio de Fiscales en las divisiones, uno de los factores de la falta de celeridad en la tramitación de procesos, por lo que establece que las mismas sólo puedan realizar en periodos de cinco meses, salvo necesidad del servicio, que deberá constar y fundamentarse por escrito por cada Fiscal de Distrito.

Otro de los factores que corroen la confianza pública y atentan contra la celeridad de los casos es la constante suspensión de audiencias, por lo que se establece que los Fiscales de Distrito disponer las medidas necesarias para:

JUICIO: En caso de ausencia de testigos, especialmente policías que se encuentren en otro Distrito o departamento, aplicar el art. 199, y 333.2 del CPP.

OTRAS SUSPENSIONES: Solicitar a la respectiva Corte Superior de Distrito que se informe sobre toda audiencia suspendida por ausencia del Fiscal, las que se hayan suspendido a solicitud expresa del Fiscal, o por ausencia de testigos de la Fiscalía; debiendo solicitar informe al fiscal asignado y con su resultado en su caso remitir a la Inspectoría General.

POR ACCIONES DILATORIAS DE LA DEFENSA: Denunciar ante el Colegio de Abogados que corresponda, sin óbice de solicitar las multas procesales más drásticas posibles, y/o en última instancia la aplicación de los arts. 104 y 105 del CPP.

Detención para delincuentes habituales y reincidentes

En coordinación con la Policía, los Fiscales de Distrito deberán asumir las medidas necesarias para lograr la detención y encarcelamiento efectivo de los principales reincidentes y delincuentes habituales, coordinando acciones con los fiscales de otros Distritos, estableciendo listas de las personas identificadas. Asimismo, las medidas necesarias para lograr la captura de rebeldes, elaborando y socializando listas de personas declaradas rebeldes y contra las que pese mandamiento de aprehensión y/o condena.

En cuanto a delitos de violencia sexual, doméstica, trata y tráfico de personas, y delitos violentos por uso de armas (robos agravados), considerando la naturaleza de los mismo, debe procurarse la aplicación del art. 307 del CPP para la toma de declaración de víctimas y testigos en el primer momento de la investigación, usando la Cámara Gessel para garantizar la efectividad de la persecución penal y evitar la revictimización en particular de víctimas mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Los anteriores son algunos de los puntos más importantes del instructivo de Uribe, que tiene el propósito de optimizar la persecución penal en el territorio boliviano y brindarle mayor seguridad al ciudadano que solicita los servicios del Ministerio Público.

Posesionan a nuevo Fiscal de Pando

Por otro lado, el 31 de octubre de 2011 el fiscal Mario Uribe posesionó en el cargo de Fiscal de Distrito Interino de Pando al abogado Alberto Antonio Illanes Herrera, quien sucede a María Dely Atiare Salazar que renunció al cargo.

La máxima autoridad del Ministerio Público recomendó a la flamante autoridad que todos sus actos deben estar sometidos en absoluto a la Ley, a la verdad, a la idoneidad, eficiencia y eficacia. La Institución debe ser siempre respetada, y autónoma en su funcionamiento.

“Cuide siempre la independencia y autonomía, lo que no significa que no pueda coordinar en el marco de lo legal con otras autoridades que tienen que ver con la persecución penal. Le pido que ejerza ese poder que le otorga la Ley con la racionalidad y en el marco estricto de ella, porque ser fiscal es muy difícil”, dijo.

El flamante fiscal de Distrito de Pando manifestó que ceñirá sus actos a la ley como la única servidumbre que no mancha, a sus preceptos morales apoyado en Dios y sobre todo a sus antecedentes de ética y legalidad. “No defraudare a quien han confiado en mí. Me comprometo a trabajar sin hora, sin día, aunque tenemos limitaciones, pero ello no significará lograr el objetivo central del Ministerio Público. Este acto abre una nueva esperanza en la ciudadanía pandina, de mejores días para la justicia”, afirmó.