Luego de la abusiva intervención policial a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, quedan evidentes al menos dos contradicciones estructurales que no han sido resueltas en el país; por una parte, las visiones de desarrollo que poseen algunas de las naciones del Estado Plurinacional, no son necesariamente coincidentes con las de otras naciones del mismo, o con las que proyectan los gobiernos (nacional y subnacionales), y por tanto es imprescindible reconocer que ha quedado pendiente, no solo un debate, sino una definición nacional sobre “el modelo o los modelos de desarrollo” que el país y las regiones han de encarar en el corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte, queda clara la restringida participación ciudadana al simple voto, y no al derecho que tenemos todos y todas a decidir sobre las políticas que hacen nuestra vida, nuestro territorio y nuestro futuro (mínimamente el derecho a la consulta); por ello, nos urge que la “democracia participativa” consagrada por la Constitución que aprobamos hace dos años, sea discutida, estructurada e instrumentada con la más amplia participación de la sociedad civil y los gobiernos de nuestro país. En suma, lo que se vislumbra en el panorama nacional (y no tan solo en el tema del TIPNIS) es la necesidad una nueva Agenda del pueblo boliviano (como la Agenda de Octubre del 2003), que rescate, reconduzca y proyecte el “proceso de cambio” (del cual soy militante) a partir de su actual crisis. Sería deseable que la mencionada Agenda que se defina para los próximos 3 años, sea construida conjuntamente por todas las fuerzas sociales y los gobiernos, en los más amplios, pacientes y sistemáticos espacios de encuentro y concertación, que desemboquen en un sincero “pacto social”, algo que no se logró con la Asamblea Constituyente.

Para no quedarme en generalidades, deseo aportar con algunas reflexiones sobre los dos temas planteados líneas arriba. Con relación a la construcción de la “democracia participativa” o “democracia directa” como instrumento que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones sustantivas sobre su desarrollo; debo señalar que existen modelos como los denominados “presupuestos participativos” que no solamente han sido creados yexitosamente implementados en Latinoamérica: Brasil (Porto Alegre y Río Grande do Sul, etc.); en Argentina (Buenos Aires, Córdoba capital, etc.); en Venezuela (presente en su Constitución); en Chile, Perú, etc.; sino que han sido importados y asumidos por países como España (Andalucía); Portugal; Italia, Japón, Canadá, entre otros. El principio fundamental de los presupuestos participativos radica en la consolidación del sistema asambleario de la sociedad civil organizada (premisa que la tenemos resuelta), que permite a los ciudadanos y ciudadanas incidir en las decisiones sustantivas del desarrollo y el gasto-inversión pública. Este modelo que fue asumido en el país con el nombre de planificación participativa (Planes de Desarrollo Municipal) y que fue desvirtuado sistemáticamente por los gobiernos, que no han sido capaces, en los hechos, de ceder soberanía a las decisiones del pueblo; es algo que deseamos sea asumido como política de cambio en el Sistema Nacional de Planificación y Gestión Pública del Desarrollo. Ya no queremos que los proyectos nos lluevan del cielo; queremos decidir y controlar desde abajo y en consenso con nuestra comunidad, barrio (cuadra, manzana), sobre las prioridades y los proyectos de los Planes Municipales, Departamentales, Regionales y el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, queremos definir desde abajo los “modelos de desarrollo”, que concilien crecimiento económico, equidad social; derechos de la madre tierra y derechos humanos e indígenas, en lo que la nueva Constitución ha venido a llamar el “Desarrollo Sustentable”. Crear un modelo alternativo al modelo capitalista que ha reducido a la Madre Tierra a un objeto mercantil y ha convertido a Bolivia en el segundo mayor país emisor de grandes volúmenes de gases contaminantes (que alimentan el calentamiento global) del continente sudamericano, luego de Brasil, como resultado de los incendios premeditados y descontrolados de nuestros bosques y sabanas de tierras bajas y altas, con el solo fin de cambiar el uso de nuestras tierras forestales en suelos para usos agroindustriales y para la colonización espontánea (chaqueo), que en el caso concreto del TIPNIS es la mayor amenaza.

Existen experiencias muy importantes en el país y el mundo, que demuestran que está naciendo vigorosamente un nuevo modelo de desarrollo basado en el “paradigma ecológico”, o lo que Manfred Max Neef denomina una “economía ecológica” que coloca la economía al servicio de la vida, dándole un vuelco radical al modelo económico global imperante, que lo que ha hecho es colocar la vida en función de la economía, y por tanto nos ha llevado a la actual crisis ambiental planetaria. Modelos Alternativos de Desarrollo que privilegian las estrategias del bosque en pie, como provisión de bienes y servicios ecosistémicos (agua, biodiversidad, oxígeno y captura de carbono, paisaje, etc.), que ofrecen grandes oportunidades económicas para las actuales y posteriores generaciones; estamos también hablando de sistema integrados de agricultura y pecuaria asociados con los bosques (agroforestería, silvopastoreo, en arreglos permaculturales y multiestrato), que han demostrado ser una alternativa a la devoradora apertura de nueva frontera agrícola causante de la “crisis del barbecho” producto de la agropecuaria itinerante (colonización). Otro de los rubros económicos altamente rentables y generadores de empleo, es el turismo y sobre todo el turismo comunitario en términos de rentabilidad social; podemos aprender de los costarricenses cuando definieron que era mejor vender un árbol, un millón de veces como ecoturismo, que una sola vez como madera. Además que no hay que anatemizar el manejo forestal sostenible y sobre todo el comunitario, porque está demostrado que podemos aprovechar nuestras maderas preciosas sin dañar el bosque (plantaciones y manejo), como quien recoge los frutos de la tierra antes de que se pudran. Todas estas alternativas de producción y economía ecológica u orgánica poseen grandes oportunidades tanto en el mercado nacional (como seguridad alimentaria con calidad y salud preventiva), y el mercado internacional, en el que un producto ecológicamente producido (certificado) puede costar entre un 30 a 50% más que un producto logrado con pesticidas y otros venenos para la salud. De la misma manera, debemos discutir sobre el cambio de la matriz energética y los sistemas de integración de infraestructura, pero supeditados al paradigma y el concepto del modelo de desarrollo, y no al revés. ¿Cómo no discutir estos temas de actualidad?, sobre todo cuando el pueblo requiere la inclusión efectiva de sus profesionales y técnicos, que son los llamados a encaminar un proceso inteligente y de largo aliento. No es posible que en un país tan inmenso, diverso, rico en recursos y con tan poca población, no podamos encontrar el camino en la concertación y la racionalidad de los modelos de desarrollo, que por cierto, ahora deben ser definidos con soberanía, y no manipulados por los intereses externos y transnacionales.

Ricardo Cox Aranibar

Consultor Independiente

En las noticias del periódico La Razón y por tanto de las radios (Erbol y otras), se ha difundido que mi persona (Ricardo Cox) es quien ha firmado junto con la Ministra Copa el requerimiento fiscal para la intervención de la Marcha Indígena del TIPNIS. Quiero aclarar que se trata de Nelson Cox, el actual Viceministro de Justicia, y pese a la aclaración que realicé a La Razón ha seguido apareciendo mi nombre por dos días consecutivos en las noticias; espero que sea tan solamente un error de dedo y no el fruto de una intencionalidad.