Bolivia requiere de una Nueva Agenda Política para seguir avanzando en las transformaciones económicas y sociales que nos permitan consolidar y profundizar el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural que emprendimos desde el 2006. Esta Nueva Agenda debe contener planteamientos políticos revolucionarios que nos conduzcan efectivamente a la implementación de una nueva concepción del desarrollo y la constitución de una Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien.

La Nueva Agenda debe ser planteada y escrita sobre la base de las agendas anti-neoliberales y los programas de lucha originales de los movimientos y organizaciones sociales que dieron lugar a la constitución de este gran movimiento social que sostiene el actual Proceso de Cambio en nuestro país.

Las agendas de la Guerra del Agua (abril, 2000) y la Guerra del Gas (octubre, 2003), aunque ya fueron cumplidas en gran parte, deben ser recuperadas en su espíritu anti-neoliberal y de rescate de los recursos naturales. Los programas de lucha originales del MAS-IPSP y de las organizaciones indígena originario campesinas (CSUTCB, interculturales, bartolinas, CIDOB, CONAMAQ) deben ser recuperados e insertos en la Nueva Agenda del Proceso de Cambio.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (D.S. 29272, 12, IX, 2007), en tanto fue un plan predecesor de la Constitución Política del Estado Plurinacional y contiene lineamientos estratégicos de una nueva concepción del desarrollo, también debe ser recuperado en la Nueva Agenda, a objeto de fortalecer los principios y la política del Vivir Bien, o de la nueva concepción del desarrollo en armonía con la Madre Tierra, de la que Bolivia es puntal y ejemplo en el mundo.

La Nueva Agenda debe ser escrita y planteada de manera que sea continuidad y materialización de la propia Constitución Política del Estado (CPE). En efecto, si la CPE establece los cimientos del nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, la Nueva Agenda debe garantizar que las estructuras a levantarse sobre esos cimientos sean para eliminar el neoliberalismo y el coloniaje en Bolivia.

Por todo esto, la Nueva Agenda debe ser una guía política revolucionaria para la Asamblea Plurinacional que, en su condición de órgano legislativo, dicte las leyes revolucionarias que requiere la Patria y el Proceso de Cambio para ser verdaderamente una Revolución Democrática y Cultural del Siglo XXI.

Finalmente, debemos estar advertidos que plantear una Nueva Agenda Política constituirá un nuevo campo de batalla en el que las posiciones alineadas a la concepción del Vivir Bien tendrán que sostener una lucha política e ideológica ardua con los enemigos de la patria y la revolución (los remanentes del neoliberalismo, la oligarquía agroindustrial y minera y los grupos más conservadores de la sociedad boliviana), y, simultáneamente, con las posiciones desarrollistas y socialdemócratas alojadas en el propio gobierno y en la sociedad civil, que obstaculizan la profundización del Proceso de Cambio.

1. ESTABLECER UN NUEVO PATRÓN DE ACUMULACIÓN PARA VIVIR BIEN

El aparato productivo nacional estructurado durante el capitalismo de Estado (1952-1985), cuyo patrón de acumulación giraba en torno a la explotación de la minería y los hidrocarburos, y cuyos excedentes económicos fueron destinados a generar procesos incipientes de industrialización interna, creación de la agroindustria oriental, apoyo a la educación gratuita, salud, caminos y otros, entró en crisis en los primeros años de la década del 80, siendo sustituido por el neoliberalismo en 1985.

Durante los gobiernos neoliberales (1985-2005), el patrón de acumulación estatista fue sustituido por otro modelo conformado sobre la base de la inversión privada, principalmente extranjera. Para ello, empresas estatales como COMIBOL, YPFB, CBF y otras, fueron entregadas a la voracidad de las empresas transnacionales, vía procesos de “capitalización” y privatización, llevados a cabo por los gobiernos del MNR, ADN, MIR, UCS, CONDEPA y otros menores.

En esta etapa, el destino de los excedentes económicos, que continuaban siendo fruto de la explotación de recursos naturales (hidrocarburos y minerales principalmente), eran los países de origen de las empresas extranjeras. De modo que, si durante el capitalismo de Estado los excedentes económicos se distribuían en educación, salud, caminos, e incluso se destinaron para el potenciamiento de reducidos grupos económicos nacionales, durante el neoliberalismo los excedentes simplemente fluían hacia el extranjero, a través de “venas abiertas” por esos gobiernos neoliberales.

Por tanto, el Estado Plurinacional debe establecer un nuevo patrón de acumulación que sustituya a los anteriores modelos extractivistas y exportadores de materias primas (capitalismo de Estado y neoliberalismo), industrializando los recursos naturales en armonía con la naturaleza, cuyos excedentes económicos deben ser distribuidos equitativamente y para beneficio del pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales. De esta manera, la riqueza producida en el país debe destinarse para atender las necesidades primordiales de las clases trabajadoras y los pueblos indígena originario campesinos del país.

2. SEGUNDA OLA DE NACIONALIZACIONES PARA RECUPERAR LOS RECURSOS NATURALES

En la primera gestión gubernamental del Presidente Evo Morales se dictaron las primeras y trascendentales medidas nacionalizadoras (nacionalización de hidrocarburos, ENTEL, Empresa Metalúrgica de Vinto y otras); gracias a ello, nuestro país ha salido de la crisis a la que fue sumergida durante el neoliberalismo, y hoy cuenta con excedentes económicos que le permiten costear los gastos nacionales de educación, salud, infraestructura vial, seguridad social, defensa y seguridad interna y otros, con altos índices de ahorro interno y sin que medien intereses extranjeros.

Pero esa primera ola de nacionalizaciones debe ser profundizada con una segunda ola de nacionalizaciones, con la finalidad de que el Estado Plurinacional recupere la totalidad de los recursos naturales en beneficio del pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales.

Por tanto, si en mayo de 2006 se nacionalizaron los hidrocarburos, hoy se deben nacionalizar los demás recursos naturales: minerales, bosques, tierras y otros, que aún siguen siendo explotados por empresas privadas y transnacionales en beneficio propio, pagando al Estado, por concepto de patentes, regalías e impuestos, montos miserables y ridículos.

Por ejemplo, las empresas mineras privadas pagan menos del 5% por concepto de regalías, y si se suman impuestos, no pagan más del 25%; el resto, el 75% de la riqueza minera, se llevan esas empresas. Otro ejemplo, por concepto de aprovechamiento de recursos forestales, las empresas concesionarias pagan 1 dólar por hectárea explotada durante el año. Y quienes queman bosques para habilitar tierras pagan 20 centavos de dólar, multiplicado por el total de hectáreas poseídas; es decir, si alguien tiene 500 hectáreas y quema para chaquear tierras, paga una multa ridícula de 100 dólares, que no compensa los daños a la flora y la fauna afectadas ni al medioambiente contaminado y que llega hasta las principales ciudades del país.

Por ello, es imperioso desarrollar una nueva política de nacionalizaciones para recuperar todos los recursos naturales, en tanto son del pueblo boliviano y se consideran estratégicos para el desarrollo del Estado Plurinacional y la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano.

3. NACIONALIZACION DE LAS MINAS Y AUMENTO DE REGALÍAS E IMPUESTOS

En la gestión 2010, las exportaciones mineras (concentrados y minerales) ascendieron a 2.405 millones de dólares. En la presente gestión y hasta la fecha, las exportaciones mineras ya superan las cifras del año pasado. El 2010, por concepto de regalías e impuestos, el país recibió 300 millones de dólares, una suma ínfima comparada con las ganancias que se llevan las grandes empresas mineras, entre ellas, San Cristóbal, cuyas ganancias netas oscilan cerca de los 500 millones de dólares por año, mientras que su aporte al país, en regalías e impuestos, llega sólo a 100 millones de dólares.

Por mandato constitucional (Disposición Transitoria Octava), las concesiones mineras, al igual que todas las concesiones para explotación de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos, deben adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. Consecuentemente, el Estado Plurinacional tiene la absoluta legitimidad y legalidad para firmar, vía Asamblea Legislativa, nuevos contratos de uso y aprovechamiento de recursos naturales con empresas privadas, velando el interés primero y soberano del pueblo boliviano.

Por lo que, en concordancia con la CPE y los objetivos de la Revolución Democrática y Cultural, corresponde plantear, dependiendo y según los casos:

a) la nacionalización de las minas;

b) la firma de contratos de riesgo compartido con participación mayoritaria del Estado.

Asimismo, en el marco de la nueva ley minera que viene siendo elaborada y consensuada con los actores mineros, corresponde, en justicia, que las empresas mineras grandes y medianas, lo mismo que las cooperativas mineras, paguen más por concepto de regalías e impuestos que, a pesar del aumento establecido por nuestro Gobierno en el año 2008, siguen siendo irrisorios. De esta manera, las coyunturas de precios altos de minerales, que benefician grandemente a reducidos grupos de operadores mineros, deben también beneficiar al país.

Cabe recordar que las empresas mineras no pagan ni un centavo por el uso del agua y menos aún por la contaminación que realizan con graves perjuicios para la actividad agropecuaria de las comunidades circundantes. Así por ejemplo, en los procesos de explotación de plata, plomo y zinc, San Cristóbal usa gratuitamente 40 millones de metros cúbicos de aguas fósiles por día, lo cual es una gran afrenta a la Madre Tierra y las comunidades indígenas de la región sud oeste del Departamento de Potosí que acusa gran escasez de recursos hídricos.

4. ELIMINACIÓN DEL LATIFUNDIO Y DOTACIÓN DE TIERRAS A COMUNIDADES CAMPESINAS E INTERCULTURALES

En la versión de la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por la Asamblea Constituyente que terminó de sesionar en Oruro, en octubre de 2008, en la Disposición Transitoria Séptima, Parágrafo II, establecía: “En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, se revisarán los derechos otorgados que han derivado en acaparamiento de tierras, según la Constitución y la ley”.

Lamentablemente, la oposición parlamentaria de la derecha de entonces tuvo la capacidad política para modificar esta disposición constitucional, así como otras disposiciones de avanzada que contenía la CPE aprobada en Oruro. Esa derecha parlamentaria logró incluir el Artículo 399, que en el Parágrafo I establece: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”.

Por esta disposición forzada por la oposición de entonces, la voluntad popular para fijar un límite máximo a la propiedad de 5.000 Has., definida, vía referéndum nacional, fue desconocida y las grandes propiedades latifundiarias siguen vigentes, particularmente en el oriente boliviano, donde la burguesía agroindustrial y ganadera posee tierras en cantidades que oscilan entre 20.000 y 50.000 Has.

Pero como ya lo dijo la dirigencia de la CSUTCB y lo ratificó el Presidente Evo Morales en agosto de este año: se tiene que eliminar el latifundio en el país, a objeto de realizar transformaciones profundas en el sistema de tenencia de la tierra, de manera que se democratice el acceso a las tierras productivas y se aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Y esto sólo es posible mediante la entrega de tierras a las comunidades campesinas e interculturales en calidad de propiedad colectiva.

Las tierras que necesitan las comunidades campesinas e interculturales no pueden dotarse en tierras de vocación forestal, o los bosques no pueden ser entregados para el chaqueo campesino y colonizador, esto afectaría a la calidad de los bosques y la biodiversidad reinante en el país, y no se establecerían las condiciones para hacer un uso sostenible de la tierra ni se podría hablar de un desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Por tanto, se debe acometer una nueva reforma agraria para entregar tierras ociosas que actualmente están siendo detentadas por miembros prominentes de la oligarquía oriental.

5. ECONOMIA PLURAL CON PREDOMINIO DE LA ECONOMÍA ESTATAL

Durante el capitalismo de Estado, el aparato productivo nacional estaba hegemonizado por la economía estatal que comprendía el 70% de la economía nacional. Gracias a empresas estatales como COMIBOL, YPFB, CBF y otras, la economía del país se caracterizaba por ser fuertemente estatista.

Esta situación cambió radicalmente con los ajustes estatales y económicos ejecutados por los gobiernos neoliberales que de una economía fuertemente estatal saltaron a una economía fuertemente privada y transnacional, particularmente en los sectores económicos estratégicos: aprovechamiento de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, recursos hídricos, recursos forestales, biodiversidad y otros), electricidad y comunicaciones. Durante el neoliberalismo, todo lo que en el anterior sistema era del Estado, fue simplemente descuartizado y entregado a las empresas privadas extranjeras y nacionales, por lo que el aparato productivo dejó de tener la participación de la economía estatal, ésta simplemente dejó de existir.

Con la política de nacionalizaciones y de recuperación de las antiguas empresas estatales: YPFB, COMIBOL, ENTEL, ENDE, Empresa Metalúrgica Vinto y otras, nuestro Gobierno ha iniciado una nueva etapa de reconstitución de la economía estatal en nuestro país, lo cual es particularmente visible en los sectores de hidrocarburos, agua, electricidad y comunicaciones, en los que la presencia de la economía estatal es predominante y beneficiosa para el país.

No ocurre lo mismo en el sector minero donde la presencia estatal es aún insignificante, sólo el 10% del sector minero es economía estatal, el resto lo comparten las empresas grandes, medianas, chicas y cooperativas. Por esto, no podemos afirmar que en el sector minero existe economía plural, porque lo que existe es una economía heterogénea (privada, cooperativa y estatal) bajo hegemonía de la economía privada. En este conglomerado, la empresa minera San Cristóbal representa el 35% de la economía minera. Esto quiere decir que, en el aprovechamiento de la riqueza minera, un tercio es acaparado por una sola empresa.

Por tanto, congruente con el reconocimiento de la economía plural que hace la CPE y bajo el convencimiento de que la presencia del Estado en el sistema económico es garantía de equilibrio y equidad en la distribución del excedente, debemos seguir avanzando en el proceso de recuperación y reconstitución de empresas estatales mineras, a objeto de tener mayor participación y predominio estatal en el sistema económico minero y nacional.

6. INDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

Como establece la CPE en sus artículos 311, 313, 316, 318, más específicamente en el Artículo 319, “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios…”, es imperioso seguir avanzando en el proceso de industrialización interna de nuestros recursos naturales en armonía con la naturaleza.

Contrariamente a lo que establece la CPE, dentro del Gobierno y fuera del Gobierno, hay posturas que plantean desarrollar procesos industrializadores para acelerar el crecimiento económico del 5% al 10%, a objeto de que nuestro país pase “del tercer mundo al segundo mundo y luego al primer mundo” (Cf. CODEPANAL). Y quienes plantean esto, simplemente no comprenden la complejidad de la problemática de la crisis climática en el mundo, que exige más bien que países del llamado “primer mundo” y los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) desaceleren sus procesos de producción, intercambio y consumo capitalistas, porque éstos son los factores que nos están llevando a la catástrofe planetaria.

Sin duda que este tipo de posturas tratan de alejar al Proceso de Cambio de la nueva concepción del desarrollo que significa el “Vivir Bien”, que no plantea una industrialización alocada ni se reduce a lograr el “bienestar” de la población, sino que comprende una nueva visión de desarrollo integral y equilibrada con la naturaleza, en la que los derechos humanos (de las clases sociales y los pueblos indígena originario campesinos) sean atendidos y desarrollados en armonía con los derechos de la Madre Tierra.

7. REFORMA TRIBUTARIA

Es preciso plantear una reforma tributaria, de manera que la gran propiedad latifundiaria, la banca privada, la minería privada (grande y mediana) y los grandes comerciantes importadores y exportadores paguen más impuestos. Estos impuestos deben mejorar las políticas públicas de atención a las necesidades de salud y educación de la población boliviana.

8. FF.AA.: PRODUCTORAS Y GUARDIANES DE LAS FRONTERAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Los programas de lucha de los trabajadores y de los pueblos indígena originario campesinos, planteados en los años noventa, enarbolan la necesidad de refundar las Fuerzas Armadas. Este planteamiento debe ser recuperado e inserto en la Nueva Agenda: la construcción del Estado Plurinacional precisa nuevas Fuerzas Armadas, instruidas en la producción y la vigilancia de las fronteras y de los recursos naturales, que sustituya a las Fuerzas Armadas adoctrinadas para la represión y el aniquilamiento de la rebeldía patriótica.

Como ya empiezan a proclamar algunos jefes militares, nuestro país requiere Fuerzas Armadas antiimperialistas, anticapitalistas y socialistas. Este espíritu debe ser inculcado y construido en las academias militares como en los propios regimientos militares, de manera que los efectivos militares resguarden la integridad territorial y contribuyan a la producción agropecuaria y el aprovechamiento de recursos naturales. Como lo mencionó el Presidente Evo: “requerimos formar militares científicos que ayuden, por ejemplo, al aprovechamiento del litio y otros recursos estratégicos”.

9. FORTALECER EL BLOQUE SOCIAL REVOLUCIONARIO

Para que la Nueva Agenda aporte efectivamente a la Revolución Democrática y Cultural, es imprescindible restituir el bloque revolucionario que hizo posible las victorias electorales del MAS y del Presidente Evo, la nacionalización de los hidrocarburos, ENTEL y otras empresas, una nueva Constitución Política del Estado, la derrota de la oligarquía fraccionalista y golpista en el 2008, el establecimiento de bonos que benefician a los sectores sociales más pobres y otras trascendentales medidas.

Es preciso trabajar en la cohesión política y orgánica de las clases trabajadoras y los pueblos indígena originario campesinos, es preciso trabajar en la cohesión política y orgánica del Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) y de sus propios componentes: CSUTCB, Interculturales, Bartolinas, CONAMAQ y CIDOB, y, fundamentalmente, se debe trabajar en la cohesión política y orgánica de éstos con las organizaciones obreras: Central Obrera Boliviana y Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Son estos actores sociales los que deben constituirse en el sujeto de la Revolución Democrática y Cultural, elaborando e implementando la Nueva Agenda.

Finalmente, los planteamientos insertos en la Nueva Agenda deben ser socializados entre las clases trabajadoras y los pueblos indígena originario campesinos, de manera que se conviertan en “religión popular”, tal como lo fue la nacionalización de los hidrocarburos en los primeros años de la década anterior: un planteamiento político cuya fuerza estaba indisolublemente ligada a la fuerza de las organizaciones y movimientos sociales que lo enarbolaron como una consigna nacional imparable.

Cochabamba, 1 de diciembre de 2011.

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