Colombia padeció en 2011 la “peor tragedia natural de la historia”, asegura el presidente José Manuel Santos. Las lluvias mataron a 444 colombianos y afectaron a más de tres millones de personas desde abril de 2010 hasta mayo de 2011; y quitaron la vida a 140 personas y damnificaron a más de 534 mil entre el 1 de septiembre y el 9 de diciembre. Venezuela registró las precipitaciones más intensas de los últimos 50 años en el período lluvioso de 2010, y a principios de octubre de 2011 fue azotado por las tormentas más agresivas del último lustro.

Colombia registra dos temporadas lluviosas al año, una de abril a junio, y la otra de octubre a diciembre. Sin embargo, los primeros aguaceros de 2011 se anticiparon para marzo por la influencia de La Niña, un fenómeno que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Este ciclo global tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, denominada La Niña.

En el territorio colombiano, La Niña tuvo su máxima fase de intensidad a finales de 2010 y coincidió con el segundo período lluvioso, considerado el más fuerte de las últimas cinco décadas. Desde mayo de 2010 hasta abril de 2011 al menos 376 personas perdieron la vida y 2,8 millones resultaron damnificadas por las intensas precipitaciones en Colombia.

El 3 de marzo de este año, tres personas perdieron la vida en una avalancha en el municipio de California, departamento de Santander, debido al desbordamiento del río Suratá. La Gobernación de Santander tuvo que declarar la alerta roja y ordenar la evacuación de al menos 15 mil personas. Hasta el 8 de abril, las intensas lluvias habían afectado a más de 3.650 personas en 27 municipios del país. La zona andina, el Eje Cafetero y el departamento de Chocó figuraban entre las áreas de mayor riesgo, al tiempo que más de 200 carreteras reportaban daños por deslaves y roturas de pavimento.

El 13 de abril el gobierno colombiano decretó alerta máxima en el departamento de Cauca ante la crecida de los ríos Palo, La Paila, Cauca, Guangué, Páez, Tominío y Micay. Este último inundó todo el municipio del mismo nombre, dejando más de 21 mil damnificados, mientras otras 11 provincias colombianas se encontraban en alerta por las intensas lluvias asociadas a la ola invernal, que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), duplicaron el promedio histórico mensual.

En los primeros 18 días de abril, Bogotá registró un acumulado de precipitaciones superior a los 100 milímetros de agua, la cifra más alta de los últimos tiempos, dijo el alcalde Samuel Moreno. Según la oficina de Gestión de Riesgo, hasta esa fecha las precipitaciones habían dejado un saldo de 15 muertos, 13 de ellos por aludes de tierra. El 20 de abril gran parte del territorio colombiano continuaba en alerta roja: de los 32 departamentos del país, 13 reportaban distintas emergencias, incluidos todos los territorios de la Región Andina con alta densidad poblacional.

El Ideam recordó que el temporal invernal podría extenderse hasta junio, y la Corte Constitucional dio luz verde a la propuesta estatal de inyectar 400 mil millones de pesos colombianos (más de 220 millones de dólares) al presupuesto anual para enfrentar los desastres naturales. De enero hasta esa fecha se contaban al menos 80 muertos, 45 heridos, seis desaparecidos y más de 80.500 damnificados en todo el país.

El 21 de abril el presidente Juan Manuel Santos llamó a un consejo extraordinario de ministros para examinar la emergencia nacional, que en los últimos 15 meses había dejado al menos 410 muertos, 487 heridos, 75 desaparecidos y más de 2,8 millones de damnificados, según el Sistema de Atención y Prevención de Desastres. Cinco días después, el 26 de abril, la cifra de damnificados rebasó los tres millones de habitantes, confirmó el director del Sistema Nacional de Desastres Carlos Iván Márquez. Se registraron 3.043.402 afectados en 30 de los 32 departamentos, y las víctimas mortales subieron a 418.

A fines de abril, más de 409 municipios colombianos, casi la mitad de los existentes, tenían problemas de acceso al agua potable. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notificó averías e interrupciones en sistemas de acueducto y alcantarillado en Cúcuta, Cali y una amplia zona de los municipios de la sabana de Bogotá, además de poblaciones intermedias en departamentos como Tolima, los Santanderes, Antioquia y Cundinamarca.

Solo en los cuatro primeros meses de 2011 se cuantificaron más de 144 mil damnificados, 90 muertos y 15 desaparecidos. La directora de la oficina de asuntos humanitarios de la Organización de Naciones Unidas en Colombia María José Torres estimó que cerca del 65% de las personas afectadas era niños y adolescentes menores de 18 de años.

En la primera semana de mayo las inundaciones no cejaban. Las fuertes lluvias inundaron 20 barrios de seis localidades de la capital colombiana, alcanzando en algunas zonas los 50 centímetros, mientras que la pista sur del aeropuerto internacional de El Dorado continuaba anegada.

Desde abril de 2010 hasta mayo de 2011, la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior y Justicia reportó 444 muertos, 524 heridos, 71 desaparecidos y tres millones 22 mil damnificados en 28 de los 32 departamentos colombianos. Colombia enfrenta la “peor tragedia natural de la historia”, lamentó el presidente Santos, y su gobierno destinó 4,5 billones de pesos, equivalentes a unos 2.500 millones de dólares, para enfrentar la crisis.

Colombia indemne

A fines de agosto de 2011, cuando Colombia aún no se recuperaba de la primera temporada invernal del año, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo reconoció que algunas zonas del país no estaban preparadas para afrontar la segunda temporada lluviosa que se avecinaba. La autoridad dijo que la naturaleza está pasando la factura de un atraso de cerca de 40 años en prevención y en el manejo y control del riesgo. Advirtió que lo más preocupante eran los pronósticos de una fuerte temporada invernal a iniciarse en octubre y que se extendería hasta finales del año.

Desde el 1 septiembre hasta el 13 de octubre de 2011 se contabilizaron 22 muertos, 25 lesionados, cuatro desaparecidos y 64.700 damnificados en Colombia a causa de la segunda ola invernal que azotaba el país, informó la Oficina de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior. Hasta esa fecha, el temporal había destruido 110 viviendas y ocasionado más de 166 emergencias por avalanchas, deslizamientos, vendavales e inundaciones en Antioquia, Atlántico, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

En la primera semana de noviembre, un alud sepultó varias viviendas en Manizales, capital del departamento de Caldas, quitando la vida a 39 personas.Desde el 1 de septiembre hasta el 14 de noviembre ya se contaban 96 muertos, siete desaparecidos, 68 heridos, 317.507 damnificados y 54.715 viviendas dañadas, según un reporte de la Cruz Roja Colombiana. Las precipitaciones afectaron a 325 municipios de 27 departamentos; Chocó, Nariño Tolima y Amazonas fueron declarados en alerta roja.

El 22 de noviembre, el director de la Policía de Tránsito Rodolfo Palomino informó que al menos 10 carreteras nacionales fueron cerradas totalmente por derrumbes, inundaciones y caídas de puentes, mientras que la Cruz Roja Colombiana reportó que los muertos por las lluvias ya ascendían a 101, los heridos a 81 y los desaparecidos a ocho.

El 5 de diciembre otro alud sepultó a siete personas en una zona rural del departamento de Tolima. Las lluvias colmaron todos los embalses del país y algunas represas registran niveles superiores al 100% de su capacidad, informó el ministro de Minas Mauricio Cárdenas. La Dirección de Gestión de Riesgo de la Cruz Roja contabilizó hasta entonces más de 20 desaparecidos, más de 100 heridos, al menos 486.723 damnificados y severas pérdidas en el sector agropecuario.

Hasta el 9 de diciembre de 2011, las intensas lluvias mantenían inundados populosos barrios del suroccidente de Bogotá, y en algunas localidades de la ciudad, construida sobre una planicie en la Cordillera de los Andes a 2.600 metros sobre el nivel del mar, solo era posible desplazarse en lancha. En el sector de Bosa el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de aguas afectó a casi tres mil predios y muchas familias debieron ser evacuadas. En las localidades de Kennedy y Engativá cientos de personas cargaban como podían las pertenencias que lograron rescatar de las aguas, constató un periodista de Prensa Latina.

La situación es dramática para cientos de familias que se quedaron sin electricidad, agua potable, teléfono y alimentos. Muchos residentes de las zonas más afectadas bloquean vías y protestan en las calles reclamando atención por parte del gobierno y de las autoridades locales. En apenas tres días de lluvia, el número de damnificados subió de mil a 45 mil, confirmó la alcaldesa Clara López, tras admitir que la tragedia desbordó la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia. López anunció que los damnificados no tendrán que pagar impuestos prediales, de vehículos y de industria y comercio el próximo año, mientras que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no les cobrará por el servicio por un periodo de 15 días.

Colombia aún sufre las consecuencias de la “peor tragedia natural de la historia”, como la definió el presidente Manuel Santos: Las lluvias mataron a 444 colombianos y afectaron a más de tres millones de personas desde abril de 2010 hasta mayo de 2011; y desde el 1 de septiembre hasta el 9 de diciembre se cuentan 140 muertos, 13 desaparecidos, 115 heridos, 534.887 damnificados, 80 mil viviendas averiadas y casi mil destruidas completamente en 27 de los 32 departamentos de Colombia.

“El capitalismo destruyó la regularidad del clima en Venezuela”

Venezuela registró las precipitaciones más intensas de los últimos 50 años en el período lluvioso de 2010, y a principios de octubre de 2011 padeció las tormentas más agresivas del último lustro. “Los efectos del cambio climático, producto del sistema capitalista, destruyeron la regularidad del clima en el país”, asegura el ministro de Medioambiente Alejandro Hitcher.

El año pasado Venezuela pasó de una grave sequía, que ocasionó una crisis en el sector eléctrico, a torrenciales lluvias catalogadas como las más intensas en medio siglo. En el sur del Lago de Maracaibo cayeron 1.200 milímetros cúbicos de lluvia hasta mediados de 2010, y para el último trimestre de ese año la cifra aumentó a más de 4.200. Desde finales de 2010 hasta el 29 de marzo de 2011, las precipitaciones sobrepasaron en 300% los registros normales.

El temporal del año pasado dejó un saldo de 38 muertos, más de 130 mil damnificados, más de 20 mil hectáreas de cultivos destruidos y graves daños en los sectores ganadero y vial. El gobierno tuvo que decretar emergencia en 11 estados del país.

La temporada lluviosa en Venezuela comienza en mayo, pero el país registró fuertes precipitaciones desde principios de 2011, particularmente en la región andina. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó aguaceros en gran parte del territorio, aunque con mayor intensidad en los estados de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Portuguesa, Falcón y la región nororiental. Algunas de esas demarcaciones fueron las más golpeadas por las precipitaciones del último trimestre de 2010.

Hasta el 24 de marzo de 2011, al menos 28 mil personas resultaron afectadas por las lluvias, la mayor parte en el estado de Zulia y en las parroquias San Carlos, Urribarrí y Santa Bárbara, municipio Colón, donde por lo menos 1.200 personas perdieron sus viviendas.

El 21 de abril, los más azotados eran los estados Táchira, Mérida, Zulia, Cojedes y Lara. En Táchira, una fuerte vaguada desbordó casi todos los ríos de las zonas Sur y parte de la Norte, dejando al menos siete muertos. En el municipio Antonio Pinto Salinas y Ribas Dávila, en Mérida, las aguas arrasaron más de 400 hectáreas de cultivos y debilitaron la infraestructura de viviendas, puentes y acueductos. Al día siguiente fueron evacuadas cerca de 200 familias en áreas zulianas al Sur del Lago Maracaibo.

El 24 de abril el presidente Hugo Chávez lamentó la muerte de 10 personas en el estado de Yaracuy por la crecida de una quebrada; y al día siguiente anunció la creación de un Estado Mayor para prevenir contingencias durante la próxima temporada de lluvias que comenzaría en mayo.

En los primeros días de mayo, el gobierno venezolano inició trabajos de rehabilitación de diques y drenajes en la zona Sur del Lago de Maracaibo con una la inversión de 630 millones de bolívares, equivalentes a 146,5 millones de dólares. “Sigue lloviendo y el gobierno bolivariano está desplegado en apoyo a la ciudadanía. ¡Les recomiendo prudencia y prevención! ¡Venceremos!”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de twitter el 4 de mayo.

El 11 de mayo se reportó que fuertes lluvias de las últimas horas afectaron a más de 5.600 viviendas en Mérida; y la Asamblea Nacional aprobó 89,5 millones de bolívares (cerca de 21 millones de dólares) para atender los damnificados. Días antes la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico aprobó créditos adicionales para la construcción de 40 mil viviendas.

El 17 de mayo el Consejo de Ministros extendió por 90 días el estado de emergencia decretado el 25 de febrero en los estados de Vargas, Miranda, Táchira, Falcón, Distrito Capital, Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta. En el Distrito Capital las familias afectadas ya sumaban al menos 19 mil, mientras que 25 de las 86 parroquias de Mérida estaban incomunicadas.

Hasta el 27 de mayo se contabilizaron al menos 200 mil personas afectadas por inundaciones, derrumbes y deslaves en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Días antes, el 23 de mayo, el gobierno venezolano había instalado un puesto de mando para atender integralmente las emergencias en Miranda y el Ejército desplegó 300 ingenieros en los límites de esa demarcación y Anzoátegui.

El 28 de mayo el área del Lago Tacarigua, estado Aragua, fue declarada Zona de Riesgo Inminente para al menos 1.043 núcleos familiares, debido al aumento del nivel del agua. Hasta esa fecha, las precipitaciones causaron estragos en los cultivos tachirenses, en especial en el municipio Jáuregui, donde se produce el 41% de las hortalizas que se consumen en el país, razón por la cual gobierno evaluaba planes de refinanciamiento y condonación de deudas para agricultores.

Tres meses después, el gobierno continuaba recogiendo escombros y reconstruyendo infraestructura destruida por intensas lluvias que seguían azotando a varias regiones del país. El 18 de agosto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció que destinará 119 millones de bolívares (alrededor de 28 millones de dólares)para ejecutar 80 obras de vialidad en Mérida, uno de los estados más golpeados. El plan comprende dos obras de drenaje completo de alcantarillado, restitución de calzadas, construcción de 21 muros de contención, sustitución de 11 alcantarillas y mantenimiento de rutas troncales.

El 12 de octubre, el departamento de Protección Civil de Zulia declaró alerta amarilla en los municipios de Maracaibo y San Francisco, donde se contabilizaban más de 20 mil damnificados por inundaciones. Hasta el 13 de octubre, las intensas lluvias asociadas a una onda tropical afectaban a varios municipios de Trujillo, entre ellos Urdaneta, Carache, Pampán, Pampanito y parte del eje panamericano que incluye La Ceiba y Candelaria. Algunos expertos consideraron que las lluvias de esos días eran las más agresivas del último lustro; mientras que el Inameh pronosticó que la vaguada continuaría sobre el Mar Caribe y el norte del país.

Casi un mes después, el 15 de noviembre, el gobierno venezolano decretó estado de emergencia por 90 días en 10 municipios de los estados Aragua y Carabobo, amenazados por la elevación del nivel de las aguas del lago Tacarigua. El ministro de Comunicación Andrés Izarra precisó que el estado de emergencia abarcaba a los municipios Girardot, Zamora, Libertador, Francisco Linares Alacantara y Sucre, en Aragua, y Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara, Los Guayos y Carlos Arvelo, en Carabobo.

Una semana después se reportaron deslizamientos de tierra y desbordamiento de lagos y ríos que obstaculizaron vías de comunicación en Aragua, Carabobo, Zulia y Mérida. El 23 de noviembre se quebró el muro de contención del río Chama en Zulia; colapsó el sistema de drenaje en algunas avenidas del casco central de San Cristóbal, Táchira; mientras que en Mérida unas 300 mil personas confrontaron problemas de acceso al agua potable.

El 6 de diciembre, las fuertes lluvias provocaron el colapso de varias zonas de Caracas, el cierre de las estaciones del metro y la muerte de una persona. El río Guaire, que cruza la capital, registraba su más alto nivel a la altura Bello Monte, reportó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana Néstor Reverol. Al día siguiente la ministra para la Educación de Venezuela Maryann Hanson ratificó que las labores escolares continuarán suspendidas en los estados Vargas, Mérida, Miranda y en Caracas. La titular de Educación Universitaria Yadira Córdova también corroboró la decisión gubernamental de suspensión de las clases.

Las intensas lluvias registradas desde el 5 de diciembre, que afectan a las regiones central, andina y al estado de Zulia, obligaron a cancelar temporalmente las operaciones aéreas. El gobernador de Mérida Marcos Díaz Orellana reportó que el temporal dañó severamente unos 800 kilómetros de vías, en tanto que los desbordamientos fluviales perjudicaron terrenos y poblaciones de 23 municipios.

Sólo en la última semana, las lluvias mataron a ocho personas y damnificaron a 4.812 familias en Caracas y los estados Táchira, Zulia, Miranda, Mérida y Vargas, informó el ministro para Relaciones Interiores y Justicia Tareck El Aissami. El gobierno instaló 918 refugios en todo el territorio nacional que acogen a 29.730 familias damnificadas por las intensas precipitaciones registradas desde 2010.

El 9 de diciembre, el gobierno de Chávez aprobó una ayuda económica de 1.500 bolívares (unos 348 dólares) por grupo familiar.“Estamos dedicados a esto primero que nada, a las prioridades. Mañanaentregaremos viviendas a los refugiados, porque hay nuevos refugiados, entonces tenemos que aligerar los planes de vivienda y de rehabilitación de los barrios”, dijo el presidente venezolano y suspendió su viaje a la toma de posesión deCristina Fernández y canceló un encuentro previsto con el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva.

* Boletín del Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade (SENA-Fobomade), con información de Prensa Latina, Bolpress y Naciones Unidas.