Una de las máximas de los tiempos de la imagen -nuestros tiempos- es que lo visible es creíble. El peso de lo que presenciamos desde la tele y desde el foto-reportaje está en que lo que se registra es espontáneo, real, no ha sufrido un arreglo y no se ha montado en base a guiones que lo transforman en mera escenificación. 

Lo que se ve borra las palabras (y suspende el aliento), quita peso a los argumentos justificantes y se impone en las cabezas llevándonos a tomar posición. Los días 25 y 26 de septiembre en toda Bolivia, luego de conocer la represión policial a los marchistas del TIPNIS, muchas y muchos optamos por la indignación, única salida para resistir la impotencia.

Para paliar mi desasosiego, afortunadamente tengo conciencia de que son visibles -y creíbles por tanto- las manifestaciones de solidaridad y resistencia que se expresan con vigilias, marchas, renuncias valientes, artículos de prensa y que giran en la red, así como a través del afán fraterno de protección de pobladores geográficamente cercanos al lugar del conflicto (como los de San Borja y Rurrenabaque) que se movilizaron para no permitir abusos impunes.

En contraste, -por su nivel de incoherencia, disonancia y cinismo- se perciben como “increíbles” los argumentos con que el gobierno explicaba lo inaceptable: la medida respondía a una orden de las instancias de “justicia” (la fiscalía); su finalidad era “preservar la vida y evitar enfrentamientos” y la reacción policial respondía “a la provocación violenta de las marchistas”. Pero, en un afán de minimizar los hechos, la peor declaración fue aquella que establecía que “no existen muertos ni desaparecidos”.

Quiero responder a estas afirmaciones: i) si la justicia es que una vejación contra otros seres humanos no se repita nunca más, la represión ordenada desde quien debería garantizarla nos muestra que jamás supieron lo que el término significa; ii) si intervenir una legítima manifestación de disenso y expresión se considera válido para que “por el bien de los marchistas” se tutele sus acciones, nuestra democracia es paternalista; iii) si preservar la vida y la seguridad ciudadana implica gasificar, golpear entre muchos a una persona indefensa, herirla y buscar silenciarla, prefiero el desamparo; iv) si la provocación de la marcha terminó violentando a los policías, me gustaría saber en el recuento de los daños cuál de ellos fue humillado grotescamente como lo fueron los marchistas. Y finalmente, si tenemos que consolarnos con que desde la “increíble” confirmación gubernamental se diga que no haya muertos ni desaparecidos, tengo que suponer que recibir golpizas y estar herido no cuenta, no es un signo ni una marca de ejercicio de violencia.

En estos días la impotencia de no poder estar ahí y actuar directamente pesaba, pero paralelamente, al ver la entereza de quienes se manifiestan en contra y abiertamente, me doy cuenta que también pesa, y no poco, la potencia de lo que se va tejiendo. En medio de las enajenadas declaraciones que buscan identificar culpables –las ONGs, los malos líderes, el imperialismo-, la sociedad civil está mostrando que su “gran culpa” está en no aplaudir la prepotencia y no asentir con complicidad. Su “culpa” mayor es poner el cuerpo, la energía psíquica y la palabra para que no se distorsione el sentido de la libertad. Y, consiente de estar en culpa, la salida para restaurar la dignidad como valor guía implicará que, cuando comete estos “pecados”, la sociedad civil no quiere y no ha aspirado a la absolución que pretende darle el poder desencauzado.