El régimen del MAS debutó mostrando la apariencia de ser un gobierno fuerte; frecuentemente buscó aplastar con mano dura a sus opositores y a los movimientos de protesta con el argumento de que encarnaba la voluntad de las mayorías expresada en la inédita votación de más del 67%. Pero se desmoronó la estatua de barro, se multiplican los conflictos sociales y se reafirma en la conciencia de los explotados la idea de que este gobierno es igual o peor que los anteriores.

El gobierno del MAS, desesperadamente, fabricó la imagen de que se inauguraba una nueva etapa en la vida económica social y política del país; que este cambio radical se realizaba pacífica y democráticamente (revolución democrática y cultural), y que este proceso de “profundas transformaciones” tendría una larga duración de por lo menos cincuenta años.

También el oficialismo pretendió fabricar una figura emblemática con la imagen del “presidente indio”, el protector de la madre Tierra, de los desposeídos y discriminados, el guía espiritual de todos los pueblos originarios del planeta, el hombre infalible portador de la sabiduría de los pueblos originarios acumulada durante siglos.

Las tímidas manifestaciones del malestar social que surgieron al principio porque los explotados no encontraban respuestas efectivas a sus necesidades y problemas -y que, poco a poco, se tornaron más francas y violentas- fueron sofocadas con el argumento de que eran manipulados por la derecha y la embajada norteamericana para desprestigiar al “gobierno del cambio”. La táctica siempre fue volcar a los movimientos sociales, cuyas cúpulas fueron sus incondicionales, contra los inconformes.

Todo esto funcionó hasta diciembre de 2010, cuando el gobierno pretendió imponer el gasolinazo que significó cargar sobre las espaldas de los explotados el peso de la crisis capitalista. Frente a la poderosa arremetida popular que provocó la medida, y que amenazaba con aplastar con puño de hierro al gobierno impostor, Morales y su pandilla retrocedieron alegando ser “un gobierno que escucha al pueblo”.

Fue el principio del fin; se desmoronó la estatua de barro que habían fabricado y desde ese momento se multiplican los conflictos sociales, unos con más fuerza que otros, mientras se reafirma en la conciencia de los explotados la idea de que este gobierno es igual o peor que los anteriores, sirviente de las transnacionales y de la empresa privada nacional.

Se produce una rápida y perceptible metamorfosis en la imagen del gobierno que pretendió mostrarse –al principio- como antiimperialista aliado de Hugo Chávez y de Fidel Castro, y que poco a poco -en un corto tiempo- aparece como socio de las transnacionales, preocupado por garantizar seguridad jurídica para las inversiones privadas. De defensor de la madre tierra se torna en promotor de las actividades extractivas en minería e hidrocarburos, chocando frontalmente con las organizaciones indígenas.

No cabe duda, se está produciendo un rápido cambio en la situación política. Las presiones sociales son cada vez más generales y radicales, y el gobierno, desesperadamente, pretende contenerlas haciendo concesiones unas veces y otras recurre a la violencia policial. Pero, mientras más grandes son las concesiones, surgen nuevas presiones debido a la agudización de la crisis y porque las ilusiones que los explotados abrigaban en el gobierno se esfuman.

En el problema del TIPNIS, el gobierno ha promulgado una ley corta que cancela la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y declara a esa reserva natural “intangible”, poniendo en entredicho su lealtad con las transnacionales y los brasileros. Ahora el régimen busca revertir la capitulación, corriendo el riesgo de jugar con fuego que puede terminar devorándolo.

Posteriormente, el gobierno ha hecho concesiones al transporte pesado rebajando los impuestos de importación de sus “chatas” en un 50%. A pesar de la oferta de 70 millones de bolivianos a la UPEA, no logra contener la furia estudiantil provocada por la durísima represión policial, y tiende a generalizarse a todas las organizaciones de la explosiva ciudad de El Alto. Finalmente, los pobladores de Yapacaní lograron torcerle el brazo al oficialismo, destituyendo al alcalde masista, y permanecen en apronte para no ser burlados como los indígenas del TIPNIS.

Proliferan como hongos nuevas movilizaciones a lo largo y ancho del país: desde Santa Cruz se inicia una marcha de los discapacitados; aparecen en el escenario los beneficiarios de la renta dignidad exigiendo que el beneficio sea nivelado al sueldo mínimo nacional (de 200 a 810 Bs.) porque materialmente ya no pueden sobrevivir con las miserables rentas que perciben. Por otro lado, no se resuelven los conflictos limítrofes en el país; el problema del incremento de sueldos y salarios vuelve a reactivarse y promete desembocar en una lucha muy dura, etc.

En este mar de malestar reinante, ¿qué efecto paralizante puede tener la anunciada cumbre social que el gobierno fabrica afanosamente? El cambio de la situación política hace que todas las maniobras del gobierno se frustren y en muchos casos se tornen en un boumerang contra él mismo.

¿Por qué un gobierno derrotado y aislado vuelve a arremeter contra distintos sectores?

Parece desorientar a la gente que Evo Morales y su pandilla, después de la imponente derrota sufrida en el problema del gasolinazo a fines del año anterior, y en el conflicto del TIPNIS hace apenas algunas semanas, retomara la iniciativa de atacar con brutalidad, casi como cobrándose una revancha, a los que en la víspera lo habían humillado.

El régimen ataca otra vez a los indígenas del TIPNIS buscando revertir la “ley corta” con la finalidad de que –de todas maneras— el camino atraviese esa reserva natural; ataca duramente a la Caja Nacional de Salud desafiando a sus trabajadores y a los otros sectores afiliados; plantea la destrucción de la institución aseguradora por la vía de la desafiliación de los que hoy pertenecen a ella; hace oídos sordos a los múltiples conflictos por los linderos a lo largo y ancho del país; desatiende las exigencias de los fabriles que se movilizan por conservar sus fuentes de trabajo; arremete contra el magisterio con la aplicación “progresiva” del currículo de la “Siñani – Pérez”, etc.

Pareciera que el gobierno recobra fuerzas de sus cenizas para volver a arremeter y sentar precedente contra sus opositores. Todos los procesos sociales obedecen a leyes objetivas internas, nada ocurre por casualidad. Es preciso descubrir estas leyes para comprender qué sentido y perspectivas tienen las actitudes del gobierno. A nuestro entender, existen dos factores que le permiten tomar la iniciativa para tratar de contener la rebelión de los explotados:

El primero, el más importante, frente a la rebelión cada vez más franca de los explotados, no tiene otro camino que buscar refugio en la sombra del imperialismo (ese sentido tiene el último acuerdo diplomático con los yaquis). Por presión de éste y de la empresa privada nativa, adopta una posición cada vez más derechista; su fuerza para arremeter radica en la protección que le brindan las transnacionales, el gobierno norteamericano y los empresarios privados nativos.

El imperialismo y sus lacayos internos no tienen –por el momento– otro instrumento capaz de contener a los explotados que el gobierno del MAS y, en santa alianza, prometen defenderlo en el plano internacional e interno. En el marco de sus limitaciones financieras debido a la crisis estructural del sistema capitalista, prometen aumentar las inversiones en algunos rubros de la economía, para paliar en algo la asfixia económica que cada día se hace más patente etc.

Se confirma la tesis de que el gobierno ha ocupado el vacío que ha dejado la derecha tradicional, y ahora es la única expresión política de la clase dominante y del imperialismo en el país. Por esta razón, no es nada improbable que el gobierno recurra a una durísima política represiva (como ya lo ha hecho en Yucumo y en las protestas sociales de principios de año) para contener la rebelión de los explotados cada vez más agresivos.

El otro factor es que la tensión vivida por los combatientes de la víspera ha generado una especie de laxitud en ellos. Este fenómeno es normal y, en el actual proceso, promete ser muy corto porque otros sectores ya se encuentran en las calles. El gobierno aprovecha este pequeño descanso para tomar la iniciativa, y su perspectiva es utilizar la llamada “cumbre social” de diciembre para ofrecer al país una nueva impostura llamada “agenda”, supuestamente por “mandato popular”, para llevar adelante medidas de urgente aplicación como un nuevo gasolinazo, la construcción de la carretera Cochabamba – San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS, la imposición de un aumento de sueldos miserable, la destrucción de la CNS, etc.

¿Qué perspectivas tiene esta nueva arremetida del gobierno? Es preciso tomar en cuenta que la ejecución de la política que pretende imprimir no puede ser en un tiempo breve, convirtiéndose en un efecto paralogizante para las masas y que, en determinado momento, está condenado a chocar frontalmente con ellas porque el espíritu de sus medidas radica precisamente en cargar sobre las espaldas de los explotados todo el peso de la crisis, generando mayor miseria y hambre de lo que ya padecen hoy.

Este análisis nos conduce a que, en la presente etapa, el gobierno ya no podrá encontrar una salida viable para resolver los problemas del país; estamos viviendo un período de agotamiento del capitalismo donde ya no es posible aplicar un amplio programa social que genere bienestar en los sectores más amplios de la población. Ahora corresponde fortalecer la organización independiente de los explotados, expulsar a la burocracia oficialista de las organizaciones sindicales y sociales, y dotarse de un amplio programa de realizaciones inmediatas que unifique la lucha de los diferentes sectores.

* Profesor de Filosofía y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).