(Agencias).- El Ministerio Público comenzó a identificar a los efectivos policiales que intervinieron la VIII Marcha Indígena el 25 de septiembre. La Asamblea Legislativa interpelará el viernes a los ministros de la Presidencia Carlos Romero y de Obras Públicas Walter Delgadillo involucrados en la brutal represión policial.

El 25 de septiembre, centenas de policías antidisturbios asaltaron el campamento de los marchistas en proximidades de la localidad beniana de Yucumo, martirizaron a los indígenas, e impidieron al personal médico atender a más de 40 heridos.

Amnistía Internacional y varias otras organizaciones defensoras de los derechos humanos del país y del extranjero exigieron al gobierno de Evo Morales que inicie una investigación inmediata sobre el penoso incidente caracterizado por el uso excesivo de la fuerza contra personas que protestaban de manera pacífica.

Evo Morales esperó un día entero para explicar lo sucedido. Los indígenas fueron apaleados y gasificados el domingo a las 5 de la tarde, pero el Presidente se pronunció recién el lunes por la noche, luego de que renunciaran a sus cargos la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el titular de gobierno Sacha Llorenti.

El Mandatario aseguró que él “nunca” autorizó semejante represión “condenable” e “imperdonable”, pero mucha gente se pregunta por qué no ordenó la inmediata liberación de los indígenas detenidos en Rurrenabaque, y por qué esperó hasta la noche del lunes para anunciar la conformación de una “comisión especial” encargada de investigar el asalto policial anti indígena.

El Presidente Morales y su ex ministro Llorenti se lavaron las manos y culparon de todo a la tropa policial, la cual se limitó a cumplir órdenes. Antes de renunciar, Llorenti dijo que publicaría los nombres de los policías responsables de las agresiones a los indígenas.

Este miércoles, la fiscal Patricia Santos declaró: “Dentro de la acción penal que se encuentra bajo mi dirección funcional se ha emitido varios requerimientos a objeto de que los distintos canales televisivos remitan a este despacho fiscal, en un plazo de 48 horas, tras su notificación, todas la imágenes que cursan en sus archivos relacionados al caso TIPNIS”. Explicó que “lo que se quiere es (identificar) tanto el hecho, como a los probables autores”.

“Evo no puede evadir su responsabilidad porque hay demasiadas pruebas de que él autorizó el operativo de traslado forzoso de los marchistas”, recalcó el diputado de Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado.

“Para empezar, la carta de renuncia de la ex ministra Chacón, enviada al presidente el lunes, señala: ‘Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma‘. Ésa es la prueba número 1, el testimonio de su propia ex ministra de defensa”, afirmó Dorado.

“Por si esto fuera poco, tenemos la prueba número 2: las declaraciones del viceministro de coordinación con los movimientos sociales César Navarro, quien también reconoció que la orden salió del gobierno. La prueba número 3 es el envío de un avión Hércules a Rurrenabaque con la intención de llevarse presos a los indígenas, hacia La Paz o quién sabe dónde. Esa movilización de la Fuerza Aérea sólo puede haberse realizado con la anuencia del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente”, insistió Dorado.

Por todo eso, agregó el diputado opositor, “no aceptamos que el Presidente se lave las manos diciendo que no tiene culpa. Sr. Evo Morales: usted miente y lo hacemos responsable por el atropello a nuestros hermanos indígenas en Yucumo”.

Se pronuncian los policías perseguidos

Los policías que participaron en el operativo de Yucumo revelaron a la red Erbol que fueron eviados a la zona de conflicto con una misión: “evitar que pase la marcha indígena y no tocar a los colonizadores que estaban bloqueando la carretera Beni-La Paz”.

“Por ejemplo, cuando los colonizadores decomisaron alimentos y agua que eran para los marchistas, no nos dieron ninguna orden para hacer gestiones y recuperar los alimentos que eran transportados en una camioneta”, manifestó uno de los uniformados ahora perseguidos por la justicia.

Otro policía narró que la primera orden de intervención se produjo el sábado 23 de septiembre, luego de que el canciller David Choquehuanca fue obligado por mujeres indígenas a marchar unos kilómetros con el fin de romper el cerco policial. “La madrugada del 24 de septiembre llegó a Yucumo el (ex) viceministro Marcos Farfán con la orden de realizar el operativo; a éste le ordenó el (ex) ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y a él ya sabemos quién”, explicó un uniformado joven.

“Las órdenes eran claras: no dejar pasar la marcha; y para ello se inventaron otra excusa: evitar un enfrentamiento entre el bando de los indígenas y los colonizadores, a quiénes no podíamos decirles nada”, indicó otra persona a la red Erbol.

Otro grupo de policías que se contactó con Erbol denunció que en el transcurso de las últimas horas retornaron a La Paz con sus propios medios al menos 100 uniformados, y denunciaron que aún permanecen en Yucumo otros 250 efectivos “abandonados”, sin viáticos, sin agua, sin comida. “Nos llevaron a Yucumo, nos pidieron evitar que pase la marcha indígena, nos ordenaron hacer el operativo y luego dicen que no saben quien ordenó, después anuncian procesos contra nosotros y finalmente nos abandonan”, reclamaron acongojados.

Entre tanto, el Vicepresidente Álvaro García Linera y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a la Vigésima Sesión Ordinaria el viernes de esta semana para interpelar a los ministros de la Presidencia Carlos Romero, y de Obras Públicas Walter Delgadillo sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La interpelación a los dos ministros fue solicitada por la bancada del MAS con el fin de que expliquen las gestiones del Ejecutivo para solucionar las demandas de los pobladores del TIPNIS. Se descarta que ambas autoridades sean censuradas por la mayoría oficialista que controla el Congreso.

Con información de Erbol y ABI.