El entorno de gobierno, a partir de declaraciones del propio presidente en campaña contradictoria, continua en su tendencia por implementar en la negociación por la gestión de mega-proyectos su particular visión de desarrollo y gestión de los recursos que se encuentran en territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas. El movimiento indígena originario de tierras altas comparte la misma lucha, mientras que los migrantes colonizadores entre quienes se encuentran las federaciones de campesinos productores de coca de las que el Presidente Evo Morales es líder y dirigente, han declarado explícitamente sus contradicciones con las demandas indígenas originarias, pues sus intereses territoriales respecto a la propiedad comunitaria indígena y respecto al modelo social-comunitario emergente de la Asamblea Constituyente, en los hechos se contraponen, contraponiéndose así con el carácter plurinacional del estado emergente y de su constitución política.

“… el gobierno del MAS poco a poco fue descubriendo que la trasformación del Estado supone más que cambiar el apellido de ‘colonial‘ a ‘plurinacional‘. El reconocimiento de la composición heterogénea del Estado, por diferentes naciones, perfectamente continúa en convivencia con estructuras añejas heredadas de la historia colonial, como el racismo. Incluso, el aparato burocrático legado del modelo liberal que se incorporó a la escisión de la sociedad por ascendencia étnica, vive para presenciar el llamado estado Plurinacional”. (GONZÁLEZ HERRERA, Ma. Teresa. Bolivia: normativa, descolonización y los retos de la transición al socialismo comunitario. Pp. 12)

********

Al convertirse el movimiento indígena boliviano en sujeto constituyente, el devenir histórico de su lucha, al contrario de disponer un “ciclo” ilusionado de conquistas directas y vinculadoras; junto al poder constitucional emergente, inmediatamente aprobada la Constitución Política del Estado, los hechos públicos desnudan contradicciones propias a la transición plurinacional de un Estado colonial-republicano-nacionalista y al rumbo que la territorialidad comunitaria interpela frente a las imágenes narrativas de nuevas élites que, en su particular estrategia de acenso, degradaron en corto tiempo la pugna política.

El bloque indígena-originario-campesino encuentra así, en tal transición una crisis constitutiva que excede el programa político (es decir la Constitución Política del Estado), en la negociación cotidiana por reivindicaciones y derechos que, al estar constitucionalizados supuestamente habrían sido conquistados; pero todo es todavía parte de una ficción legal. A pesar del cambio de apellido “colonial” por “plurinacional” el estado continúa siendo el Estado.

La estrategia constituyente que añora aún el llamado bloque hegemónico, fiel al programa constitucionalizado de las transformaciones por irrumpir y cumplir, velozmente sacrifica más bien singularidades históricas de una lucha que en años y decenios acumularon entrelazamiento y diversidad. La productividad indígena misma, que da cuenta de multiplicidad y autonomía relativa respecto al paradigma y al mando únicos, manifiesta tempranamente esa crisis. La toma de carreteras y calles se contraponen al hábito de manipular la disponibilidad social y de escamotear el bien comunitario que supone la territorialidad indígena (sus recursos), en aras del bien común estatal, del progreso o mejor, del utilitarismo al Estado emergente, hoy como antes, en crisis de transición y origen (identidad).

Una evaluación en el viaje indica que hay por lo menos dos aspectos “estructurales” (provisionalmente) que dejan huella al análisis: uno que denuncia que el tema de los recursos y del territorio no ha sido solucionado y menos superado en el marco del proceso constituyente, lo cual deja a la narrativa de la élite política emergente fuera de juego y en pie de lucha (reconducción del proceso de cambio es ahora la consigna); luego, dadas las contradicciones propias del “bloque hegemónico” todo muestra que lo “indígena-originario-campesino” si bien busca posicionar una plataforma estratégica, lamentablemente termina siendo figura de cooptación política, un espacio plano, con efecto de aplanamiento y contra-insurgencia, más que canalización de diferencias y relieves críticos (según la historia lo exige), sirve para el simple control dicotómico de toda expresión y posible contribución: en la misma asamblea de las asambleas los dos tercios de legisladores por el cambio pocas veces disienten.

Ambos aspectos desnudan al actual ciclo estatal como prisionero de resabios fuertemente republicanos, un nacionalismo popular en su variable orgánica (sindicalista), se denuncia a sí mismo como contrapuesto a la territorialidad comunitaria (siendo vínculo y razón con el estado plurinacional emergente), o sea que en su idioma constitutivo al estado excluyente (puesto que el sindicato y el partido son continuidad paraestatal republicana) su tránsito no sólo transpira y trasmina sino que opera bajo una racionalidad moderna (propiedad, igualitarismo, progreso, desarrollo, universalidad), pues tal racionalidad justamente fue consolidada en Bolivia a mediados del siglo XX (con la llamada revolución nacionalista de 1952), negando la diferencia y alteridad posibles, pero sobredimensionando el propio origen esencial de lo étnico y prolongando así dispositivos discursivos y de opresión en su propia condición de continuidad y herencia, como sujetos estatales.

Ahora bien, la alternativa de lucha para ambos aspectos entonces, no ha variado, por el contrario, se ha extendido para descomponer la economía de la conciencia de sí, la soberanía construida que nos hace sujetos del estado y para descifrar la ficción de todo estado que se hace y construye en cuanto espacialidad energética de dominación, soberanía del origen, en su tránsito hegemónico y elitista (vanguardia ungida más que materialización histórica), en el cuerpo de deseos y ambiciones, esto es en el propio territorio de los recursos en cuanto espacio de propiedad y reproducción, donde se subalterniza y se escamotea al otro: unas veces obreros, otras indígenas, mujeres, afiliados, militantes, feligreses, hijos y en fin la llamada naturaleza, siendo especialmente ese fin donde la territorialidad adquiere una dimensionalidad de vida relativa, excedentaria y abarcante, realidad que nos muestra al cuerpo, espacio y territorio sin límites ante cualquier meta-narrativa (biológica, religiosa, política o epistemológica), desmoronando en sí misma la consciencia de sujetos, la soberanía y la propiedad.

Acordemos entonces que, el origen del Estado Plurinacional –en caso de haber algo semejante a alguna imagen adventicia en el comienzo histórico de las cosas- no es hegemónico sino crítico en la medida que se desnuda más temprano que tarde, como escenario de rapiñas, invasiones, escamoteos y mentiras. Este es un espacio de contacto fértil a pesar y a través del tiempo entre lo “colonial” y lo “plurinacional”, pues aquí el espacio descompone al tiempo para hacer emerger la espesura desnuda de nuestra realidad construida en crisis y conflicto.

Aquí, el bloque hegemónico no se separa de la racionalidad hegemónica que lo ilustra y avienta. En los hechos ese es el perfil visible del núcleo de contradicciones que está radical y constitutivamente en crisis, pues crisis de productividad y origen no es poco. En la práctica, las veces en que se encarnizan figuras discursivas, o sea cuando se visibilizan luchas a través de acciones concretas, anuncian formas de decisión general: la productividad indígena-originario se entrelaza por el territorio, por ejemplo, interpelando desde la arena la ficción del génesis casi lineal, armónico y romántico del nuevo estado, mientras que el discurso nacionalista del cambio se acomoda más para proteger intereses corporativos, discurso frágilmente útil para algunas élites migrantes (campesinos colonizadores) y mineras en acenso (siendo que ambos, asimismo tienen por el momento intereses contrapuestos).

Así, la transición del Estado, unas veces es real y otras veces es ficticia; pero puesto que generalmente se confunden los procesos y lo real aparece ficticio y viceversa, la tendencia al cambio en general retrocede en lugar de avanzar: el proletariado minero está, por ejemplo, más desprotegido ante las elites de cooperativistas mineros que acrecentaron influencias impositivas en el gobierno a cambio de apoyar desde su posición calculada en la Asamblea Legislativa, el proceso y a pesar de aquel discurso nacionalista de transformación; la territorialidad indígena comunitaria, por su parte y a pesar de los ampulosos datos de titulación comparativa con gestiones pasadas, casi ha retrocedido en su lucha por lo menos 40 años, cuando se había posicionado como puntal hemisférico y mundial del socialismo del siglo XXI (poco antes de la aprobación de la CPE).

La mirada gubernamental al respecto, persiste en el error de chantajear y culpabilizar al movimiento indígena originario, haciendo aparecer a la columna marchista del 25 de septiembre del presente, como si se hubieran hecho reprimir intencionalmente para satisfacer a la derecha cívico-empresarial del oriente y “siendo minoría” desplazar a campesinos y colonizadores (hoy llamados interculturales); dejando en evidencia, por el contrario, que las contramarchas y bloqueos de estos sectores así como la violencia represiva fue orquestada por el propio gobierno, manifestando además una visión conservadora respecto a la lucha por territorialidad comunitaria del movimiento indígena originario (“complemento decorativo” de la derecha) y su afán inexplicablemente sectario y divisionista en el contexto del estado en transición. (1)

La ambigüedad aquí termina reciclando a la racionalidad hegemónica y en los hechos eso ocurre por carecer el liderazgo público (en caso de haberlo), de gestión estratégica amplia y abierta, por lo menos para la reforma en caso que ella sea tránsito del cambio. Pero la consecuencia resultante es que más que descomponer la racionalidad pública hegemónica se descomponen los repertorios de lucha por la propiedad comunitaria, por ejemplo, desde las mismas comunidades y pueblos donde se define el futuro del Estado boliviano: es especialmente el caso de las pugnas sin fin por ejercer la democracia comunitaria mediante normas y procedimientos propios, pues esa racionalidad hegemónica encarnada en el partido MAS (y al haber reciclado sus cuadros en base al rescate de la “memoria institucional” de antiguos militantes de ADN, MNR y MIR), se contrapone a los procesos de autonomías indígenas en municipios y territorios. Guardando diferencias, lo mismo vale en todos los niveles de la administración pública donde el posicionamiento de mandatos constituyentes, resulta aun deficitario respecto a la misión y urgencia histórica.

Cada caso del proceso autonómico indígena originario en Bolivia merece atención singular puesto que en cada caso lo que se disputa es el cambio, la reforma o el reciclamiento estatal; por su lado, el régimen apenas ha emitido hasta agosto de 2009 un Decreto (D.S 231) para viabilizar las autonomías indígenas vía municipio, dejando en vilo la reglamentación pertinente para que a través de instrumentos ciertos, sean los territorios indígenas originarios campesinos (TIOC‘s) lo que consoliden su autonomía de acuerdo al mandato constitucional, especialmente luego de emitida la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el 2010 y del Decreto Supremo Nº 727 del 6 de diciembre de 2010. (2) De esta manera, la Ley de Régimen Electoral y del Órgano Electoral Plurinacional emitidas el mismo año, poco pueden hacer para garantizar el acompañamiento, observación y supervisión de procesos autonómicos en municipios en conversión y territorios indígenas, sin deslinde jurisdiccional que complemente aún y definitivamente el tránsito estatal, ni normas que garanticen la paridad de la economía, la justicia y la democracia comunitarias para hacer práctico el discurso y la bandera indígena del gobierno.

Es la falta de este tipo de reglamentación para regular las autonomías indígenas junto a la poca voluntad política para garantizar y potenciar la gestión territorial indígena autonómica, así como para consolidar el saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen (Territorios Indígenas Originario Campesinos – TIOC’s) y dejar establecidos así los nuevos límites administrativos y territoriales, los que dibujan un perfil más específico de la crisis, con el movimiento indígena, que en su octava marcha, a pesar de ser reprimida, llega al centro de poder boliviano para plantear en su plataforma de demandas al gobierno, la defensa de la territorialidad indígena originaria. El entorno de gobierno, a partir de declaraciones del propio presidente en campaña contradictoria, continua en su tenencia por implementar en la negociación por la gestión de mega-proyectos (en el contexto de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA) su particular visión de desarrollo y gestión de los recursos que se encuentran en territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas, como el caso catalizador del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS.

El movimiento indígena originario de tierras altas comparten la misma lucha, mientras que los migrantes colonizadores entre quienes se encuentran las federaciones de campesinos productores de coca de las que el presidente Evo Morales es líder y dirigente, han declarado explícitamente sus contradicciones con las demandas indígenas originarias, pues sus intereses territoriales respecto a la propiedad comunitaria indígena y respecto al modelo social-comunitario emergente de la Asamblea Constituyente, en los hechos se contraponen, contraponiéndose así con el carácter plurinacional del estado emergente y de su constitución política.

Notas:

1. NAVARRO MIRANDA César. La condición indígena del gobierno. TPNIS, conflicto y contradicción política. El autor es Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Periódico La Razón. Suplemento “Animal Político”. Edición de octubre 23 de 2011. Pp. E12. “… los indígenas intentan posicionar su liderazgo en oriente a partir de lo indígena, para desplazar a las campesinas y campesinos e interculturales (colonizadores) a un segundo plano, y posicionar así como sujeto propietario de la tierra a lo indígena y, por lo tanto, como titular político de oriente también lo indígena. Esta tesis es apoyada por la derecha atrincherada en empresariado y en las gobernaciones para desplazar a los campesinos e interculturales del escenario político oriental y convivir con la minoría indígena bajo una nueva lógica colonizadora en estricto enfrentamiento con el proyecto estatal plurinacional. […] ahí el TIPNIS como objetivo pasa a un segundo plano, pero subsiste como complemento decorativo del discurso.”

2. DECRETO SUPREMO Nº 727. Artículo 1.I. 6 de diciembre de 2010. “A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado, las Tierras Comunitarias de Origen-TCO pasan a denominarse Territorios Indígena Originario Campesinos-TIOC”.