La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) estimó en 317,7 millones de dólares el costo directo de las obras de construcción de carretera Villa Tunari-San Ignacio Moxos. Dicho monto ya incluía gastos extraordinarios (medidas de mitigación ambiental y sobre gastos de transporte por la inoperatividad de la zona) por más de 56 millones, pero la ABC presupuestó como factor de riesgo adicional otros 100,6 millones de dólares.

El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado hizo nuevas revelaciones referidas al sobreprecio en la construcción de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, y a la ilegalidad de la licitación y adjudicación de la obra a la empresa brasileña OAS, información que fue entregada al fiscal de Materia Marco Antonio Vargas.

El 27 de septiembre, el MSM presentó ante el Ministerio Público una doble demanda penal contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía, por “graves irregularidades” en el contrato de construcción de la carretera y por delitos cometidos en la “brutal represión” a la marcha en defensa del TIPNIS.

En el caso de la carretera los demandados son la ex presidenta de la ABC Patricia Ballivian, el gerente administrativo de la ABC José Luis Zúñiga Tarifa, el gerente de construcción de ABC Carlos Méndez Cárdenas, el consultor de ABC Andrés Castro Kukoch y el representante brasileño de OAS Gerardo Pereira, por los delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.

El 27 de octubre, el jefe del MSM ratificó los términos de sus denuncias penales presentadas ante el fiscal Vargas, y entregó al Ministerio Público dos informes técnicos, uno de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba y otro del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba que se constituyen en pruebas que respaldarían el sobreprecio de la obra.

Un informe de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba de enero de 2009 señala que “la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ha estimado que el precio referencial de la ABC tiene por lo menos 100 millones de dólares demás… La adjudicación es el resultado de un precio referencial falso, ahora si este precio referencial falso es voluntariamente utilizado, esto se constituiría en un hecho doloso, pero si el precio referencial falso es producto de malos ingenieros y descuidados ejecutivos esto se traduce de todas maneras en un contrato lesivo al Estado”, señala el informe.

Otra de las pruebas es el análisis técnico realizado en marzo de 2009 por el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, que indica que “los incrementos adicionales al costo directo dado en los puntos 1.2, 1.8 y 2.1, 2.2 (se refieren a los factores de incremento del cuadro del consultor Castro Kukoch) son injustificados e incrementan el costo promedio referencial de 620 mil $us-km., a 1.09 millones $us por km, o sea 76.87%. El incremento normado para los contratos llave en mano de un 25% ya cubre los factores de riesgo, sin embargo éste ha sido incrementado a un 30%. Con lo que el precio referencial se incrementó a 1.42 millones de $us, o sea en un 129% del costo promedio referencial por cantidades; es decir de 189.7 millones de $us a 436.2 millones de $us…”.

El documento concluye que “de este análisis deriva que el precio referencial tiene un sobreprecio no justificado de 650.5 mil $us por km, lo que en 306 km hace un monto de 199.07 millones de $us.”

Informe VIPFE

Un informe del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE 000229 del 3 de septiembre de 2008 también se pronunció negativamente sobre al financiamiento del banco brasileño BNDES. “No existe una propuesta formal de las condiciones financieras con que se contratará este crédito, por tanto, se requiere continuar las negociaciones con la Embajada del Brasil a objeto de incrementar el grado de concesionalidad del mismo. Si no se logra este aspecto se sugiere buscar fuentes alternativas de recursos… Dadas las observaciones identificadas, tanto a los aspecto financieros como técnicos del proyecto, se recomienda realizar consultas técnicas y jurídicas que permitan concluir sobre la viabilidad o no de proseguir con las gestiones de financiamiento y la forma legal que respaldaría esta gestión”, recomienda el VIPFE.

Ilegal adjudicación a OAS

Pese a las observaciones del VIPFE, el 4 de agosto de 2008 la ABC adjudicó y firmó el contrato conla empresa OAS. Después de aprobado el documento base de contratación, de manera ilegal lo modificó para favorecer a la empresa. Por ejemplo, se suprimió el mantenimiento rutinario por cinco años a partir de la entrega definitiva de la obra y se eliminó la provisión de asfalto. Todo esto se colige de la copia de las resoluciones de la ABC de 27 de junio, 17 de julio y 21 de julio de 2008, y del informe N 002-2009 de la Comisión de Desarrollo Sostenible e Infraestructura del Senado Nacional de 2 de marzo de 2009.

Según Del Granado, se violó el pliego por incumplimiento de la empresa OAS del financiamiento previo. “El convenio de financiamiento no existía a la fecha de la firma del contrato de obra de 4 de agosto de 2008 ya que el contrato de financiamiento fue firmado dos años y medio después, el 15 de febrero de 2011”. Vale decir que la empresa OAS no tenía financiamiento aprobado, no cumplía la condición básica del pliego, y por tanto no debió ser adjudicada ni contratada; debió ser descalificada.

Bajo tuición del BNDES y de las leyes brasileras

Juan Del Granado aseguró que el contrato de financiamiento hace depender del BNDES toda modificación al contrato de obra; y si hubiere controversia, Bolivia y la ABC tienen que someterse a jueces y leyes brasileras. La clausula 13 dice que serán considerados casos de incumplimiento, alteraciones en los temimos y condiciones del contrato comercial, sin previa y expresa anuencia del BNDES.

Según jefe del MSM, “el contrato de crédito que se ha suscrito a favor de OAS dice claramente que este contrato y las obligaciones resultantes serán regidas de acuerdo a las leyes de la República Federativa del Brasil, y dice a continuación que los jueces de la ciudad de Río de Janeiro dirimirán cualquier controversia”. Por tanto, “vamos a ser enjuiciados con leyes brasileras y ante jueces brasileros, de acuerdo a la clausula que ya en su momento denunciamos y que no ha sido rebatida en absoluto por el señor Vicepresidente de la República, que hasta ahora o por lo menos en las semanas pasadas ha estado oficiando como abogado de OAS”, criticó.

El Vicepresidente García Linera retrucó diciendo que son los contratos de financiamiento externo de los programas Barrios de Verdad, Puentes Trillizos y Mejoramiento de Barrios, ejecutados por la Alcaldía de La Paz, los que están sujetos a autoridades judiciales extranjeras.

Del Granado respondió que “los contratos suscritos por la Alcaldía con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no están sujetos a ningún juez extranjero, sino a un tribunal de arbitraje”, constituido por un árbitro nombrado por la Alcaldía de La Paz, otro árbitro elegido por el organismo financiador y un tercer árbitro dirimidor nombrado por las dos partes.

“Estamos hablando de un tribunal arbitral y no de jueces brasileños ni de jueces norteamericanos, ni jueces de ningún país. Estamos hablando de un tribunal arbitral soberano donde los árbitros son parte del Estado boliviano, lo que no sucede con el documento suscrito por OAS y ABC, puesto que el contrato y las obligaciones resultantes estarían bajo leyes brasileñas con jueces de Río de Janeiro que deberán resolver los eventuales problemas”, recalcó el jefe del MSM.

En otras palabras, “el prestatario, es decir el Estado boliviano representado por el señor García Linera como Vicepresidente, declara la elección de la legislación brasileña como aplicable al presente contrato, y las sentencias dictadas por autoridades judiciales brasileñas serán reconocidas y ejecutadas por las cortes del Estado de Bolivia”.

Informe con sobreprecio

El informe “Propuesta para la estimación de precio de referencia de la carretera” fechado en 23 de julio de 2008, 12 días antes de la firma del contrato con OAS, elaborado y firmado por el consultor de ABC Andrés Castro Kukoch, señala la suma de 436,2 millones de dólares como precio referencial para la construcción de la carretera, que se deriva de los componentes de costo directo de obras (317,7 millones de dólares); servicios de consultoría (17,7 millones de dólares); y consideraciones adicionales (100,6 millones de dólares), sumando un total del proyecto llave en mano de 436.229.820 dólares.

“Llama la atención que luego de incluir como costo directo factores como medidas de mitigación ambiental extraordinarias (18,9 millones de dólares), incremento por inoperatividad de la zona (37,9 millones de dólares) e incremento por transporte (9,4 millones de dólares), lo que ya suman 56,3 millones de dólares, se agrega como factor de riesgo por contrato llave en mano nada menos que la suma de 100,6 millones de dólares”, observó Del Granado.

En su criterio, este factor de riesgo “gracioso y adicional” de 100,6 millones de dólares es uno de los principales componentes del sobreprecio como lo establecen tanto el VIPFE como las asociaciones de Ingenieros de Cochabamba.