Las últimas semanas ha emergido al escenario de la opinión pública un conflicto que en el medio de los sectores vinculados a la temática ambiental ya tiene una importante data y que de manera sintomática podríamos decir refleja un proceso dialéctico de los planteamientos centrales de la Constitución Política del Estado y que pone a prueba, desde una perspectiva material, los paradigmas del desarrollo sustentable plasmados en la Carta Fundamental.

El conflicto del TIPNIS respecto de la carretera que se pretende construir, nos obliga a formular una pregunta causal explicativa: Los territorios indígenas y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE) son meramente declarativos? o es que la existencia de un Estado Plurinacional, cualitativamente diferente al Estado Liberal, es capaz de

encarnar

materialmente una perspectiva diferente de esta relación genésica que Rousseau ya nos plantea en el Contrato Social?

La fórmula aparentemente se repite, la clásica relación Estado-Individuo parece subsumirse a una simple relación de

Administración

Administrado

en el que el individuo sólo u organizado se restringe a cumplir y acatar la ley, las políticas, los proyectos y todos los instrumentos de la gestión pública limitándose a una participación

episódica

cada 5 años en actos electorales y fracturándose nuevamente la complementariedad Estado-Societas que busca nuestra CPE, sin que la sociedad civil (en el presente caso traducida en los pueblos indígenas del TIPNIS) puedan tener opción de involucrarse e incidir en los procesos de decisión que, además, les afecta e incumbe directamente.

El artículo 1ro de nuestra CPE constituye a Bolivia como un Estado Social de Derecho Plurinacional Comunitario Democrático e Intercultural fundándose en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Vale la pena desglosar los alcances de este artículo toda vez que en él se sientan los pilares fundacionales de nuestro Estado. La existencia de un Estado

Social de Derecho Plurinacional

, difiere sustancialmente del Estado de Derecho monista puro y simple, vale decir que la cualidad superlativa de la

plurinacionalidad

incide en la estructura misma del Estado de Derecho, lo transforma, cualifica y le encarna la existencia de otras realidades políticas, económicas, jurídicas, culturales y lingüísticas que son asimiladas bajo la perspectiva del

pluralismo

también reconocido en éste artículo de la Carta Fundamental.

Por tanto, este escenario del

Estado de Derecho plural

no puede agotarse en el simple reconocimiento declarativo de la existencia de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos sino que

debería transformar los procesos mismos de toma de decisiones

, vale decir que ya no podemos concebir una Administración Pública que haga abstracción de la sociedad y menos aún de una sociedad plurinacional, por lo tanto muchas determinación inherentes a la cosa pública debieran ya incorporar variables, contextos y resguardos de esta plurinacionalidad.

Muchos conflictos de los que vivimos día a día son reflejo de una forma unilateral de ver las cosas sin tomar en cuenta la participación de los actores de la sociedad, en muchos otros casos es la sociedad la que, a través de sus formas y mecanismos de expresión y participación, ha incidido las decisiones e incluso en los rumbos políticos de nuestro país (caso marcha por el territorio y la dignidad, la guerra del agua, octubre negro, la reciente revocatoria del gasolizano y otros).

Otro elemento que vale la pena considerarlo es el relativo al

Sistema de Gobierno

previsto en el Art. 11 de la CPE, que ha dejado de ser simplemente representativo para traducirse, además, en una

democracia participativa

, vale decir que la consabida fórmula de la demos-kratos (gobierno del pueblo) se convierte en un proceso de gobierno del pueblo y

con el pueblo

pero no traducido en un partido político (democracia representativa), sino traducido en

consistentes procesos

de participación e incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones de la Administración.

La

consulta previa

es una de las formas de la democracia participativa reconocida en la propia CPE (Art. 11) vale decir que éste instituto jurídico propio de los derechos de tercera generación de los pueblos indígenas ha sido transversalizado como parte del ejercicio democrático de nuestro Estado por lo que no puede convertirse en un mero formalismo, sino que debiera ser ejercitado de manera idónea y constructiva tanto por la sociedad civil como por la Administración, amén de constituirse en un

derecho

propio de los pueblos indígenas previstos en los Convenios Internacionales como el 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y el Art. 30 de la propia CPE dado el carácter particularmente vulnerable de éstos sectores de la población respecto de los actos de la Administración.

En este contexto, y como lo trata de traducir la CPE, nuestra democracia debiera ser cualitativamente diferente a la ejercitada en el Estado liberal y el gobierno de turno debiera insertarse en esa dinámica, estructurando y generando espacios consistentes de participación y control social sin que se produzca una captura ni de la Administración ni de la Sociedad. La construcción de infraestructura caminera, más aún si corresponde a la Red Vial Fundamental, dentro de un Área Protegida y un Territorio Indígena, vale decir dentro de dos institutos jurídicos particularmente garantizados por la CPE (Arts. 385 y 403) no puede concebirse al igual que una infraestructura ubicada fuera de estos espacios, lo que implica que no basta, inclusive, con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental o con un proceso de Consulta Previa (ya que ambos son inherentes a cualquier actividad, obra o proyecto dentro o fuera de áreas protegidas) sino que afecta, además, a las

políticas mismas de gestión

pública, vale decir que el conflicto delata un desencuentro de tres ámbitos estratégicos de la realidad jurídica, económica, social y ambiental boliviana en el ámbito del desarrollo sustentable: La integración vial, la conservación de espacios clave de diversidad biológica, ecosistemas y procesos ecológicos (áreas protegidas) y la plurinacionalidad vinculada a los derechos de los pueblos indígenas, su territorio y la territorialidad, por lo que el tratamiento de este conflicto no puede enfocarse desde una perspectiva sectorial ni coyuntural sino desde un marco coherente, sistemático e integrado de responsabilidad social, ambiental, política, económica y hasta generacional.

La incorporación de escenarios y procesos de participación oportuna, mínimamente de los sectores involucrados pudo haber decantado un tratamiento más acorde a la magnitud de los factores y actores involucrados; en esta dirección apunta lo previsto en los Arts. 241 y 242 de la CPE cuando reconoce a la sociedad civil organizada facultades de participación en el diseño y formulación de políticas públicas en coherencia con los alcances de la Democracia Participativa.

El conflicto en torno a la carretera por el TIPNIS condensa otros episodios de la misma naturaleza como los del Parque Nacional Aguaragüe en el área de influencia territorial Guaraní y del Parque Nacional Madidi con la TCO Lecos ambas respecto a actividades hidrocarburíferas, pero al mismo tiempo nos permite prever otros posibles procesos dialécticos en torno a otros megaproyectos como la Represa del Bala sobrepuesta al Parque Nacional Madidi y la Reserva Pilón Lajas además de las TCOs de San José de Uchupiamonas y la TCO Pilón Lajas; las actividades hidrocarburíferas en la zona no tradicional varios de cuyos bloques también se sobreponen a áreas protegidas y TCOs; la Planta Geotérmica de Laguna Colorada dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa o el Proyecto Ferroportuario Motacusito Puerto Busch en el Triángulo Man Ceped sobrepuesto al Parque Nacional Otuquis.

Como se ve este complejo escenario requiere de adecuados espacios de análisis, debate, encuentro y formulación de políticas públicas a fin de precautelar el espíritu de la Constitución Política del Estado, los paradigmas del desarrollo sustentable, un ejercicio responsable del poder constituido y una participación activa de los actores involucrados y de la sociedad civil . 

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El autor es abogado