Las acciones desacertadas del actual gobierno parece no tener fin, ni de seguir una lógica política razonable y bien orientada. Al presente se puede resumir una cadena de actos de corrupción, prebendalismo, venganza, autoritarismo, y muchos otros adjetivos, para nada positivamente aplicables que se reflejan por ejemplo en en plan nacional de vivienda, la adquisición del avión presidencial, la contratación de millonarias consultorías y en la construcción de obras sin licitación.

1. Plan de viviendas nacional, con aproximadamente 500 millones de dólares, del cual sólo se ha ejecutado algo más de 8% en viviendas, con una ejecución presupuestaria casi del 100% (vale decir pagado el total solo por muestras para efectos de propaganda gubernamental).

2. Adquisición del avión presidencial usado en 38 millones de dólares (hoy detenido en Miami por haberse encontrado trazas de cocaína en su interior y no como dice el gobierno, en mantenimiento) cuando el mismo se podía haber adquirido nuevo, directamente a la fábrica en sólo18 millones de dólares,incluyendo equipos de vuelo redundantes y de alta seguridad.

3. Adquisición de un satélite para Bolivia, en 300 millones de dólares, cuando está demostrado que es mucho más rentable alquilar segmentos satelitales en la medida de lo necesario únicamente y no comprar una vaca para hacer un sándwich de milanesa.Chile, con una economía creciente, planificada y oportuna, alquila.

4. Adquisición de aviones combate al gobierno chino, para un país sin posibilidades de enfrentar bélicamente a ningún país vecino, y sólo justificado con el propósito decombatir el “narcotráfico”.

5. Adquisición de aviones de transporte chinos brutalmente sobrevaloradosmediante rubros de asistencia técnica, repuestos y mantenimiento.

6. Adquisición de un trépano al gobierno venezolano, que luego verificó dañado e inservible para nuestros propósitos, y que posteriormente se dijo que era alquilado, condaños de casi 100 millones de dólareso la contratación de una planta de procesamiento de hidrocarburos, con undaño económicoque no pudieron ocultar de mas de108 millones dólaresy donde buscaron un oportuno chivo expiatorio.

7. Contratación de millonarias consultorías a través del hermano de Alvaro García Linera, para determinar el sexo de los ángeles, porque de racionalidad ya no queda nada, sólo propósitos políticos sesgados, con varios cientos de millones de dólares,consultorías utilizadas solo para comprar conciencias y lealtades.

8. Construcción de aeropuertos internacionales en diferentes lugares del país, sin lógica de factibilidad, oportunidad y mesura alguna, como Oruro, Chapare y otros, sin procesos de licitación ni proyectos que muestren su viabilidad en forma previa.

9. Adquisición de lotes de vacunas y medicamentos, para planes de incierto alcance, oportunidad y eficacia, por algunos cientos de millones de dólares.

Los ejemplos anteriores, sin procesos transparentesy ajustados a un cada vez más vulnerado marco legal, del que en muchas oportunidades, Evo Morales, Alvaro García, varios miembros del parlamento y del Ejecutivo, se jactaron de arreglarlos con sus abogados. Pero ahora se destapa otro negociado más. Fuentes razonablemente bien informadas indican, en forma resumida, lo siguiente:

OAS, empresa constructora brasilera, que ha sido calificada como de muy baja responsabilidad social y ambiental, viene “ganando” la mayor parte de los proyectos importantes de infraestructura en Bolivia. El principal accionista y prácticamente dueño absoluto es Ignacio Lula da Silva, por medio de su hijo que actúa de responsable. Su reciente visita a Bolivia no es casual, pues venía a apretarlo a Evo para que tome acciones ya, y patrocinaron el seminario en Santa Cruz.

Esta empresa habría cedido acciones en los proyectos bolivianos por un casi 30%, en los cuales Alvaro García Linera participa directamente con un 7%. El saldo está dividido entre algunos familiares de Evo (principalmente su hermano y testaferro), y varios del Ejecutivo y Legislativo. Se habrían producido serias fricciones entre ellos porque Alvaro se los mamó en las proporciones de coimas o participación accionaria.

OAS es una SA y además no cotiza en bolsa, por lo que hace muy difícil un seguimiento accionario, pero se comprueba fácilmente que con sus asociadas o consorcios Inambari, Geracao Energia, Via Engenharia y Furnas citando algunas, enfrentan juicios y procesos administrativos que les siguen no sólo en Brasil sino también en Chile, Perú, Ecuador entre otros, por adjudicaciones dolosas, corrupción, coimas o “participación accionaria”, mala ejecución de obras o cambio de ejecución respectos a términos contractuales.

En Bolivia se “adjudicó” la carretera Potosí – Tarija con un sobreprecio de casi 150%, subiendo su precio de 180 millones de dólares a 380 millones, luego de una oportuna salida de Queiroz Galvao, que fue sacada por el actual gobierno, empresa que no quiso retornar luego al pedido de éste, porque prácticamente había cobrado casi la totalidad, sin boletas de garantía, y no le interesaba seguir haciéndose problemas.

Se “adjudicó” también la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con 306 kilómetros y costo de 415 millones de dólares (332 procedentes de un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil), habiendo confirmado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que ya se pagó a OAS el 20% de los 415 millones (83 millones de dólares).

Esta carretera tendría un sobreprecio de un 150%, y se podría ejecutar por 150 millones de dólares, si fuera conveniente hacerlo, porque hasta el presente no se han cumplido con los estudios ni evaluación de impacto ambiental y específicamente, para un tramo del proyecto, se ha fraguado una ficha ambiental totalmente ilegal. Encima, el crédito original del 100% se reduce a sólo 80%, y por supuesto el 20% sale de fondo de contrapartida de nuestro ya muy vapuleado Estado, amén de otras “ventajas” para OAS como boletas de garantía, período de mantenimiento y cemento asfáltico que debe ser proporcionado por el Estado boliviano, dejando de ser un proyecto llave en mano y convirtiéndose en el sueño de esa nueva mafia brasilera, símbolo de un imperialismo en marcha dentro del cono sur.

Los ejemplos anteriores muestran las razones del gobierno para ejecutar el proyecto, contra viento y marea, debido la fuerte presión de las masas cocaleras del Chapare, que requieren de nuevas tierras de expansión, pero más aún y principalmente, por la serie de beneficios económicos por el sobreprecio del proyecto, y peor aún cuando el desembolso inicial ya se realizó, y será, por razones contractuales, casi imposible recuperar ese dinero ya adelantado, en caso de una anulación del proyecto, con los consecuentes problemas económicos y legales que se enfrentarían, o tal vez no, porque desde octubre, mediante una grotesca farsa pseudo democrática, tendrán totalmente capturado al poder judicial, y como no se puede juzgar dos veces por el mismo tema, piensan quedar inocentessi acaso se produjera esa situación. Linda manera de atar los cabos.

Sin embargo, en el hipotético caso de que hubiera justicia (imaginen normas y estrados internacionales), es interesante pensar que en un juicio contra OAS, sentándolos, por ejemplo, a Gerardo Pereira, responsable de OAS en Bolivia y Patricia Ballivián, responsable de ABC en su momento, sería posible determinar quiénes se beneficiaron con esas coimas o “participaciones accionarias” y permitir así develar la estructura de beneficiarios y desenmascarar a un gobierno no sólo corrupto, sino cínico en su ya descarada forma de incumplir la ley y la Constitución (por ellos mismos dizque redactada, pues fue recibida ya prácticamente armada de ciertas organizaciones europeas, “aprobada” por levantamanos en Oruro y apropiadamente “retocada” en dependencias de COTEL), desleal para con la gente que lo apoyó en diferentes etapas de su oportunista gestión e históricamente retrógrado en la concepción de un Estado basado en odio, venganza e irracionalidad en muchos casos superados por siglos de desarrollo humano.

Situación agravada y cada día con más y mejores actos de aparente terquedad, con la generación de intervenciones oficiales de carácter genocida (25 de septiembre de 2011), con una policía cuestionada y usada como institución servil, y más grave aún, con la generación de una contramarcha “de indígenas cocaleros oficialistas” que el gobierno impulsa al enfrentamiento el Día de la Raza o una “Ley Corta” que sólo busca frenar “temporalmente” el tramo 2, y que se siga construyendo los tramos 1 y 3, como pateando las cosas para un futuro inmediato, cuando el gobierno se imponga con el tramo 2.

¿Por qué no quieren retroceder los unos y los otros? Los unos porque defienden sus derechos y los de todos los bolivianos, porque el TIPNIS no solo es una área indígena sino ante todo un parque de reserva nacional; y los otros, porque quieren romper el vínculo Beni-Santa Cruz, porque los cocaleros del Chapare (sinónimo de narcotráfico) lo tienen presionado al gobierno, porque el gobierno quiere mostrar que hace lo que quiere sin importar buenas razones y, principalmente, porque afecta el bolsillo de una importante “multidisciplinaria y multiorgánica” facción del gobierno (entiéndase compuesta por miembros del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, policía, ejército, cocaleros, dirigentes varios entre otros cómplices, de los que los nombres se irán revelando paulatinamente porque ya hay varios saltando del barco).

* Activista social y defensora de los derechos humanos.