De forma majadera el oficialismo y sus epígonos enquistados en el duopolio El Mercurio/COPESA que controla la prensa escrita, han insistido en que el movimiento estudiantil estaría cooptado por grupos ultra, cuya intransigencia y radicalidad impide que sectores ‘moderados’ de la CONFECH lleguen a acuerdos con el gobierno.

También es cierto que algunos sectores de la llamada ‘izquierda moderada’ pisan el palito, acusando de ultra a quienes legítimamente aspiran avanzar un poco más y no entregar casi medio año de movilizaciones a cambio de nada. Esto no hace sino revelar la falta de creatividad, rigurosidad y comprensión del gobierno y sus analistas para entender lo que está pasando.

Reiteramos que esta movilización social/estudiantil tiene características inéditas para el período postdictatorial. Se inscribe dentro de un ciclo de revitalización de la protesta social, de emergencia de demandas ciudadanas largamente subsumidas entre acuerdos cupulares y de una desafección profunda entre la sociedad civil y las instituciones de representación tradicional. Esto último da cuenta de una crisis de legitimidad del sistema político, lo que explica la incapacidad del mismo para acoger, atender y resolver las demandas y propuestas estudiantiles.

El manual de la postdictadura (o de la Transición para los menos ultra), indicaba que entre abril y junio de cada año se levantaban episódicamente reivindicaciones estudiantiles, signadas fundamentalmente por aspectos gremiales-económicos (más becas, más créditos u otros beneficios sociales), los que se canalizaban primero en las universidades, que ejercían un rol amortiguador de las demandas, luego se les contrastaba con indicadores técnicos con acento en la viabilidad, la responsabilidad fiscal (no olvidemos el dogma del superávit estructural instalado por Nicolás Eyzaguirre) y la gradualidad, para terminar apostando por la división del movimiento estudiantil, su desgaste o la impericia de sus dirigentes de turno.

El manual se cerraba con una invitación a seguir conversando en una mesa de diálogo, un acta de acuerdos llena de entelequias y buenas intenciones, alguna comisión ad hoc, para luego volver a clases con la sensación de haber dado un paso más en la resistencia al modelo, pero constatando la nula capacidad que se tenía para transformarlo.

En la postdictadura bajo la égida concertacionista, lo deseable era el consenso, el acuerdo. Los ‘políticos serios’, los estadistas, eran aquellos que prescindiendo de su historia y sus ideales, cruzaban las fronteras ideológicas para abrazarse con los guardianes de uno de los modelos educacionales más segregadores y excluyentes del mundo, en uno de los países más desiguales del planeta. Es imposible no hacer mención a las manos alzadas el 2006 en La Moneda, en el gobierno de Bachelet para celebrar el acuerdo educacional, que configuraba un nuevo portazo a los estudiantes secundarios y la ciudadanía en su conjunto que había simpatizado con sus demandas. Sin embargo todas estas frustraciones, desembocaron en profundos aprendizajes.

Estos aprendizajes se fundieron en la desconfianza perenne sobre los códigos de la real politik, en el rechazo a las mediaciones parlamentarias y eclesiásticas y en la necesidad de defender convicciones y propuestas estructurales, más allá del lenguaje de ‘la medida de lo posible’. Enhorabuena, se ha superado la ‘era de los consensos’ y se ha instaurado la ‘era de las convicciones’. Se empieza así a construir democracia de verdad.

Expresando con simpleza y sin sobreideologización sus propuestas, combinando distintas formas de movilización, fomentando el pluralismo interno y la horizontalidad orgánica, este movimiento estudiantil ha alcanzado índices notables de apoyo popular. Ha logrado transmitir sus banderas y hacer que todos las sintamos como propias: educación gratuita, fin al lucro, desmunipalización sin privatización, regulación al sector privado, apoyo a UES estatales, eran hace unos años consignas que sonrojaban a muchos. A varios nos tildaron de ultra solo por balbucearlas. Hoy están instaladas en el sentido común colectivo.

Estoy convencido que aquí el problema no es ‘la ultra’. Es gracias a eso que llaman ‘ultra’ que la sociedad civil ha recuperado el habla y ha dicho basta. Es gracias a la convicción de esa ‘ultra’, que la agenda pública ha debido abordar en serio el problema de la educación. El problema aquí, es que la clase política no está a la altura de las circunstancias.

Lo que plantea la supuesta ‘ultra’ no es distinto a lo que los Rectores del CRUCH, los Informes de la OCDE y los distintos expertos nacionales han venido señalando hace varios años: se requiere un mayor compromiso del Estado para con la educación, que se exprese en financiamiento basal, regulación y promoción del desarrollo social y cultural de la sociedad en su conjunto. Esta crisis ya no admite miradas fragmentarias, hay que abordarla de raíz, pues se trata de una crisis estructural.

El costo político de la ingobernabilidad y la incapacidad de establecer un acuerdo en materia educacional no lo pagarán los estudiantes. Lo pagará la única ultra que existe hoy en Chile, y esa es la ultra-derecha que gobierna y que no ha sabido escuchar a un país entero que clama por transformaciones de fondo y por más democracia y justicia social.

* Secretario de Redacción Revista HistoriaViva.