Pese al decreto de “nacionalización” de los hidrocarburos, emitido el 1 de mayo del 2006, las transnacionales petroleras que operan en el país mantienen el control y el predominio real en la industria de los hidrocarburos en Bolivia, tanto en la producción como en las reservas de gas y petróleo, asegura una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

En el año 2004, Petrobras producía el 47% del gas y petróleo del país. Hoy controla el 63%. Otras compañías dominantes en la producción de hidrocarburos en Bolivia son Repsol y British, agrega el informe incluido en el “Cuaderno de Coyuntura No. 3” de la Plataforma Energética dedicado al estudio “Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras.

Los datos oficiales establecen que en la gestión 2009, la producción nacional de hidrocarburos estaba en manos de Petrobras Bolivia (60,48%), Petrobras Energía (2,63%), Repsol (8,13%), YPFB Chaco (12,17%), YPFB Andina (7,54), Pluspetrol (3,61%), British Gas Bolivia (3,61%), Vintage (1,95%)y Matpetrol (1,95%).

“Esa situación de preeminencia de las empresas transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos se constata cuando el grueso de la producción —cerca del 80%— continúa en manos de las operadoras extranjeras. El Estado, en cambio, sólo participa en la producción del restante 20% mediante las empresas Andina y Chaco, en asociación con empresas extranjeras”, señala el informe.

El estudio destaca que “el control de la producción por las empresas transnacionales ha ido creciendo en los últimos cinco años; en especial, es patente el incremento de la participación de Petrobras, que pasó del 47% en 2004 hasta el 63% en 2009”.

La información sobre las áreas petroleras, las reservas y la producción de hidrocarburos revela que el control del sector sigue en manos de las empresas operadoras transnacionales, quedando la empresa estatal con una participación minoritaria, situación que respalda la decisión gubernamental de otorgar condiciones favorables a éstas, incluida la “nivelación” de precios de los combustibles.

Las empresas transnacionales que operan en Bolivia tienen el control mayoritario y casi excluyente de las reservas de gas y petróleo en el centro de Sudamérica, según establece la investigación del CEDLA. El informe sostiene que en el tema de las reservas de gas y petróleo, hay un claro predominio transnacional, tal como se deriva de la última certificación publicada en detalle por YPFB en 2005 y proyectada hasta el año 2009.

Así, “las empresas Petrobras, Repsol y Total E&P controlaban en 2005 el 83,4% de las reservas de gas natural y petróleo, expresadas en términos energéticos; esta participación se incrementó para el año 2009, llegando al 85,2% del total de reservas”.

Frente a esta preeminencia transnacional, la participación estatal era mínima, según la información oficial. “El control de las reservas por parte de YPFB, a través de las subsidiarias Andina y Chaco, era de sólo el 12% en 2005 y disminuyó al 11% en 2009”, señala el informe del CEDLA.

Algo similar ocurre con la producción de gas y petróleo. En cifras redondas, el 80% de la producción hidrocarburífera boliviana estaba en manos de las operadoras extranjeras, mientras que el Estado sólo participa en la producción del restante 20% mediante las empresas Andina y Chaco, en asociación con empresas extranjeras”, agrega la investigación.

Según el CEDLA, este dominio transnacional sobre la producción y las reservas de los hidrocarburos de Bolivia tendría serias e importantes implicaciones en la actual política gubernamental, como la asumida en el pasado reciente con el denominado “gasolinazo”. “Al no tener el control real del sector hidrocarburífero y mantener una presencia estatal secundaria a través de YPFB, el gobierno nacional optó –señala el estudio– por ofrecer mejores condiciones a las transnacionales para intentar superar por esta vía los grandes problemas del sector como la caída en la producción de líquidos y el virtual estancamiento en la producción de gas”.

Según el estudio, la escasez relativa de combustibles para el consumo interno puede tener diversas causas. Entre las más importantes están el alza extraordinaria de la demanda, la declinación física de los reservorios petroleros, la ausencia de inversiones, la elevada ineficiencia en el uso de la energía y la expansión de actividades especulativas. En este escenario el Gobierno, enfrentado a la obligación de proveer de energéticos a la economía nacional, optó por utilizar las conocidas recetas de anteriores gobiernos de traspasar los costos a la población para recuperar el equilibrio.

Según el diagnóstico del CEDLA, la “nacionalización” de mayo de 2006 “se limitó al disfrute de los resultados de la reforma tributaria de la Ley 3058 aprobada en 2005 y de la extraordinaria elevación de los precios de las materias primas en el mercado mundial, pero no recuperó el control estatal sobre el sector —es decir, no restituyó el monopolio estatal que anteriores nacionalizaciones establecieron—, dando únicamente lugar a una empresa pública, YPFB, subordinada a la voluntad de las empresas extranjeras productoras”.

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