El Movimiento Sin Miedo (MSM) exigió al presidente y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que expliquen por qué marginaron a candidatos indígenas en las elecciones judiciales; por qué no inhabilitaron a 10 postulantes que violaron la ley; por qué fraguaron resoluciones, y por qué no muestran hasta ahora las actas electorales de los comicios del 16 de octubre. El jefe del TSE Wilfredo Ovando se negó a declarar dos veces ante el Ministerio Público y el 3 de noviembre prefirió hacer valer su “derecho al silencio”.

Desde el 20 de julio, el MSM lanza una serie de denuncias y demandas contra el presidente y los vocales del Órgano Electoral por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, todos ellos tipificados en los artículos 153, 154, 177, 199 y 203 del Código de Procedimiento Penal, y castigados con penas de entre dos y 10 años de cárcel.

El 20 de julio, el MSM presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del TSE, por el presunto “cuoteo” de precandidatos en la Asamblea Legislativa y por la omisión de la representación indígena en las candidaturas para el Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, Beni, Pando y Tarija. “Reiteramos la posición de que se devuelvan las listas a la Asamblea, pero la sala plena del TSE emitió una resolución que ratificaba que las listas estaban de acuerdo a Ley y que no las devolverían”, recordó la abogada del MSM Aida Camacho. Una vez conocida la resolución del TSE de convalidación de dichas listas, el 4 de agosto el MSM amplió la denuncia contra el TSE por el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

El 16 de septiembre, el MSM presentó una segunda demanda ante el Órgano Electoral, solicitando la inhabilitación de 10 candidatos que habrían cometido delitos electorales al hacer propaganda a su favor. Los denunciados son Freddy Sanabria Taboada, Rufo Vásquez Mercado, Juan Orlando Ríos Luna, Ligia Mónica Vásquez Castaños, Sorayda Chanez Chine, Bernardo Guarachi, Milton Mendoza, Rómulo Calle Mamani y Mario Villca Choqueta.

Según el Artículo 211 de la Ley Electoral, el TSE tenía 72 horas de plazo para resolver la demanda de inhabilitación, pero no se pronunció argumentando, en primera instancia, que no se reunió la sala plena y, posteriormente, que estaba entregando notificaciones a los 10 impugnados para que presenten sus descargos. “El 7 de octubre el MSM pidió al TSE fotocopias legalizadas de las notificaciones entregadas a los demandados, pero como respuesta nos dijeron que nosotros no teníamos por qué saber si se notificó o no”, reveló Camacho.

Ante esta situación, el 11 de octubre el MSM presentó una demanda de Amparo Constitucional contra el TSE, ante la negativa de pronunciamiento sobre la inhabilitación de 10 candidatos; y el 18 de octubre cursó un nuevo memorial al TSE exigiendo su pronunciamiento. Recién entonces el TSE entregó la Resolución 0239-2011, fechada el 13 de octubre, en la que declara “improbada” la demanda de inhabilitación, más una notificación que supuestamente fue entregada también el día 13.

El mismo 18 de octubre, la abogada del MSM rechazó la notificación del Órgano Electoral, dando cuenta de su falsedad, ya que nunca se produjo la supuesta notificación. Pese a las irregularidades, cinco de los 10 candidatos impugnados fueron elegidos magistrados. Todo esto demuestra que el TSE nunca tramitó ni consideró la demanda de inhabilitación de candidatos del MAS, aseguró el jefe del MSM Juan Del Granado.

“El TSE fraguó fechas y notificaciones en la Resolución 0239 no solo para justificar su omisión sino para favorecer a Freddy Sanabria Taboada, Bernardo Guarachi, Milton Hugo Mendoza, Melisa Sánchez Mamani y Wiliam Alave Laura, candidatos que debieron ser inhabilitados y que ahora aparecen como ganadores y electos como magistrados en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente”, denunció Del Granado.

El 27 de octubre la abogada Camacho formalizó ante la fiscal Verónica Arancibia una nueva denuncia penal en contra de las autoridades del TSE por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE, retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Enjuiciaremos a Ovando y a todos los firmantes de la resolución 0239-2011 “porque este documento denota falsificación”, anunció el jefe del MSM.

El Ministerio Público emitió dos citaciones para que Ovando se presente a declarar, pero la autoridad no atendió los requerimientos. Justificó su ausencia a la primera citación por motivo de viaje, pero no presentó ninguna excusa para su segunda falta. “A partir de ello establecimos la absoluta renuencia de parte de Wilfredo Ovando para dar cuenta de las inobservancias y de la adecuación de su comportamiento a tipos penales”, enfatizó Camacho.

Aida Camacho expresó su extrañeza por la tardanza en el proceso debido a la renuncia del primer fiscal asignado al caso, Robert Vargas, y a que llevó tiempo nombrar a la nueva fiscal y que ésta se interiorice de la denuncia. “En algunos casos la justicia vuela pero en otros queda totalmente estancado”, observó.

El 28 de octubre, el MSM solicitó a la fiscal Arancibia que ordene la aprehensión de Ovando por plantar a la Justicia en dos ocasiones. Es así que el presidente del TSE Wilfredo Ovando finalmente se presentó a declarar el 3 de noviembre, pero decidió acogerse al silencio y no brindó explicaciones sobre los casos que recaen sobre él y los demás miembros del TSE, informó la fiscal.

“Todas las acciones irregulares que hemos denunciado están establecidas en cada uno de los documentos que fueron presentados en calidad de prueba; la falta de transparencia no solamente se demuestra en ello, sino también en cada una de las acciones del señor Ovando, quien con esta actitud de ampararse al derecho al silencio, que es su derecho constitucional, lo único que está haciendo es ocultar una vez más lo que pudo haber sucedido” antes y después de la elección judicial, subrayó la abogada del MSM.

Tribunales electorales se niegan a entregar actas de sufragio

Luego de las elecciones, el MSM presentó un memorial para que los nueve Tribunales Departamentales Electorales del país entreguen fotocopias legalizadas de las actas, ante la duda sobre su veracidad. El partido opositor argumentó que era necesario realizar un estudio detallado de la documentación porque existe la duda de algunos resultados que no estarían reflejando la voz de la ciudadanía, que el 16 de octubre manifestó su “rechazo contundente en la lista de jueces elegidos por el MAS”, dijo el asambleísta Fabián Yaksic.

El legislador resaltó que los votos nulos superan en número a los votos validos, y sumados a los blancos representan prácticamente el 60% de los sufragios emitidos. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, se estaría bordeando el millón de votos blancos versus un millón y medio de validos, y más de un millón y medio de nulos.

Sin embargo, la solicitud del MSM fue rechazada en dos oportunidades por el Órgano Electoral con el argumento de que el “petitorio contiene expresiones ofensivas en contra de sus miembros”. “¿Cuáles son estas expresiones ofensivas? Que le decimos al Tribunal Electoral de La Paz que no confiamos en sus datos, que no confiamos en su parcialidad y por eso pedimos las actas”, explicó Del Granado.