(Comisión de Comunicación de la Marcha).- La Octava Marcha Indígena llegó el sábado a la comunidad de Chusquipata, a 54 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde permaneció hasta que pasen las elecciones del Órgano Electoral. En los últimos días se sumaron indígenas de todo el país, por lo que la movilización ya cuenta con 2.500 caminantes. Calculan llegar el martes a su destino, donde esperan tener el apoyo de la población para que el gobierno nacional comience a respetar multitud de artículos de la Constitución, entre los que se encuentran los derechos de los 36 pueblos indígenas.

“Para conseguir nuestro objetivo la presión del pueblo va a ser importante, no solamente la presión de la marcha. Es lo que pensamos. No vamos a agredir a nadie, solamente vamos a marchar como venimos haciendo, en forma pacífica, y lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir lo que queremos”, dijo Ernesto Sánchez Meruvia, secretario de Economía y Desarrollo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que inició esta protesta junto con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

“Ya vamos 60 días de marcha, dos meses. La verdad es que después de lo que sucedió el 25 de septiembre ahí, cerca de Yucumo, nos ha fortalecido. Porque el primer día o el segundo día parecía que estábamos todos desanimados, pero al tercero los hermanos ya aparecieron, entonces nos concentramos, nos dimos fuerzas ambos y vimos que la cosa era mucho más mejor para seguir adelante. Ahora, como usted ve ya somos 2.500, hay aquí mucha fuerza y ansias por llegar y hacer escuchar al Gobierno los propósitos que nos ha llevado a hacer este planteamiento. Por eso le digo, hermano, que siempre hay debilidad, pero después hay fortalezas. Y nosotros encontramos fortaleza después de lo que nos hicieron los policías mandados por este Gobierno”, declaró Sánchez, del pueblo Mojeño.

“Nosotros tenemos la seguridad de que no solamente los 2.500 marchistas nos estamos respaldando, sino que también están con nosotros los nueve departamentos, la población boliviana y también de otros países, que nos mandan mensajes de respaldo y que ven justo al planteamiento que estamos llevando. Más nos sentimos fortalecidos al ver esa masa grande con esa fuerza, que está con ganas de luchar y seguir adelante”, agregó.

“Tenemos la certeza de que nos apoyan los hermanos de la COB (Central Obrera Boliviana), el pueblo de La Paz, la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) de El Alto, y los mineros. Vamos a hacer de forma conjunta el pliego petitorio para que este Gobierno nos escuche”, pidió el dirigente de la CIDOB.

El martes, cuando posiblemente lleguen a La Paz, las y los marchistas desean entrar a la plaza Murillo. La incógnita es si el presidente Evo Morales lo permitirá o si plantará en cada calle de entrada hartos policías, resguardados por vallas y cadenas, como hizo en todas las protestas ciudadanas en solidaridad con la octava marcha.

“Nuestra marcha es pacífica, no vamos a entrar con cohetes, no vamos con dinamita, no vamos con nada. Queremos llegar, dar por lo menos una vuelta a la plaza, para después concentrarnos donde vamos a estar y discutir los puntos que vamos a llevar al Gobierno”, comentó Sánchez. El Gobierno nacional hizo aprobar en la Cámara de Diputados y de Senadores su proyecto de ley de defensa del TIPNIS, que más bien pretende legalizar las acciones de Órgano Ejecutivo de Morales, opuestas a la Constitución y a convenios internacionales con estatus de ley en Bolivia. Solo falta la firma del Presidente para formalizar su intención de hacer una consulta posterior a los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre si quieren o no la carretera que ya está en construcción.

Además, esta consulta posterior (cuando según la Constitución debiera ser previa) se realizará solamente sobre el tramo dos -el que pasaría por el TIPNIS- como si la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fuera tres carreteras en vez de una. A pesar de todo, Sánchez cree el Gobierno todavía puede dejar esa ley en nada. “Pues no la promulgaron todavía porque tienen un poco de temor. Si no, lo habrían hecho ya. No estamos de acuerdo con esa ley porque a la propuesta que nosotros habíamos planteado, ellos (los legisladores del Movimiento Al Socialismo -MAS) la han cambiado en muchos temas. Si la iban a aprobar como les diera la gana, si no iban a respetar lo que nosotros pedimos ¿para qué entonces hacer tanto trabajo? Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley de ellos. A esto se suma que la población no está de acuerdo con las elecciones del domingo, eso lo sabe el Presidente. Ese es el temor que él tiene, si no a la ley ya la habría promulgado. Vamos a tener que discutir sobre esta normativa en la ciudad de La Paz”, dijo Sánchez.

Su pie izquierdo de don Fernando

La marcha llegó el sábado a la comunidad de Sacramento, luego de caminar 22 kilómetros. Pero como el lugar ofrece muy pocas comodidades y un vasto acantilado, varias regionales avanzaron ocho kilómetros más hasta Chusquipata, donde el terreno es más amplio pero hace muchísimo frío. Allí se reunió toda la marcha. Días atrás, el presidente del Tribunal Supremo Electoral Wilfredo Ovando dijo que no iba trasladar ánforas hasta donde se encontraba la marcha para que votaran las y los indígenas. El mismo Ovando aseguró a la guaraní Nelly Romero, vicepresidenta de la CIDOB, que sí enviaría urnas a Chusquipata. El único problema ahora es que gran parte de los marchistas quedó descarnetizado, luego de que la Policía Nacional destruyera todos sus papeles en la represión del 25 de septiembre.

“Nosotros no tenemos ninguna preocupación. Quien debe estar preocupado es el Órgano Electoral, porque el Gobierno nacional fue quien nos asaltó. La Policía actuó como delincuente, quitando documentaciones y quemándolo todo. Ahora el Órgano Electoral debe ver la manera de resolver lo que el mismo Estado nos hizo el 25 de septiembre”, dijo Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral de comunidades del TIPNIS.

Vargas acudió a una doctora para hacerse curar el pie con el que casi no puede caminar, herido por los kilómetros y kilómetros de esfuerzo. En la misma situación están gran parte de los marchistas, sobre todo los 1.000 que caminan desde la Amazonía. Las enfermedades respiratorias y digestivas abundan entre las y los indígenas de todas las edades.

En la comunidad de Sacramento, tan poco espacio tenían los marchistas que habían armado sus carpas incluso sobre el camino, que es una cornisa muy delgada. Ahí también estaban las bolsas y bolsas con donaciones enviadas por el pueblo de La Paz. Y también pululaban cientos de indígenas, con lo que “El camino de la muerte”, como le dicen a la carretera antigua a La Paz, se había convertido en una peatonal. Muy poca gente usa esta vía de un solo carril: turistas extranjeros que pasan en enjambre y en bicicleta; más la última incorporación, el regreso de las movilidades con agentes de Inteligencia adentro, demasiado visibles en un paisaje tan verde y solitario. Las y los marchistas no los veían desde Yucumo, cuando les cayó la represión policial.

“Todos los días nos está siguiendo el equipo de Inteligencia del Gobierno. No sé qué es lo que quieren ¿O quieren nuevamente intervenir la marcha? Si es así, deberían de hacerlo de una vez”, arengó Vargas. Al parecer, el nuevo ministro de Gobierno Wilfredo Chávez está dispuesto a repetir los errores que costaron el cargo a su antecesor, Sacha Llorenti. “Ya sea que esté Sacha o Wilfredo, quien sigue estando siempre atrás de nosotros es Boris Villegas (director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno) que seguro es quien manda acá al equipo de Inteligencia y todavía sigue riéndose en su cargo. Él fue quien dirigió todo el asalto a la marcha del 25 de septiembre, pero no ha pasado absolutamente nada con él”, afirmó el presidente de las comunidades del TIPNIS.

Tan húmeda es esta zona que sobre el fino camino caen periódicamente vertientes de las montañas, que las y los marchistas usan para bañarse. También caen arbustos para trancar la única vía. Las y los indígenas se recomiendan no acercarse al borde, porque cede fácilmente y parecen no tener fin los precipicios, que configuran el paisaje yungueño.

Desde la marcha informaron que se incorporaron hermanas y hermanos del TIPNIS, del CONAMAQ, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), del Gran Consejo Chimán, de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), de la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG), entre otros, más ciudadanos de todo el país, como el grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), quienes andan con su micro propio.

“Hartísimos somos y sentimos el apoyo de toda la población. Creo que vamos a llegar a La Paz y el Gobierno tendrá que atendernos pues. Si no nos atiende, como pueblos indígenas y como marchistas vamos a tener que tomar acciones hasta tener resultados, hasta que se nos atiendan los 16 puntos”, dijo Jenny Suárez, presidenta de la Comisión de Marcha. La dirigenta del pueblo Yuracaré estimó que de aquí al martes, cuando llegarían a la sede de Gobierno, las y los marchistas mejorarán su salud.

Quizás hasta esa fecha las y los amazónicos puedan adaptarse a los 4000 metros sobre el nivel del mar en que se ubica la ciudad donde concluirá la movilización indígena. Y donde empezará otra protesta, encabezada por los pueblos de la CIDOB, del CONAMAQ; por maestros, obreros, mineros, estudiantes, vecinos y la población solidaria con las y los marchistas que iniciaron su caminata el 15 de agosto pasado en la ciudad de Trinidad, capital de Beni.La próxima parada de la marcha sería en la comunidad de Pongo, a 33 kilómetros de la plaza Murillo. A partir de ahí deberán atravesar el frío extremo de la Cumbre, a 4600 metros sobre el nivel del mar.

“Nosotros, los indígenas de las tierras bajas, no estamos acostumbrados a la altura y a este clima; estamos acostumbrados al clima caliente. Por eso ahora estamos bastante enfermos, con dolor de oídos, con problemas de presión, más que todo. Hay bastantes enfermos, lamentablemente la mayoría son niños”, dijo bien enchompada Suárez, una de los 15 mil indígenas dueños del TIPNIS. Esta área protegida de más de un millón de hectáreas es territorio ancestral de los pueblos Yuracaré, Mojeño y Chimán, como dice el título de propiedad entregado por este Gobierno en 2009. En esa ocasión, Morales les había dicho en un acto público a los habitantes del TIPNIS que debían defenderlo de quienes quisieran destruirlo, así también hacer valer sus derechos. Muchos “tipnistas y tipnólogos”, como ahora los llama Morales con problemas de pronunciación, solamente obedecen a ese consejo presidencial de 2009.Son dos meses en que las y los marchistas sufrieron todo lo sufrible: hambre, sueño, frío, calor, enfermedades; apaleamiento y gasificación, extrañas detenciones y traslados por parte de los policías mandados por el Gobierno nacional; el deceso de tres hermanos que participaban de la protesta. Pero ahora para muchos el dolor más grande es estar lejos de sus familias y de sus casas.

“En mi comunidad tengo a mi hija, a mi esposo, tengo mi familia y eso implica bastantes responsabilidades. A pesar de eso estoy como mujer luchando para que los territorios y los derechos sean respetados. Porque si ahora no los hacemos respetar, olvidémonos de que nuestros y hijos nuestros nietos van poder vivir libremente, gozando del TIPNIS”, dijo Suárez.