La Paz, Oruro, Sucre y Santa Cruz (ABI y Erbol).- Entidades públicas y privadas de Oruro cumplieron hoy la primera jornada del paro cívico de 72 horas en defensa de los límites territoriales del departamento. Al mismo tiempo, afiliados a la Cámara del Transporte Pesado cortaron rutas en Oruro, Sucre y Santa Cruz y amenazaron con bloquear fronteras de manera indefinida. Además, los sindicatos de la Caja Nacional de Salud (CASEGURAL) iniciaron un nuevo paro de 48 horas.

Entidades públicas y privadas paralizadas, transporte, gremialistas, junta vecinales, magisterio, obreros y organizaciones sociales detenidos, bloqueo de carreteras y una multitudinaria marcha de protesta marcaron el primero de los tres días de manifestaciones en Oruro en defensa de sus límites en la querella con Potosí.

El Comité Cívico de Oruro (CCO) impulsa la movilización que logró aglutinar a todos los sectores, incluso provinciales, para exigir a la administración Morales una solución al conflicto limítrofe entre comunarios de Potosí (Coroma) y Oruro (Quillacas). La presidenta del CCO Sonia Saavedra resaltó la unidad de cuerpo que mostraron los orureños. “Ahora estamos juntos defendiendo el territorio orureño; estamos todos, autoridades y pueblo en general. Nunca más Oruro avasallado ni postergado”, sostuvo.

La alcaldesa Rossio Pimentel dijo, a su turno, que, como ciudadanos, “demandamos al Gobierno su atención del tema límites y este paro de 72 horas es preocupante porque genera pérdidas económicas a Oruro y el país con el bloqueo de carreteras”.

Los bloqueos de carreteras por el sector de transporte interprovincial y la Federación Sindical Unida de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) se radicaron en Caracollo, carretera Oruro-La Paz; Caihuasi, carretera Oruro-Cochabamba; el Cruce Machacamarquita, carretera hacia Potosí, Sucre, Tarija y Villazón; y el sector del Puente Español, a la altura de la carretera al occidente del país, Oruro-Pisiga.

“Como orureños estamos aquí, presentes, y seguiremos trabajando y haciendo gestiones para que se encare la nueva Ley de Unidades Territoriales y mediante la brigada parlamentaria se agilice este tratamiento en la asamblea legislativa nacional”, dijo el gobernador de Oruro Santos Tito, que se sumó a la movilización.

El ministro de la Presidencia Carlos Romero, se reunió el domingo con la dirigencia del CCO para que en esta jornada se plantee un petitorio. En función a ello, se comprometió trabajar con ministerios y atender las demandas de Oruro. Manifestó que el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí debe ser resuelto a nivel de las autoridades de los dos departamentos porque el Gobierno Nacional no tiene la potestad para intervenir en el problema que afecta a 8 comunidades de Coroma y Quillacas.

“No es el Gobierno Nacional el que tiene la potestad unilateral de resolver y definir de manera vertical cuál de los dos departamentos está asistido de la razón, sino más bien debe ser un consenso, un gran acuerdo entre dos departamentos hermanos que tiene un conjunto de factores de comunidad histórica los que deben arribar a consensos y permitir resolver esta situación de los límites”, sostuvo la autoridad.

Romero dijo que en el tema de carreteras participará el gobierno así como “otros temas que nos correspondan”. Insistió que en el caso de los límites, “se resolverá en el marco de las negociaciones entre ambas representaciones”.

La ministra de Autonomías Claudia Peña consideró que la medida “perjudica” a la población de esa región. “El paro cívico que realiza el departamento de Oruro es una medida que perjudica a la de esa región, a la comercialización, los estudios y al movimiento económico del país”, manifestó.

Agregó que el perjuicio también se extiende al conflicto limítrofe porque retrasa e impide realizar reuniones entre ambos departamentos para encontrar “salidas conciliadas”, además de que, a su juicio, “manifestaciones como esta” despiertan susceptibilidad en el departamento de Potosí, lo cual puede generan un ambiente “negativo” al respecto.

El ministro de Gobierno Wilfredo Chávez aseguró que el primer día del paro cívico se registró en medio de paz y tranquilidad. “Ha habido una movilización pero que no ha sido caracterizada por ningún tipo o elemento de violencia”, dijo Chávez y sostuvo que las vías al departamento de Oruro están expeditas tales como: las carreteras interdepartamentales de La Paz-Oruro y Cochabamba-Oruro.

“Hemos tenido un bloqueo en la zona de Machacamarquita (a 20 kilómetros de la ciudad de Oruro) pero que ha sido sorteado porque existen rutas alternativas y en esa medida no ha sido necesaria la intervención de la Policía para realizar algún operativo de despeje de la vía”, precisó. Asimismo, detalló que se reportaron bloqueos parciales por parte del transporte pesado pero que no han “impedido” el tránsito en las rutas nacionales.

Camioneros bloquean rutas

La Cámara de Transportes Pesado inició el jueves de la semana pasada un bloqueo en puntos próximos a las instalaciones de la Aduana en las ciudades de El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, en rechazo a la resolución 491 y la Ley 133 que establece aranceles para la nacionalización de las “chatas” (remolques y semirremolques). En horas de la mañana de este lunes, algunas vías en el sector de Caihuasi y Caracollo (Oruro) fueron bloqueadas y los transportistas amenazaron con el cierre de fronteras si es que en el transcurso de la semana no se da solución al conflicto.

En oposición al pago de impuestos por ingreso de remolques, el transporte pesado bloqueaba el lunes al menos tres de las salidas de Sucre que comunican con el resto del país. La salida que une a la capital con la ciudad de Potosí y La Paz fue bloqueada desde temprano y hasta última hora de la tarde a la altura del Liceo Militar, a 5 km de Sucre. La otra salida bloqueada es la que vincula a la capital con los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El bloqueo se realiza a la altura de la tranca de La Zapatera, a 5 km de la ciudad, donde los camiones de alto tonelaje impiden el tránsito de decenas de vehículos que intentaban llegar a Sucre desde la madrugada.

Desde la mañana también estaba bloqueada la ruta que vincula con el Chaco chuquisaqueño y el departamento de Santa Cruz. Según el último reporte de Tránsito los camiones impiden el paso en la carretera a 10 kilómetros de Sucre. “Por lo menos hay unos 80 camiones bloqueados a ambos lados de la ruta”, relató Carlos Guerra, reportero popular de la Red ACLO.

También fueron bloqueadas las tres carreteras que vinculan Santa Cruz con el resto de Bolivia y el exterior del país, confirmó el secretario ejecutivo del sector Herland Melgar. “Como se anuncio a nivel nacional, estamos tomando medidas en contra la exigencia de nacionalización de las chatas o remolques. En este momento tenemos tres piquetes de bloqueos. El primero está en el Kilómetro 17 al norte, el segundo en la salida a (a la ciudad de) Trinidad (Beni) y el tercero en la zona de La Guardia o carretera antigua a Cochabamba”, precisó el dirigente.

Melgar aseguro que éste es, nada más, el inicio de una serie de medidas de presión. “El bloqueo es indefinido y pensamos llegar hasta las últimas consecuencias. Somos más de 16.000 afectados y nos quieren cobrar hasta 1.400 dólares (la unidad) por la nacionalización de los remolques”, dijo.

Según el gobierno, los transportistas pueden acceder a un plan de pagos para cumplir con los desembolsos tributarios correspondientes que permitirán regularizar los remolques. La viceministra de Política Tributaria Susana Ríos aseguró que “se les está dando un plan de pagos, no hay razón coherente para las medidas de presión, que sólo perjudican el desarrollo del país”. Manifestó que se prevé también realizar un registro de los componentes nacionales que tienen las denominadas “chatas” para determinar el correcto tributo.

La reunión está fijada para este martes y se llevará adelante con la Confederación de Choferes de Bolivia. No obstante, la representante de la Cámara del Transporte Pesado Layda Nuñez del Prado, en contacto con la red Bolivisión, rechazó esta alternativa y aseguró que no corresponde un pago y menos una multa porque sus afiliados no son “evasores” y además, porque los remolques no fueron importados recientemente, sino hace más de 10 años.

La Viceministra admitió que evidentemente es la primera vez que se realiza la regularización, pero afirmó que el único beneficiado es el país en su conjunto. Explicó que el principal proveedor de los remolques en el país es Brasil donde una maquinaria de éstas cuesta unos 15.800 dólares, en cambio una europea llega a costar hasta 28.000 dólares; no obstante, la industria china es la más barata, pues exige un pago de 12.500 dólares. A este último costo se suma el factor de depreciación, antes de calcular el tributo, y se establece unos 1.300 dólares como pago, siempre partiendo del precio inicial de la mercancía.

La autoridad indicó que en julio se comenzó a trabajar con los choferes sobre este tema y se levantó un registro en el Viceministerio de Transportes por el cual se calcula que en el país hay unos 10.000 remolques. A Ríos le llama la atención que quienes se rehúsan a pagar son empresas de transporte que generan un gran movimiento económico a través del flete de los remolques, claro en épocas altas, aunque el comercio es permanente y “tratándose de empresas, lo correcto sería que digan sí vamos a pagar porque tienen más ingresos, pero no quieren contribuir”.

El gerente regional de la Aduana José Blacutt informó que la entidad estatal pierde cerca de tres millones de bolivianos por recaudación cada día a consecuencia del paro del transporte pesado nacional e internacional que detiene el flujo de mercancías destinadas a la importación y exportación.

Blacutt dijo que este perjuicio va a ocasionar un “rezago en la recepción y en el despacho de la carga, que va a afectar sustancialmente a los transportistas y a los importadores, pero irá regularizándose gradualmente después que se levante este paro”. Descartó cualquier medida legal de parte de la Aduana Nacional contra los transportistas bloqueadores, por los daños ocasionados, pero dejó en manos del Ejecutivo la determinación. “El gobierno tomará cualquier medida legal que considere pertinente por los daños causados a la recaudación de la Aduana”.

La Caja también en paro

Por otra parte, los sindicatos de la Caja Nacional de Salud (CASEGURAL) iniciaron este lunes un paro de 48 horas exigiendo la destitución o renuncia del nuevo gerente general, Juan Carlos Alvarado, en cumplimiento de la resolución del ampliado convocado por la Federación de Trabajadores del sector (FENSEGURAL).

“Debido a que no hay atención a este reclamo por parte de la ministra de Salud, Nila Heredia, además del paro de 48 realizaremos movilizaciones y otras acciones de protesta en todos los distritos” del país, informó el secretario general de CASEGURAL La Paz Ariel Cáceres.

Entretanto Heredia, además de ratificar la permanencia de Alvarado en el cargo, negó las acusaciones de los sindicatos de la CNS, en sentido de que el Gobierno pretendería buscar la quiebra de esta institución. “No estamos buscando la quiebra de la Caja que tiene un presupuesto anual de 200 a 400 millones de bolivianos que no son utilizados y administrados adecuadamente, como debe ser”, replicó.

Cáceres anunció que en medio de la protesta sólo funcionarán los servicios de emergencia, lo que sucedió en la práctica. Los médicos atendieron a los pacientes casi regularmente, recogiendo personalmente las fichas médicas de los asegurados, constató un periodista de la ABI. Por esta razón, Alvarado calificó de “fracaso” el paro de los trabajadores de la CNS.

El paro y las movilizaciones convocadas por FENSEGURAL se iniciaron el lunes, pese a la recomendación expresa del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), “de evitar la suspensión de la atención a los asegurados, para no dar lugar a críticas negativas contra la institución”. La COB sugirió también “evitar justificativos del Ministerio de Salud para reactivar el decreto de la libre afiliación y desafiliación de la CNS”.