(Agencias).- Los movimientos sociales de la región norandina peruana de Cajamarca obligaron a suspender indefinidamente el proyecto minero aurífero Conga, una controvertida iniciativa de la empresa Yanacocha, luego de seis días de paro con un saldo de decenas de heridos por disparos de armas de fuego.

Varias protestas en distintas regiones de Perú en rechazo a proyectos mineros avivan hoy la polémica en torno a la pertinencia de esa actividad económica y de subsistencia frente a la protección ambiental. Las autoridades locales coinciden en la necesidad de que los inversionistas garanticen las condiciones para evitar perjuicios a la naturaleza y las poblaciones aledañas.

En Moquegua, al suroeste del país, los habitantes se oponen a la inversión del proyecto Quellaveco, temiendo daños a la agricultura local. Cajamarca es escenario de manifestaciones por la contaminación de las reservas acuíferas que generaría la extracción aurífera y cuprífera, en detrimento de 32 pueblos.

Desde el 24 de noviembre, la población de Cajamarca al norte de Perú cumple un paro indefinido en contra del proyecto minero Conga y en defensa de las fuentes de agua de la región. Se trata del mayor conflicto social enfrentado por el presidente Ollanta Humala desde que asumió el cargo el 28 de julio, reportó la agencia Prensa Latina.

Yanacocha, en la que participa la estadounidense Newmont, opera en Cajamarca la mina de oro más grande de Latinoamérica. Allí prevé secar dos lagunas para extraer oro, y secar otras dos para usarlas como depósitos de relaves y desmontes. Tiene previsto invertir 4.800 millones de dólares en Conga y dice que el proyecto le dejará a Cajamarca al menos 800 millones de dólares por canon y regalías.

El 17 de noviembre, el presidente Humala dio luz verde al emprendimiento y descartó revisar el proyecto que data de 2004. “No podemos entrar a posiciones extremas y eso hay que hacer entender a la población”, explicó en alusión al rechazo de agricultores que temen que el proyecto contamine fuentes de agua y dañe al medio ambiente y a la actividad agrícola.

El 24 de noviembre, Humala llamó a la “cordura y al diálogo a nivel nacional, la mejor forma de construir desarrollo”, pero también criticó el comportamiento de las mineras que no han cumplido el rol social de atender a las comunidades de su entorno.

Indicó que tal situación de abuso ha generado un clima de desconfianza que “nos polariza y nos divide entre oro o agua”. “Necesitamos resolver eso, porque ambos son regalos de Dios, lo que pasa es que uno ha abusado del otro y ha generado pobreza y extrema pobreza. Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez”, planteó.

Consideró que el primer paso hacia una nueva relación con la minería es la creación de un impuesto a las sobreganancias para ayudar a las comunidades; “necesitamos cobrarles lo justo y que no se aprovechen de nosotros”. Al día siguiente, Humala ratificó el compromiso de transformar y diversificar la economía de su país, para que no dependa de una sola actividad, en alusión a la minería.

Humala propuso “mejorar cualitativamente la relación entre el Estado, la minería y las poblaciones” y señaló que Conga dará recursos para la “gran transformación” y los programas sociales del gobierno. “Tenemos que proteger a las comunidades, sus recursos naturales y también las actividades productivas”, dijo.

“No es cierto que el proyecto Conga vaya a financiar la gran transformación; no es una alternativa para las comunidades”, aseguró el presidente regional Gregorio Santos, tras lamentar las declaraciones del presidente que “no contribuyen a generar el ambiente de diálogo” y favorecen a intereses empresariales.

Crece la protesta antiminera

En la última semana, miles de manifestantes se desplazaron a la provincia de Celendín, a orillas de la laguna El Perol, una de las fuentes de agua que serían depredadas por la explotación de oro. El paro en Cajamarca afectó las actividades educacionales, comerciales y financieras, así como al transporte urbano e interprovincial. En el quinto día de paro, la terminal aérea suspendió sus actividades para evitar enfrentamientos con al menos 500 manifestantes que la asediaban. 

El viceministro de Gestión Ambiental José de Echave renunció el lunes en medio de la protesta, considerando que el gobierno no cuenta con una “estrategia adecuada para enfrentar los conflictos sociales”. El renunciante dijo que discrepa con el reciente anuncio sobre la creación de una autoridad dentro del ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros que verá temas de fiscalización ambiental y estudios de impacto ambiental.

“Creo que ese anuncio no ayuda a construir y consolidar una autoridad (ambiental) fuerte, importante, como era lo que se pensaba hacer, más aún en un país donde la principal fuente de conflictos sociales tiene que ver con temas ambientales. Me da la impresión que no va en la buena dirección”, explicó Echave en conversación telefónica con la agencia AP.

Echave dimitió poco después de que el Ministerio del Ambiente emitió un reporte en el que objeta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga porque su puesta en marcha “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

El ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi calificó de “tremendista” y fatalista el informe. Sin embargo, el ministro del Ambiente Ricardo Giesecke afirmó que la finalidad del informe no era oponerse al proyecto sino que el estudio de impacto ambiental sea mejorado.

El 28 de noviembre, la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) convocó a una marcha antiprivatista y en apoyo al paro en Cajamarca. El secretario general de la CGTP Mario Huamán dijo que la marcha llegará hasta el parlamento para pedir a Humala que cumpla la promesa electoral de anular la concesión del puerto de Callao a intereses privados, y que rectifique su apoyo al proyecto Conga.

Ese día, Humala descartó viajar a Cajamarca, como exigen los pobladores. “No está pensado viajar hoy, pero sí está pensado viajar si las condiciones (de seguridad) están dadas. Queremos explicarles el nuevo esquema de ‘mineria responsable’”, declaró el presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghitis a la agencia DPA.

En el sexto día de paro fueron incendiadas las oficinas del proyecto Conga en la localidad cajamarquina de Celendín, y una veintena de personas resultaron heridas por armas de fuego. El 29 de noviembre en la noche, la empresa Yanacocha comunicó a la opinión pública que, “a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezcan la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto”.

En el comunicado público, la compañía asegura que es consciente de los desentendimientos y enfrentamientos que ha tenido con la población cajamarquina en el pasado, por lo que dice haber asumido la responsabilidad de retomar esa relación y recuperar la confianza ciudadana. “Reiteramos que haremos nuestro mejor esfuerzo y acataremos todas las exigencias del gobierno del presidente Ollanta Humala por una minería responsable”, agrega.

El pronunciamiento empresarial añade que acatará igualmente los planteamientos del Ejecutivo para una nueva relación entre las empresas mineras y la población, y se compromete a facilitar el restablecimiento del diálogo y la recuperación de la confianza.

Sin embargo, el paro general continúa en Cajamarca. El presidente regional Gregorio Santos y el presidente del Frente de Defensa Ambiental Wilfredo Saavedra anunciaron que la huelga continuará con el apoyo de regiones vecinas. Ambos dirigentes señalaron que la suspensión del proyecto Conga carece de significación, y exigieron un decreto gubernamental que deje sin efecto el proyecto, única salida a la crisis.