Espero que estas letras urgentes no lleguen tarde, y se anticipen a una posible confrontación entre los colonizadores –así se (les) llamaban antes y, ahora, nada parece que justifique su cambio de nombre– y la VIII Marcha Indígena; confrontación que podría tener el mismo efecto sepulturero de la acción militar desplegada en 1986 en Calamarca contra la Marcha por la Vida: aquella terminó de hundir la resistencia minera y popular al DS 21060 y la relocalización y, con ella, a la columna vertebral del viejo esquema de organización de las luchas sociales y poder dual que surgió de la Revolución Nacional, y ésta podría matar en el huevo el proceso de modelación y construcción colectiva del nuevo modelo de estado y sociedad surgido del reciente debate constituyente.

A pesar de que la reflexión contenida en ellas pudiera parecer indolente o anticlimática, de cara al sacrificio con que una vez más el movimiento indígena del oriente enrostra al país y a los jerarcas del estado, lo que buscan es replantear las preguntas que quedaron con respuestas confusas o apenas ribeteadas en el debate refundador y volver a situarnos en el debate inconcluso de aquel proceso que –hoy como ayer– debemos agradecer a estos marchistas impertérritos.

Y es que, por acuciantes que resulten las circunstancias actuales y el debate sobre la carretera a través del TIPNIS, el mayor mérito de esta nueva epopeya lo constituye haber reabierto un debate urgente sobre el proceso de cambio, sus logros y limitaciones hasta el presente pero, sobre todo, sobre las consecuencias estratégicas de los desvaríos del gobierno en la orientación histórica del mandato de construir un Estado que pueda merecer de manera inequívoca el calificativo de Plurinacional. Ahora, cuando todavía es posible reconstituir la unidad política del bloque histórico que hizo posible aprobar la nueva Constitución. Ahora y no en el fragor politiquero de las próximas elecciones, cuando tal vez sea ya demasiado tarde.

Hoy está claro que con la nueva Constitución lo que se hizo fue abrir –dándole forma, dirección y contenido– el proceso de cambio, no cerrarlo. Hoy está clara la dimensión temporal que dicho proceso conlleva, asegurando que no se puede cerrar el capítulo de la historia colonial de Bolivia con un decreto o un discurso…, ni siquiera con un nuevo texto constitucional. Sin embargo, la condición para el avance sostenido y profundización de este proceso es la de preservar y ampliar la unidad del nuevo bloque histórico en el poder, no al revés, como parecen haberse empeñado en hacer el MAS y su gobierno. A él es a quien debería obedecer para mandar con legitimidad el presidente Morales.

Del Pacto de Unidad –creación ajena al MAS­– hoy sólo quedan jirones. El sentido de oportunidad que brindó el MAS en las elecciones de diciembre de 2005 al lúcido esfuerzo unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias que lo habían constituido en septiembre de 2004 para no perder la titularidad del proceso que habían abierto con sus luchas, demoró muy poco en convertirse en oportunismo. La primera traición estratégica a los pactantes fue tan temprana como la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, en la que se garantizaba a las moribundas expresiones del viejo sistema una representación que en ningún modo correspondía a su realidad política, mientras se la negaba a cada uno de los pueblos que habían marchado una y otra vez exigiendo una Asamblea Constituyente que refundara Bolivia a través de un Pacto de Convivencia que, en uso de su derecho a la libre determinación, sellara el Pacto de su Pertenencia a un país del que eran dueños y en el que habían vivido como inquilinos. “No se preocupen hermanos, los incluiremos en las listas del MAS” fue la respuesta, con la que de paso se aseguraban la cooptación de dichos pueblos, pretendiendo conculcar desde entonces la independencia social y política de sus organizaciones. El resultado de esta maniobra –sin embargo, aceptada con generosidad y renunciamiento por los pueblos del chaco, el oriente y la amazonía– fue que la Asamblea no contó con la representación directa ni del 20 % de los pueblos que conforman nuestro diverso mosaico cultural.

De ahí en más, todo fue más de lo mismo. La falta de un proyecto MASista de Constitución fue, a duras penas, disimulado por el esfuerzo y brillantez del proyecto puesto en mesa por el Pacto de Unidad a partir de uno de los procesos participativos más importantes de nuestra historia. Sin embargo, en el proceso de apropiación de dicho proyecto ya aparecieron las hilachas del proceso hegemonista que desde dentro del Pacto desplegaron los cocaleros y colonizadores, introduciendo elementos de confusión e incoherencia y desfigurando el papel de los pueblos indígenas, originarios (así, con comas) y la nación en el diseño y construcción del nuevo orden. La artificiosa invención de la sui generis categoría de pueblos y naciones “indígena originario campesinos” (así, sin comas), campesiniza artificial y falsamente a la mayoría de la población boliviana, incluida la mayoría de población que se autodefine como indígena u originaria, que no vive en el campo, sino que –ya desde hace varias décadas– es urbana.

Con ello, se sentaron la bases para hacer un manejo discrecional de los derechos y garantías ciudadanos y, lo que es peor, se metió en un mismo saco de pretendida homogeneidad a la pluralidad sociocultural constitutiva del nuevo modelo de estado, reduciendo la compleja misión de crear un estado con pluralidad política, jurídica, orgánica, económica y cultural a un cambio de manos en la gestión del viejo estado monocultural, recubriendo la traición con un discurso muy anti-imperialista y anticapitalista, y una soberbia descalificadora de cualquier voz crítica que no sea la de ellos mismos o sus cada vez menos adulones.

Esta Marcha –como la del 90– tiene la virtud de volver a poner sobre el tapete el reclamo de respeto a la diversidad y la dignidad. Y, como es obvio, no lo hace en el mismo escenario de entonces, cuando el descubrimiento del glorioso atributo de la diversidad cultural fue fecundamente asimilado por la sociedad y el sistema institucional del país. Hoy, no sólo tenemos un reconocimiento retórico y simbólico de la pluralidad constitutiva de nuestra sociedad (como en la Constitución del 94), tenemos un estado definido constitucionalmente como plurinacional, es decir, que se obliga no sólo a reconocer su pluralidad, sino a respetarla, hacerla respetar y promoverla. Es decir, un estado que debería ser el garante de oficio de los derechos que la Constitución consagra y reconoce a sus actores individuales y colectivos.

Por ello, es obligación del gobierno asistir y defender a los pueblos a quienes ha reconocido derechos territoriales a través de las hoy llamadas TIOCs frente a las amenazas externas que puedan amenazarlos. El recurso a la fuerza que parece reclamar el presidente a las comunidades es privativo del estado que él dirige. Ése es el sentido del Pacto de Convivencia del nuevo pacto constitucional, a través del cual la sociedad encomienda al estado un papel mediador, reconociéndole la exclusividad del papel coercitivo para hacer cumplir la ley.

¿Qué quiere decir el presidente cuando acusa a las comunidades indígenas del TIPNIS de no hacer respetar su territorio y sus recursos por parte de los circunstanciales invasores –madereros o cocaleros–, pretendiendo justificar con el hecho de que ya existen caminos y sendas por los que actores ajenos al territorio indígena están vulnerando los derechos constitucionales de sus comunidades su determinación de construir la carretera de marras?

¿O es que la nueva estrategia de despojo de las TIOCs que están promoviendo desembozadamente los colonizadores con el complaciente aliento del MAS ha decidido sustituir en el bando enemigo a los latifundistas por los pueblos indígenas y sus territorios bienhabidos, cuyos títulos puede reivindicar con justeza haber firmado el presidente?

¿A dónde apunta el MAS y las organizaciones leales que le quedan instruyendo el bloqueo de la Marcha indígena? ¿Se pretende –como en ya tantas ocasiones– atribuir a la espontaneidad de los “movimientos sociales” la responsabilidad por los descalabros que genera la violencia fratricida, azuzada por la manía polarizadora del gobierno? Si se tratara sólo de las confrontaciones con el enemigo del proceso de cambio, vaya y pase, se podría entender su eventual inevitabilidad; pero promoverlas en el seno de las organizaciones cuya unidad fue la piedra angular del proceso es sencillamente imperdonable.

El nuevo Estado Plurinacional no puede seguir haciendo las cosas como se hacían antes. El nuevo estado no puede atropellar los derechos de sus pueblos constitutivos cuyo reconocimiento es la base de su existencia. Y esto rige para aprobar nuevas leyes, planes de gobierno, proyectos, construir carreteras o para redefinir la manera de encarar los conflictos.

El derecho a la consulta consagrado en nuestra nueva Constitución no puede ser leído sino a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada como ley nacional con grandes aspavientos apenas fue votada por la Asamblea General de la ONU. Esto quiere decir que se trata del derecho al consentimiento previo, libre e informado y, por consiguiente, de una medida obligatoria y de carácter vinculante. Consiguientemente, el punto de partida –ni en el tema del TIPNIS ni en ningún otro– puede ser una decisión ya tomada y, mucho menos, irreductible.

La Consulta no puede, en consecuencia, asumirse como un hecho puntual y, mucho menos, extemporáneo. La Consulta debe entenderse como un proceso continuo de diálogo, de acercamiento, como una nueva manera de entender y asumir la responsabilidad de gobernar. Ignorarlo, simplemente, traduce la respuesta a la prepotencia en la tentación del veto. Es el camino en el que todos perdemos. Y esto, como todo lo demás, exige a todos una disposición humilde al aprendizaje, a la forja creadora de una cultura de diálogo que cimiente el nuevo orden, pues aquí nadie tiene las respuestas correctas a priori y no tenemos de dónde copiarlas.

El argumento del desarrollo para imponer la construcción de una carretera que atraviesa un territorio indígena y parte en dos un parque nacional es, por decir lo menos, insuficiente y ciego. Se trata de un territorio sujeto a un derecho propietario cuya seguridad jurídica está garantizada por la Constitución y de la que el estado debería ser el primer guardián. Es un territorio en el que sus propietarios ejercen su autonomía, su autogobierno y su libre determinación –derechos todos reconocidos extensa y detalladamente en la Constitución– y, en virtud de los cuales, pueden decidir el tipo de desarrollo que más les guste. Es un territorio cuyos dueños se oponen –en la forma y en el fondo– a la decisión del gobierno de construir esta carretera y a la intención de los cocaleros de ampliar sus negocios. Es un territorio en el que la naturaleza –que no habla, no vota y no marcha, pero factura– y un instrumento legal que la protege, recomiendan mantener intangible.

Así es. El gobierno –como bien señala el Viceministro de Descolonización–debe aceptar que el concepto de desarrollo ha dejado de tener en Bolivia un sentido unívoco. Y el Sr. Coraite, si pretende representar la diversidad de puntos de vista y opciones de desarrollo que alberga la CSUTCB, debería saber que los “salvajes” a los que quiere “civilizar” pueden darle lecciones sobre la coherencia y dignidad con las que a lo largo de la historia han buscado “Vivir Bien”.

Pero la Marcha es también un grito sereno con el que los pueblos indígenas y originarios del país expresan que su paciencia ha sido colmada, que no aceptan más que el gobierno continúe despojándolos de sus territorios y sus derechos, tratándolos como menores de edad y conculcándoles su participación y protagonismo como titulares del proceso de cambio. Pero, lo más importante, es que ese grito reclama del gobierno que deje de vaciar dicho proceso de la esencia y contenidos que aseguran el respeto a la pluralidad de visiones y opciones de desarrollo económico, social y cultural que enriquecen a la bolivianidad pluricultural, el apoyo de un gobierno de todos para plasmarlas; el respeto a la autonomía de los actores sociales y sus organizaciones y, finalmente, reclama que no se continúe imponiendo una práctica que niega lo que se predica.

Por eso, marchan los 36 pueblos y no sólo los del TIPNIS. Por eso el pliego de demandas tiene 16 puntos y no uno. Por eso, el respeto a la Madre Tierra no es un tema de hormonas que dejan calvos y determinan la orientación sexual de los habitantes del norte industrializado, ni de “Cumbres”, ni de leyes que no se van a cumplir: son las conductas que aquí y ahora queremos que honren la confianza y las expectativas que todos los bolivianos y bolivianas depositamos en este irrepetible proceso.

* Alfonso Alem, a pesar de las tentaciones descalificadoras que puedan motivar estas líneas, es otro boliviano comprometido con el proceso de cambio y desilusionado por lo que el gobierno está haciendo de él.