En rigor hay profundas contradicciones en el proceso de transformaciones, lo que se nombraría antes, desde la perspectiva de las grandes narratividades, como proceso “revolucionario”; aunque la concepción de transformaciones y la de “revolucionario” tiene connotaciones distintas. 

El siglo XX se abre a proyectos ultimatistas, por lo tanto es concebible en ese terreno un imaginario revolucionario; en cambio el siglo XXI comienza a complejizar y relativizar esos proyectos políticos y sociales, concibe paradójicamente un más allá de la modernidad, que deberíamos entenderlo, usando la jerga, como más “revolucionario”, pues atraviesa los límites mismos de la civilización moderna, empero concibe esta trascendencia desde un pluralismo, también de desde la complejidad, a su vez pensando transformaciones pluralistas. Bueno, en todo caso, distinguiendo estas diferencias imaginarias y discursivas, podemos comprender que tanto los procesos “revolucionarios” como los procesos de transformación anidan grandes contradicciones, que no se pueden eludir con discursos ni con ideologías, si todavía podemos hablar así como de una consciencia falsa o, mejor dicho, desde un discurso de legitimación del poder.

El proceso mismo conlleva una carga fuerte de herencias que no solo obstaculizan el cambio sino que definen otras proyecciones. Uno de los temas que es urgente abordar es el que tiene que ver con la diferencia entre dominación y emancipación. El problema es que grupos importantes de “revolucionarios”, también de los sectores que los acompañan, creen que la liberación tiene que ver con la dominación. Lo mismo sucede en los procesos de transformación; estratos, sectores importantes, que acompañan el proceso de cambio, creen que de lo que se trata es de sustituir una dominación por otra. Se perdió de la comprensión que las luchas sociales anticapitalistas tienen que ver fundamentalmente con proyectos emancipatorios, por lo tanto de liberación de las dominaciones y de las formas de explotación.

Que la emancipación involucra, en primer lugar a los explotados y discriminados, pero también abarca a todos, que de lo que se trata es de liberarse de las formas de dominación y de las formas de explotación, poner en suspenso los engranajes de la dominación, ofrecer emancipaciones a todos los involucrados, irradiar el proceso de liberalización múltiple. Asistimos pues a una contradicción profunda en este sentido. Llamaremos a esta una confusión en los imaginarios, discursos y prácticas de estratos y sectores que mas bien manifiestan sus recónditas dominaciones cristalizadas, que ahora las quieren hacer funcionar dominando a otros, explotando a otros, que generalmente son otra vez los más débiles y vulnerables.

Vinculada a esta confusión sobre la interpretación del proyecto inherente al proceso, se encuentra otra. Algunos o muchos de los dirigentes involucrados con estos estratos y sectores que acompañan al proceso creen que de los que se trata ahora es hacerse ricos. Esta es la reducción más pedestre del proyecto; es la imagen del amo, del patrón, la que da curso a esta ilusión. Ser libre es ser rico, sustituir al amo en su papel. Este logro ciertamente es más reductivo, pues no todos pueden acceder a la riqueza, aunque esta se la obtenga por procedimientos rápidos y fáciles. Solo acceden unos cuantos, empero se forma una atmósfera que ilusiona a todos y todos caen avivadamente en la ilusión de la disponibilidad monetaria. Por este camino se reproducen redes, circuitos, compromisos, lealtades, muy parecidas a las que había antes y atravesaban informalmente las gestiones de gobierno y las gestiones económicas. Se puede comprender entonces que un proceso que comienza con mucha expectativa, entusiasmo, esperanza, ungido de plena legitimidad, termina entrampándose por las rutas prácticas que ocasionan estas herencias y estas confusiones.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia estas contradicciones y confusiones. Es probable que el gobierno haya creído que aprobar una Constitución, que define al Estado como plurinacional comunitario y autonómico, era nada más y nada menos que un discurso de legitimación del gobierno, no era otra cosa que un texto constitucional, que no iba a tener más consecuencias sino en la propaganda y en la publicidad, sobre todo internacional. Que no iba a comprometer al gobierno en transformaciones institucionales, en transformaciones estructurales, en la perspectiva de la fundación de otra forma de Estado, con otra composición y otra estructura, que podía mantener el mismo Estado dándole un barniz discursivo plurinacional e intercultural.

Pero, si es así, el gobierno se equivoca, pues una Constitución es un mandato, sobre todo cuando ésta es resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se equivoca, pues en la medida que no realiza los actos fundacionales, no elabora las leyes fundacionales, no hace las transformaciones institucionales, como crear el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones, entra en flagrantes contradicciones que ponen en evidencia su vocación no sólo reformista sino restauradora.

Esto mismo ocurre con el discurso del vivir bien y la madre tierra; el gobierno ha creído que hablar del vivir bien era como un discurso moral que había que plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tenía mayores consecuencia en las lógicas y estructuras de la planificación, cuando ésta ya debería ser integral y participativa. Por eso continuó siendo un plan economicista y desarrollista, aunque amarrado a objetivos democráticos y solidarios. Tampoco se inmutó que la continuidad del extractivismo minero e hidrocarburífera entraba en contradicción con la defensa de la madre tierra, discurso principalmente internacional, sobre todo cuando se da la presencia de Bolivia en las Cumbres de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático.

Se creyó que era un planteamiento político para enrostrarle la cara a los representantes del capitalismo en estos foros, pero no se creyó que también era indispensable ser consecuente en el país. El extremo se llevó a cabo en Tiquipaya, con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, pues en esta Conferencia se llegaron a unas resoluciones que iban lejos, como definir el vivir bien como un modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como el prohibir la exploración y explotación en los bosques, como la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas, en conjunto la defensa de la vida, es decir, de la madre tierra; además de llamar a formar una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra en contra del capitalismo.

Estas resoluciones fueron firmadas por los países del ALBA y obviamente por Bolivia, y no les perturbó para nada los gobiernos firmantes el hecho de que estas resoluciones ya eran vinculantes. Posiblemente ni se dieron cuenta o dejaron pasar las circunstancias de manera desapercibida. Incluso se dio un hecho anecdótico a propósito; el embajador de Uruguay leyó la carta del escritor Eduardo Galeano donde se disculpaba por su inasistencia al evento; en la carta se decía que no estaba de acuerdo con la inflamación de las palabras, haciendo una clara alusión crítica a los escenarios y teatros políticos, a los sobrevuelos discursivos. Empero, cuando se escuchaba la lectura de la carta, el comportamiento oficial y de los organizadores del evento era como si no entendieran lo que se leía.

Las contradicciones llegaron a dos extremos críticos, uno es la crisis del gasolinazo, donde se develó el contenido práctico de la política económica, basada en el supuesto del equilibrio macroeconómico y completamente monetarista. La medida de shock no hacía otra cosa que repetir los métodos de los gobiernos liberales, transfiriendo al pueblo los costos de estas políticas de equilibrio y monetaristas. También se develó que las políticas hidrocarburíferas, sobre todo el control técnico, seguía en manos de las empresas trasnacionales, sobre todo de REPSOL y de PETROBRAS, empresas que exigían la descongelación de precios en el mercado interno, para convertir atractiva la inversión en exploración, explotación, construcción de plantas separadoras, refinerías e incluso industrialización.

El argumento del gobierno fue que se subvencionaba los carburantes, que éstos iba en gran parte al contrabando, que los que ganaban eran los países vecinos y los contrabandistas, además de los ricos que consumían gasolina barata. El gobierno uso cifras discutibles, como que se llegó a subvencionar en un monto de 380 millones de dólares, después se dijo que el último año llegó en la subvención a una cifra entre 600 y 700 millones de dólares, y que el año en curso se iba a llegar a subvencionar por un monto de 1000 millones de dólares.

Estos argumentos son sorprendentes, en la lógica y en los montos; la información que se tiene es que no se trata de erogación del Tesoro General de la Nación sino de papeles fiscales, por otra parte que el monto de la subvención no es 380 millones de dólares sino 175 millones de dólares. ¿A qué conduce todo esto? A que no hay transparencia y honestidad. ¿Hay crisis económica, financiera? ¿Déficit? ¿Ha subido la deuda? Esto es muy difícil de responder, sólo podría hacerlo el gobierno si se tomara la molestia de ser transparente y honesto con el pueblo.

El otro acontecimiento crítico de la coyuntura es el conflicto del TIPNIS, donde se evidencia que al gobierno no le interesa para nada las leyes que protegen las áreas protegidas, los parques, los territorios indígenas; tampoco se inmuta para nada si entra en contradicción con la Constitución que consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, así como la consulta previa libre e informada. No le afecta para nada que la Constitución establece claramente la ruta plurinacional de las autonomías indígenas y mucho menos le afecta que vulnere los convenios internacionales, constitucionalizados, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefiere optar por la descalificación grotesca de los dirigentes indígenas, por la represión y la movilización sañuda de colonizadores y policías para bloquear la marcha, optando también por caricaturescos montajes y manipulaciones como la reunión del presidente en la Comunidad de Santo Domingo en el Sécure, sin tomar en cuenta la marcha y a los dirigentes orgánicos.

Ahora insiste en montar una deslegitimada consulta extemporánea que incluya también a los avasalladores del parque, lo que contraviene completamente las condiciones de la consulta a los pueblos indígenas. Se ha llegado a anécdotas tan escabrosas como decir que no hay bloqueo sino vigilia cuando las cámaras ponían en evidencia el bloqueo beligerante de colonizadores y policías, que incluso se atrevieron a no dejar pasar vitualla, alimentos, medicinas y víveres para los marchistas, en una actitud descomunalmente inhumana violando los derechos fundamentales.

¿Qué nos muestran estas manifestaciones bochornosas del gobierno, colonizadores y policías? No sólo que se ha entrado ya a una etapa de represión en la gestión de gobierno, sino que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano ejecutivo, así como el órgano electoral se han convertido en dispositivos de poder, en agenciamientos de la dominación, una dominación de una nueva recomposición de la burguesía, donde a la anterior burguesía intermediaria se suman los nuevos ricos, los campesinos ricos, los cocaleros ricos, los colonizadores ricos, los comerciantes enriquecidos recientemente, los contrabandistas y demás traficantes. El gobierno es pues gobierno de esta burguesía y el Estado es la dictadura de esta burguesía.

* Miembro de Comuna. http://horizontesnomadas.blogspot.com/