Hace algunas semanas habíamos vaticinado que los asambleístas del MAS, tanto de Potosí como de Oruro, se iban a ver entre la espada de tener que defender la territorialidad de sus departamentos o la pared de tener que apoyar al gobierno. Hasta la anterior semana quedaron claras dos posiciones: que la posición de los asambleístas de Oruro, independientemente de si tienen o no derechos fundados sobre la territorialidad en disputa con Potosí, está a favor del gobierno.

Quizás esto se deba al hecho de que en alguna de las reuniones de la Bancada Nacional, el Vicepresidente Ávaro García Linera increpó a todos los asambleístas que si ellos son diputados y senadores, ello se debe únicamente a Evo Morales Ayma y, que por lo tanto, nadie puede ni debe criticar sus decisiones, mucho menos oponerse a él.

En el caso de los asambleístas de Potosí, está ocurriendo algo bastante particular. Se sabe que la Presidenta de la Brigada Potosina, la diputada Gladys Vargas, recibió una llamada intimidatoria del Vicepresidente García Linera, debido a las declaraciones que la diputada hiciera en contra de los mimados e incondicionales del Vicepresidente: Isaac Ávalos y René Martínez. Todo porque la diputada asumió directamente posición de defensa de los derechos territoriales de su departamento.

Por lo que respecta al Presidente de la Bancada de Asambleístas de Potosí, está claro que prefiere apoyar al gobierno, sin importar si su departamento pierde o no territorio frente a Oruro. Lo mismo ocurre con la casi totalidad de los diputados y senadores potosinos, intimidados tal vez por las previas llamadas de atención del Vicepresidente.

Los casos del senador Eduardo Maldonado y de la senadora Carmen García son peculiares. El senador Maldonado tiene constantes apariciones en los medios masivos de comunicación con diferentes discursos, cuyo común denominador es la convocatoria al diálogo, exactamente la misma posición del gobierno. Dialogar, conciliar y consensuar para resolver el problema de límites entre Oruro y Potosí, olvidando que ello ya significa perder para Potosí y, definitivamente, ganar para Oruro.

Recordemos que Coroma tiene documentos que demuestran su propiedad territorial y que Oruro, últimamente, ha comenzado a apegarse sólo a las actas de pacificación (firmadas el año pasado). Considerando que el senador Maldonado decidió desmarcarse de la posición que las Autoridades de Coroma encomendaran asumir a los asambleístas de Potosí, el día 31 de octubre, en el Palacio Legislativo, todo parece indicar que la posición del Senador Maldonado es oportunista.

Durante las últimas sesiones de la Cámara de Senadores, la senadora García estuvo cuestionando la decisión del Presidente de dicha cámara de no agendar el Proyecto de Ley Especial para la resolución del conflicto limítrofe Coroma/Quillacas, propuesto con el apoyo de las autoridades originarias de Coroma y del Gobernador Félix Gonzáles de Potosí. Tanto por las declaraciones de la Ministra de Autonomías como por una de las declaraciones del Senador René Martínez, concluimos que el mencionado Proyecto de Ley está siendo postergado, debido a que el mecanismo que establece para la resolución del conflicto de límites entre Oruro y Potosí es la revisión de documentos, aspecto que para la perspectiva del gobierno y para Oruro es negativa.

Por la persistencia de la senadora García, y por fuentes fidedignas, sabemos que los senadores Isaac Ávalos y René Martínez, ya contrariados por la permanente insistencia de la senadora Carmen, decidieron hacer llamar la atención a la senadora García por el mismo Presidente Evo Morales. Desconocemos el contenido de dicha llamada de atención. Lo único que sabemos es que, según algunos criterios, la conducta de los Honorables Senadores Ávalos y Martínez fue cobarde.

Lamentablemente, está también la complicidad con ese tipo de conductas de la misma Senadora García, que prefiere no salir a los medios de comunicación ni denunciar la irregularidad de postergación de la que es objeto el proyecto de ley que presentó hace dos semanas atrás.

Éste es el trasfondo político sobre el que esta semana se inician las movilizaciones de Coroma y las desesperadas gestiones del Gobierno para convocar a reuniones y diálogos que ahora sólo tienen el propósito de aplazar la movilización de los indígenas de Potosí y, naturalmente, no resolver el conflicto de límites en base a documentos, sino por vía de la conciliación y el consenso.

Parte de las desesperadas acciones del gobierno, por no resolver nada jurídicamente, por lo menos en este caso, está directamente vinculado a un informe técnico sobre el proyecto de ley que presentara Potosí al Ministerio de Autonomías -el mismo que presentó la senadora Carmen García en la Cámara de Senadores- informe firmado por la ministra Claudia Peña, cuyo análisis referido al derecho consuetudinario fue plagiado de wikipedia.com.