La aventura agroindustrial del norte de La Paz se inició el año 2006 con la aprobación de la Ley 3546 y que desafortunadamente está anclada en la lógica de los biocombustibles. En la actualidad la figura se ha consolidado a partir del Decreto 0637 de fines del 2010, que crea la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), mencionada en otras oportunidades como Empresa Estratégica Agroindustrial de San Buenaventura.

Ya el año 2007 se observaron marcadas incongruencias y contradicciones respecto al complejo agroindustrial de San Buenaventura, entre la información del estudio de prefactibilidad de la entonces prefectura del departamento de La Paz y el supuesto estudio de factibilidad del Viceministerio de Desarrollo Rural (VMDR); por ejemplo, en cuanto al número de hectáreas de desbosques para la producción de la caña, sin embargo, coincidiendo en falencias como la ausencia de información significativa sobre los suelos de la región.

A lo largo del año 2010, se pudo constatar profundas inconsistencias en el desarrollo de la iniciativa agroindustrial, como ser acciones improvisadas (p.e. ausencia de un estudio formal a diseño final) y una plena inobservancia de la normativa, como la ausencia de una Ficha Ambiental del proyecto y del respectivo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), así como de los procesos respectivos de consulta pública, y desde luego, la Licencia Ambiental. Si estos instrumentos y procesos existieron o existen, lo cual se duda, nunca fueron anunciados o dados a conocer públicamente. Recientemente la página digital de la empresa EASAB, menciona el estudio de Restructuración y Complementación de la Ingeniería Básica del Complejo y el estudio de Evaluación Financiera y Económica del Ingenio Azucarero, ambos del 2011) y elaborados por la EASBA; los cuales no están disponibles, y tampoco existe mención alguna sobre el Estudio de Evaluación Ambiental o el Plan de desarrollo agrícola y los planes prediales. Al respecto, se esperaría un EEIA de calidad y eficiente, y no los mamarrachos que suelen aprobarse para dar la Licencia Ambiental.

Un factor crítico de todo el proceso fue el hermetismo en cuanto a obtención de información, por ejemplo los estudios elaborados por los expertos cubanos y brasileros, solo fueron difundidos parcialmente (Ormachea/OBIE-CEDLA, 2009) nunca fueron dados a conocer oficialmente in extenso, y tampoco se los pudo conseguir bajo solicitud. En relación al informe cubano, la zona requeriría, “de una intensa labor de deforestación” y gran parte del área “requiere de nivelación de suelos y establecimiento de un sistema de drenaje antes de proceder a las labores propias del fomento”, esto sin duda implica procesos agrarios a gran escala, que podrían ocasionar severos impactos en una región de notable fragilidad ecológica, afectando definitivamente un parte importante de la TCO Tacana. En tanto, el informe del equipo asesor brasilero sostiene que existen características desfavorables en la materia prima existente, como ser bajos niveles de sacarosa, desecamiento del tercio superior de los tallos y baja resistencia a enfermedades como carbón y raquitismo, a pesar del elevado desarrollo vegetativo. En cuanto a los estudios realizados por las misiones de Cuba y Brasil, Ormachea (2010) menciona algo recurrente en torno al complejo agroindustrial: la dificultad de indagar sobre el estado de situación de la implementación del proyecto, debido al hermetismo y reticencia de los funcionarios públicos.

En cuanto a información clave generada en años anteriores, destaca el estudio de suelos de la región del proyecto agroindustrial y azucarero, realizado por el edafólogo Ronald Vargas y presentado a fines del 2009. Esta evaluación, una de las mas rigurosas y completas realizadas hasta el momento, fue revelador pues confirmaba los indicios respecto a la pobreza mineral de los suelos de la zona. El estudio de Vargas concluía que la región solo es marginalmente apta para el cultivo de caña, debido a la naturaleza de sus suelos (nutricionalmente pobres y de baja capacidad de intercambio catiónico) y que serían necesarios al menos tres años de experimentación para seleccionar el mejor modelo de producción. Minerales como el fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno, son llamativamente escasos, siendo el potasio el único mineral con presencia relativamente importante. Concretamente, el estudio realizaba las siguientes advertencias, y pasarlas por alto es un síntoma de necedad: “Los suelos del área de estudio tienen restricciones que limitarán la producción adecuada de caña de azúcar. Sólo el 10% del área de estudio tiene un grado moderadamente apto para la producción de la caña de azúcar. Además añadía que: “Dada la naturaleza de los suelos y las condiciones climáticas del área y bajo las características de monocultivo de la caña, el pH disminuirá y se volverá mas ácido, por lo que la fertilidad natural del suelo sufrirá un decremento drástico, lo que repercutirá en el sistema de producción”, y concluía que: “Si bien con los contenidos actuales se puede garantizar un rendimiento similar a la media nacional de 46 Tn/ha., esto será sostenible hasta los primeros tres a cuatro cortes, y a partir de ahí se notará una disminución en el rendimiento de la caña en tonelaje, así como en el contenido de sacarosa como insumo vital para derivación de productos de la caña”.

Lo anterior significa, que si a partir del cuarto año, no hay un subsidio adecuado de fertilizantes o enmiendas para los suelos bajo cultivo intensivo de caña (bajo subvención del Estado, los productores o el sistema de producción en general, se verá obligado a ampliar las fronteras de los cultivos agroindustriales en busca de nuevos suelos para satisfacer la demanda industrial, mucho más allá de los 6.000 o 7.000 hectáreas de desbosques previstos por el proyecto (aunque la EASAB parece haber duplicado esta cifra). El incremento futuro (recurrente) de subsidios o enmiendas para los suelos, puede a su vez significar, una artificialidad del proceso industrial y repercutir en la efectiva rentabilidad (un “elefante blanco”).

La información de dicho estudio y el riesgo de escasa sostenibilidad productiva a largo plazo por la condición limitante de los suelos, fue llamativamente distorsionada por los actores interesados en impulsar el proceso (Gobierno, Gobernación, Asociación de Productores de Caña y Alcaldía de San Buenaventura), difundiendo la figura de que la región tiene gran aptitud como productora de caña. Incluso el Vicepresidente del Estado, a fines del 2009, convertido súbitamente en experto agroecólogo y agroindustrial, llegó a asegurar “la sostenibilidad del proceso” además de “llevarlo adelante pese a quien le pese”. Según la EASB, “los últimos estudios (no menciona cuales) indican San Buenaventura es apta para la plantación de caña” y que están habilitadas 13.840 hectáreas para la siembra (página digital de EASB, septiembre 2010), cifra que duplica las expectativas de desbosques que tenía el proyecto original, otra muestra más del arbitrario manejo de la información.

También es crucial tener en cuenta la opinión de expertos de mucha trayectoria y praxis agroecológica, como Daniel Robinson, que cuestionan la efectividad del proyecto agroindustrial, asumiendo que en la región los rendimientos serían demasiado bajos (máximo unas 35Tn/ha.) y con tendencia a ir disminuyendo, en tanto que el porcentaje de sacarosa también sería demasiado bajo (6% a 9%), incluso en opinión de este experto, el aumento del porcentaje de sacarosa depende poco de abonar y depende mucho del brillo solar y de la duración de la época seca o estacionalidad. Al existir en la región, una reducida época seca, elevada pluviosidad anual y gran hidratura en los tejidos vegetales, la caña tiende a tener baja concentración de azúcar. Según Robinson, no existe perspectiva de superación económica para los agricultores del norte de La Paz, a través de la caña, debido a las limitaciones de su producción y que mejores perspectivas se tienen con la producción orgánica. Según el sociólogo Laruta, la EASAB, parece ser sólo parte de un experimentalismo populista irresponsable y caro, que afecta las expectativas de acciones sostenibles, ecológicas, no depredadoras, competitivas y sustentables que realizan muchos productores bajo distintas formas económicas en todo el departamento de La Paz.

A inicios de octubre del 2010 se anunciaba oficialmente (Cambio, 6 octubre 2010) el inicio de la siembra de caña en la región, 100 toneladas de semillas en 21 hectáreas, cifra que iría en ascenso según las declaraciones. En esa oportunidad nos hacíamos la pregunta ¿cuál era el motivo o razón de esta siembra, siendo que no existe todavía el ingenio?. El año 2007, la entonces prefectura de departamento, procedió a una inversión de siembra similar y sin sentido, y nunca se llegó a conocer el destino de la cosecha. ¿fue experimental? ¿dónde están los resultados? El año 2011, volvemos a encontrarnos con la misma figura, cuando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se manifestaba el avance de implementación del Ingenio de San Buenaventura como “vigoroso porque se tiene semilla de caña sembrada en 100 hectáreas y 300 hectáreas fueron desmontadas en la parte agrícola” (jornada net, 8 noviembre 2011). Para aclarar un poco las cosas antes de entrar a un análisis mas detallado, el desmontar 300 hectáreas o incluso la siembra de caña, no es de ninguna manera, un indicador del “avance del la implementación del ingenio”.

En relación a lo anterior, en dichas fechas se anunciaba también desde fuentes oficiales, que a inicios del 2012 se firmaría el contrato para iniciar la construcción del ingenio azucarero y que éste, recién empezaría a funcionar el año 2014.

Si no existe aún el ingenio, ni empezará a funcionar sino hasta el 2014, ¿cuales son las lógicas de decisión para la siembra de semilla de caña actualmente? Más crítico aún, ¿cual es la lógica de decisión para desmontar 300 hectáreas?, puesto que si no existe una justificación técnica sensata, el hecho de dejar desguarnecidas de cobertura y a merced de la erosión, 300 hectáreas de suelos desde ya pobres mineralmente, es la peor y más descabellada medida agronómica que se podría realizar. Si todo ello es parte de acciones agrícolas experimentales ¿Por qué no se informa en este sentido? Si es así, nos gustaría conocer los resultados y que no se repita el sinsentido de las acciones impulsadas por el ex prefecto Paredes el año 2007. Si solo son medidas que pretenden demostrar a las comunidades locales y a la opinión pública, de que “el proyecto está avanzando”, entonces realmente la tendencia a la improvisación es casi patológica.

De cualquier forma, la situación en la actualidad, a fines del 2011, no ha cambiado un ápice, el gobierno sigue empeñado restringir la información, promoviendo a ultranza un megaproyecto agroindustrial de forma improvisada, soslayando el cumplimiento de las normas ambientales y menospreciando la información existente sobre las limitantes y riesgos ecológicos existentes en la región.

A fines del 2011, todo lo expuesto en dicho proyecto, hace prever un elevado costo socio ambiental, en una de las regiones más frágiles y con mayor diversidad biológica y cultural del país. Volvemos a insistir, considerando las proyecciones del ingenio con un nivel de molienda superior a los 5.000 Tn de caña/día y una producción diaria de mas de 14.000 qq de azúcar, entonces su dimensión y capacidad será grande, al igual que las emisiones de desechos industriales, uso de agua, de energía, etc. Resulta entonces incomprensible que las autoridades a cargo no estén considerando – al menos no hay ni una sola mención al respecto en cinco años de proceso – la Evaluación del Impacto Ambiental y otros instrumentos básicos de gestión ambiental. Un megaproyecto de dicha dimensión requiere además y de forma prioritaria un Plan de uso agrícola de la tierra (como parte del estudio de factibilidad) que especifique los ritmos de desmonte, medidas de protección de los suelos, uso de variedades, la dinámica de enmiendas, etc. Nada de esto parece haberse tomado en cuenta, dese luego, tampoco se ha mencionado la consulta pública, especialmente con la TCO indígena Tacana. El proceso avanza como si estuviéramos a inicios de los años 80, cuando no habían normas ambientales y tanto la temática como las preocupaciones eran invisibles.

Adicionalmente, el megaproyecto agroindustrial ha sido inductor de operaciones viales mayores como la carretera San Buenaventura-Ixiamas y el puente sobre el río Beni (bajo financiamiento del Banco Mundial), sin duda obras necesarias en el país, pero que dado lo extremadamente raquítico de la gestión de regulación ambiental y de uso del suelo, constituyen una puerta abierta al avance de la colonización depredadora. La sola expectativa del megaproyecto, ha hecho que se empiecen a habilitar caminos secundarios en la región, por ejemplo el que se ha extendido del Porvenir hacia Laguna Moa, sitio hasta hace unos años bien conservado, donde ha arreciado una fuerte presión de cacería expoliativa. En general, toda la región ya ha empezado a ser un centro de intensa pérdida de biodiversidad.

Todo el panorama de vacíos e inconsistencias ocurre ante la angustiosa inacción-ausencia de la Autoridad Ambiental Competente (Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático), y sin lugar a dudas, hay dicha inacción (no solo en términos de fiscalización, sino de un eficaz asesoramiento al Ministerio de Desarrollo Productivo) puesto que de otra manera, la cosa no estaría procediendo con tanta inconsistencia e improvisación, al menos se estaría cumpliendo las obligaciones ambientales básicas que exigen las normas.

Dado que hay gente que considera que la mejor defensa es el ataque y como no podía ser de otra manera, el segundo mandatario de este Estado, desde su ya conocida posición atrincherada y proclive al conflicto y la confrontación, denunciaba a en mediados de noviembre del 2011, una campaña liderada por un grupo de ambientalistas (no menciona cuales o quienes) contra la implementación del proyecto agroindustrial de San Buenaventura, pidiendo a la población de La Paz “defender el desarrollo de ese departamento”, y usando los mismos argumentos quiméricos de los años 70 sobre una “conspiración política y oligárquica contra La Paz para que no produzca y reduzca su presencia económica en Bolivia”. Dicha declaración política incluyó la mención de que “La Paz tiene que reforzar su potencial productivo que es el petróleo y la agricultura extensiva en el norte de La Paz”, sin llegar a percatarse de que lo que el ingenio promoverá será una agricultura intensiva de monocultivos.

El norte amazónico de La Paz, la región con mayor riqueza biológica de Bolivia y una de las más frágiles, ha empezado desde el 2006 un tránsito hacia la devastación ecológica impulsado por las unidimensionales políticas desarrollistas del gobierno. Los escenarios futuros a 5 o 10 años son muy sombríos. El gobierno actual deberá asumir la responsabilidad histórica y las futuras generaciones juzgarán.

Fuentes

ORMACHEA, E. 2010. Estado de situación y del debate sobre biocombustibles en Bolivia. Nº 10. Julio 2010. OBIE/CEDLA. 20 p.

RIBERA,A.M.O. 2010 e. IIRSA, Soya y Biocombustibles Complejo Agroindustrial San Buenaventura. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 190 p.

SOPE, PRODENA, ACT, IE. 2009. Identificación de los impactos potenciales, de la implementación del Proyecto Agroindustrial San Buenaventura en el Norte de La Paz. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 228 p.

VARGAS,R.J. 2009. Mapeo digital del suelo y su evaluación con fines de producción de caña de azúcar en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura. (CSF/CI) CSF Serie Técnica. USAID, CI-Bolivia, FAM Bolivia, FAN. La Paz, Bolivia.

La Razón, 8 de noviembre 2011

ANF, 23 mayo 2011

ABI / Cambio, 9 noviembre del 2011

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Biólogo, marcor[arroba]lidema.org.bo