El derecho a la vida[1] es un derecho fundamental de las personas y de los derechos humanos, que no puede estar sometido a condicionamiento alguno porque es uno de los pilares de la dignidad de la persona, junto a la libertad individual.

Por lo tanto, el Estado debe cuidar de todas las personas que se encuentran en el territorio boliviano, y que éstas permanezcan con vida, para ello, debe cuidar de su salud, integridad e inviolabilidad física, darles seguridad para que no sean víctimas de las y los criminales y ante todo respetar y hacer respetar los derechos humanos.

Los graves hechos que se registraron en la localidad de San Lorenzo, departamento del Beni, ayer 25 de septiembre, fue una vulneración de los derechos humanos en contra niños, mujeres, marchistas y periodistas que sufrieron vejámenes, por parte de la policía, que hizo una violenta intervención haciendo uso excesivo de la fuerza.

La marcha de los indígenas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro Sécure (Tipnis), es una manifestación legal y legítima que reclama el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La demanda al gobierno de Evo Morales es que garantice la inserción en la agenda Legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tratamiento del Proyecto de Ley del derecho a la consulta previa, informada y consentimiento libre, con carácter vinculante a las decisiones de los Pueblos Indígenas Originarios.

La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la vida en el Artículo 15. I. que dice “Toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, o psicológica, tanto en familia como en sociedad…

La vida como derecho comprende un sinnúmero de aspectos entre los que se puede destacar: a) el derecho de la persona a nacer y a permanecer con vida tanto individual como colectivamente, b) a que los demás individuos no atenten injustamente contra su vida e integridad corporal o salud, c) a que el Estado proteja su vida y su integridad corporal contra cualquier ataque de otra persona, d) a que el Estado respete su vida y su integridad corporal y e) a que la solidaridad social provea de los necesarios auxilios para su subsistencia, entre otros.

Protección a la vida

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2] las personas pueden actuar libremente, su vida no puede ser suprimida arbitrariamente, no se pueden tolerar los medios para impedir su desarrollo físico, emocional y social. Asimismo, el Estado tiene el deber de realizar acciones de prevención y sanción del delito de genocidio; prohibir la tortura, las penas crueles, inhumanas y degradantes.

Ante ese marco, sí se puede afirmar que la persona es un ser con fines propios, y estos fines sólo pueden ser realizados por decisión personal, estar exento de la imposición de otros individuos y de la coacción de los poderes públicos que interfieran con la realización de estos fines.

En ese sentido, la libertad se basa en hallarse libre de coacciones o injerencias indebidas, públicas o privadas, abarcando una serie de posibilidades como ser: a) el ser dueña/o del propio destino (no ser esclavo), b) disfrutar de seguridad, c) libertad de conciencia, d) la libertad para contraer, o no matrimonio, e) libertad para elegir ocupación, f) libertad para circular, g) inviolabilidad de la vida privada, h) libertad de elección de domicilio, i) libertad de reunión o asociación y j) libertad de no ser obligado a participar en una reunión ni pertenecer a una asociación.

De igual manera, el Estado debe prohibir la detención ilegal y arbitraria contra cualquier persona. Asegurar la igualdad ante los tribunales y el derecho a ser juzgado públicamente.

El Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales[3] no sólo garantiza los derechos del mismo nombre, reconocidos ya en la Declaración Universal de 1948, sino justifican que con la vida, lo social, lo económico y cultural tiene sentido el objetivo de que las personas vivan dignamente, es decir, que sus necesidades materiales y espirituales estén cubiertas.

Esos derechos implican que la persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección, a tener un salario justo y equitativo, seguridad e higiene, igualdad de oportunidades, a disfrutar de vacaciones pagadas, a su libre sindicalización. El derecho de huelga, a la seguridad social, protección y asistencia a la familiar, a tener un nivel adecuado de vida individual y familiar, a estar protegido contra el hambre. Derecho a la educación, a participaren la vida cultural, a gozar del progreso científico, a la protección de los derechos de autor,

Para ello el Estado deberá tomar medidas para asegurar el ejercicio de estos derechos, presentar informes sobre sus propios medios, para la efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.

Los Derechos de los Pueblos[4] conocidos también como los derechos de solidaridad, han sido creados para la protección de las naciones o pueblos como unidades culturales que habitan un territorio, como son los pueblos indígenas; respetar el derecho a la paz, al medio ambiente[5], la autodeterminación de los pueblos y el desarrollo sostenible, porque las personas no pueden separarse del medio en que viven, o de su colectividad.

Este grupo de derechos comprenden el derecho de la libre determinación de los pueblos, su libre disposición de las riquezas y recursos naturales, la promoción del derecho de libre determinación de los pueblos, lucha por la efectividad de los derechos proclamados, garantía del ejercicio de los derechos en plena igualdad, en el disfrute de los derechos.

Las garantías de respeto a estos derechos implica una obligación positiva de organizar las estructuras gubernamentales, adoptar medidas apropiadas y emprender acciones para garantizar su ejercicio que comprende tres dimensiones: prevenir, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

[1] Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

[2] Aprobado el 16 de diciembre de 1966 por las Naciones Unidas. Ratificado por Bolivia el 17 de mayo de 1982 y legalmente reconocido en el D.S. No. 18950 y elevado a rango de Ley No 2119 el 11 de septiembre del 2000.

[3] Aprobado el 16 de diciembre de 1966 por las Naciones Unidas. Ratificado por Bolivia el 17 de mayo de 1982 y legalmente reconocido por D.S. No. 18950, elevado a rango de Ley No.2119 el 11 de septiembre de 2011.

[4] Convenio No 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ratificado por Bolivia el 11 de julio de 1991, elevado a rango de Ley No.1257. Aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a través de la Ley 3760 de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[5] Constitución Política del Estado. Derecho al Medio Ambiente, Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho deber permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 34. Cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.