Los datos extraoficiales y oficiales revelan que de cada 10 hojas de coca del Chapare al menos nueve van al mercado ilegal. ¿A qué mercado ilegal? Sólo se conoce el del narcotráfico. En otras palabras, las federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, presididos por el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, producen materia prima para el narcotráfico. Lo admitió hace tiempo el mismo Morales, cuando dijo a sus bases: “ustedes saben que una parte de la coca desvían al problema ilegal (del narcotráfico)”.


Según datos de Naciones Unidas, en el último año (2010) el Chapare produjo 26.800 toneladas métricas de coca, de las cuales, sólo 1.800 entraron a los mercados autorizados, lo que equivale a decir que alrededor del 93 por ciento no va al acullicu, pijche u otro uso tradicional de la hoja de coca. Las recientes informaciones de la ONU señalan además que en el país hay 30.900 hectáreas, aunque otros organismos y países indican que la cifra ya rebasó las 35.000 hectáreas.

Entonces, si casi toda la coca del chapare se va al narcotráfico, ¿qué cantidad de coca necesita el país para el uso tradicional? En la década del 80, la devaluada Ley 1008 fijó 12.000 hectáreas en los Yungas. Aquella cifra fue producto de un simple cálculo, al menos no se conoció un análisis de campo. A fin de superar esta deficiencia, se encargó el año pasado, con apoyo de la cooperación externa, un estudio real. Por las informaciones obtenidas, la investigación ya fue concluida, pero curiosamente aún no se publican los resultados.

Ante esta viscosidad y a riesgo de ser declarada persona no grata por las seis federaciones de cocaleros, me animo a pensar que los bolivianos necesitan menos de 12.000 hectáreas para uso lícito. Es cierto, el cálculo no se basa en una investigación, sino en dos presunciones empíricas elementales: a) Las nuevas generaciones no tienen como preferencia la coca, los consuetudinarios acullicadores o pijchadores son reemplazados poco a poco por personas que tienen otros gustos y visiones; b) los hábitos alimenticios, tanto en el área rural y urbana, han ido cambiando muchísimo en el último tiempo y la hoja en cuestión ya no es tan requerida para resistir horas y horas de explotación laboral o de otra naturaleza.

Es probable que en los próximos días, el país conozca los resultados del estudio mencionado, pero me asalta una inseguridad informativa sobre “los datos oficiales” porque el gobierno es juez y parte desde el momento que Morales preside tanto al país como las federaciones de cocaleros. Tengo enormes dudas incluso sobre las decisiones gubernamentales a partir de los resultados. Por ejemplo, imaginemos que la investigación demuestre que el país requiere sólo 12.000 hectáreas, las restantes 18.900 deben ser erradicadas porque quedaría demostrado que van al narcotráfico y Bolivia no puede alimentar una actividad ilícita en el proceso de cambio. Entre las zonas donde se realizaría la erradicación figuraría obviamente el Chapare. ¿Podrá el gobierno asumir una decisión de esta naturaleza? Si fuera así, habría una mala y una buena noticia para Morales. La mala, el Presidente se quedaría sin sus bases y la buena, Bolivia se libraría (en cierto modo) de un mal que carcome las instituciones sociales, políticas y jurídicas y consume miles de vidas.

Para evitar susceptibilidades internacionales y nacionales debiera desarrollarse un estudio sin la participación del gobierno, sino sólo de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea, o al menos debiera prepararse el informe sin la intervención del Ejecutivo. Una investigación de estas características favorecería al país, pero más que todo al propio Presidente Morales, quien luego diría al mundo con la suficiente solvencia moral que “no hay una sola hoja de coca (del Chapare) desviada al problema ilegal”.