Los acontecimientos que se suceden día a día desde que se inició la VIII Marcha de los pueblos indígenas de Bolivia en defensa del TIPNIS, nos han ido mostrando y desnudando innumerables aristas del proceso de cambio, así como de las medidas y acciones que se han tomado para abordar y resolver el conflicto.

Como resultado del balance público y político de lo sucedido hasta aquí, el criterio ciudadano y popular percibe que todo lo que se ha repudiado en el pasado a la derecha y los conservadores, ahora lo reproduce el Gobierno; sea como violencia estatal, represión, delitos de genocidio y violación de los derechos humanos, así como desarrollismo capitalista, extractivismo, neoliberalismo y, lo que es peor, incumplimiento y transgresión de la propia Constitución Política del Estado y los principios democráticos, que constituyen el instrumento y referente fundamental del proceso.

Al respecto y como reacción a las insospechadas como vergonzosas y decepcionantes medidas gubernamentales adoptadas, muchos sectores populares y ciudadanos (incluidos miembros del propio gobierno), han exigido la destitución y cambio de los ministros y autoridades que han provocado los actos genocidas de represión y violencia, han puesto en riesgo nada menos que la propia democracia o que, a su turno, encaran y promueven medidas neoliberales que están en contra del mandato popular y las directrices estratégicas del proceso de transformación democrático cultural.

En este caso, siendo que no basta con el recambio de ministros y autoridades que, por lo demás, es una práctica recurrente que se ha utilizado en el pasado para seguir haciendo más de lo mismo, sin haber garantizado nunca la sanción ejemplarizadora contra los delitos cometidos o las medidas antipopulares adoptadas, ni el cambio de conducta demandada por el pueblo; se efectuará un punteo enunciativo de lo que una gran mayoría del país (que ha prestado su apoyo y comprometido su esperanza), reclama del Gobierno.

En principio, es muy importante que el Gobierno y el Presidente del Estado Plurinacional comprendan que el conflicto por el TIPNIS, no representa de ninguna manera una movilización sectorial común por demandas sociales, como parece confundir el Presidente Evo Morales; sino un derecho Constitucional de cumplimiento obligatorio. Es decir, no es un asunto que pueda o deba negociarse, sino una responsabilidad establecida que debe cumplirse. Para comprobar este extremo basta remitirse a lo señalado pertinentemente en la Constitución Política del Estado y las leyes que aprueban y ratifican la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, amén de la Ley de la Madre Tierra también vigente.

Que lo que se reclama es ética en la política, para desterrar prácticas innobles de “ocultar la mano” cuando se han tomado decisiones para reprimir (“reventar” dijo un dirigente colonizador que evidentemente no guarda ninguna relación con el denominativo de intercultural que se les asigna), contra una marcha justa que reclama por el cumplimiento de sus derechos, o cuando no se tiene la decencia para reconocer lo actuado y se imputa la responsabilidad a otras instancias de menor rango y autoridad, con el agravante de que ello implica también promover y favorecer la impunidad. Etica política que reclama congruencia entre el discurso y la práctica, entre lo que dice la norma y lo que se aplica. En fin, ética política, para no abandonar nunca los principios permanentes y fundamentales que deben orientar el proceso, por el interés y la conveniencia coyuntural o, peor aún, su contravención y negación expresa.

Que lo que espera el pueblo, es que el proceso de cambio responda a la Constitución Política del Estado aprobada, y no a las órdenes y la imposición intransigente de “quieran o no quieran”, que pretenden ser acatadas bajo una equivocada comprensión de lo que se entiende por compromiso revolucionario, cuando en realidad se trata de servilismo irreflexivo y acrítico, que por lo demás no aporta nada, sino que facilita argumentos a una oposición retrógrada y conservadora que quiere revertir el proceso.

Que lo que se requiere es el aporte constructivo y propositivo de las organizaciones sociales y populares, que deben garantizar y promover la unidad y fortalecimiento del Pacto de Unidad, deben acabar con prácticas coloniales de discriminación, sectarismo y corporativismo, al mismo tiempo de desterrar el servilismo de dirigentes cooptados bajo prácticas prebendales y patrimonialistas que desvirtúan, corrompen y envilecen al proceso y su propia representatividad y liderazgo.

Que lo que debe dejarse para el pasado son las prácticas de cuoteo y copamiento institucional de las entidades del aparato estatal, que generalmente están ligadas a componendas prebendales, para favorecer procesos de institucionalización transparentes que aseguren una gestión pública idónea, que garantice el cumplimiento de las tareas de transformación establecidas en la Constitución.

Que lo que reclama el pueblo es inclusión, interculturalidad, diálogo y consenso, respeto a la diferencia y diversidad, soberanía y descolonización; en sustitución de la exclusión, la descalificación, la violencia verbal y policial, el enfrentamiento y la confrontación, la beligerancia y el enguerrillamiento confrontacional y la ausencia autocrítica.

En lo que hace a la gestión gubernamental, lo que nos preguntamos es que si no valdría la pena tomar en cuenta las siguientes ideas preliminares que podrían contribuir a encarar mejor la gestión gubernamental. Por ejemplo que los Ministerios de Educación y de Culturas no desatiendan la construcción de infraestructura educativa, la creación de nuevos ítems para maestros, el apoyo a las iniciativas artísticas o la protección del patrimonio arqueológico; pero que, en cambio y en concordancia a la envergadura del proceso de transformación democrático cultural, prioricen la generación de políticas de descolonización y despatriarcalización, así como estrategias y programas para lograr la interculturalidad.

Que los ministerios de Economía y Planificación del Desarrollo, dejen de privilegiar únicamente la obtención de nuevos recursos crediticios que incrementan nuestra dependencia de los organismos internacionales y aumentan el endeudamiento público, para atender el diseño e implementación de un Plan Nacional de Desarrollo, bajo el enfoque del paradigma del Vivir Bien en armonía con la naturaleza, incluyendo el sistema de seguimiento y evaluación con indicadores de medición acordes al nuevo modelo, que desde hace más de 5 años espera la población.

Que los ministerios de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo continúen concentrando sus esfuerzos para garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, pero no promoviendo solamente la construcción de gigantescos silos de almacenaje acordes a la monoproducción extensiva e industrial, o el establecimiento de empresas estatales no estratégicas (como el papel y el cartón por ejemplo), que tienen un enfoque empresarial y compiten con las iniciativas comunitarias ; sino más bien orienten su apoyo al pequeño productor campesino, la agricultura ecológica, la protección de semillas y los recursos genéticos y la producción diversificada.

Que el ministerio de Obras Públicas deje de concentrar esfuerzos en la construcción de mega obras de infraestructura, cuyo enfoque está estrechamente vinculado a los intereses transnacionales de comercio, explotación de recursos naturales, conexión con el mercado internacional, etc., para concentrarse en aquellas obras requeridas para satisfacer la necesidad de energía de los pueblos y comunidades, la comunicación, el intercambio y la complementariedad de productos y la necesidad de proteger la naturaleza y garantizar la soberanía sobre la propiedad de los recursos nacionales.

Que los ministerios de Hidrocarburos y Minería, adopten en serio la construcción de los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, sustituyan las normas liberales que aún se orientan a la extracción y exportación de materias primas y concentren los esfuerzos en un proceso de industrialización de los recursos naturales no renovables, bajo el enfoque de armonía con la naturaleza y respeto a los derechos indígenas.

Que los ministerios de Medio Ambiente, Autonomías y Justicia secundaricen su preocupación por ejecutar diversos y proyectos que distraen su atención, para concentrar esfuerzos en temas tan importantes como: garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales en concordancia con la visión del Vivir Bien; atender la protección de los derechos indígenas y ambientales en consonancia con la normativa constitucional; desarrollar e impulsar las diversas autonomías que languidecen en la inacción; encarar la definición de normas para resolver las disputas territoriales y limítrofes que existen en más del 90% de los municipios del país; enfrentar los problemas de racismo, discriminación y exclusión que evitan la concreción del carácter plurinacional de nuestro país y la descolonización.

Que los ministerios de la Presidencia y Gobierno dejen de lado el enfoque confrontacional, beligerante y violento que utilizan para abordar y resolver los conflictos y movilizaciones sociales, para encarar una estrategia de diálogo, construcción de unidad y fortalecimiento de las organizaciones sociales, abandonando las prácticas prebendales y patrimonialistas de cooptación de los liderazgos…

(*) Sociólogo