Washington y México (PL).- El Fiscal General de Estados Unidos Eric Holder aceptó hoy la responsabilidad final por la fracasada operación Rápido y Furioso, que permitió que cerca de dos mil armas fueran a parar a manos de criminales mexicanos. Diversas fuentes aseguran que al menos 200 personas han sido asesinadas producto del fracasado plan antidroga, que podría convertirse en el “Watergate” del gobierno de Barack Obama.

Cuando comenzó la operación “Rápido y Furioso”, en la segunda mitad de 2009, un 90% de las armas que iban a México provenían de Estados Unidos. Según un reciente informe, casi el 70% de las más de 29 mil armas incautadas por las autoridades mexicanas de 2009 a 2010 proceden de Estados Unidos. El estudio detalla que cientos de fusiles y pistolas permanecen aún en paradero desconocido, lo cual destapó serios cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estadounidense en apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el vecino país del sur.

Cerca de dos mil armas adquiridas por organizaciones criminales mexicanas fueron introducidas en México bajo conocimiento de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés). La crisis estalló después de que un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, Brian Terry, fuera asesinado en un tiroteo en el que presuntamente se uso una de estas armas.

El presidente del comité de Supervisión de la Cámara baja Darrell Issa lanzó la interrogante: ¿Por qué varios funcionarios del gobierno de Obama, incluido el secretario de Justicia Eric Holder, niegan tener conocimiento de la operación, pese a que recibieron información al respecto?

El legislador pidió explicaciones a Holder sobre el fallido programa para pasar armas a México con el fin de seguirles la pista hasta los delincuentes, de las que se perdió el rastro de unas dos mil, que aparentemente fueron a parar a manos de narcotraficantes. Queremos conocer qué sabían, cuándo supieron de la operación, hasta qué niveles del Departamento se conocía, así como por qué una vez que los funcionarios conocieron la operación no se hizo nada al respecto, planteó Issa.

Muchos agentes de la ATF prestaron testimonios en los que califican de “vergonzoso y pasmoso” que se permitiera no solo la desaparición de armas de fuego, sino también que éstas se fueran hacia México a sabiendas de que terminarían en manos de sicarios del cártel de Sinaloa.

En mayo, Holder declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que se enteró de “Rápido y Furioso” tan sólo en las últimas semanas. No obstante, recientes revelaciones de Issa y del senador Charles Grassley indican que el secretario de Justicia recibió al menos cinco memorandos desde julio 2010 en los que se describía el plan que llevó a cabo la ATF. Todo parece indicar que Holder mintió al Congreso.

El de 26 septiembre la cadena Fox News reveló que el gobierno estadounidense usó dinero de sus contribuyentes para la compra de varias armas enviadas a narcotraficantes mexicanos, desmintiendo las declaraciones de autoridades del Departamento de Defensa, las cuales reconocieron como único error en la operación que los agentes perdieron la pista de las armas.

De acuerdo con un documento citado por la Fox News, un agente de la ATF compró seis pistolas semiautomáticas Draco para usarlas en ese operativo. Luego el agente vendió las armas a compradores ilegales, mientras otros policías observaban la operación desde sus autos. Pero la orden era dejar ir a los delincuentes para descubrir su escondite. Sin embargo, asombrosamente, esta casa se quedó sin vigilancia, por lo que le perdieron el rastro tanto a los delincuentes como a las armas.

A principios de octubre, varios medios divulgaron otras informaciones sobre una anterior operación, denominada Receptor Abierto, en la cual autoridades estadounidenses posibilitaron el envío de armas al crimen organizado mexicano. Receptor Abierto, realizada en los años 2006 y 2007, permitió que alrededor de 500 armas de alto poder se vendieran a traficantes. De acuerdo con el senador Charles Grassley, el republicano de mayor rango del Comité Judicial del Senado, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaban al tanto de esa operación, publicó el diario Excelsior.

Durante la administración de George W. Bush, el gobierno federal permitió que cientos de armas de fuego fueran transferidas a sospechosos de traficar armamento, develó el 4 de octubre la página web de la cadena televisiva ABC News. Según el reporte, cuando Bush era presidente la ATF utilizó una táctica similar a la de Rápido y Furioso en Tucson (Arizona), al aplicar la operación Wide Receiver, iniciada en 2006.

Después de que Obama asumió el cargo, el Departamento de Justicia examinó la operación Wide Receiver y descubrió que la ATF permitió que las armas acabaran en manos de supuestos traficantes. La fuente cuestiona que al existir dos investigaciones similares relacionadas con la ATF, con pocos años y bajo gobiernos federales diferentes, es nuy probable que los agentes hayan permitido que las armas “caminaran”, en vez de decomisarlas.

El senador Grassley de Iowa expresó en un comunicado que ya sea la Operación Rápido y Furioso, la Wide Receiver o ambas, está claro que las armas dejaron de controlarse y que funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia lo sabían. No hay excusa para permitir que esas armas anden sin control, y si hay más operaciones de este tipo, el Congreso y el pueblo estadounidense necesitan saberlo, enfatizó.

El 24 de octubre el diario New York Times informó que agencias estadounidenses de seguridad aún mamtienen una red de informantes mexicanos, algunos de ellos delincuentes que aceptan ofrecer información a cambio de algún tipo de inmunidad o reducción de penas. Las autoridades mexicanas, prosiguió la nota, generalmente no saben de estas operaciones o se hacen de la vista gorda, a sabiendas de la corrupción existente en sus entidades policiacas y también porque es ilegal que fuerzas estadounidenses operen en México.

Cuatro días después, el legislador Issa declaró a CNN que unos 200 mexicanos fueron asesinados con armas introducidas durante la operación Rápido y Furioso. “Estamos hablando de gente asesinada en ambos lados de la frontera. Se estima que unos 200 mexicanos fueron asesinados por armas que nuestra administración, nuestro gobierno, permitió que pasaran”, deploró.

A principios de noviembre, el diario La Opinión reveló que un memorándum y un correo electrónico evidencian que el fiscal general del gobierno de Bush, Michael Mukasey, fue informado sobre la táctica de dejar “caminar armas”. Uno de los documentos se refiere a una futura reunión con el entonces procurador general de México Eduardo Medina Mora, donde se especificó que “la ATF ha trabajado en conjunto con México”.

Esa labor se realizó “en el primer intento para controlar la llegada de armas que son infiltradas a ese país por un traficante mayor”, subrayó el rotativo. “Aunque la entrega controlada no ha sido exitosa, (…) a ATF le gustaría expandir la posibilidad de investigaciones conjuntas y entregas controladas, porque solo entonces será posible investigar una red de tráfico completa, en lugar de un simple traficante”.

También se detalló que un agente de la ATF en México notificó a Medina Mora sobre el “intento controlado de entregar armas” y le explicó la necesidad de tener una unidad mexicana colaborando. Mientras el mensaje electrónico, corrigió un detalle del memorándum y aseguraba que con anterioridad se dieron casos “donde se ha dejado a las armas caminar”. Esa táctica de permitir la entrada de armamento al vecino territorio fue seriamente cuestionada luego de que se descubriera el fracaso de la operación Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de más de dos mil armas entre 2009 y 2010 a México, las que luego se perdieron.

El 5 de diciembre, los países miembros del mecanismo de Tuxtla demandaron a Estados Unidos la adopción de medidas para detener el flujo de armas y dinero, además de la reducción del consumo de drogas, durante la clausura de la XIII Cumbre del acuerdo regional, a la que asistieron los mandatarios Sebastián Piñera de Chile; Álvaro Colom de Guatemala; Porfirio Lobo de Honduras, Daniel Ortega de Nicaragua; Leonel Fernández de República Dominicana, y Ricardo Martinelli de Panamá.

Obama: Fue una “metedura de pata”

Según The Washington Times, altos funcionarios del Departamento de Justicia habían negado hasta hace pocas semanas tener conocimiento sobre la operación Rápido y Furioso; sin embargo, documentos recientes demuestran que altos cargos de ese departamento estaban al tanto de dicho programa encubierto, al menos desde julio de 2010, momento cuando ya conocían que unas 1.500 armas de fuego habían sido suministradas desde Phoenix a los cárteles del narcotráfico en México.

El 18 de octubre, el presidente Barack Obama aseveró que quienes “metieron la pata” en la fallida operación Rápido y Furioso rendirán cuentas. Es frustrante que un funcionario haya demostrado tan mal juicio hasta permitir que sucediera algo semejante, comentó. Entre tanto, el Senado estadounidense aprobó una iniciativa que prohíbe al Departamento de Justicia realizar investigaciones de tráfico de armas usando prácticas como en la fallida operación. La normativa aprobada con un voto de 99 a cero evitará que el gobierno transfiriera armas a carteles de narcotráfico a menos que agentes federales la vigilen o supervisen continuamente.

El 8 de noviembre, el Fiscal Eric Holder consideró que el contrabando de armas federales introducidas en México constituye una operación “deficiente en su concepto y en su ejecución”. No debería haber ocurrido y nunca debe volver a ocurrir, expresó Holder en el texto de su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, al que tuvo acceso la cadena televisiva CNN.

Un mes después, este jueves 8 de diciembre, Holder aceptó finalmente su responsabilidad por la fracasada operación Rápido y Furioso en una audiencia ante el comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes. Holder admitió que las armas perdidas durante la operación antidroga continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera, y que los efectos del fiasco se sentirán durante años.

No obstante, aseguró que las fallas en la información al Congreso no fueron intencionales, sino resultado de errores en su verificación inicial. “En última instancia yo soy responsable de todas las acciones que ocurren dentro del Departamento, pero si ven lo que pasó con Rápido y Furioso para evaluar mi desempeño, hay que ver lo que hice una vez que me enteré de estos asuntos”, alegó.

Las declaraciones de Holder responden al señalamiento del legislador Darrell Issa de que la responsabilidad final del fracaso del operativo recae en su persona. Mientras, el republicano James Sensenbrenner solicitó el despido del procurador adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia Lanny Breuer.

La pesquisa sobre Rápido y Furioso, impulsada por los republicanos, se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de enfrentamiento por los intentos opositores de enlodar la labor del presidente Obama y sus más cercanos colaboradores en este sector.

Las evidencias encontradas por el Congreso sobre la fracasada operación amenazan con convertirse en el Watergate del gobierno de Obama. Recientemente algunos republicanos en Florida compararon el fiasco con el escándalo que desencadenó la renuncia del presidente Richard Nixon y ya algunos abogan por la designación de un fiscal especial para investigar los hechos.

* Con datos de Jacinto Granda, corresponsal jefe de Prensa Latina en México.