La historia de los pactos intersectoriales en Bolivia, firmados para atravesar procesos políticos, es larga, pero el Pacto de Unidad ha sido la alianza más grande que las áreas rurales le han podido dar a nuestra historia y que ahora está en peligro de destrucción por el proyecto carretero para vincular Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni).

Hace cuatro años, para incursionar en el camino más escabroso como fue la Asamblea Constituyente, por la confrontación violenta que protagonizó la oposición durante el primer gobierno de Evo Morales, se firmó el Pacto de Unidad, una conformación histórica de 5 organizaciones de base netamente rurales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa – CMCIOB-BS, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia – CSCIB, el Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo – CONAMAQ y la Confederación de Pueblos Indígenas Bolivia – CIDOB.

La razón de existencia del Pacto de Unidad fue aliarse para dar sustento al proceso de cambio, es decir, que otorgarían todo el apoyo que el gobierno necesitara para el ejercicio de su gestión, a partir de una instancia social estructurada. Esta consigna ha originado la creación del Pacto, a pesar de que su composición social es muy peculiar y tiene dificultades de coordinación permanente porque son distintos pueblos rurales y pensamientos diferentes también.

En el caso de la CIDOB, se trata de indígenas de tierras bajas, que es la zona del país donde se concentran 32 de los 36 grupos culturales reconocidos en la CPE, con sus respectivos idiomas incorporados como oficiales. Por su parte las denominadas bartolinas, son la organización más grande de mujeres tanto campesinas como indígenas (e incluso itinerantes entre el campo y la ciudad). Con respecto a las comunidades interculturales, tienen ahora este nombre adoptado recientemente para sustituir el de colonizadores, por ser un término incómodo que denota su carácter de desplazados y despojados de la cualidad de originarios y demuestra su calidad de desterritorialización, debido al fenómeno migratorio resultado de las medidas económicas de 1985 y por los acontecimientos climáticos adversos del altiplano. El CONAMAQ es la organización indígena originaria más visible de la zona occidental que se declara aymara y quiere recuperar la estructura ancestral del Ayllu como forma de vida. Por último la CSUTCB, es la organización campesina sindical más antigua y está presente en los 9 departamentos con su propia división en Federaciones, Centrales, Subcentrales y Comunidades.

De esta forma, el Pacto de Unidad ha conseguido funcionar como un solo bloque hasta la gestión 2010 para asuntos generales, sin abandonar los propios y la razón de ser de cada una de sus 5 organizaciones. Pero es en la actual coyuntura que se presenta una división de posición frente al proyecto de construcción de la carretera en su tramo 2 (de los tres que conforman el proyecto, dos de los cuales ya están en ejecución), que atravesaría el TIPNIS, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que es apoyado por la CSUTCB, la CSCIB y la CNMCIOB-BS y es rechazado por la CIDOB y el CONAMAQ.[1]

El no a la carretera ha originado la octava marcha indígena, que en anteriores versiones como la de 1990 se denominó MARCHA POR EL TERRITORIO, LA DIGNIDAD Y LA VIDA y hoy tiene las mismas características. Asimismo ha logrado el apoyo de múltiples manifestaciones urbanas, nacionales e internacionales y de otras áreas rurales en contra de su construcción. Pero además está visibilizando una división muy clara entre lo indígena y lo campesino que, en el imaginario general, era concebido como lo mismo, pero resultan ser dos conceptos distintos que el gobierno está esclareciendo desde su óptica campesina y nos permite analizar mejor quién es el Presidente Evo, que es un campesino migrante de tierras altas a tierras bajas, por tanto en cuanto a territorio, él no tiene un origen e identificación clara, por ejemplo no tiene como lengua madre un idioma originario, si bien su castellano tiene un acento dialectal derivado del aymara, no lo habla.

Estos elementos están derivando en un pensamiento también migratorio, de una política a otra, de un compromiso social a otro, muy propio de quien no tiene ideología, apropiación ni sentido de pertenencia e identidad, es decir un migrante que no ha consolidado un territorio, no se ha apropiado de un “ser alguien” y se ha quedado suspendido en la inmadurez del liderazgo construido sin convicciones o escalado en peldaños ajenos, sin una base sólida[2].

La división (aunque aún no rompimiento) del Pacto de Unidad entre indígenas y campesinos, refleja también la división del pensamiento rural del país, por lo menos entre sus dirigentes ejecutivos nacionales. Si bien los indígenas son inferiores en población, su estrategia de marcha pacífica está dominando los medios de comunicación, orientando la opinión pública, empoderándose día a día con la fuerza de un preciso David hacia un torpe Goliat y se ha convertido en una vitrina desarticuladora de otros procesos actuales importantes como las elecciones de magistrados en octubre, el censo de población, la ley de Madre Tierra, el manejo del narcotráfico, el fácil acomodo a la política internacional de expansión brasileña, la profundización de la economía de dependencia y extractivismo, la negación de la nueva Constitución Política del Estado (tan celebrada y abanderada por el propio gobierno hace dos años), los rasgos dictatoriales en la manera de gobernar, la inconsistencia de los discursos sustentados en la política del Vivir Bien, la decepción internacional del gran mito Evo, el trato a las mujeres con discursos machistas en una era de reivindicaciones femeninas (no necesariamente feministas), etc.

La responsabilidad que tenía el Pacto de Unidad era la de posibilitar desde lo social, un gobierno madretierrista, lo cual se planteaba como el eje ideológico emergente, recuperado de la sabiduría ancestral que los cohesionaba y que ahora está desbaratado principalmente gracias a la incorporación legalizada de los transgénicos y la violación de un territorio protegido por leyes pero también por principios.

En estos días de marcha de los indígenas en defensa de su territorio Isiboro Sécure, el gobierno ha puesto el desenlace del avance hacia La Paz, en manos de sectores campesinos (colonizadores – interculturales), después de negociaciones artificiales con ministros confundidos y auto ridiculizados, en las que los indígenas marchistas han mostrado los mejores argumentos. Como un pequeño ejemplo está el de no responder al pedido de otra propuesta de carretera que les hicieron los negociadores del gobierno, porque ellos no habían solicitado nunca ningún proyecto vial que atraviese su territorio concedido en propiedad con título entregado por el mismo presidente Evo el 2008.

A pesar de que el Pacto de Unidad comprende la importancia vital de su unidad, se encuentra en plena crisis y si llega a romperse, podría arrastrar consigo una secuela de enfrentamientos entre sectores sociales importantes que todavía radican en la periferia de la desordenada economía nacional y no se benefician con la riqueza natural, siendo sus legítimos propietarios. Además esto significaría aumentar la situación de vulnerabilidad del país ante intervenciones externas de distintas clases, violentas o no, para poder ejercer mejor control sobre las zonas estratégicas de fuente de vida para el planeta como la Amazonía y otros recursos económicos como minerales e hidrocarburos.

Notas:

1. El CONAMAQ ha manifestado ya anteriormente tu oposición a la inclusión de transgénicos en la Ley de Revolución Productiva y Agropecuaria y la contaminación ambiental de la mina San Cristóbal.

2. Esta no es una condición de todo migrante, pero sí está siendo demostrado en el caso del Presidente Evo.

* Activista de la Asociación Inti Illimani. Energía solar para la alimentación.