Planteándolo en términos fisiológicos, se puede caracterizar que el Proceso de Cambio deambula por su fase catabólica. El momento constructivo (anabólico) se extendió hasta la elección de 2009 y estuvo caracterizado por la buena salud de la alianza entre indígenas y campesinos; en torno a ella se sustentaba una tupida malla de acuerdos con sectores populares urbanos. En ese lapso la acción combinada del Gobierno y la movilización popular consiguieron el repliegue y de la burguesía internacionalizada y el inicio, titubeante y desmañado, de la construcción del nuevo tipo de Estado.

Los rasgos que han pasado a ser dominantes en la actualidad y son responsables de que se haya impuesto un sesgo decadente se encontraban presentes en la fase anterior, pero quedaban velados por la intensidad de las disputas por la aprobación de una nueva CPE y la reestructuración del modelo económico.

El triunfo del aparato

La campaña de las elecciones regionales de 2010 puso en evidencia que en la interna del IPSP habían ganado los grupos que presionaban por estabilizar la planilla del personal jerárquico de estado, apresurando el decaimiento del “instrumento” y reemplazándolo por un aparato político verticalista, de cuya cúpula participa una parte de la dirigencia de organizaciones sociales y que es conocido como MAS.

Este aparato es bastante parecido a las estructuras que en Bolivia denominamos partidos cuyo equilibrio interno depende de una delegación casi completa del manejo decisorio a manos de la figura icónica en torno a la cual se agrupan y un reducido grupo de máxima confianza. Alrededor, se estratifican núcleos de movilidad interna mayor mientras más alejados se encuentran del centro.

La metamorfosis de instrumento a organización partidaria se patentizó a través de: 1) disposiciones electorales que incrementaron de manera forzada la proporción de escaños por voto para la mayoría, 2) el incumplimiento de compromisos sobre representación parlamentaria indígena, 3) el brusco despido del MSM del frente electoral oficialista y 4) el escamoteo de gobernadores y alcaldes ganados por opositores, a través de recursos judiciales y sin respetar la prelación partidaria definida por el voto popular.

A continuación, el énfasis de la edificación estatal pasó a priorizar la aplicación de una visión geopolítica, bajo la premisa de que “no puede construirse el estado Plurinacional, si previamente no se fortalece el estado nacional”.

Los movimientos internos de fuerza en la cúpula gubernamental durante esos meses consolidaron como séquito de una presidencia imperial a:

– los funcionarios enlace con las fuerzas de seguridad,

– a la tecnocracia de hacienda y finanzas,

– al equipo de emisión discursiva y

– a “operadores” que aproximaron a segmentos de comerciantes e importadores, legales e ilegales.

La composición de los responsables de la conducción estratégica del Gobierno se corresponde a una depuración del bloque social en el poder, en beneficio de las fracciones campesinas de mayor grado de maduración empresarial (exportadores de origen indígena, principalmente cocaleros y medianos soyeros), importadores, grandes propietarios del transporte terrestre y una activa burguesía burocrática, gestora de negocios y oportunidades para todos ellos.

Este núcleo del poder estatal reafirmó un acuerdo previo con la banca, que no es parte del bloque pero lo acompaña establemente y ha avanzado un armisticio con los agroexportadores menos comprometidos con el sector duro de terratenientes que encabezó la resistencia anti constituyente en 2008. Esta banda de acompañamiento del nuevo bloque de poder, se complementa con los ejecutivos de corporaciones petroleras y mineras transnacionales, quienes se han adaptado con rapidez y eficiencia al nuevo estado de cosas que rige en Bolivia.

Diferenciación entre indígenas y campesinos

La producción teórica principal que acompañó la evolución del proceso constituyente identificó a indígenas y campesinos como el agente revolucionario propio y particular del proceso boliviano, en este momento histórico.

A partir de esa noción, lo indígena-originario-campesino (IOC) se consagra como trinidad/unitaria, sujeto y esencia de la revolución democrática y cultural, según el artículo 2º de la CPEP y la definición del carácter plurinacional del estado.

Lo IOC intenta fusionar lo clasista y lo étnico, como eje de la economía, la democracia, la cultura y la justicia plural y, como ruta de tránsito hacia un distante, pero no imaginario, socialismo comunitario.

Al tratar este tema, se suele dar por entendido que lo indígena es una categoría esencialmente cultural y lo campesino, clasista. Asumiendo ese distinto sustrato, ambas aluden a sujetos sociales colectivos, es decir conglomerados con intereses y prácticas propias y diferenciadas, con capacidad de actuación política e ideológica autónomas.

Sin embargo, respetando la distinción entre clase y cultura, en nuestra realidad concreta es posible establecer particularidades económicas que distinguen a cada una de estas categorías y se aplican en cuatro aspectos centrales:

– el tipo de propiedad predominante entre cada una de ellas,

– su relación con el mercado del trabajo,

– la división técnica del trabajo y

– su vinculación con corrientes migratorias y de urbanización.

Aplicando esos criterios los campesinos son propietarios individuales de parcelas dedicadas principalmente a la agricultura o ganadería, compra-vendedores de fuerza de trabajo, que residen una parte del año en áreas urbanas, que combinan sus actividades agropecuarias con otras (comercio, transporte las más frecuentes, pero no las únicas) y que tienen origen étnico y cultural indígena.

Los hoy llamados indígenas, pueden o no estar en posesión de “chacos” familiares, según las costumbres de su comunidad, residen en TCO, reconocidas o no legalmente como tales; tienen una vinculación esporádica con el salario (casi siempre como vendedores de fuerza de trabajo) lo mismo que con actividades económicas ajenas a las que practican en su comunidad: estas actividades incluyen la recolección, pesca, caza con agricultura y ganadería en las tierras bajas y minería en las tierras altas, de allí el enfoque predominantemente territorial de sus reivindicaciones.

En términos demográficos los indígenas representan una minoría neta del total de la población “campesina” (incluyendo a la totalidad de comunidades de tierras altas y bajas) y su peso económico es indetectable en la actual composición del PBI. En contrapartida, en sus territorios se encuentra la práctica totalidad de reservas hidrocarburíferas nacionales, probadas y probables, yacimientos minerales, acuíferos y gran parte de las reservas de biodiversidad.

Al referirse a los campesinos, clase social cuya existencia se remonta a la Revolución Nacional de 1952, debe tomarse en cuenta que la pequeña producción agropecuaria ha seguido una trayectoria que la conduce del mercantilismo al capitalismo, cuando exitosa, o a la migración urbana que a la postre tiene un resultado similar en la mayoría de los casos, al ubicar al migrante relativamente exitoso en una situación de micro empresario o de asalariado, muchas veces proletarizado.

El proyecto político que ha ido decantando el MAS se basa en ignorar y negar las trayectorias divergentes de campesinos e indígenas, caracterizándolas ahora como “tensiones creativas”. Se plantea aquí como hipótesis que ese ocultamiento de las contradicciones favorece a las fracciones campesinas más competitivas desde el punto de vista capitalista. Estas fracciones se están inclinando muy rápidamente, con activo impulso de sus representantes estatales, por incrementar su capitalización por mediante la acumulación de tierras, para la captura de rentas, ante la creciente demanda de agroexportadores extranjeros (brasileños, menonitas, colombianos, argentinos) y algunos locales.

Los problemas que confronta el Gobierno con los indígenas, incluyendo los que han impulsado las marchas VII y VIII convocadas por la CIDOB, obedecen a la dinámica descrita que desenlazará, si se resuelve como está ocurriendo hasta ahora, en favor del grupo rentista de la tierra, para consolidar un activo mercado de tierras.

Clases medias y representación política

En cualquier sociedad capitalista, todas las clases que no son empresarias u obreras resultan ser “medias”, desde una visión sociológica marxista, que es utilizada como parte del discurso político oficial, pero omitida al referirse al campesinado.

La pequeña burguesía urbana y los campesinos –clases medias, las dos- han sido, en Asia, América Latina y África, los grandes protagonistas de todas las revoluciones del siglo XX, hayan tenido o no intención socialista, mientras que la clase obrera, ha sido en ellas una estrella fugaz o la gran ausente.

En las revoluciones de intención socialista, la pequeña burguesía intelectualizada ha recurrido a todos los ardides imaginables para negar su condición de clase o para justificar una supuesta transmutación por vía ideológica (o de práctica social).

Estas apreciaciones teóricas tienen sentido para entender el derrotero Proceso de Cambio boliviano, ahora que sectores campesinos e intelligentsia pequeño burguesa asumen una responsabilidad estatal protagónica.

La mimesis, denegación y ocultación de identidad en que incurre la pequeña burguesía, en tránsito a burguesía burocrática, se complementa históricamente con el endiosamiento y mitificación de dirigentes, como medio para legitimarse y consolidarse en los círculos del poder estatal.

Así ha vuelto a ocurrir en Bolivia y los hechos políticos más destacados del último año lo confirman vigorosamente. El deseo de borrar vestigios de su genética clasista, lleva a muchos altos funcionarios, con regularidad muy próxima a la de una ley, a manifestarse despectivamente sobre la pequeña burguesía (“más que clase media parce una media clase” ha dicho públicamente y más de una vez, por ejemplo, una alta autoridad) y a asumir actitudes que supuestamente los desvincularían de su extracción social.

El significativo aporte de tales representantes políticos de la pequeña burguesía tiende a enviciarse severamente, todas las veces que se empeñan negar su origen social y sublimar su papel como presuntos representantes supra clasistas (o supra humanos) de la REVOLUCIÓN. Estos representantes que transitan de su papel de intelectuales al de burócratas y eventualmente al de burgueses burocráticos, antes que se enteren o que lo sueñen, se enredan en una ideologización creciente que los aleja de la realidad y los conduce a favorecer rasgos autoritarios incrementales y represivos.

En la discusión que sostiene la dirección del MAS con sus disidentes que proclaman la necesidad de “reconducir” el proceso, los intelectuales oficialistas, de origen idéntico al de sus adversarios, multiplican las descalificaciones referidas a la pequeña burguesía y a una supuesta profesión “oenegista” que, en realidad, puede aplicarse a muy pocos de los que se manifestaron públicamente por la tal reconducción.

Una rama de este debate resulta muy útil para aquilatar el peso y forma de acción de representantes políticos de la clase media urbana y es la que se refiere al espacio y función política de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

El fondo del debate tiene que ver con la particular constitución del sistema boliviano de representación política, dentro del cual algunas de estas ONG ocupan un lugar cuya importancia resulta mucho más significativa que la mayoría de los partidos políticos con personería jurídica.

La rígida delimitación de espacios que separa a unas organizaciones de otras en países de larga tradición liberal, en este caso a los partidos de algunos llamados grupos de presión (organizaciones sociales, sindicatos, ONG, medios de difusión masiva, etc.), no se da en nuestro país y al utilizarla se enturbia el análisis de la real estructura del sistema de representación y mediación política, donde la verdadera diferencia entre unos y otros componentes radica exclusivamente en que los partidos son los únicos que inscriben candidatos en las elecciones y tienen una organización formalmente (sólo formalmente) democrática; en todo lo demás son muy parecidos (funciones de agitación, propaganda, emisión ideológica, clientelización y un largo etcétera).

Muchos individuos de la clase media urbana intelectualizada han hecho de las ONG fuente de autoempleo, tanto como de prestigio y de relación (acceso) con el poder político. Las especializadas en análisis económico y político pueden ejercer en determinadas oportunidades una considerable influencia sobre ciertos medios de difusión y por su intermedio sobre la opinión pública; pero, las que ostentan una mayor eficacia política son algunas de las que trabajan con comunidades indígenas y campesinas.

La abnegación de quienes militan en estas organizaciones incrementa su peso e influencia sobre organizaciones y movimientos sociales, con los cuales establecen conexiones sólidas a través del tiempo. La politización de sus actividades es un resultado casi necesario del espacio en que trabajan y se acentúa porque en muchos casos los fundadores, impulsores y principales estrategas de esas ONG provienen de la militancia política.

La suspicacia de la cúpula del MAS hacia algunas ONG se remonta al inicio del proceso constituyente, cuando algunas de ellas, igual que activistas aislados o círculos de ellos, desarrollaron un papel mucho más significativo que la conducción actual del MAS. Esas diferencias se reforzaron durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, donde asesores y ONG que apoyaban al Pacto de Unidad tuvieron una influencia mayor a la del Gobierno en el seno del Pacto y de la propia Asamblea, de manera que la aprobación del texto constitucional llegó a atravesar momentos muy tensos.

Las diferencias de visión entre unos y otros pudieron conciliarse al calor de la lucha común contra los que pretendían abortar la elaboración y aprobación de una nueva CPE; pero ahora, con un escenario tan diferente, las discrepancias reaparecen y se magnifican.

Aquí el objeto de disputa entre Gobierno y ONG es la influencia sobre las organizaciones sociales. Las ideas de “gobierno de los movimientos sociales” y el supuesto cambio de estado aparente a “estado integral” son las propuestas teóricas enunciadas desde el poder estatal, para legitimar la cooptación de dirigentes y la estrategia de anulación de la independencia de esas organizaciones. La confusión entre organizaciones sociales (estructuras permanentes, verticales, jerárquicas, frecuentemente burocratizadas y siempre sectoriales) y movimientos sociales (acciones masivas, de carácter deliberativo, horizontal, no permanente, originadas en una o en pocas reivindicaciones concretas) es un punto clave para consumar esa operación ideológica.

Pero la realidad, a través de movimientos sociales concretos, como los que enfrentaron el llamado gasolinazo, u otros de carácter reivindicativo regional o las ya nombradas marchas indígenas, se encarga de reafirmar las diferencias.

Avances, trabas y ausencias

El folleto de la Vicepresidencia del estado, antes mencionado (supra p. 5) contiene una amplia y detallada lista de las principales realizaciones del Gobierno.

En materia económica: la duplicación del producto bruto en un quinquenio, las altas reservas internacionales, la nacionalización de empresas, el “control estatal” del 34% del PBI, disminución de la pobreza (la moderada “de 60.6 a 49.6% y la extrema del 38% al 25%” p. 14) y la desigualdad. Los porcentajes citados significarían que “un millón de personas ha superado” la condición de pobres (ídem). El texto menciona también importantes avances en cobertura de servicios básicos, lo mismo que en construcción de caminos y en aumento de la inversión pública.

El fundamento de estos logros es el enorme y sostenido incremento de precios de nuestros exportables, cuya magnitud nos ha permitido continuar creciendo, a pesar que los volúmenes nuestras exportaciones se han estancado o inclusive han retrocedido.

La lucha anti inflacionaria ha sido relativamente exitosa por la aplicación de la línea monetarista y fiscalista (que no es lo mismo que neoliberal) heredada de las administraciones vigentes entre 1985 a 2005. Ese enfoque ha favorecido a la banca que continua siendo un sector ajeno e insensible al desarrollo productivo, a la especulación inmobiliaria y a las importaciones.

El principal problema de la conducción económica es que su mayor mérito se encuentra en su eficacia para mantener un equilibrio fiscal, pero al costo de preservar el patrón de acumulación de base angosta, con su característico freno a la transformación productiva y el encadenamiento de la mayor cantidad de fuerza de trabajo (más del 70%) al sector “informal” que genera menos del 30% del producto nacional (según las estadísticas oficiales).

En otras palabras, el cambio de modelo hacia el estatismo, no avanza ni virará hacia la transformación productiva y en consecuencia es incapaz de incrementar la producción, la productividad y la creación de empleos dignos, como la mejor manera de redistribuir.

La economía plural permanece estática como simple descripción de la articulación de modos productivos, ya que las autoridades no se atreven a consultar, trabajar y experimentar, en consenso y con activa participación de los agentes productivos, en la búsqueda y promoción de nuevas fórmulas asociativas, entendiendo lo plural como mixto en movimiento: comunitario-privado, privado-cooperativo, estatal-privado, etc.

La transformación productiva no puede, ni debe constreñirse a la industrialización y necesita explorar y abarcar emprendimientos ambiciosos y osados como son la agricultura y producción de energías alternativas en áreas desérticas (asociando empresas comunitarias con capitales privados y apoyo financiero y técnico del estado), con recuperación de tierras fértiles, humedales y pasturas; rehabilitación de suelos (antes que extensión de la frontera agrícola) para ampliar la producción de alimentos, así como el diseño y aplicación de alternativas productivas en bosques y reservas.

El conservadurismo gubernamental se revela dramáticamente en el conflicto del TIPNIS, al esgrimir la falsa fórmula de proteccionismo inmovilista vs. desarrollismo mercantilista y depredador. Se trata de una comprensión anacrónica que no toma en cuenta que las reservas de agua y biodiversidad se valorizan con cada día que pasa, ante la disminución planetaria de estos recursos cuyo aprovechamiento es necesario y posible, cumpliendo las normas de la CPEP y los convenios suscritos por el país.

La principal conquista política y social se anota, en el texto citado, como la “descolonización” del estado, traducida en la “indianización y plebeyización (sic) de las estructuras del Estado” (“El oenegismo…”p. 122) y “la introducción de la democracia comunitaria para elegir asambleístas” (ídem p. 126).

Dentro de los avances sociales es importante mencionar los 20 millones de HAS tituladas en favor de TCO, las campañas de salud en áreas rurales y la alfabetización de millares de personas. Tanto o más importante que todo lo señalado es el significativo avance de las reivindicaciones de género, cuyo destino se muestra en nuestro país, estrechamente ligado al de los indígenas, tal como ocurre desde 1952.

Más allá del recuento de acciones, logros, limitaciones y frustraciones, ha ocurrido un cambio de gran magnitud social por el cual representantes de las mayorías auto identificadas como campesinas o indígenas acceden a puestos de mando e intermedios en la conducción del estado, se empoderan y superan los límites de las propuestas “inclusivas”, en el sentido de que no pretenden acoplarse y adaptarse a patrones vigentes, sino que tratan de reemplazarlos por los de su creación. En este momento quienes buscan “incluirse” son más bien los actores que previamente monopolizaron el control y el acceso al Estado.

Está en curso la más seria y profunda interpelación y desplazamiento de arraigadas prácticas y actitudes racistas y discriminadoras que lastran el avance del país, en no menor medida que la sujeción económica y política hacia poderes externos. Este avance se plasma en la vigencia de un régimen intercultural, de coexistencia y cooperación de distintas culturas, entre las cuales rige el democrático derecho de las mayorías sociales a ostentar esa misma conducción dentro del estado.

En términos democráticos se ha producida un enorme y riquísimo ensanchamiento de la participación y de la conciencia y ejercicio de derechos individuales y colectivos. Sin embargo, la posibilidad de lograr un cambio cualitativo e irrevocable en este plano se encuentra congelada, por el freno estatal que insiste en convertir la pluralidad democrática en algo más que una descripción o un ritual que beneficie a ciertas cúpulas de dirigencias sociales con curules u otros cargos, bajo condición de una sujeción absoluta o la inmediata exclusión o descalificación.

La promoción de la democracia comunitaria, como sinónimo de transparencia, rendición de cuentas, rotación y revocatoria de cargos, o sea como autonomía social ante el poder del estado, ha quedado en suspenso con lo que se limita seriamente la participación social en la elaboración y ejecución de políticas públicas y se bloquea el ejercicio del control social, o se lo convierte en una caricatura.

El temor a la autonomía social se extiende a cualquier otra forma en que pueda expresarse y allí se encuentra la razón para contener y obstaculizar el desarrollo de las formas autonómicas de gobierno, en complicidad con quienes protagonizaron la “resistencia autonomista” y anti constituyente entre 2005 a 2009. Las gobernaciones y Asambleas Departamentales se mantienen hoy bajo rígido control central, bajo responsabilidad de una mayoría de funcionarios que no asume ni asimila sus responsabilidades, aunque si se encuentra muy dispuesto a dar pelea, en la primera oportunidad a su alcance, para presionar por recursos e incremento de su poder individual y corporativo.

La hipercomplejidad del diseño autonómico necesita de una estrategia – hoy totalmente ausente- de fortalecimiento productivo regional y de medidas como la creación de un Fondo Soberano regional, sin las cuales las autonomías pueden quedar reducidas a una cara y empobrecedora ampliación de la burocracia estatal, con ningún beneficio material ni democrático para la sociedad.

El conservadurismo también se aprecia en la parálisis del cambio institucional. La más notable se verifica en la Policía y las Fuerzas Armadas. En la primera, con la completa ineptitud gubernamental para reestructurar la institución que permanece secuestrada por la vinculación de una fracción de sus mandos con la delincuencia, en coexistencia con las condiciones más precarias y depauperadas para los suboficiales y tropa. En la institución militar, por mantenerla en su condición de guardia pretoriana, a cambio de dádivas como cierta “modernización” para su postizo papel de potencial agente bélico y de una tolerancia extrema con prácticas corporativas y de inmunidad e impunidad gremial. Con ello se alienta a las corrientes y a los cuadros más conservadores y se espanta e inhibe a los que saben que se necesitan nuevas estructuras y roles.

El cambio de bloque de poder ha modifica el tipo de estado (dejando atrás el neoliberal), aunque no su forma, que permanece capitalista y así lo seguirá siendo indefinidamente si eso llegase a depender exclusivamente de la voluntad de este bloque de poder con la ayuda de sus poses y discursos anti capitalistas.

Los más importantes y novedosos rasgos de la CPEP, incluyendo el carácter plurinacional, descentralizado con autonomías, con participación y sujeto a control social permanecerán igualmente postergados, otra vez, si sólo dependiesen de la voluntad del bloque de poder que intenta consolidarse; así, el diseño estatal hipercomplejo devendrá en una variante complicada de capitalismo estatal con afanes desarrollistas.

En la CPEP existe una línea de evolución social y política que hoy está en trance de deformarse y detenerse, porque la conducción política del proceso tiene tanta incapacidad para ejecutarla como aptitudes manipulativas, para prolongarse en el control del poder estatal.

Pero, hay ciertamente más actores que los que está conduciendo los aparatos estatales: en primer lugar, campesinos e indígenas, trabajadores y gran parte de la clase media urbana. Sus movilizaciones e iniciativas, a veces convocadas por las organizaciones que los representan, y muchas más, como movimientos sociales espontáneos han sido la fuerza central del proceso. Durante los 15 primeros años de su existencia el IPSP-MAS tuvo la gran aptitud de conectarse con esta fuerza y respetar sus demandas, antes que conducirlas; ahora, comportándose como aparato político convencional, trata más bien de manipularlas y utilizarlas.

El nexo entre gobernantes y gobernados se está aflojando, a tal punto que, en su afán de subordinar a las organizaciones sociales, el Gobierno se muestra dispuesto a promover que se enfrenten, como ya lo ha amenazado durante la huelga de la COB de este año y lo hace con inquietante insistencia ante el avance de la VIII marcha indígena.

Elecciones y escenarios prospectivos

Los problemas de relación entre base y dirigencia que se han estado manifestando en los dos últimos años van a enredarse recíprocamente y se enredarán con otros problemas como la inflación, la excesiva tardanza para ventilar y poner freno a la corrupción funcionaria y la predisposición gubernamental a ralentizar la descentralización, todo lo que propende a mantener y a acrecentar diversas manifestaciones de “ingobernabilidad”.

Aun así, sondeos de opinión realizados en el las ciudades del eje central del país, muestran para este momento, septiembre de 2011, que el MAS sigue encabezando la intención de voto.

En esta situación, las principales fuerzas que pueden actuar como contrapeso a las decisiones y acciones estatales son:

– las protestas y demandas populares encarnadas en movimientos sociales;

– movimientos reivindicativos regionales;

– la acción de organizaciones de mediación política como medios masivos de difusión, algunas ONG, grupos de presión empresariales y confesionales y por último,

– partidos políticos, nuevos o conocidas.

La variante opositora “cívica”, está muy debilitada, aunque no extinta. Aparte de todas las escaramuzas recientes que llevaron a la derrota a esos grupos de poder regionales, poderosas fuerzas como la continua migración interna socavan el horizonte de esta oposición tradicional.

El foco de tensiones derivará de la conversión del estado simple aún vigente –un estado unitario y centralizado- a uno hipercomplejo, con pluralidad económica, política, de administración de justicia, con autonomías y participación y control social.

El mayor reto que enfrenta hoy el Gobierno es el resquebrajamiento de su apoyo popular, a partir del choque de fracciones campesinas con comunidades indígenas que tratan de hacer respetar sus derechos territoriales, lo que está afectando al núcleo central del que nació el IPSP y del que se nutre la masa de votantes del MAS.

Entre estos últimos también existen sectores de clase media urbana. En los dos últimos años, estas capas han sufrido los efectos de la inflación estimulada por el “gasolinazo”, la disminución de oportunidades laborales y un continuo incremento de cargas y tributos encubiertos. Lo anterior más el incremento de la inseguridad urbana y la crispación social y política continua, socavan también la mencionada adscripción electoral de estos grupos.

La transición entre el punto de partida y el momento de consolidación de un nuevo equilibrio social ha sido y continuará siendo agitada por las resistencias de los grupos que ven disminuido su poder y las pretensiones de los nuevos usufructuarios a expandirlo ilimitadamente. Ante estos afanes, la mayor parte de la sociedad ha venido tomando distancia de los dos.

En la próxima elección de altos magistrados, en octubre, también podrá verificarse este fenómeno. Dadas las características de esa votación, en la que se ha afianzado la idea de que todos los candidatos están digitados por el MAS, existe una elevada probabilidad de que las abstenciones, blancos, nulos y pifiados servirán para canalizar un amplio abanico de descontento e insatisfacción, no tanto por convocatoria de partidos y organizaciones opositoras, sino como respuesta espontánea de personas y grupos que tratan de expresar su inconformidad.

Consciente de este riesgo el Gobierno preventivamente habla de una probable abstención de “hasta el 40%”, supuestamente como algo “natural”. La verdad es que si supera el 30% sobrepasaría los máximos históricos de las últimas 3 décadas. Pero, para que los votos blancos, nulos y pifiados lleguen a tener un impacto político inmediato tendrían que superar la suma de los que obtuvo la oposición en la elección de 2010, que es la más cercana referencia comparable con los comicios próximos.

No puede hablarse, sin embargo, de que las elecciones de octubre alcancen el rango de un plebiscito, ya que el voto disidente o de castigo abarca un rango excesivamente amplio de posiciones y de ninguna forma puede asegurarse que cualquier blanco o nulo ç signifique automáticamente que quien lo emita no vaya a apoyar al oficialismo en otros escenarios y especialmente en una elección nacional.

Por ahora queda prácticamente excluida la posibilidad de que en la próxima elección nacional se repitan votaciones tan favorables al MAS como las de 2005 o 2009. Pero, inclusive en escenarios muy adversos para ese partido es difícil que se sitúe muy por debajo del 40%, lo que pone a la cabeza de las posibilidades que se produzca una re elección gubernamental, siendo igualmente probable que el oficialismo no pueda conseguir una representación parlamentaria de 2/3. Sin embargo, ante esta eventualidad, con la ventaja actual que tiene en el Parlamento, el MAS puede realizar una reforma electoral que le permita rentabilizar sus votos en una mayor proporción de la que hoy es posible.

Está finalmente el hecho de que, excepto en una situación de viraje muy brusco, su representatividad entre los campesinos y otros sectores populares sigue siendo tan importante que cualquier otro partido o coalición que accediera a gobernar el país enfrentaría problemas muy serios en materia de gobernabilidad.

Estos escenarios pueden modificarse tan abrupta y sorpresivamente por decisiones unilaterales de algunos actores y sujetos con el suficiente peso en una determinada coyuntura, como pasó el 26 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno promulgó su decreto de alza de precios de los combustibles.

Lo que es más difícil que se modifique es la arraigada persistencia de tendencias económicas, políticas y sociales que predisponen a que se mantenga una situación crispada en el mediano plazo. A esto contribuye la complicada situación económica mundial que tiene escasas perspectivas de resolverse y se acerca peligrosamente a la frontera que separa la recesión de la depresión.

Las dos grandes tendencias que caracterizan esta transición son la abierta conflictividad social y política y un empoderamiento popular, inmune a los cambios de composición del Gobierno.

* Investigador, analista y docente universitario. Fuente: Evaluación de la gestión de gobierno, Septiembre de 2011; FBDM-PNUD, http://www.fbdm.org.bo/fbdm/documento/1290176707/1316023897/2-1316023897.pdf