El 25 de agosto, las organizaciones de la Plataforma BNDES y sus contrapartes, tanto en Brasil como en los países de América Latina, presentó al Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) una carta, dirigida al presidente de la institución, Luciano Coutinho, que exige la suspensión del financiamiento inmediato para el proyecto de construcción de carreteras que tiene como objetivo conectar las ciudades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, cortando a través del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Con 306 km, esta carretera se estima en 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones (80%) son financiados por el BNDES.

En la carta, las organizaciones, dijeron que “… estos fondos, otorgados en virtud del contrato de Cooperación Financiera entre el BNDES y el Gobierno de Bolivia, viola los derechos de muchos y socava la convivencia armónica entre los pueblos de Brasil y Bolivia”. También se establece que las obras en el TIPNIS violan la Constitución del Estado boliviano, la Ley boliviana de Medio Ambiente y el Reglamento de Áreas Protegidas, así como las convenciones internacionales como la OIT 169”.

A pesar de gastar millones en publicidad para crear una imagen de banco moderno, transparente y preocupado por cuestiones sociales y ambientales, el BNDES no se dignó siquiera a dar una respuesta a esta demanda justa, basada en el hecho básico de que los bolivianos claramente no quieren que se lleve a cabo este trabajo.

Entonces la pregunta es una vez más: ¿Sobre qué criterios sociales y ambientales es que el Banco decide financiar un proyecto en Bolivia? ¿Tienen el mismo rigor que aplica a los proyectos en Brasil?

Exactamente un mes después de la entrega de la carta al BNDES, el domingo (25/09), se inició una brutal operación policial contra unos 800 manifestantes, la mayoría de pueblos indígenas, incluidos niños y mujeres, miembros de una marcha pacífica en defensa el TIPNIS.

Se utilizaron gases lacrimógenos y golpes de porra. Hubo una dispersión forzada, se prendió fuego al campamento y las madres y los niños fueron separados, de manera indiscriminada, en ocho autobuses hacia Yucumo. De acuerdo con el informe del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), hay una lista preliminar de decenas de personas desaparecidas, incluidos los niños.

Las protestas que siguieron a la dispersión violenta de la VIII marcha indígena en varias ciudades de Bolivia, seguido por la renuncia de la ministra de Defensa Chacón Cecilia, y las repercusiones terribles en todo el mundo, hizo que el presidente Evo Morales anunciara la suspensión de las obras en la noche el día 26. Y hasta ahora, la sociedad civil brasileña y boliviana se queda sin una respuesta del BNDES.

El BNDES tiene la obligación de investigar las graves denuncias de que la sobrefacturación de los contratos firmados entre la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa brasileña OAS, para la construcción de esta controvertida carretera; denuncias, que fueron presentadas por las organizaciones bolivianas al Ministerio Público de ese país el último día 27 de septiembre. Hay evidencia de que, en este trabajo, el costo del kilometro es de 1,3 millones de dólares, mientras que el precio promedio de otros caminos en Bolivia es de 500 mil dólares, lo que indicaría un sobreprecio de 800 mil dólares cobrados por la empresa brasileña.

Por lo tanto, una vez más insistimos en la urgencia de la adopción por el Banco, de una política de información pública para facilitar el acceso a las poblaciones afectadas, los datos sobre los proyectos, incluyendo al exterior.

El gobierno brasileño, por su parte, ha perdido una gran oportunidad para apoyar la lucha legítima de los indígenas bolivianos. En cambio, dejó escapar una nota vergonzosa que confirma su “voluntad de cooperar con Bolivia en el contexto de trabajo”, visto como “un proyecto de gran importancia para la integración nacional de Bolivia, que cumple con los parámetros relacionados con el impacto social y ambiental siempre en la legislación boliviana”.

He aquí otra pregunta: Si el pueblo boliviano no quiere la carretera por todas las razones expresadas, ¿con qué derecho el gobierno de Brasil apoya la construcción de la carretera en favor de la integración y el desarrollo de Bolivia?

Al posicionarse de esta manera pasa por alto el dolor causado por la desaparición de decenas de personas, todos los levantamientos, huelgas de hambre y manifestaciones que se producen en este momento en Bolivia como consecuencia de la violenta represión de su gobierno. ¿Esto no afectaría la soberanía del pueblo boliviano?

Aunque prácticamente no han sido divulgado en Brasil, los manifestantes realizaron una protesta frente a la embajada en La Paz, en el mes de agosto. Gritando consignas en contra de la carretera, acusando la postura de Brasil como “imperialista”.

A pesar de las peticiones de contactar con el Ministro Jefe de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann, y con el representantes del BNDES, estas nunca se realizaron. Por lo tanto, rechazamos la actitud del BNDES y del Ministerio de Relaciones Exteriores de hacer caso omiso de las verdaderas aspiraciones de la población boliviana, poniendo los intereses económicos de las corporaciones y las ganancias por encima del respeto a la vida, la biodiversidad, el derecho de los pueblos indígenas en ese país y la soberanía del pueblo boliviano.

También estamos repudiando el hecho de que el 29 de agosto por invitación del edificio de la OAS (responsable de la ejecución de la carretera), el ex presidente Lula se ha ido a Bolivia para interceder junto con Evo y facilitar la ejecución de este proyecto.

Reafirmando que el BNDES es co responsable de las violaciones por los proyectos que financia, exigimos que el banco público brasileño detenga inmediatamente la financiación de este proyecto de carreteras en Bolivia. También exigimos que el Ministerio de Relaciones Exteriores se retractarse públicamente, y reconozca la importancia de la lucha del pueblo boliviano en defensa de la vida y el respeto a sus derechos constitucionales adquiridos.

Firman esta carta:

Brasil

Plataforma BNDES, Alternativas para Pequena Agricultura no Tocantins (Apa – TO), Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Assembléia Nacional de Estudantes – Livre (ANEL), Associação Agroecológica Tijupá de São Luis/MA, Associação Brasileira de Agroecológia, Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (Apacc), ATTAC – Brasil, Comissão Pastoral da Terra, Comitê Dorothy, Comitê Metropolitano do Movimento XIngu Vivo para Sempre, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), EcoHomem – Grupo de Ecologia Humana de Estudantes da Universidade Federal da Integração Latino Americana, Escola de Formação Política e Cidadania do Ceará, Esplar – Centro de Pesquisa e Assessoria, Fase – Programa Amazônia, Fase – Solidariedade e Educação, Fórum da Amazônia Oriental (Faor), Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad), Fórum Permanente de Cidadania de Colinas, Maranhão, Fórum Social Pan Amazônico (FSPA), Instituto Amazônia Solidária e Sustentável (Iamas), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro Oeste, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Instituto Madeira Vivo, Instituto Mais Democracia, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs), Instituto Universidade Popular (Unipop), Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Movimento Ibiapabano de Mulheres, Ceará, Movimento Xingu Vivo para Sempre, Núcleo Amigos da Terra Brasil, Rede Alerta contra o Deserto Verde, Rede Brasil Sobre Instituições Financeiras Multilaterais, Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), Rede Jubileu Sul Brasil, Repórter Brasil, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Pará – Sintsep/PA.

Internacionales

Alianza Internacional de habitantes, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap), ATTAC – Argentina, Comitê para a Anulação da Dívida do Terceiro Mundo (Cadtm), Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Ceadesc) – Bolivia, Comité Pro Niñez Dominico Haitiana, Diálogo 2000 – Argentina, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Forum Solidaridad Perú, Grito de las/os Excluidas/os- capítulo de Puerto Rico, Grupo de estudios sobre America Latina y el Caribe – Geal, International Rivers, Jubileo Sur/Américas. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – Mocicc, Perú, Movimiento de Documentalistas – Argentina, Movimiento Social Nicaraguense Otro Mundo es Posible, Mujeres Solidarias y Amorosas (Musas) – Porto Rico, Oilwatch Sudamerica, Proyecto Caribeño de Justicia y Paz – Puerto Rico, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red Mexicana de Afectados por la Mineria (Rema), Rede Jubileu Sul Global, Sociedad de Arqueología de La Paz – Bolívia, Unidad Ecologica Salvadoreña -Unes, Xarxa de l‘Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Estado español.

* www.plataformabndes.org.br, septiembre 28 de 2011.