(ABI y Erbol).- A partir de este martes, y en cumplimiento de la Ley 220, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Aduana inician una exhaustiva fiscalización de vehículos en las ciudades y áreas rurales de Bolivia para la confiscación de motorizados indocumentados. El presidente en ejercicio Álvaro García Linera señaló que la ALP no realizará ninguna ampliación del plazo para la nacionalización de autos chutos que se quedaron rezagados.

La Ley 133 de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, promulgada por el gobierno el 8 de junio, estableció la nacionalización de los motorizados vulgarizados como “chutos”. La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Marlene Ardaya subrayó que el plazo de nacionalización concluyó a las 23.59 horas del lunes, después de tres meses de haberse iniciado.

“Solamente restan concluir los trámites de algunos vehículos que pasaron la inspección de la Dirección contra el Robo de Vehículos (DIPROVE) que seguramente serán tramitados hoy”, anotó y confirmó que “en cumplimiento de la Ley 220, a partir de este martes se procederá a la confiscación de los vehículos indocumentados, que serán pasados a un rápido proceso administrativo para su posterior entrega a las instituciones públicas”.

Lamentó que los propietarios de esos vehículos que ingresaron ilegalmente a Bolivia hayan dejado todo hasta el último momento y ahora pretendan una ampliación de los plazos de nacionalización. “No corresponde a la ANB tomar decisiones al respecto, una vez que se trata de una Ley y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se ha manifestado sobre una eventual ampliación del proceso de nacionalización”, remarcó.

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera señaló que la ALP no realizará ninguna ampliación del plazo para la nacionalización de autos chutos que se quedaron rezagados. “Tuvieron tres meses (para regularizar) y yo lo lamento mucho si no se han acogido a la flexibilización que dio el gobierno, ya se cerraron las puertas y no se volverán a abrir”, sostuvo el mandatario.

Ante las amenazas de bloqueo de carreteras en algunos departamentos del país que exigen la ampliación del plazo, García Linera dijo que “no se justifica que nos vayan a bloquear una carretera después que (estas personas) han cometido un delito”. En ese sentido el funcionario reiteró que se descarta “siquiera evaluar una posible ampliación” del proceso de nacionalización de autos indocumentados.

Por otro lado, el sindicato del Transporte de Carga Pesada, en una reunión cumbre este lunes, determinó no pagar los tributos por saneamiento de remolques y semirremolques y dio un plazo de 48 horas al gobierno para aceptar la petición, de lo contrario iniciarán medidas de presión, informó el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional Fidel Baptista Aguilar.

“La propuesta es no pagar, aunque estábamos solicitando una rebaja para poder viabilizar esto, pero ya hemos hecho las consultas necesarias y no vamos a pagar además de pedir la renuncia de la viceministra de Política Tributaria con la cual no podemos entendernos”, sostuvo el dirigente ante los medios de comunicación.

En ese sentido dijo “estamos pasando una carta abierta al presidente Morales en vista que hasta la fecha no hemos sido atendidos en el tema remolques y semirremolques y no se ha hecho la revisión de tablas (de precios) hasta el momento”. El sector ratifica la continuación la declaratoria del estado de emergencia y el rechazo a la Resolución Ministerial 491 que “arbitrariamente dispone el pago de impuestos cuando el presidente Morales señalo que se llevaría a cabo una reunión de consenso”.

“No vamos a permitir que el gobierno a titulo de querer sacarnos dinero nos quiera cobrar por remolques y semirremolque que hace muchos años han ingresado al país y que en su gran mayoría son de industria nacional”, argumentó.

Los transportistas piden la revisión de la Ley 133 y la inmediata derogación de la Resolución Ministerial 491 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas de manera arbitraria, como también la renuncia de la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, quien de manera “tozuda y desconsiderada” quiere implementar los cobros por la nacionalización de los remolques y semirremolques, pese a que mediante convenio se estableció la obligatoriedad de incorporar a la discusión a todos los sectores involucrados en la problemática antes de tomar una decisión.

Cifras de la legalización de chutos

La ANB recaudó casi 176 millones de dólares en el proceso de nacionalización de 71.995 vehículos ingresados al país sin documentos, que duró 90 días.

En la primera etapa del proceso que puso el parque automotor boliviano en las orillas de 1,1 millones de unidades, 128.059 motorizados fueron registrados por sus dueños para ser nacionalizados dentro del Programa de Saneamiento Legal para Vehículos.

La norma en vigencia excluye la legalización de autos chocados, chatarra, con números de chasis remarcados, alterados, amolados, así como los autos con volante de dirección a la derecha y aquellos que se encuentran fuera del país.

Es así que la ANB depuró a 4.123 vehículos durante el proceso de nacionalización; otros 1.021 motorizados fueron observados por alteraciones o remarcaciones en el número de chasis; y se identificó a poco más de 6.000 vehículos que entraron de contrabando desde el puerto de Iquique (Chile) después del 1 de julio.

La ANB inicialmente identificó 8.000 autos robados inscritos en las listas de los motorizados indocumentados que buscaban ser nacionalizados en el país, pero no se presentaron ante DIPROVE para la correspondiente inspección.

Las aduanas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú enviaron a Bolivia informes de automóviles robados para tratar de evitar que sean legalizados. DIPROVE recuperó 1.080 vehículos robados en Chile, Argentina, Perú y Paraguay, cuyos poseedores intentaban legalizarlos en Bolivia, informó el responsable de esa repartición policial coronel Jorge Saravia.

Los filtros de seguridad de la Aduana y las inspecciones de DIPROVE permitieron la incautación de 1.322 vehículos robados dentro y fuera del país. “En la lista parcial de estos vehículos se circunscriben fundamentalmente a los países de Chile, en un n7úmero de 445; Argentina 200, Bolivia 222, Brasil 364, Paraguay 32 y Perú 39”, precisó Saravia.

La presidenta de la ANB enfatizó que se procederá a la devolución de los vehículos robados a sus países de origen después de que éstos presenten sus reclamos y se realicen los trámites de Cancillerías. Ardaya admitió que “han quedado para validar” 550 vehículos reconocidos como legales por la Dirección de Propiedad de Vehículos, dependiente de la Policía, que sin embargo no alcanzaron a cumplir el trámite de nacionalización.

En todo el proceso se tramitaron 62.853 Documentos Únicos de Importación (DUIs), lo que supuso la recaudación de 175.889.549 de dólares, 35 veces más de lo que estimó el Ministerio de Economía y Finanzas en julio. Propietarios de los vehículos nacionalizados realizaron el pago de los tributos y multas en efectivo, a diferencia de una minoría que se acogió a un plan de pagos.