El ministro de Gobierno Sacha Llorenti presentó esta noche su carta de renuncia y el Presidente Evo Morales aceptó su dimisión. Llorenti pasa a la historia como uno de los principales responsables de la masacre de Caranavi de mayo de 2010 y de la brutal represión a la VIII marcha indígena el 25 de septiembre de 2011.

Llorenti era considerado uno de los ministros de confianza del Presidente y miembro del círculo íntimo del Vicepresidente Álvaro García Linera. En esa condición sobrevivió a varias crisis políticas en los últimos años.

Llorenti fue acusado por la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) de ser el principal responsable de la vulneración de derechos humanos elementales y de la muerte de dos personas abatidas a balazos en la brutal represión policial de Caranavi, el 7 y 8 de mayo de 2010.

El ex ministro también fue señalado como uno de los autores de la inhumana represión a la VIII Marcha Indígena registrada el domingo 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Yucumo, departamento de Beni.

La noche del lunes, el Presidente Morales deslindó responsabilidades y aseguró que “nunca” ordenó la intervención a la marcha indígena. En la mañana martes, Llorenti corroboró la versión del Mantario y aseguró que “ese operativo no contó con la instrucción del Presidente del Estado Plurinacional y tampoco con la orden o autorización del Ministro de Gobierno”.

En otras palabras, el ex Ministro de Gobierno literalmente se lavó las manos y culpó de todo al ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y a la comandancia policial. La represión, dijo, “fue una decisión que se tomó en ese lugar (en Yucumo); por el informe que tenemos la ha tomado el viceministro Farfán a sugerencia de algunos mandos policiales; nosotros nos enteramos cuando ya estaba en curso el operativo”.

Además, Llorenti reveló que el gobierno comenzó a “individualizar a los efectivos policiales que incurrieron en abusos durante la evacuación de los marchistas en el Puente de San Lorenzo”.

Sin embargo, el viceministro Farfán desmintió a Llorenti al asegurar que nunca autorizó la violenta intervención ocurrida el domingo, y luego renunció a su cargo. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro también desmintió a Llorenti, al confesar en una entrevista con la red de televisión UNO que el Poder Ejecutivo efectivamente ordenó la intervención policial.

“Es importante señalar que no abandono el barco porque crea que se está hundiendo, sino que doy paso al costado para que el barco siga avanzando… Estamos dispuestos a cualquier sacrificio por este proceso revolucionario”, explicó Llorenti por la noche, al confirmar su dimisión.

La ex autoridad dijo que se defenderá “en el llano de todas las calumnias y mentiras” proferidas en su contra, y, parafraseando al Presidente, recalcó que pudo haber cometido errores, “pero jamás traiciones al proceso revolucionario” liderado por Evo Morales.

Por su parte, el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado presentó este martes al Ministerio Público una doble demanda penal contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía por delitos cometidos en la “brutal represión” a la marcha en defensa del TIPNIS y “graves irregularidades” en el contrato de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Los delitos cometidos en la intervención violenta que se produjo el pasado domingo en Yucumo, según el jefe del MSM, son genocidio por desplazamiento violento de niños y adultos: desaparición forzada de personas; privación de libertad: vejaciones y torturas; allanamiento y violación de al menos cinco artículos del Código de Niño, Niña y Adolescente. “Se trata de ocho figuras delictivas que en conjunto superan los 20 años de cárcel para quienes sean autores, coautores, cómplices y encubridores”, precisó.

Los demandados por el MSM son el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti; el ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán; el Comandante de la Policía Nacional general Jorge Renato Santiesteban; el subcomandante de esa institución general Oscar Núñez; el general Edwin Foronda, inspector general; y el jefe de Inteligencia de la institución policial, coronel Víctor Santos.

El MSM también denunció irregularidades en los dos contratos suscritos entre la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ingnacio de Moxos. “Tenemos una contratación por 306 kilómetros lineales por un precio de 415 millones de dólares, vale decir que cada kilometro lineal cuesta 1,3 millones de dólares; aquí hay un claro sobreprecio de 800 mil dólares por cada kilómetro construido, si comparamos los precios de siete carreteras que apenas superan los 500 mil dólares por kilometro lineal”, dijo Del Granado.

En los últimos minutos personeros de la Presidencia convocaron a una conferencia de prensa en Palacio Quemado. Se presume que Evo Morales decidió cambiar a varios ministros de su gabinete, principalmente al titular de la Presidencia Carlos Romero.