El presidente Evo Morales manifestó, en la conferencia de prensa el lunes 26 por la noche, que jamás instruyó los excesos que se cometieron en contra de los marchistas, es más los calificó de “imperdonables”. Por su parte, el ministro de gobierno Sacha Llorenti afirmó que se actuó con base en orden fiscal y el fiscal Edwin Sarmiento lo negó: “Yo no he ordenado ninguna intervención” (La Razón, 27 de septiembre). Con estas incoherencias y contradicciones, uno se pregunta ¿quién toma las decisiones, quién da las órdenes en verdad?

Es más, si de veras son imperdonables estos hechos, ¿cómo es que se perdona a quienes tienen responsabilidad jerárquica por su cargo y función sobre la intervención violenta a la marcha indígena? ¿En qué se traduce y concreta esa indignación presidencial? Es de esperar decisiones que se correspondan con lo imperdonable de los hechos.

Con relación a la construcción de la carretera, el Presidente ha manifestado que queda suspendida hasta que se defina en un debate nacional. Nosotros sostenemos que no es necesario ningún debate ni consulta nacional para el cumplimiento de la Constitución; allí están establecidos los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a su autodeterminación; la gestión territorial indígena autónoma, uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio, y si se quiere implementar cualquier iniciativa que les afecte -como la indicada carretera- simplemente hay que consultarles previamente y de buena fe.

Nuevamente, los indígenas no se oponen a la carretera, a lo que se oponen es que pase por su territorio por las razones tantas veces expresadas y que no vamos a repetir aquí. ¿Acaso con el debate nacional se pretende insistir a que la carretera pase por medio del TIPNIS?

La intervención de la marcha también ha generado -como no podía ser de otra manera- el rechazo y la condena de tantas organizaciones, instituciones y personalidades a nivel nacional e internacional. Pero, así como condenamos la violenta intervención a la marcha indígena y a la vulneración de los derechos humanos, con la misma energía y contundencia condenamos actitudes, discursos y acciones oportunistas de quienes instrumentalizan estos hechos. Está bien que quieran defender los derechos humanos y a los pueblos indígenas, bueno hubiera sido que lo hagan en tiempos que ellos ejercían el poder.

Ahora más que nunca hay que tener claro que líderes sociales y políticos y sectores que han sido desplazados del poder en estos últimos años encuentra nuevamente en estos hechos violentos del domingo la oportunidad de reciclarse, reivindicarse y reposicionarse. En estas jornadas de repudio, bronca y movilizaciones se escucharon justamente de ellos expresiones como “el proceso de cambio no va más”, “el proceso de cambio ha muerto”, “el proceso de cambio ha sido un engaño del gobierno y el MAS”, etc. Cuidado con repetir sin reflexión estas frases. Es importante no dejarse engatusar por quienes nunca lucharon por las transformaciones y por el proceso de cambio en el país, es más se opusieron frontalmente.

Si bien el gobierno no supo conducir este proceso, o se está equivocando y despilfarrando la confianza que se le ha dado a través de las urnas, el proceso de cambio, la nueva Constitución deben seguir siendo los derroteros por los cuales luchar, puesto que éste proceso no es del MAS ni del gobierno, ni se inició el 2005. Por eso, con la suficiente madurez, reflexión y autocrítica, el pueblo, las organizaciones sociales y el movimiento popular en general deben tener la capacidad de defenderlo, porque no está muerto.

* Director General de CIPCA.