(Semanario Aquí).- La poblada urbana de diciembre de 2010, la marcha indígena y el gran encuentro social que promovió, el mes pasado, son los mayores movimientos sociales de los doce últimos meses. Ellos, igual que la elevada presencia en las urnas, prueban que el campo popular consiguió soportar y sobreponerse a la prolongada seguidilla de ataques nacidos de la conducción estatal, sin desmoralizarse ni caer en el reflujo. Queda en pie la pregunta, si la reacción en contra del programa impuesto por la VIII marcha constituye un movimiento social -en el sentido de un desborde del sistema de representación política- o es apenas una sombra instrumentada por el poder.

Para los que no ven la utilidad de distinguir las organizaciones de los movimientos sociales, la resistencia al “gasolinazo” y la VIII marcha indígena les han dado oportunidades privilegiadas de reconsiderar y establecer la diferencia.

A finales del pasado año, la mayoría de organizaciones sociales no encontró forma de reaccionar contra la súbita ofensiva tecnocrática que, con la excusa de combatir el contrabando de combustibles, incrementó sus precios a niveles europeos, sin medidas que atenúen sus devastadores efectos para la economía popular.

La parálisis de las organizaciones sociales estuvo determinada por la adhesión de sus principales dirigentes a un sistema de acceso a todo tipo de privilegios, incluyendo candidaturas parlamentarias, nombramientos en cargos (para ellos mismos, sus delegados o apoderados) y un largo etcétera. La reacción social que llevó a anular el decreto nació de la pura indignación espontánea, sin apoyo, o más bien contra la determinación, de esas cúpulas burocráticas.

A diferencia de esa experiencia, la marcha indígena estuvo convocada y organizada por la principal Confederación del sector y contó con el respaldo de diversos núcleos de activistas y ONG. Nació como movilización sectorial, conducida por sus organizaciones propias, con una plataforma estructurada en torno a sus necesidades y demandas, pero la ofensiva global que desató el estado en su contra la transmutó en movimiento social, de contenido y alcance nacional, con un programa que ha rescatado y revitalizado los principales contenidos del proceso constituyente y la reforma estatal.

Este último movimiento cuestiona la orientación del Gobierno, que ha respondido a la demanda de cambio del patrón de acumulación con una mezquina muda de modelo económico de orientación estatista e industrialista de mediados del siglo anterior, y que ha deformado la plurinacionalidad con autonomías y democracia plural, en un sistema prebendal de asignación de bancas y cargos públicos para dirigentes sociales.

Sus próximos pasos, incluyendo la carretera a través del TIPNIS, se encaminan a extender el mercado de tierras, con un próximo objetivo consistente en desmantelar o cercenar las TCO, en beneficio de una neonata y reducida aristocracia campesina, empeñada en acumular renta de la tierra y extender sus redes comerciales.

La alianza de indígenas con sectores urbanos, reanimó después de un largo receso a movimientos de estudiantes y jóvenes y generó o dio impulso a redes vecinales y sociales, contraponiendo al proyecto burocrático y verticalista una plataforma que apunta a la transformación productiva y a la reactivación de la participación y el control social, como expresiones de la democracia plural señalada en la Constitución.

De hecho, la cancelación del proyecto caminero a través del TIPNIS y el plan de manejo de áreas protegidas que se ha empezado a considerar son manifestaciones clásicas de control social. Esta intervención colectiva necesita continuarse, a través de un pacto productivo que garantice la seguridad alimentaria y energética, la defensa de la economía popular y la generación de empleos dignos y sostenibles. Debe, además, superar intelectual y moralmente el comportamiento revanchista de las autoridades, explorando y proponiendo alternativas para las familias que se replegarán de las áreas invadidas en los bosques.

Bajo ese enfoque, el diálogo que viene anunciando el Jefe de estado, debe ajustarse en ritmo y alcance a las necesidades que ha puesto de manifiesto la movilización de la sociedad, en vez de reducirse a los requerimientos de ajuste fiscal e incremento de recaudaciones que vuelve a auspiciar el Gobierno.

Hacer realidad un diálogo fecundo, requiere de una apertura y una deliberación amplia e incondicional que no puede improvisarse, ni comprimirse en una quincena y mucho menos sustituirse con el patético espectáculo de una “cumbre” entre ministros y socios gubernamentales, bajo fachada de “representantes sociales”.

* Fuente: Semanario Aquí, 12 de noviembre de 2011, Año I N. 46,La Paz, Bolivia. http://vozyvos.blogspot.com correo: vozyvos2010@gmail.com http://aqui-avance.blogspot.com correo: aqui.avance@gmail.com http://www.semanarioaqui.com