El gobierno brasilero suspendió la liberación de fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), informó el diario Estadao.com.bo.

El 15 de febrero de 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia y el BNDES suscribieron el Contrato de Colaboración Financiera N. 10219991 por 332 millones de dólares, destinados al financiamiento del Proyecto Carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

La ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro informó que la obra de 306 kilómetros demandará una inversión total de 415 millones de dólares. El 80 por ciento del costo será cubierto con el crédito brasilero y el Estado boliviano aportará los 83 millones de dólares restantes.

La carretera de vinculación entre Cochabamba y Beni constará de tres tramos; el primero entre Villa Tunari e Isinuta (47 kilómetros), el segundo entre Isinuta y Monte Grande (177 kilómetros) y el tercero entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos (82 kilómetros).

El 6 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la Ley N. 112 que aprueba la contratación del crédito, y al día siguiente el Presidente Evo Morales promulgó la norma que señala que las operaciones del crédito serán cursadas mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El miércoles 28 de septiembre, el periodista del sitio www.estadao.com.br/home/ Lisandro Paraguassu reveló que el gobierno brasilero decidió congelar el crédito en respuesta las crecientes movilizaciones sociales en Bolivia en apoyo a la VIII marcha indígena, que exige la anulación del proyecto caminero.

El segundo tramo de la carretera atraviesa la zona núcleo del Isiboro Sécure, declarado parque nacional mediante Decreto 7401 el 22 de noviembre de 1965, y reconocido como territorio indígena el 24 de septiembre de 1990 por decreto 22610. En 2009 el gobierno de Morales entregó a los originarios del TIPNIS el título ejecutorial de esa TCO de más de un millón de hectáreas de extensión.

Según el artículo 352 de la nueva Constitución Política de Bolivia, el Estado debe consultar a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada antes de explotar recursos naturales o construir mega infraestructuras en sus territorios ancestrales. Contrariando ese mandato constitucional, el gobierno de Morales diseñó la carretera sin el consentimiento de los dueños legítimos del TIPNIS. 

Debido a la descomunal presión social, el Presidente Evo Morales se vio obligado el lunes a suspender las obras de construcción del tramo dos de la vía, y este miércoles se confirmó en Brasil que el crédito del BNDES sólo será liberado cuando el gobierno boliviano esté en condiciones de reanudar obras. (http://m.estadao.com.br/noticias/impresso,bndes-susta-financiamento-de-estrada,778412.htm)

El gobierno brasilero esperará “una señal de cambio en la situación” para reanudar el financiamiento, y no participará en ninguna negociación. En su criterio, a Brasil no le corresponde opinar sobre el levantamiento indígena contra la carretera, un problema interno de Bolivia.

Ejecutivos del BNDES aclararon que esa institución financiera no cuenta con un procedimiento interno para la paralización de financiamiento; y precisaron que siguen esperando la liberación del derecho de vía para comenzar a desembolsar el crédito. Por tanto, no queda claro si la constructora OAS inició obras con el crédito brasilero o si está gastando los 83 millones de dólares de la contraparte nacional.

En Bolivia, el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado denunció irregularidades en los dos contratos suscritos entre la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ingnacio de Moxos, y se querelló contra los presuntos responsables: Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de la ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Cucoc, consultor de ABC; y Gerardo Pereira, representante de OAS.

“Tenemos una contratación por 306 kilómetros lineales por un precio de 415 millones de dólares, vale decir que cada kilometro lineal cuesta 1,3 millones de dólares; aquí hay un claro sobreprecio de 800 mil dólares por cada kilómetro construido, si comparamos los precios de siete carreteras que apenas superan los 500 mil dólares por kilometro lineal”, explicó Del Granado.

El jefe del MSM sostuvo que el sobreprecio se agrava en una de las enmiendas del contrato porque se liberó a OAS de la provisión de asfalto, es decir que cobrará 1,3 millones de dólares por kilómetro pavimentado, aunque el asfalto deberá ser facilitado por el Estado boliviano.

“En tercer lugar, de los 306 kilómetros lineales de la carretera, 209 son puentes, o sea más del 60% de la vía son puentes, es un número irrisorio que por supuesto eleva grandemente el contrato”. Además, sostuvo que el financiamiento de la ruta, que debió ser del 100% en primera instancia, ha sido reducido al 80%, con un costo adicional del 20% para el país. “No hubo contratación de prefactibilidad, se han establecido ítems inexistentes en el contrato, como la apertura en el tramo Castillo – Isinuta que ya está abierto o el de Isinuta – Ichoa, que ya tiene diseño final y, sin embargo, todo esto está contratado y se tendría que pagar”, añadió.

Del Granado reveló que el contrato libera a la empresa brasileña OAS de la obligación del mantenimiento de la carretera durante cinco años, que era una garantía de buena ejecución de la obra. “Este conjunto de hechos configuran los siguientes tipos penales: en primer lugar estamos frente a contratos lesivos al Estado con una pena de cárcel cinco a 10 años; uso indebido de influencias con castigo de ocho años de cárcel; resoluciones contrarias a la constitución con cárcel de cinco a diez años; incumplimiento de deberes con cárcel de uno a cuatro años”.