(Erbol y PL).- Los ministros de Gobierno Sacha Llorenti y de la Presidencia Carlos Romero aseguraron que la Policía intervino la VIII Marcha Indígena en inmediaciones del puente San Lorenzo en Yucumo por requerimiento fiscal. Sin embargo, el fiscal general Mario Uribe y el fiscal asignado al caso Edwin Sarmiento negaron este lunes rotundamente haber emitido algún requerimiento para la intervención a la marcha indígena.

Uribe solicitó a los fiscales de Distrito de La Paz y Beni que informen si emitieron o no una orden para intervenir la VIII marcha indígena. El Fiscal de Distrito del Beni confirmó que no emitió ningún requerimiento, pero la Fiscalía de Distrito de La Paz todavía no envió documentación oficial al respecto.

“Pero sí existe una investigación aperturada (en La Paz sobre los hechos registrados en Chaparina, un día antes de la intervención policial), probablemente dentro de esa investigación se hubiera evacuado algún requerimiento, pero (…) desde la Fiscalía General no hay ningún requerimiento al respecto”, precisó Uribe a la red Erbol.

El fiscal Sarmiento indicó que después de haber conocido que dos personas heridas en los hechos de Chaparina habían llegado el sábado 24 de septiembre a la Clínica Virgen de Copacabana de La Paz, inició una investigación sobre el caso y pidió que un funcionario de la Fiscalía de Distrito del Beni se constituya a indagar en aquella zona beniana. Sin embargo, aclaró que su autoridad no ordenó ninguna intervención de efectivos policiales a la marcha de los indígenas el pasado domingo 25 de septiembre.

“Al llegar a la Clínica Copacabana constaré que habían dos heridos y lo que hice como fiscal es precautelar la seguridad de las personas como en cualquier caso de rutina, dispuse que el médico forense practique la valoración médica de estas personas, (pero) yo no he ordenado ninguna intervención”, apuntó.

Los ministros Llorenti y Romero insistieron en que la intervención policial fue “producto de un requerimiento fiscal, que instruye no solamente la dispersión del bloqueo, de los bloqueadores, sino también la evacuación de estas personas para preservar su integridad física”. Con similar criterio se expresó el comandante de la Policía Boliviana general Jorge Santiesteban, quien dijo que la intervención policial en proximidades de la localidad de Yucumo, departamento de Beni, fue a requerimiento del Ministerio Público.

“Las operaciones que se han realizado el día 25 de septiembre en la disolución de la marcha y el bloqueo fue a requerimiento fiscal, es por eso de que los efectivos policiales, al mando del Subcomandante (general Oscar Muñoz), han actuado”, declaró Santiesteban.

Por su parte, el Presidente Evo Morales lamentó y repudió los excesos cometidos ayer por las fuerzas policiales durante la intervención de la VIII Marcha Indígena, y propuso al pueblo boliviano organizar una “comisión de alto nivel” con representantes de la Defensoría del Pueblo y de instituciones defensoras de derechos humanos del país y del extranjero para realizar una profunda investigación de los hechos del domingo “que dejan mucho que desear”, para dar con todos los responsables de las agresiones a los indígenas, al Canciller David Choquehuanca y a por lo menos dos efectivos policiales.

El presidente de Diputados Héctor Arce informó al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza sobre la intervención policial en Beni. Arce y la ministra de Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo participaron en ese encuentro en Washington .

“Los representes bolivianos explicaron que la intervención del Gobierno a la marcha se hizo en defensa de la vida y la integridad de personas y ante la inminencia de posibles enfrentamiento por la posición beligerante de los indígenas que, dos días antes, secuestraron incluso al canciller, David Choquehuanca”, precisa un comunicado de la Cámara Baja.

La comitiva también fue recibida por la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Elizabeth Abi-Mershed, en la que explicaron ampliamente los antecedentes históricos de la necesidad de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).

Asimismo explicaron la posición del Estado sobre una consulta previa y la permanente vocación de diálogo que mostró para la construcción de esa vía que unirá al occidente con el oriente del país suramericano. Además señalaron la decisión de convocar a un referendo en los departamentos de Cochabamba y Beni para que sea, en definitiva, la voluntad popular la que decida la construcción de esa vía.