Las organizaciones sociales de América Latina y el Caribe rechazaron una vez más las propuestas de la denominada “economía verde”, un mero artificio discursivo que encubre una nueva forma de colonización y apropiación de los recursos naturales de los países del Sur.

Los ministros, ministras y representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe celebraron la Reunión Regional Preparatoria para América Latina y el Caribe (ALC) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2011 en Santiago de Chile.

La resolución 64/236 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala que el objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) es asegurar un renovado compromiso político con el desarrollo sostenible. Los representantes de ALC evaluaron los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible, así como los desafíos nuevos y emergentes.

Los delegados de ALC ratificaron el compromiso de los países de la región de seguir contribuyendo de forma constructiva para el logro de un resultado exitoso de Río+20, y también reafirmaron la vigencia de los principios y objetivos de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan de Implementación de Johannesburgo y la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Sostenible, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Declaración de Doha, el Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Estrategia de Mauricio y la Carta Mundial de la Naturaleza.

Los ministros de ALC reconocieron los avances logrados hasta este momento y las brechas que aún persisten en el proceso para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, las cuales son más apremiantes para los pequeños Estados insulares del Caribe. Identificaron algunos de los obstáculos para el logro del desarrollo sostenible, entre ellos la brecha científica y tecnológica, la insuficiencia de financiamiento y la fragmentación en la implementación. A los desafíos ya existentes se han añadido otros nuevos y emergentes.

La región reiteró que el objetivo a alcanzar es el desarrollo sostenible, que debe asegurar el equilibrio entre sus tres pilares: social, económico y ambiental, que están interrelacionados, preservando los principios fundamentales de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la equidad.

Además, los Estados de la región consideraron necesario alcanzar compromisos para: i) la erradicación de la pobreza extrema, ii) un cambio de los patrones de producción y consumo, donde los países desarrollados deben tener un liderazgo mundial, y iii) acceso y transferencia efectivos a tecnologías seguras y adecuadas, sin condicionalidades y en términos preferenciales para los países en desarrollo.

También demandaron la iv) promoción de un régimen global de propiedad intelectual que facilite la transferencia de dichas tecnologías, de acuerdo con los compromisos adquiridos por cada país; v) la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, y vi) una institucionalidad global para el desarrollo sostenible que sea eficiente y flexible y alcance una efectiva integración de sus tres pilares.

Solicitaron vii) financiamiento nuevo, adicional, estable y previsible para apoyar actividades de implementación en los países en desarrollo; viii) el cumplimiento de los compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia a sus impactos; ix) mayores niveles de cooperación Sur-Sur e intercambio de experiencias exitosas; x) restaurar la armonía con la naturaleza; y xi) mejores formas de medir la riqueza de los países que reflejen adecuadamente los tres pilares del desarrollo sostenible.

Los delegados de ALC reafirmaron también el respeto a la pluriculturalidad y a los conocimientos y valores tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales de la región; y reconocieron la importancia de la participación y la contribución de la sociedad civil al desarrollo sostenible, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales.

Los representantes de los Estados de América Latina y el Caribe tomaron nota y agradecieron las propuestas presentadas por Bolivia “Derechos de la naturaleza”, Colombia-Guatemala “Los objetivos de desarrollo sostenible” y Cuba “Marco institucional para el desarrollo sostenible”, e invitaron a su consideración y estudio como aportes a la Conferencia.

La sociedad se pronuncia sobre la “economía verde”

En un taller para periodistas ambientales de 16 naciones de Iberoamérica, que sesionó en Panamá, se debatió sobre las ventajas y necesidades de transitar hacia una “economía verde” como factor habilitante del desarrollo sustentable y erradicación de la pobreza. Según Jaime Severino, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), movilizar y reorientar la economía mundial hacia tecnologías limpias y naturales es la mejor apuesta por el crecimiento real, detener el deterioro del medio y desencadenar un auge de empleo. Mara Murillo, directora regional adjunta del PNUMA, se refirió a la situación actual de la economía de los ecosistemas y biodiversidad, y destacó que se debe reconocer los beneficios de los programas de pagos por servicios ambientales, algo que ya hacen muchos países de la región, como México, Costa Rica y República Dominicana.

El 5 de septiembre de 2011 en Santiago de Chile, durante la consulta regional de PNUMA con los grupos sociales más relevantes para la reunión Río+20 para ALC, quedó claro que no existe acuerdo unánime sobre el concepto de “economía verde”. En realidad, la mayoría de las organizaciones sociales del continente no consiente el uso del término o de la expresión “economía verde” como una plataforma o concepto que permita avanzar en la discusión.

Para la mayoría de las organizaciones sociales de ALC, la denominada “economía verde” es una nueva forma de colonización y apropiación de los recursos naturales de los países del Sur, algunos de los cuales usan ese concepto para promover políticas de biocumbustibles que tienen malas consecuencias para las personas.

Se ha establecido que la “economía verde” intenta de colocar a la economía como el pilar central del desarrollo humano. Se percibe que el concepto es más un instrumento creado y conducido “desde los negocios” y fuera del control de las personas. Esto encierra un intento continuo de abordar el análisis del desarrollo sostenible no desde un punto de vista más holístico, sino desde un paradigma más limitado, el paradigma humano, que dice que si se mejora crecimiento y si se produce riqueza de manera más responsable, entonces todos los beneficios de los “servicios ambientales” se harán efectivos.

Otra crítica es que el término “economía verde” consolidará el dominio de economistas y de instituciones económicas como el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio en la generación de las políticas del desarrollo sustentable; pese a que esas instituciones han impuesto a los países en desarrollo las políticas de globalización corporativa causantes de la destrucción ambiental y social.

Hortencia Hidalgo Caceres de la Red de mujeres indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe (RMIB-LAC) aseguró que los ejemplos que utiliza el PNUMA para demostrar lo que es economía verde no son buenos, porque si bien es cierto que genera ingresos económicos, en casi todos los casos vulnera los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos en general.

“Queremos ser un frente claro contra la dolarización de la vida, queremos retar a hacer el verdadero cambio que nos llevará más allá del ‘verde’ y otros colores de maquillaje a abordar los verdaderos temas que ustedes y nosotras sabemos cambiaran el paradigma de desarrollo en nuestro Planeta: No queremos desarrollo sin equidad, ni siquiera el ‘verde’; decimos firmes un no a una ‘economía verde’ que empobrece, segrega y hiere a los sectores más vulnerables del Planeta”, sentenció el Grupo Mayor de Mujeres.

La “economía verde” es un concepto paraguas y de manera frecuente las cosas son llamadas “verdes” aunque sólo afectan un aspecto del desarrollo sostenible. Se trata, por tanto, de un mero simbolismo sin sustancia. “A los pueblos indígenas nos preocupa la fuerza con que ciertos países desarrollados están empujando por una propuesta de economía verde y los marcos institucionales; y los países en desarrollo se están viendo obligados a seguir una propuesta que ni siquiera está definida, que no tiene forma, que no se sabe cómo va a funcionar”, alertó Hidalgo.

El 13 de septiembre de 2011, durante la reunión del Comité que diseñará el Fondo Verde para el Clima en Ginebra, más de 140 redes y organizaciones de todo el mundo, entre ellas Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, exigieron a los gobiernos compromisos urgentes que se aparten del “Business as usual”.

Las organizaciones y redes sociales enviaron una carta a la Directora de la Oficina Española de Cambio Climático Alicia Montalvo, quien representa al gobierno español en el Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima -establecido por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), manifestando su alarma por la intención de algunos gobiernos de implicar el capital financiero en las operaciones del Fondo.

La carta firmada por más de 140 redes y organizaciones llama a los miembros del Comité “ano proveer financiamiento o incentivos directamente al sector privado. Tal acción pueda plantear riesgos graves para el logro de procesos impulsados por los países. La participación del sector privado estaría mejor decidida, gestionada, regulada y promocionada en el contexto de una estrategia nacional”.

La relación entre el sector privado y el Fondo Verde para el Clima, también conocido como Green Climate Fund (GCF por sus siglas en inglés), es motivo de un intenso debate entre los miembros del Comité de Transición. Los representantes de los países más industrializados, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la UE, quieren que el sector privado sea la mayor fuente de la financiación internacional para hacer frente al calentamiento global en los países empobrecidos.

“Nos oponemos a la entrada de fondos privados que esperan un retorno de sus inversiones y que el sector privado pueda recibir recursos del Fondo Verde para el Clima”, dijo Tom Kucharz de Ecologistas en Acción, y reiteró que la obligación legal de los países industrializados de financiar la lucha contra el cambio climático en los países del Sur no puede depender de ninguna forma del capital privado y de instrumentos basados en la especulación y la volatilidad de los mercados financieros.

La sociedad civil global rechazó así la propuesta de Teresa Ribera, Secretaria de Estado de Cambio Climático, de un “marco nuevo de financiación climática que haga posible la movilización de inversión privada mediante el uso de recursos públicos”.

Las organizaciones sociales explicaron en su misiva que las actividades financieras, como la creación de derivados e inversiones en el mercado del carbono, son extremadamente arriesgadas y albergan el riesgo de crear una nueva burbuja financiera, así como impactan muy negativamente en las poblaciones y el medio ambiente. La volatilidad experimentada actualmente por las bolsas de valores constituye una clara advertencia de que tales instrumentos no sean precisamente una base apropiada para conseguir un financiamiento estable que el Fondo Verde para el Clima requiere si desea cumplir sus metas. Por todo ello exigen a los gobiernos “explícitamente excluir el uso de instrumentos especulativos u de otra naturaleza para incrementar su capital a través de los mercados financieros”.

Propuestas concretas

Varias organizaciones de ALC consideran que la Agenda 21, los acuerdos de Río y las Convenciones de Río (Cambio Climático y Diversidad Biológica) deberían ser el marco conceptual, jurídico y social de la Reunión Río+20. Inclusive apoyan algunos de los elementos de la “economía verde”, siempre y cuando no violen los derechos de los indígenas consagrados por la Declaración de Naciones Unidas acerca de los derechos del los Indígenas.

El Grupo Mayor de Mujeres concluyó que una visión orientada al desarrollo sostenible no puede centrarse únicamente en una agenda económica, sino que se debe de profundizar necesariamente en el abordaje de las agendas sociales, culturales, ambientales y políticas que no han sido cumplidas desde el último encuentro en Rio.

Los delegados sociales convocaron al PNUMA a conjuntamente con otras agencias de la ONU asuman un rol de liderazgo en la evaluación del desarrollo sostenible en base a indicadores de equidad en los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, éticos y de paz. La evaluación debe incluir tanto una evaluación de la implementación por países y una evaluación de las Instituciones Financieras Internacionales y de las instituciones privadas de préstamos.

Se recordó que los Estados tienen la obligación de cumplir los mandatos de la Agenda 21 y los principios de las dos convenciones obligatorias de Río, tomando en consideración el principio de “responsabilidad común pero diferenciada”. Algunos de los principios de la Declaración de Río son el “principio precautorio”, el “principio preventivo”, el principio de “quien contamina debe pagar” y el principio 10 sobre “acceso a la información y participación de la sociedad civil”. Las organizaciones sociales consideran muy importante la necesidad de discutir los conceptos de “seguridad climática” y de “justicia climática” en este sentido.

Además, la sociedad civil de ALC exigió el cumplimiento del Plan de Acción de Barbados para Estados en Desarrollo en Pequeñas Islas; y la Carta de la Tierra que pone de relieve los aspectos éticos del desarrollo sostenible y la responsabilidad común pero diferenciada de las personas en relación a la Tierra. Por otro lado, se insta a revisar el rol de la Organización Mundial del Comercio y sus normas que impiden la implementación de los acuerdos de Río de Janeiro de 1992, en particular los objetivos en el campo de la transferencia de tecnología.

Las instituciones sociales de ALC desarrollan su propio lenguaje, evitan usar el lenguaje de los gobiernos, y formulan sus propias demandas en vez de responder sólo a los documentos gubernamentales y de Naciones Unidas. Por ejemplo, plantean que los procesos de desarrollo y consumo sustentables son temas centrales; y que la discusión debe enfocarse en las necesidades de redistribución en vez del crecimiento y el concepto de “suficiencia”.

Según a sociedad civil organizada, se precisan políticas profundas y cambios legislativos que aseguren los derechos de propiedad de las mujeres, la tenencia de la tierra, el control sobre los recursos naturales; el acceso de las mujeres a los servicios, las finanzas, la educación y las tecnologías que se requieren para el agua, la energía, la producción agrícola, cuidado de la familia, administración del hogar y desarrollo empresarial.

La indígena Hortencia Hidalgo resumió así la línea de acción del movimiento social continental: “Seguimos desafiando a este desarrollo de modelo que promueve la dominación de la naturaleza, el crecimiento económico incesante, la extracción de recursos sin límite, con ánimo de beneficio, el consumo y la producción insostenible, los productos y mercados financieros no regulados. Este sistema prevaleciente debe entender que los seres humanos son parte integral del de la naturaleza, somos un elemento más en ese sistema. Creemos que nuestra visión del mundo y el respeto a la ley natural, nuestra espiritualidad, cultura y nuestros valores de reciprocidad la armonía con la naturaleza, solidaridad, colectividad, el cuidado y el compartir entre unos y otros, son cruciales para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible”.