Sucre y La Paz (ABI y agencias).- El fiscal general del Estado Mario Uribe informó que la proposición acusatoria presentada por opositores contra el Presidente Evo Morales por los hechos violentos contra indígenas registrados el 25 de septiembre fue admitida y se iniciarán las investigaciones correspondientes en el marco de un juicio de responsabilidades por la investidura del primer mandatario.

El fiscal general Mario Uribe Melendres, en relación a los hechos suscitados el día 25 del presente mes en la localidad de Yucumo y poblaciones aledañas, a consecuencia de la intervención de la Policía a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ha tomando la decisión de esclarecer los hechos y apoyar la tareas investigativas de la Fiscalía de Distritito del departamento del Beni, con la conformación de un equipo de fiscales, peritos e investigadores de alto nivel, encabezado por el Fiscal de Recursos Dr. Orlando Riveros Baptista, para ejercer la co dirección funcional de la investigación.

Uribe instruyó a los peritos especializados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)Jorge Melgarejo, Leonardo Flores Pita Médicos Forenses, Guillermo Huméres y Franklin Vargas, constituirse en el departamento del Beni y ponerse bajo la dirección funcional del Fiscal de Distrito del Beni y los Fiscales de Materia asignados al caso a objeto de realizar las labores periciales de registro fotográfico, planimetría y otros que se les sea encomendados, en el marco de las normas que rigen la labor del Ministerio Público, y en especial comprobar el estado de salud de las posibles víctimas de los hechos de violencia generados en pasados días.

“Hemos anunciado ante la Corte Suprema que la Fiscalía General, específicamente el suscrito fiscal general, dará inicio al proceso investigativo. En definitiva este proceso ha de ser llevado por cuerda separada porque se trata de un proceso de privilegio constitucional”, dijo la autoridad.

Aclaró que las investigaciones que realiza el Ministerio Público en las cercanías de Yucumo corresponden a un proceso penal corriente, puesto que los probables responsables de las vejaciones a los derechos humanos de los marchistas indígenas no gozan de privilegio constitucional de altas autoridades como el presidente del Estado.

El fiscal Uribe añadió que -según la norma en vigencia- tiene 30 días para pronunciarse si es que existen indicios o no a partir de los elementos de prueba que se reúnan en la fase investigativa, para luego continuar el proceso si el caso amerita.

La proposición acusatoria contra el presidente Morales fue presentada el 28 de septiembre ante el Ministerio Público por los asambleístas nacionales Tomás Monasterios y Carmen Eva González, en representación de la bancada opositora de Convergencia Nacional, por las vejaciones cometidas por las fuerzas del orden contra los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS).

Los asambleístas opositores acusan al primer mandatario de genocidio y violación de los derechos humanos de los marchistas indígenas del TIPNIS, que se oponen a la construcción de una carretera por su territorio.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por las acciones contra los legisladores que participaban en la marcha indígena que fue intervenida por la policía el pasado domingo en Yucumo.

“En defensa de la investidura de los diputados nacionales, lo que corresponde es una investigación lo más profunda posible. El equipo jurídico solicitará ante el Ministerio Público, directamente la Fiscalía General del Estado y también ante la Comisión que se ha formado”, señaló Arce tras reunirse con dos de los cinco diputados indígenas que participaban en la movilización.

Precisó que la denuncia será interpuesta por la violación a la investidura de los diputados Bienvenido Zacu, Pedro Nuni, Blanca Cartagena, Justino Leaño y Cristina Valeroso.

Arce explicó que durante la reunión, los diputados Leaño y Cartagena explicaron el episodio que vivieron el pasado domingo en San Lorenzo, a poca distancia de la localidad de Yucumo. El resto de los legisladores indígenas no asistieron a la reunión por encontrarse en otras ciudades del país.

Indicó que las versiones de los legisladores fueron conocidas por el equipo jurídico de la Cámara de Diputados y por los presidentes de las comisiones de Justicia Plural y Constitución, Cecilia Ayllón y Lucio Marca, respectivamente, para asumir las acciones que correspondan.

“Los diputados indígenas estaban acompañando la marcha, ese es su derecho y no deberían en ningún momento ser detenidos, maniatados ni maltratados, como no debe ser maltratado ningún ciudadano, pero más aún los diputados nacionales por la investidura nacional que les reserva el artículo 151 y 152 de la Constitución Política del Estado”, enfatizó.

A su vez, la diputada indígena Blanca Cartagena dijo que se pretende concertar una reunión con el presidente Evo Morales para que dialogue con los indígenas en conflicto a fin de solucionar sus demandas. “La reunión que tuvimos es para hacer un puente entre marchistas y el Presidente, queremos ser partícipes en esta toma de decisiones con el fin de solucionar los problemas que se han suscitado en la marcha”, afirmó.

El diputado Justino Leaño subrayó que las investigaciones deben ser profundas para dar con los responsables de los vejámenes. Anotó que se espera que el diálogo con los marchistas prospere en los próximos días.