(ABI y agencias).- El subcomandante General de la Policía general Oscar Muñoz fue suspendido del cargo para que sea sometido a una investigación penal por la violenta intervención a la VIII marcha indígena. El ministro de Gobierno Wilfredo Chávez reveló que el suspendido estaba a cargo del operativo policial ejecutado el 25 de septiembre en el Puente San Lorenzo en la localidad de Yucumo.

El Ministro de Gobierno instruyó al Comandante General de la Policía Boliviana general Jorge Santiesteban que suspenda al Subcomandante y lo ponga a disposición de la investigación penal que realiza el Ministerio Público con el fin de identificar a los responsables de la violenta intervención policial a la marcha indígena que rechaza la construcción del II tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La ex autoridad policial estaba a cargo del contingente de más de 400 policías destinados inicialmente a Yucumo para realizar tareas preventivas. Wilfredo Chávez explicó que hay un “efecto legal” según la Ley 101 del nuevo reglamento policial que establece que cualquier policía sometido a investigación debe ser suspendido.

“El gobierno no protegerá ni encubrirá a nadie en este hecho, por el contrario facilitará información para que la Fiscalía y la Comisión de Alto Nivel conformado por las organizaciones internacionales y nacionales cumplan con su misión”, garantizó Chávez. La Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos anunciaron que realizarán sus propias investigaciones.

Chávez dijo que el director de Régimen Interior Boris Villegas sigue en funciones, pero en el marco de la investigación también dará cuenta de su participación en la intervención policial. El director Nacional de Inteligencia coronel Víctor Maldonado también será sometido a la investigación para determinar quién dio la orden para la intervención y cómo se realizó. “Son personas muy puntuales, no es toda lainstitución policial”, recalcó.

Pese a que el ex viceministro de Régimen Interior y Policía Marcos Farfán está siendo sindicado de haber dado la instrucción, “hay que dejar que la investigación fluya a través de quien estaba al mando. El tema es que se ha autorizado un operativo, otro tema es cómo se ha efectuado el operativo y quién ha ordenado que se efectúe de esa manera. Si yo le mando a mi hijo a que compre algo, no digo que en el camino mate a la gente. ¿El (ex) Viceministro habrá dicho que se haga de esa forma, que se golpee a mujeres, niños y más que eso? Evidentemente que no, y ese tema tiene que aclararse”, explicó Chávez.

La autoridad se declaró víctima de las agresiones y del “secuestro” que sufrió el 24 de septiembre, junto al canciller David Choquehuanca y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro, a manos de los indígenas. Según Chávez, en el incidente le “fracturaron” una costilla, motivo por el que recibe tratamiento médico especializado. La fiscal Patricia Santos es la encargada de investigar el supuesto “secuestro” denunciado formalmente por la ministra de Justicia Nilda Copa.

Por otro lado, el ministro de Gobierno desmintió una supuesta renuncia del Comandante Santiesteban y su Estado Mayor, como especularon algunos medios de comunicación. El Comando General de la Policía confirmó que la institución se encuentra cohesionada e íntegra, en observancia a la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica en actual vigencia, y advirtió que “no permitirá que personas ajenas a la institución se sigan atribuyendo declaraciones, opiniones, comentarios y especulaciones, que competen exclusivamente a voceros legalmente autorizados por las normas legales que rigen su accionar para este tipo de sucesos”.

Diputados de la oposición y representantes indígenas consideran que la suspensión o posible renuncia de jefes policiales no basta ni resarce los daños ocasionados a los marchistas. “No es suficiente y la cosa no se acaba”, afirmó el diputado Bienvenido Zacu. “Esta vez el Presidente tiene que tener más pantalones y asumir su responsabilidad porque fue él quien dio la orden”, aseveró la diputada de Unidad Nacional Elizabeth Reyes.