(Agencias).- La Comisión Nacional de Refugiado (CONARE) de Bolivia admitió haber violado los derechos fundamentales del refugiado político peruano José Antonio Cantoral, y revocó su decisión de expulsarlo del país.

El peruano Cantoral Benavides y sus compatriotas Hugo Walter Minaya Romero, William Antonio Minaya Romero y Blanca Riberos Alarcón fueron detenidos el 1 de agosto cuando repartían panfletos antigubernamentales en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“Estas personas, que son de una estructura de Sendero Luminoso que pretendía asentarse en el país, fueron aprehendidas en una operación que se realizó en la ciudad de El Alto, luego de un seguimiento de semanas por inteligencia policial”, explicó el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti al presentar a los detenidos.

Llorentir precisó que en uno de los operativos “se encontró a esas cuatro personas difundiendo material de panfletaria en varias ciudades de El Alto y vitoreando la militancia marxista, leninista y maoísta”. En la presentación de los detenidos se exhibió panfleteria y libros de marxismo. “Alerta no al gasolinazo, fuera las transnacionales de Bolivia, socios de Evo. Viva el marxismo, el leninismo y maoísmo”, decía uno de los folletos.

El 3 de agosto, el CONARE revocó el status de refugiado político de Cantoral Benavides, después de que fue capturado junto a sus compatriotas presuntamente vinculados a Sendero Luminoso y a Ulser Pillpa Paytan, acusado por volteo y tráfico de cocaína.

Cantoral fue imputado dentro del proceso abierto por el Ministerio Público contra Minaya y otros ciudadanos peruanos por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa, en base a “indicios” y pruebas absurdas tales como panfletos de izquierda, libros de circulación comercial, y un sinfín de fotocopias de afiches y reportajes bajados de Internet.

Cantoral fue recluido en una oficina de la Dirección General de Migración de La Paz el 5 de agosto. Luego de recusaciones y excusas de distintos jueces para atender el caso, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto Daniel Espinar se adhirió a la Resolución 812 de la CONARE, que resuelve la expulsión de Cantoral sin retirarle el estatus de refugiado.

El juez Espinar concedió 90 días de plazo a Cantoral para que busque un país neutral, tomando en cuenta que el Ministerio Público “requirió la expulsión, con preferencia a un juzgamiento” y “que la expulsión no es una pena”.

El 27 de agosto, Cantoral fue remitido a su domicilio por una orden judicial con la finalidad de precautelar sus derechos y garantías constitucionales hasta que encuentre un tercer país para que sea entregado en calidad de refugiado.

Cantoral apeló a la decisión de la CONARE, considerando que en esa instancia integrada por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Pastoral de Movilidad Humana, como único representante de la sociedad civil, le hizo un proceso sumario sin darle derecho a la defensa y sin siquiera haberle comunicado que se estaba decidiendo su expulsión.

Pero la CONARE no respondió a la apelación y tampoco atendió una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fechada el 8 de agosto que le instaba a “abstenerse de expulsar” al refugiado peruano.

El 3 de noviembre, el representante legal de la CONARE Bernardo Ortiz informó a la red Erbol que los miembros de la Comisión “corrigieron una grave violación de derechos en contra de Cantoral, tres meses después de haber ordenado su expulsión y haberle quitado su libertad”.

La CONARE explicó que el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Efraín Rodas actuó a título personal e influyó en la decisión de expulsión. El funcionario “que originó el proceso de expulsión carece de respaldo institucional y documental y no constituye una posición oficial del Ministerio de Gobierno y de su Máxima Autoridad Ejecutiva”, señala la Resolución del organismo.

Sin embargo, Erbol recordó que el día de la detención, el 1 de agosto, el propio Ministro de Gobierno de entonces Sacha Llorenti presentó a la prensa al ciudadano peruano y dictaminó desde ese momento su expulsión al acusarlo directamente de terrorismo. En las medidas cautelares, participó como parte acusatoria el Director Nacional de Régimen Interior Boris Villegas, funcionario del Ministerio de Gobierno, quien mantuvo en todo momento la acusación y declaró sobre la responsabilidad de Cantoral en actos de terrorismo.