Participaré en la elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, porque mis experiencias y lo que conocí de la Justicia boliviana en épocas pasadas, me indican que necesita un cambio, aunque sea experimental.

Revisando los datos personales y méritos de candidatos y candidatas en la edición del TSE, decidí elaborar un cuadro con los puntos sobre los que definiré mi voto. No votaré por aquellos que se autoidentifiquen con alguna etnia, salvo que se autoidentifiquen como bolivianos. Tampoco votaré por los que tengan algún indicio de militancia política en el ejercicio de su experiencia profesional y laboral. No votaré por los que mencionen alguna referencia religiosa. Votaré por aquellos abogados que además tengan otra profesión, como ser ingeniero ambientalista para el Tribunal Agroambiental. También votaré por los que ejerzan la docencia en universidades que las considere aceptables y en algún caso, me inclinaré por los formados en la UMSS. Esto, porque en el ranking mundial de universidades es la mejor situada entre las bolivianas, a pesar de estar casi en el 3.000avo lugar. Igualmente votaré por quien tenga una idea de su solvencia moral, debido a que casualmente la conozca o por averiguaciones que haga. Para el Tribunal Supremo de Justicia mi voto será por el que considere mejor formado conforme la relación de sus méritos. Trataré de contactar a los que haya seleccionado para complementar mis decisiones.

Pretendo apoyar a un nuevo procedimiento eleccionario con un voto más, porque la Justicia anterior surgió y se mantuvo siempre bajo la abierta tutela de partidos políticos en colusión con intereses económicos bien personalizados, lo que impidió que abogados ajenos a esos ajetreos puedan llegar a una instancia judicial. Para mi, la aplicación de las leyes no puede continuar siendo la de grupos de colegas que se entre ayudan por identificación partidaria, de logias, fraternidades o círculos sociales cerrados, tampoco, evidentemente, de etnias, con el único objeto de ocupar puestos o alternarse en las instancias judiciales públicas, para conformar verdaderas hermandades del Estado entre políticos de tendencias populistas, o cacicales, profesionales que los atienden con servilismo y abogados prestos a desvirtuar el ejercicio de una Justicia neutra. Así opino, ya que viví una experiencia con la primera Resolución Jerárquica RJ001 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que me aplicó en 1997, atribuyéndose competencias que no le correspondían, según escribió el ex Superintendente de Bancos chileno, Guillermo Ramirez, en su informe de Fiscalización contratado por la Superintendencia General del SIREFI. Conocí por demás esas tacitas relaciones, es decir que no se expresan o no se dicen pero se suponen o se sobre entienden, entre personas de una misma tendencia política o de allegados en la función pública, para imponer sus veredictos aunque estén errados.