Las contradicciones que generan malestar social y ponen en jaque al gobierno del MAS tienen raíces estructurales y no dependen de la buena o mala voluntad de los gobernantes y políticos. Los enfrentamientos entre los habitantes del TIPNIS y los cocaleros y colonizadores son producto del choque entre la pequeña propiedad privada y la propiedad comunitaria de la tierra. García Linera pretende ignorar esta realidad o reducirla a un simple “pleito familiar”.

Pareciera que la actitud del “teórico” de marras es ocultar la cabeza como el avestruz hasta que pase la tormenta. De manera persistente, viene minimizando las movilizaciones populares contra el gobierno y le ha dedicado todo un librito rojo para explicar que se tratan de “las tensiones creativas de la revolución”, dando a entender que son contradicciones naturales en un proceso de transformación dialéctica del nuevo Estado plurinacional.

Señala que ya se ha superado la contradicción fundamental con la derrota de la derecha tradicional encarnada en la Media Luna, y que hoy las nuevas contradicciones surgen de la diversidad natural dentro del Estado plurinacional, de sus componentes diversos, que –sin embargo– no significan la reversión del proceso de cambio o su negación.

La última ocurrencia del personaje, refiriéndose al conflicto del TIPNIS que ha empujado al gobierno hasta el borde del abismo y lo ha obligado a capitular en toda la línea frente a los explotados movilizados, es considerar que lo que ha ocurrido es apenas un inevitable pleito de familia.

Horas antes de la promulgación de las modificaciones de la Ley Corta, han salido a la palestra Leonilda Zurita y el senador masista Julio Salazar –hablando a nombre de los cocaleros y de los colonizadores asentados en el Trópico cochabambino— para hacer conocer el rechazo de estos sectores a la decisión de suspender el paso del tramo II del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el centro del TIPNIS. Alegan que esta medida “atenta contra el desarrollo de los departamentos de Cochabamba y del Beni”. La intención es clara: revertir con otras movilizaciones la capitulación del gobierno frente a la movilización popular generada por la marcha indígena que arriba a La Paz.

En lo esencial, las modificaciones a la Ley Corta establecen que la carretera de Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no pasará por el TIPNIS; el Parque Nacional Isiboro Sécure será declarado territorio intangible; y todos los asentamientos ilegales de cocaleros y colonizadores serán desalojados de la región.

Es cierto que con las “modificaciones” los directamente afectados son los cocaleros y colonizadores; pero, al margen de que puedan o no materializar su amenaza de crear otra convulsión social en los departamentos de Cochabamba y Beni, con proyecciones a generalizarse a todo el país para obligarle al gobierno a dar un paso atrás borrando con el codo lo que escribió con la mano, el fondo del problema es que vuelve a aflorar el choque entre la pequeña propiedad privada (encarnada por los cocaleros y colonizadores) con la propiedad comunitaria de la tierra (representada por los indígenas de las tierras bajas).

Se trata del choque entre dos formas de propiedad diametralmente opuestas; la primera actúa como cabeza de puente de la penetración del capitalismo y la última instintivamente choca contra la invasión imperialista a través de la lucha por necesidades vitales como la preservación de su hábitat natural y su derecho a la vida. Lo cocaleros y colonizadores, a la vez, representan la sed de tierras de las grandes masas campesinas privadas de ellas o que sus posesiones se tornan insuficientes con el correr del tiempo debido al crecimiento de sus familias.

Por ser de naturaleza estructural, este choque no se resuelve con leyes ni con medidas administrativas y, por tanto, seguirán manifestándose en el futuro mientras no haya un cambio estructural en el país. Se trata de contradicciones que se dan en el seno del pre capitalismo que sobrevive en el país. Los pequeños productores que, en la etapa de crecimiento del sistema social capitalista, podían haberse desarrollado hasta consolidarse como grandes propietarios y por tanto burgueses, ahora, en la etapa de su decadencia, éste se convierte en freno insalvable para que eso ocurra. Las transnacionales avasallan y destruyen toda posibilidad de que estos sectores puedan generar el crecimiento de las fuerzas productivas hasta convertirse en una nueva burguesía emergente que tanto sueñan los nacionalistas de contenido burgués.

Evo Morales y el MAS, que al principio aparecieron como la expresión de los intereses materiales de los sectores campesinos pequeños propietarios, de manera imperceptible ha migrado hasta convertirse en expresión de los intereses del gran capital. Este fenómeno se ha dado en el proceso de derechización que vive debido a la presión cada vez más fuerte de sectores explotados que exigen soluciones estructurales a su miseria y a su atraso, presión que directa o indirectamente apunta a chocar con la gran propiedad privada de los medios de producción en manos del imperialismo, de los latifundistas y de los empresarios privados.

La penetración imperialista al país, y por tanto a las reservas forestales, lejos de impulsar el potenciamiento de los pequeños propietarios, los conduce a una mayor depauperación, condenándolos al atraso y a la miseria. El tan decantado “desarrollo” los convierte en vendedores de refrescos y comida a la vera de los caminos, sin ninguna posibilidad de prosperidad económica. El “desarrollo” en la etapa decadente del capitalismo es sinónimo de despojo y saqueo de los recursos naturales por parte del imperialismo y mayor empobrecimiento de todos los explotados del país; de esta manera, la opresión imperialista es sobre todo el país y no solamente sobre determinados sectores.

El gobierno del MAS, en la presente coyuntura, se apoya en los campesinos pequeños propietarios para contener y poner en brete al sector comunitario, a los trabajadores asalariados y a los grandes sectores inconformes de las ciudades; sin embargo, su capacidad de maniobra se agota cada día por la situación política. Su capacidad de movilizar a los cocaleros y colonizadores se hace cada vez más difícil porque ellos también son víctimas de la política oficialista, por ejemplo, cuando impone una terca erradicación de la hoja de coca por la presión internacional.

Las posibilidades de que las amenazas de Zurita y Salazar se tornen en realidad, maniatando a las bases explotadas de ambos sectores detrás del gobierno, es bastante hipotética. Lo que sí puede ocurrir es que estos sectores inconformes rebasen a sus direcciones oficialistas para protagonizan grandes acciones contra el gobierno.

Con un simplismo chabacano, García Linera explica que en toda familia existen desavenencias entre el marido y la esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, etc.; nada más que eso habría ocurrido y de ninguna manera habría significado un rechazo al gobierno y al “proceso de cambio”. Según su entender, quienes han interpretado mal el sentido de esta movilización son la derecha oportunista y sus aliados los ultraizquierdistas que han pretendido pescar en río revuelto con la finalidad de superar su maltrecha situación política marginal.

Conscientemente, García Linera pretende ocultar el verdadero contenido de este último episodio que los trotskistas hemos caracterizado como un hito más en el proceso de emancipación política que están viviendo las masas frente al gobierno del MAS. Proceso que tiene el efecto contribuir a la transformación de la conciencia de los movilizados, en el que la acumulación cuantitativa de las explosiones instintivas provocan saltos en la conciencia política de los explotados, hacia el convencimiento de que este gobierno realiza un viraje derechista al servicio del imperialismo y la empresa privada.

El problema ahora radica en que si existe la posibilidad de que el presente proceso puede ser detenido o que puede desandar el camino recorrido hacia el retorno a las ilusiones en el gobierno indígena del MAS. Los “teóricos” y políticos pragmáticos del oficialismo no dejan de soñar con esta posibilidad; el problema es que la presente situación política tiene causas estructurales que se afincan en las leyes del desarrollo del capitalismo y que, por tanto, los buenos deseos de los actores no lo pueden modificar sustancialmente.

¿Cuáles serían las condiciones para que el actual proceso se detenga o se revierta? Que la crisis estructural del capitalismo pase de largo sin dejar huellas en el país y que en Bolivia se genere un espacio de prosperidad y abundancia. Por otra parte, que el gobierno del MAS demuestre, en la práctica, que es capaz de materializar efectivamente el desarrollo del país y de resolver los problemas vitales de los explotados. Ninguna de esas posibilidades son viables y, por el contrario, el régimen actuará cada vez más francamente como sirviente del imperialismo. Y si todavía tiene posibilidades y tiempo, terminará manchando sus manos con la sangre de obreros, campesinos y explotados de las ciudades.

* Dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).