En este artículo se analiza una serie de conflictos que pusieron al descubierto las líneas de tensión existentes entre el MAS y las bases sociales en 2010, año que marcó una nueva etapa en el desarrollo del proceso boliviano. Esta nueva etapa, signada por el comienzo del segundo periodo presidencial de Evo Morales y la hegemonía parlamentaria del MAS, por un lado, y por el reto político de implementar la Constitución Política del Estado, por el otro, se aborda desde la contraposición entre construcción de hegemonía y monopolización política.

En la perspectiva de hacer un análisis de coyuntura en el que se plantee una valoración de las actuales relaciones de fuerzas en el país, tomando como base los conflictos sociales que han tenido mayor impacto durante el 2010 y su relación con aspectos institucionales, procesos y estructuras que operan en el proceso histórico social boliviano, creemos que es fundamental partir señalando que esta gestión está marcada por el inicio de una nueva etapa.

La misma no sólo tiene que ver con una nueva gestión de gobierno del presidente Evo Morales, tras su triunfo en las elecciones generales de diciembre de 2009 sino, y principalmente, con el reto político de implementar la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por voto popular en enero de 2009, y de un nuevo modelo de Estado, que en sus bases teóricas, se distancia del Estado republicano en su carácter plurinacional y su potencial descolonizador.

En este marco, la Asamblea Plurinacional, que es como se denomina al actual esquema legislativo, no sólo tiene el reto de implementar la CPE a través de un nuevo cuerpo de leyes, sino trascenderla en sus propios límites. Lo anterior tiene que ver con que, comparada con los horizontes de lucha abiertos por los movimientos sociales entre el 2000 y 2005, la nueva carta magna plantea varios límites. Por lo anterior, la CPE ha sido calificada por la mayor parte de las organizaciones sociales como un texto en transición.

De manera general, se atribuyen estos límites al hecho de que la Asamblea Constituyente sesionó en el marco de un escenario caracterizado por una fuerte polaridad y una gran ofensiva conservadora, protagonizada por fuerzas opositoras sobre-representadas por la fórmula electoral aplicada en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente; una derecha que se articuló en torno a las figuras de los prefectos opositores y que se escudó en la bandera política de las autonomías departamentales, desplegando una ofensiva que derivó en el denominado “Golpe Cívico Prefectural”, que se expresa con mayor fuerza en la toma violenta de instituciones estatales en los departamentos de la denominada “Media Luna”, en septiembre de 2008 y cuyo corolario ha sido la “Masacre del Cacique” contra indígenas y campesinos en el departamento de Pando.

De estos episodios, las fuerzas opositoras de derecha salen muy debilitadas, pues se ven desnudadas en sus intenciones autoritarias y su discurso de defensa del estado de derecho y de la democracia pierde legitimidad. Por lo tanto, se entiende que el escenario de polarización de la Asamblea Constituyente producido por la constante y violenta ofensiva de las fuerzas conservadoras impidió la producción de un texto que plantee cambios profundos.

También se han dado algunas críticas sobre los límites de la propia dinámica interna de toma de decisiones en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que habría actuado como un factor de contención. Desde esta perspectiva, los límites del texto constitucional se atribuyen también a una estrategia del MAS que parece estar orientada a convertirse en una voz monopólica del cambio, cerrando las posibilidades de participación autónoma; es decir, fuera del paraguas partidario, de las otras fuerzas que produjeron el cambio desde la acción colectiva desplegada a partir del año 2000.

Otra de las acepciones que se ha dado a la concepción de “Constitución en Transición” es aquella que surge de la necesidad de seguir profundizando el debate sobre el contenido del texto constitucional, siendo que existen diversas interpretaciones sobre el mismo. Cabe preguntarse entonces si el proceso de construcción de una hegemonía con dirección popular, acorde al tipo de proceso político de cambio que se impulsó por los movimientos sociales, no tendría que alejarse de estrategias políticas de copamiento y monopolización para avanzar en la construcción de espacios amplios de deliberación colectiva y de consenso que posibiliten la conformación de lo que ha venido a llamarse un “gobierno de los movimientos sociales”, que, como tendencia, muestra, si no una forma de instrumentalización de las organizaciones sociales, al menos un alejamiento de las mismas o de sus facetas más transformadoras.

En ese sentido, nos interesa analizar en las líneas que siguen el modo en que es descifrado y entendido desde el MAS el nuevo mapa de fuerzas producido por los resultados electorales. Nos planteamos entonces analizar los conflictos centrales que se han producido el 2010 –elegidos éstos ya sea por su alcance nacional, por su alto nivel de conflictividad o por su capacidad de cuestionamiento a problemas estructurales que atraviesan la formación social boliviana– como acontecimientos que dan cuenta de la noción de hegemonía que se va vislumbrado en esta etapa post-constituyente.

Un nuevo escenario de relaciones de fuerza

Las elecciones generales de diciembre de 2009 le otorgan al MAS el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con un total de 68% de los asambleístas, con el control de las dos Cámaras. Ello permite que el MAS ya no tenga que enfrentar, como lo hacía en su anterior gestión gubernamental, el veto de la derecha en el poder legislativo, veto que fue ejercido por ésta como una estrategia de bloqueo a cualquier iniciativa legislativa que viniera del oficialismo, haciendo uso de su mayoría en la Cámara de Senadores. Cabe entonces preguntarse si la amplia mayoría congresal de la que hoy goza el MAS es asumida por esta fuerza política como una posibilidad de articulación de un proyecto político plural y con la participación activa de las fuerzas sociales vivas, o si, por el contrario, se la ha asumido como un mecanismo de control.

En este sentido, analizaremos el conflicto suscitado en torno a la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) con las organizaciones indígenas en particular, como un acontecimiento que muestra la apertura o no del oficialismo a producir un espacio legislativo en el que se vayan integrando proyectos políticos de cambio diversos desde donde se fue construyendo la legitimación del proceso, potenciando las fuerzas autónomas, o si se está avanzando en una vía de construcción hegemónica a partir de un consenso pasivo, es decir, desde la subordinación y no desde el consenso.

Si consideramos que la construcción hegemónica tiene que ver con una disputa por la dirección intelectual y moral en el seno de la sociedad civil, y nos encontramos en un escenario en el que el partido en función de gobierno tiene una aplastante mayoría en la asamblea legislativa y que las fuerzas opositoras están reducidas no sólo por el número que ocupan en este espacio y por otros que han ido perdiendo a nivel departamental y municipal, sino y principalmente por su falta de legitimidad, nos encontramos frente a la necesidad de que la acumulación de fuerzas producidas por varios bloques históricos en el país no sea capitalizada para la monopolización y el copamiento de los espacios de vida política por una sola fuerza partidaria.

Si entendemos que los movimientos sociales en Bolivia han luchado en gran parte por superar el horizonte liberal partidario de la política y su relación clientelar con las expresiones corporativas de la organización social, entenderemos también que no lo han hecho para producir un espacio de dominio de una sola fuerza partidaria, aunque ésta haya emergido de las luchas sociales.

En este punto, nos parece importante traer a colación el tema de las alianzas electorales del MAS con fuerzas conservadoras en los últimos comicios y preguntarnos si éstas, lejos de responder a una suerte de astucia política, que habría permitido desordenar la articulación que la oposición fue construyendo a partir de los gobiernos departamentales, no es más bien un elemento de desestructuración y debilitamiento de las propias posibilidades de construcción de un proyecto revolucionario. También llama la atención aquí el hecho de que a la par de aliarse con fuerzas conservadoras, el MAS ataque de manera constante otras fuerzas partidarias, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), su ex aliado, en lugar de construir con éstas posibles alianzas.

Dicho lo anterior, también analizaremos el tema de la mediación política en la construcción de hegemonía a partir de la forma en que el gobierno ha interactuado con fuerzas sociales movilizadas a partir de demandas específicas, como el caso de los conflictos de Potosí y Caranavi, donde la estrategia de desgaste y de deslegitimación tanto de las demandas como de los actores fueron el hilo conductor del manejo de la conflictividad antes que el debate con base en una propuesta clara de un proyecto nacional y la apertura a construirlo desde la articulación de otros proyectos.

En estos conflictos nos interesa también observar cómo el gobierno construye sus relaciones con las organizaciones sociales fuera del ámbito legislativo. En esta nueva etapa, es fundamental la creación de estos espacios amplios de deliberación no sólo al interior de la Asamblea Plurinacional, sino en el ejercicio político de un amplio debate nacional que involucre a múltiples actores y a organizaciones sociales, en el cual se pueda debatir el significado de los cambios plasmados en la nueva carta constitucional. Esto es fundamental, principalmente porque la CPE refrendada en una consulta popular realizada en enero de 2009 ha sido clasificada por muchos sectores sociales como una “Constitución en transición”, debido a que, por un lado, se le reconocen importantes avances y, por otro lado, también se señalan algunos de sus límites en relación a los horizontes de cambio abiertos por las luchas de los Movimientos Sociales.

También analizaremos la llamada “Crisis del gasolinazo”, conflicto que se da en los bordes del cambio de año, como un acontecimiento que, por un lado, nos permite observar el modo en que el gobierno administra la legitimidad construida en años de luchas sociales, entendiendo que esta podía ser capitalizada para sustentar una política de shock abiertamente anti-popular; y, por otro lado, el modo en que la capacidad inmediata de movilizaciones y resistencia de la población muestra su potencial para recuperar la legitimidad popular para sí y donde se evidencia una clase dirigencial enfrentada a los intereses de los propios sujetos de la construcción del proceso.

¿Hacia una autonomía indígena concertada?

La segunda mitad del 2010 se vio signada por la radicalización del conflicto social en torno a la interpretación de los contenidos constitucionales referidos a la implementación de la autonomía en sus diferentes expresiones –indígena originario campesina, departamental, regional y municipal– y al modo en que los mismos serían recogidos, reglamentados y puestos en marcha a través de la nueva LMAD que, en ese periodo, era aún un proyecto en discusión dentro de las instancias legislativas.

Si bien un año antes el tratamiento de esta temática, sobre todo desde el Órgano Ejecutivo, buscó generar espacios de concertación colectiva para aplicar la autonomía mediante la conformación de instancias de discusión social que involucraran a todos los actores sociales interesados en que la misma se erija como un nuevo modelo de distribución del poder y los recursos, éstas terminaron por disolverse y se dejaron de lado. Sobre todo, porque en aquel período se priorizó el tratamiento de la normativa que regularía las futuras elecciones nacionales, departamentales y municipales que debían llevarse a cabo en diciembre de 2009 y abril de 2010.

Con todo, los primeros debates entre organizaciones sociales y gobierno referidos a las autonomías en inicio estuvieron abiertos a la recepción de propuestas elaboradas por las instancias representativas de los pueblos indígena originario campesinos (el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu, CONAMAQ; y la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, CIDOB), con el fin de considerar su visión particular referida al autogobierno, a la reconstitución de los territorios ancestrales, las formas propias de elaboración y validación de estatutos a través de los usos y costumbres y el derecho a ser consultados respecto a los alcances y límites de la explotación de los recursos naturales.

Esta apertura intentó institucionalizarse a través de la creación del Consejo Nacional de Autonomías, el cual pretendió propiciar una mayor pluralidad convocando e invitando a participar en el mismo, además de a representantes de los movimientos sociales en sus expresiones indígena, campesina y popular, a autoridades departamentales, municipales y regionales que debían contribuir también a definir los marcos de acción de este proceso.

Sin embargo, la necesidad de dar cumplimiento a la aprobación de una Ley del Régimen Electoral Transitorio –que desvió el foco de acción, generando el surgimiento de polémicas en torno a la demanda de una mayor inclusión de los pueblos indígenas minoritarios en los espacios de decisión materializados en las circunscripciones especiales indígenas–, llevó a ubicar el debate analizando cómo concretar un diseño institucional que en efecto exprese una modificación profunda en las relaciones de poder, que permita la inclusión de las visiones de la sociedad civil organizada y una reconfiguración de los espacios públicos incorporando la presencia indígena, para de este modo asignar finalmente sustento y continuidad a una política de descolonización que dé cuenta de los avances y límites en la consolidación de un Estado Plurinacional.

Así, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Autonomías como espacio de elaboración de una propuesta consensuada quedó en el aire y, al tener presente que uno de los mandatos constitucionales suponía aprobar en un breve plazo cinco leyes orgánicas esenciales que definirían el nuevo ordenamiento socio-político estatal, entre las cuales se encontraba la LMAD (1), la elaboración de los contenidos del proyecto de implementación autonómica fueron asumidos por el nivel central, que expuso los mismos y los socializó en el marco de un conjunto de encuentros sociales convocados en 2009 y orientados a validar, más que a retroalimentar, su propuesta.

Si de acuerdo con la discursividad estatal uno de los aspectos fundamentales del proceso de cambio ha sido y es apostar por una inclusión social de la identidad indígena y sus formas organizativas para generar una democratización que experimente con mecanismos de participación colectivos y comunitarios propios, así como sustentando reivindicaciones culturales, sociales y políticas basadas en luchas anticapitalistas y antidiscriminatorias, haber privilegiado el cumplimiento de tiempos políticos –que implicaban aprobar cinco leyes estructurales entre las que se encuentra la LMAD en el plazo de 180 días– por encima de los tiempos de construcción de un horizonte referencial compartido dentro del cual moverse y que, precisamente, analice y considere las expectativas referidas a la creación de la autonomía indígena, puso en cuestionamiento cómo se estaban diseñando las relaciones que vinculan Estado y sociedad civil.

Es decir, colocó en el centro del debate, a través de la movilización, el asunto de si en dicha relación la construcción de la hegemonía era comprendida por todos los actores políticos y sociales como un modo de recuperar potestades propositivas. Lo cual a su vez implicaba confiar en que el proceso de cambio no representa una crisis, sino una apuesta y un proyecto de reconfiguración de la dirección política alterna, participativa, que para perdurar y crear un bloque histórico con tintes emancipatorios obliga a considerar el cruce alternativo de fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas concertando con la multiplicidad de actores que representan lo plurinacional.

Entonces, si el tema es definir cómo restablecer, crear o profundizar una articulación de fuerzas sociales que acompañen el cambio a través de la descentralización del poder, el desafío del MAS como instrumento que dirige este proceso ha sido y es identificar el hilo conductor que orienta la construcción de una hegemonía que no se perciba como dominio sino como dirección.

Para ello, es fundamental abrir el debate y así establecer qué se entiende por autogobierno, cómo se vincula el Estado con los pueblos indígena originario campesinos y valora su legítima potestad para resolver y gestionar su autodeterminación, qué asuntos son propios de cada nivel autonómico, cómo clarificar y delimitar bien sus competencias y, finalmente, cómo, en esta perspectiva, se plantea coordinar la relación política establecida desde lo macro-nacional con lo microlocal recogiendo visiones sociales que retroalimentan una política participativa, sólida, concertada.

Sin embargo, cuando entre junio y julio del 2010, en plena etapa de debates camarales y asamblearios en los que se trabajaba la aprobación del nuevo marco normativo autonómico, la CIDOB –como instancia que agrupa a 34 pueblos indígenas minoritarios y promueve la defensa de los derechos indígenas, la equidad de género, la solidaridad y la defensa de sus territorios de origen– convoca a una marcha para posicionar públicamente su demanda histórica de que el proceso autonómico garantice la plena reconstitución territorial indígena como condición para la fundación de un Estado Plurinacional y descolonizado, impulse la autodeterminación y el autogobierno, fortalezca las prerrogativas de administración de los recursos naturales, contemple la necesidad de que en la nueva ley figure la consulta previa sobre la explotación de recursos naturales y reemplace la aprobación de los estatutos indígenas mediante referéndum por la aplicación de usos y costumbres; se va palpando cuáles serán los principales puntos de divergencia, confrontación, debilidad y riesgo para concretar una hegemonía alternativa.

Al considerar cómo el gobierno encaró esta problemática, una primera lectura de lo acontecido con la CIDOB y sus demandas, respaldadas por otra organización indígena, el CONAMAQ, cuya lucha histórica en pro de los derechos indígenas le asigna voz y autoridad como agente social de interpelación, cabe resaltar que las implicancias de este conflicto fueron minimizadas, trazando como límites para descalificarlo su carácter inconstitucional y señalándose al inicio del mismo, en palabras del ministro de Autonomías, Carlos Romero, que “no habría nada que debatir con los miembros de CIDOB” (El Diario, 22 de junio de 2010).

Esta negativa a dialogar, unida a la descalificación de las demandas reduciéndolas a un conflicto por cuotas de poder, donde la exigencia de que los curules indígenas se amplíen de 7 a 18 plazas fue presentada desde el gobierno como un intento ilegítimo por priorizar lo minoritario sobre lo mayoritario y como una mala interpretación de los contenidos constitucionales de parte de la CIDOB respecto a los alcances de la autonomía indígena originario campesina, da cuenta de que el hilo conductor para validar una narrativa hegemónica no recogió sentidos compartidos ni elementos alternativos de la realidad social.

En lugar de ello, puso en evidencia que en el escenario político se continuaría sustentando una lógica en la cual privilegiar una línea de conducción y manejo de lo estatal basado en una lógica que determine qué es válido incluir y qué se debe excluir en los debates asamblearios en pro de la funcionalidad.

En el camino, se pierde de vista que el proceso constituyente se inició y generó adhesiones y simpatías fundamentalmente porque comenzó abriéndose camino como una propuesta simbólica, desafiante del statu quo, que resaltaba el protagonismo y las luchas del movimiento indígena campesino originario. De ahí derivaban y derivan su amplia aceptación y su legitimidad.

Y se pretende invisibilizar también el hecho de que la CIDOB, apropiándose de las líneas reivindicativas contenidas en la propia norma máxima, posiciona sus demandas considerando los propios mandatos constitucionales, donde se señala que la constitución de una autonomía se realiza mediante la voluntad democrática y la elaboración y convocatoria para aprobación de los estatutos autonómicos se realiza de acuerdo a usos y procedimientos propios.

Así, un camino útil para ir sentando las bases de un proceso hegemónico bajo la bandera del cambio incluyente, considerando este conflicto en particular, habría sido aquel que induce a no posicionar a los movimientos indígenas como enemigos o como sujetos sociales sin iniciativa propia, manipulables, aturdidos y mal informados, instados a movilizarse bajo el influjo de fuerzas imperialistas externas que los instrumentalizan para desestabilizar al gobierno, como llegaron a afirmar en reiteradas ocasiones representantes del gobierno.

Sería importante entonces agendar en lo público un debate pendiente: el que se refiere a la definición de cuáles tienen que ser los ejes de construcción de una hegemonía popular basada en una efectiva y oportuna reorganización de fuerzas y que no descarte, minimice y olvide la capacidad transformadora de los mecanismos de acción colectiva y deliberativa propios de la organización social, la plena validez de la lucha por los derechos y la necesidad de compatibilizar la política definida y aprobada en el seno del debate asambleario, legislativo y plurinacional con las dinámicas discursivas y deliberativas que apuntan a la construcción del autogobierno y de la gestión territorial como ámbito desde donde definir una visión propia, común y particular del mundo y del sustento de la vida cotidiana.

Por último, al reflexionar acerca de las posibilidades de ir avanzando en la construcción concertada de la autonomía indígena originario campesina tomando como punto de análisis el conflicto suscitado entre CIDOB, CONAMAQ y el gobierno central, es importante resaltar que la hegemonía como estrategia de radicalización democrática, además de apuntar a la rearticulación de luchas contra diversas formas de subordinación (Laclau y Mouffe, 1987), requiere no perder de vista quiénes son los interlocutores sociales que plantean las demandas, cuál es su historia de lucha y su nivel de empoderamiento.

Como señalan Mercedes Nostas y Alicia Tejada (Nostas y Tejada, 2010), la legitimidad de la CIDOB como agente socio-político radica en su lucha de casi treinta años para colocar la problemática de tierra y territorio como una prioridad en el debate nacional, su apoyo incondicional a la Agenda de Octubre y su apuesta por el nuevo proyecto político que asumiría como lineamientos las discusiones suscitadas en el seno de la Asamblea Constituyente.

Si bien las demandas de la CIDOB podrían leerse como un intento por conseguir “beneficios directos para su sector, éstas contienen aspectos estructurales que interesan a la sociedad en su conjunto, donde la articulación de los intereses comunes para lograr el bien mayor es un ejercicio pendiente y por esta razón es necesario comprenderlos a cabalidad” (Nostas y Tejada, 2010).

Y es este un posible punto de partida para ir estableciendo los contenidos de una hegemonía capaz de sustraerse a la reproducción de la opresión en cualquiera de sus manifestaciones.

Reforzamiento de límites y acceso a recursos: la clave de la auto-gestión

Si bien el conflicto con CIDOB daba cuenta de algunas de las aristas desde donde es posible abordar las complejidades de una nueva estructuración y reordenación territorial, destacando como núcleo problemático el reconocimiento del autogobierno como expresión identitaria y del derecho a la autodeterminación indígena; un mes después de que se acuerda un alto a la conflictividad con esta organización social, el proceso autonómico se ve constreñido a encarar nuevos tropiezos.

Esta vez, el escenario de la incertidumbre que problematiza la implementación de la autonomía es el ámbito departamental, donde los puntos que van planteando los posibles futuros aspectos detonadores de una crisis pueden ser el conflicto limítrofe con el departamento de Oruro por la instalación de una fábrica de cemento en la población de Coroma bajo la premisa de que sus beneficios lleguen únicamente a Potosí y la instalación de demandas vinculadas a reforzar el dinamismo y el crecimiento económicos de esta zona, involucrando inversión estatal en la rehabilitación de un complejo metalúrgico y la construcción de un aeropuerto internacional.

Teniendo en cuenta que, como se señalaba líneas arriba, la construcción de la hegemonía alternativa supone considerar el peso de los actores sociales que interpelan una medida política o alertan sobre la urgencia de incluir sus demandas, hay que remarcar que la protesta impulsada en Potosí, que incluyó marchas y huelgas de hambre, fue liderada por una organización cívica, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), respaldado por 28 organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas, que, a diferencia de las dirigencias cívicas que impulsaron la oposición a la implementación de una nueva visión de país entre 2006 y 2008, se adhieren a la línea de las luchas populares y de izquierda.

Ahora bien, un análisis detallado de la forma en que se desarrolló este conflicto, que paralizó carreteras y aisló a Potosí del resto de los departamentos por un lapso de 19 días, permite vislumbrar que la autonomía, como proceso complejo, no sólo es un asunto de reafirmación de la identidad y el autogobierno, sino también un elemento intrínsecamente ligado a posibilitar la auto-gestión. No olvidemos que Potosí es una de las regiones más pobres de Bolivia y al plantear la autonomía y la descentralización de recursos económicos que de ella deriva se requerirá entablar amplios debates dirigidos a identificar posibles fuentes de productividad, explotación y aprovechamiento para auto-sustentar la economía local. En el camino, no se descarta el surgimiento y el resurgimiento de reclamos por delimitaciones intermunicipales, interprovinciales e interdepartamentales, cuya meta principal sea demandar para sí el uso y aprovechamiento de recursos naturales ubicados en aquellos espacios donde convergen distintas unidades territoriales.

Igualmente, es interesante destacar cómo se encaró la problemática desde lo estatal. Si a lo largo del desarrollo del conflicto con la CIDOB se minimizaron las demandas presentadas y se negó a las mismas la trascendencia suficiente como para instalar una mesa de diálogo de forma inmediata antes de que la CIDOB recurriera a la marcha como medida de presión, en el caso del COMCIPO se promovieron seis intentos de negociación sobre todo con representantes del Ejecutivo e instalando mesas de trabajo donde discutir cada una de las exigencias planteadas.

Asimismo, desde el ámbito legislativo, diputados representantes de la bancada de Potosí (oficialistas y no oficialistas) instalaron una huelga de hambre como medida de respaldo a las demandas de su departamento, dando cuenta de que, en el proceso de implementación de las autonomías, la adhesión o identificación con los intereses regionales, locales y departamentales inmediatos pueden sobreponerse a la filiación partidaria. Ello, en términos de hegemonía, muestra como otro desafío pendiente lograr desvincular el éxito del proceso de cambio haciendo depender el mismo únicamente de lo establecido desde lo gubernamental, siendo urgente re-articular una nueva producción no polarizada de sentidos, donde se establezca qué valores comparten las dirigencias políticas institucionales con los grupos afines de la sociedad civil organizada y cuáles hay que redefinir superando el lugar común que establece que cualquier crítica alternativa necesariamente involucra un intento de desestabilización política.

Pugnas por el desarrollo productivo: la violencia en Caranavi

Dado que el 2010 se inaugura como un año en el cual el predominio del MAS en las instancias institucionales de poder como la Asamblea Legislativa Plurinacional fomentaría una pronta concertación de las nuevas normas que aplica la Constitución, la tendencia general fue suponer que el nivel de conflictividad y polarización vividos en los años posteriores a la Asamblea Constituyente se reducirían dando paso a una gestión mucho más llana y con amplio apoyo popular.

Plantearse la aparición de tensiones con sectores de los propios movimientos sociales parecía no haber sido contemplada como posibilidad al entrar en vigencia el segundo periodo presidencial de Evo Morales.

Sin embargo, lo que el gobierno perdía de vista era que el intento por crear un Estado plural no puede pensarse como una transformación exenta de desencuentros y presiones, ya que lo político supone una lucha de intereses que abarcan desde demandas por mejorar la calidad de vida hasta representación de posturas políticas alternas y recuperación de voz para ir construyendo igualdad en la diversidad. Y en la consecución de dichos intereses no se descarta la confrontación violenta.

Así, a fines del mes de abril en La Paz, pobladores de la zona de Caranavi instalaron un bloqueo carretero que impidió el ingreso y la salida del transporte en esa localidad para exigir al gobierno la construcción de una planta procesadora de cítricos en esa población, presionando para que la misma no se estableciera en la localidad de Palos Blancos (Alto Beni), demanda a la que se suman los transportistas interprovinciales para demandar el inicio de las obras en la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, que conecta la ciudad de La Paz con el norte del departamento.

Si bien en este conflicto el gobierno inicialmente llamó a instalar una negociación concertada, al cabo de 12 días de instalada la medida de presión la misma se agudizó cuando otros sectores de la sociedad civil afectados con el bloqueo de caminos como los pobladores de Palos Blancos, Guanay, Teoponte, Tipuani y los mineros de Mapiri deciden movilizarse y obligar a levantarlo.

Bajo el argumento de que la medida de protesta vulnera los derechos de otros sectores de la ciudadanía, el gobierno terminó determinando la realización de un operativo policial de desbloqueo en la ruta La Paz-Caranavi, provocando un severo enfrentamiento entre policías y pobladores de la región, cuyo resultado es la detención de al menos 17 comunarios, la quema y destrucción del Comando Regional y la Escuela Básica de la Policía, un total de 29 heridos entre policías y civiles, así como la muerte de dos jóvenes quienes habrían sido heridos con balas provenientes de armas de uso oficial.

Así, el conflicto en Caranavi, al radicalizarse, instala en el escenario político el antagonismo como elemento que atraviesa la reconstrucción de las relaciones de fuerza, resaltando que éste no se reduce a enfrentar sectores favorables al proceso de cambio con aquellos que no lo son, en una visión dual restringida de las dimensiones y alcances que supone reestructurar una lógica estatal jerárquica con el fin de horizontalizarla, evidenciando a su vez la fuerza de los cimientos en que se enraíza y que tiende a reproducir el empleo de instrumentos coercitivos, la disolución en el esclarecimiento de las responsabilidades estatales y civiles, manteniendo en el terreno de lo vago y lo confuso las indagaciones que permitan dar un norte o dirección social, donde el respeto por los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia sean el núcleo que articulen un proceso hegemónico ampliamente aceptado.

El “Gasolinazo”: reflexiones en torno a una medida anti-popular (2)

El 26 de diciembre, el vicepresidente del Estado, en su condición de presidente interino, promulga el Decreto Supremo Nº 748, el cual, en su artículo único, definía nuevas alícuotas al Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). De esta manera y de un solo golpe se elevan los precios de los principales combustibles.

A nivel discursivo, la justificación de la medida se basa en tres argumentos principales: a) la insostenibilidad de la subvención a los combustibles, que, según datos oficiales, subió de US $80 millones en 2005 a US $380 en 2010; b) la dificultad en la lucha contra el contrabando de estos combustibles, derivada de los bajos precios de los mismos en relación a los países vecinos y que se calcula que en el último año habría desviado aproximadamente 150 millones de dólares de la subvención a esos países; y c) la declinación de la producción petrolera que en los últimos años ha obligado a importar gasolina e incrementar las importaciones de diesel oil para el consumo interno, lo que le costó al Tesoro General de la Nación (TGN), el año 2010, US $666 millones, estimándose que para 2011 llegaría a costar aproximadamente US $1.000 millones y, por ende, la necesidad de fomentar la inversión en nuevos campos de exploración petrolera.

En su argumentación el gobierno insistió en que el denominativo de la medida no debía ser “gasolinazo”, aunque la población así la nombró desde un principio, sino “nivelación de precios” o “sinceramiento necesario de precios”. El decreto fue además presentado como una medida “patriótica”, por estar orientada a proteger la economía nacional y a consolidar y garantizar el modelo de desarrollo productivo. En este sentido, se brindaron explicaciones basadas principalmente en la exposición del problema, pero sin dar elementos sobre la decisión política como tal. Así, la población recibe datos sobre la situación de la economía, pero no se hace un esfuerzo de interlocución orientado a plantear las razones políticas de la medida.

De lo anterior nos animamos a inferir que no se dan los elementos necesarios a nivel de comunicación que permitan que la población perciba una fuerza clara de dirección del proyecto político. Parece más bien haberse apostado por la combinación de dos elementos: la identificación con el liderazgo del presidente y las mediaciones corporativas. Aunque está claro que si se apostó a la vía de control apelando a la mediación corporativa, mínimamente era necesario haber dado un paso previo de consenso, por lo menos, a nivel de dirigencias sociales. Sin embargo, la medida de shock toma por sorpresa a las mismas, lo que, además, plantea algunas dudas sobre los mecanismos de toma de decisiones en el ejecutivo y sobre la existencia de una práctica real o al menos efectiva de coordinación con las organizaciones sociales a la hora de definir políticas públicas.

Por otra parte, la medida, en su forma y contenido, ha creado en la población, y sobre todo en los sectores más empobrecidos, una suerte de sentimiento, primero, de desconcierto y, luego, de traición por lo antipopular de sus efectos. Y las políticas paliativas planteadas por el gobierno no han sido un elemento que coadyuvara a crear un consenso en torno a la necesidad de aplicar esta medida.

Si bien se ha logrado un cierto nivel de toma de conciencia sobre la problemática, la elevación abrupta de precios a niveles desmesurados y, por ende, inéditos no ha sido percibida como la mejor salida del problema, principalmente porque trasladan todo el peso del mismo a los bolsillos de los sectores más empobrecidos apelando a la “necesidad” de un sacrificio del pueblo como la vía para enfrentarlo, que si bien ha sido heredado a este gobierno por las anteriores gestiones, también ha producido sus propios efectos en la gestión actual, que ya tiene seis años en el ejercicio del poder político. E incluso se ha llegado al extremo de señalar que la subvención es una medida neoliberal y que quitarla de golpe y sin medir los efectos devastadores para la economía del pueblo sería una medida nacionalista y popular, por el sólo hecho de ser dictada por un gobierno autodefinido como “Gobierno de los movimientos sociales”.

Se ha pretendido argumentar, sin éxito, que el Decreto 748 afectaría más a las familias ricas, a las que el Estado también subvenciona la gasolina de sus múltiples y caros automóviles, que a la economía popular. En este sentido, las ofertas paliativas del gobierno al momento de lanzar la medida no resultaron suficientes. Las mismas, expresadas como promesa electoral, fueron un incremento salarial superior al de la inflación del 2010, horario continuo en las actividades laborales públicas, para limitar los gastos en transporte, congelamiento de los precios de las tarifas de los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica y telefonía, mantenimiento de la subvención del diesel para generación de electricidad, ampliación en la aceleración de la implementación del subsidio para la reconversión de vehículos de gasolina a GNV, creación de 20 mil a 25 mil nuevos empleos de emergencia; arancel cero para la importación de repuestos de vehículos para el transporte público, aprobación e implementación de un seguro agrícola que protege al pequeño y al mediano productor de los desastres naturales; coparticipación de beneficios a las regiones y planes y proyectos de seguridad ciudadana.

Tampoco fueron suficientes las ofertas lanzadas por el gobierno, después de los primeros días de resistencia a la medida, cuando el ejecutivo se vio obligado a ampliar su base de ofertas de políticas públicas dirigidas a atenuar los efectos del decreto. Estas nuevas ofertas fueron: el aumento de un 20% al salario mínimo nacional y a los salarios de la Policía, las Fuerzas Armadas, los trabajadores en Salud y en Educación, el incremento del 50% en el bono escolar “Juancito Pinto”, la oferta de compra de la producción de soya a precios internacionales, y un aumento del 10% mayor al precio del mercado interno en la compra del maíz, el arroz y el trigo a los productores nacionales. También se ofreció la creación de un fondo económico destinado a la inversión municipal en obras de riego.

Desde los discursos de diferentes personeros gubernamentales también se intentó convencer a la población sobre lo acertado de la medida poniendo como prueba de ello el hecho de que la subvención haya sido producida en el marco de los gobiernos de oposición y neoliberales. Sin embargo, en una sociedad con el nivel de politización como la boliviana no es fácil sostener este argumento, pues se sabe que la subvención indirecta de los precios de los combustibles, vía control de precios, ha sido una medida que ha tenido que ser sostenida por los diferentes gobiernos neoliberales, contra sus propios planes e intereses, debido a que no contaban con los niveles de legitimación y popularidad que les permitiera lanzar un gasolinazo, aunque fuera mínimo, sin poner en riesgo su continuidad en el poder.

De esta manera, en la presidencia de Hugo Banzer Suárez, mediante el D.S. 24914, de diciembre de 1997, se aprobó un nuevo reglamento sobre el Régimen de Precios de los Productos del Petróleo, post capitalización, manteniendo la regulación de los precios máximos del mercado interno a través de fórmulas que, si bien estaban referenciadas a precios internacionales, aplicaron métodos para amortiguar los cambios bruscos en la formación de precios del mercado internacional. Durante el gobierno de Carlos Mesa, mediante el D.S. 27691, se produce el congelamiento del precio de venta del petróleo al mercado interno en US $27,11.

Así, en medio de datos y argumentos confusos, la población va tomando conciencia de los límites de la nacionalización, una de las principales bases de legitimación del proceso, por expresar el cumplimiento de la Agenda de Octubre de 2003 de los movimientos sociales. En este sentido, también se pone en cuestión el cambio en sí mismo, al constatarse que después de cinco años de la nacionalización, como medida que debía haber conducido a la construcción de una soberanía en materia hidrocarburífera, la población se encuentra con la noticia de que el alto incremento de los costos de la subvención a los combustibles se debe a que ya no somos capaces de autoabastecer al mercado interno de gasolina.

El efecto inflacionario y especulativo de la medida no se dejó esperar, produciéndose la elevación de los productos básicos de la canasta familiar y del servicio de transporte en un orden del 100% durante la semana que duró la vigencia del decreto y, a pesar de su derogación, no ha producido restitución de los niveles de precios anteriores. Las mediaciones sindicales afines al MAS –entre ellas la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, y el

Consejo Nacional por el Cambio (CONALCAM)–, lanzaron comunicados de apoyo a la medida, pero no lograron frenar la ola de indignación popular que culminó en protestas dadas sobre todo en los departamentos del occidente boliviano como Potosí, Oruro y La Paz y Cochabamba –donde incluso se movilizaron algunas bases cocaleras–, considerados hasta ese momento como centros de apoyo del actual gobierno. Estas reacciones iniciales fueron evaluadas por los personeros estatales como inocuas.

Sin embargo, las movilizaciones en las calles fueron cobrando fuerza tanto por su capacidad de resistencia como por su nivel cada vez mayor de independencia de las dirigencias sindicales. Miles de personas, autoconvocadas o llamadas por sus sindicatos, gremios y juntas de vecinos acudieron a manifestaciones masivas, en las que se exigía la anulación del Decreto 748, condicionando a su derogación la propia continuidad del gobierno. Además de estas marchas, se vislumbraba la profundización de las expresiones de descontento con el anuncio de nuevas medidas de presión entre las que se destaca el anuncio decidido de los mineros de marchar a la ciudad de La Paz luego de una ruptura explícita con el gobierno por parte del sector asalariado y anuncios de ruptura del sector cooperativista minero.

Entretanto, la llamada “derecha” tuvo más bien una actuación episódica en las movilizaciones, a través de algunos grupos, sobre todo de jóvenes pertenecientes a los comités cívicos o las uniones juveniles. De hecho, a pesar de las declaraciones e intervenciones personales de algunos representantes de la oposición o de algunos grupos como los arriba mencionados; las organizaciones empresariales, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Industrias, –aunque cuestionaron la forma en que se llevaba a cabo–; y autoridades departamentales opositoras negociaron con los sindicatos más problemáticos –por ejemplo, los sindicatos de choferes en el departamento de Santa Cruz– evitando la movilización en esas regiones. A pesar de que los personeros gubernamentales magnificaron la participación de sus oponentes políticos –del alcalde de la ciudad de La Paz perteneciente al Movimiento Sin Miedo (MSM), o de Doria Medina, jefe de Unidad Nacional–, las movilizaciones fueron mayoritaria y esencialmente populares y amenazaban con crecer y radicalizarse aún más en la primera semana de enero, por lo que el 31 de diciembre por la noche Evo Morales derogó oficialmente el Decreto 748.

Desde la derogación del decreto, el gobierno ha puesto en marcha una estrategia a través de la cual se busca minimizar la acción popular que lo obligó a retroceder en su medida, a través de acusaciones a sus ex aliados de partido, el MSM, de ser los “instigadores” de un supuesto plan de desestabilización contra el gobierno, en el marco de la cual las movilizaciones son calificadas como manipuladas por fuerzas partidarias opositoras y/o una “izquierda radical” supuestamente despistada, que le estaría “haciendo el juego a la derecha”. En este marco, se amenaza con procesos judiciales a líderes de la oposición partidaria y, paralelamente, se evidencia una dinámica de premios y castigos orientada a reforzar el disciplinamiento a las dirigencias sindicales afines al MAS y a su propia militancia, calificando de patriotas a las y los dirigentes que apoyaron la medida desde un principio y señalando que el resto estaría arrepintiéndose de no haberla comprendido.

En este sentido, la línea de argumentación sobre la derogación del decreto no refleja un proceso reflexivo ni autocrítico; por el contrario, reedita la soberbia con que se llegó a su promulgación.

Todo lo anterior se acompaña de una retórica de un supuesto “mandar obedeciendo”, obedeciendo a un pueblo que desde su propia lectura no habría salido a las calles de no haber sido manipulado por una derecha conservadora y antipatriota. Y ello parece ser una evidencia de la forma en que todo un proceso de acumulación de luchas sociales del que se alimenta buena parte de la legitimidad del actual gobierno, termina sirviendo de base para la implementación de una medida totalmente antipopular.

Se trata de una suerte de proceso a través del cual la legitimidad popular es utilizada para argumentar y actuar contra el mismo pueblo. Relacionado a esto, la visión de pueblo y movimiento social termina anclada y reducida a una noción de dirigencias incondicionales del MAS, ya que el retroceso de la medida no se atribuye a la movilización autónoma de la población sino una supuesta manipulación de la derecha y/o a un momento de “lucidez” en un diálogo de dirigencias sindicales y gobierno. Por ello, todo lo antes descrito parece expresar de manera paradójica el temor de un “Gobierno de los Movimientos Sociales” a la re-emergencia de lo popular auto-convocado. Dicho lo anterior podemos observar, a partir del análisis de este conflicto, que no existe en Bolivia un proceso de construcción hegemónica, que evidencie claridad en la dirección política y la construcción de un proyecto que articule la pluralidad de fuerzas que crearon las condiciones de posibilidad de la transformación política. Al parecer nos encontramos, más bien, frente a diversas estrategias de copamiento y monopolización del llamado “Proceso de Cambio” y de debilitamiento de las formas de hacer política que podrían sustentar un nuevo tipo de relacionamiento entre lo estatal y social que permita hablar con más propiedad de la posibilidad de un gobierno de los movimientos sociales.

Conclusiones

Este breve repaso analítico que toma como eje central el examen de cuatro momentos de tensión significativos que marcaron el curso de la política en Bolivia a lo largo del 2010 ha pretendido visibilizar los mismos destacando su particularidad, el modo en que se encara su gestión desde lo estatal, pero sobre todo vinculando sus contenidos, estrategias, contradicciones, demandas y recursos de movilización al avance en la implementación del proceso de cambio como momento históricopolítico estructural que pretende replantear el alcance, la confluencia y la problematización de principios clave que profundizan la democracia; como son la igualdad, la autodeterminación, la posibilidad del disenso y la apertura de canales de concertación y mayor participación hacia la sociedad civil movilizada que, en suma, fue la que con sus constantes luchas por hacer oír sus voces y prevalecer sus demandas emancipatorias abrió la brecha para la actual transformación.

Si bien a lo largo de la celebración de la Asamblea Constituyente una forma de determinar la correlación de fuerzas y dar cuenta del ejercicio democrático directo fue la convocatoria a realizar cabildos que generaron adhesiones, rechazos y críticas, el proceso socio-político actual resalta, como lo vemos al revisar los conflictos antes presentados, que la movilización popular, capaz de paralizar el país y poner en jaque al poder oficial, sigue siendo un recurso válido, legítimo y potente que no hay que subestimar.

Revisar las acciones ejecutivas mediante las cuales se encaró la presentación de problemas puntuales y coyunturales, que incluyeron la minimización de las demandas, la negativa al diálogo o su instalación tardía, la no contención oportuna de enfrentamientos entre sectores civiles, el empleo de la violencia desde la fuerza pública y el no saber escuchar ni leer en retrospectiva las implicancias de una resistencia colectiva hacia medidas que vulneran la seguridad económica, así como la falta de reconocimiento igualitario de las identidades y del derecho a ocupar espacios de decisión en el ámbito de la autonomía conquistada; muestra que el éxito en la instalación de una dirección hegemónica alternativa necesariamente requiere que el poder de turno sepa escuchar y sea capaz de leer en retrospectiva las condiciones de posibilidad del cambio.

Más aún si se considera que dicha dirección se encuentra en manos de un gobierno que proviene del propio movimiento social, conoce sus lógicas, las ha empleado y comprendido antes de ocupar el poder y, por lo mismo, tiene la obligación moral de profundizar significados y conceptos ordenadores que solidifiquen una visión incluyente de la historia y, como diría R. Guha, rechace un poder estatal configurador de dominios, para abrir espacio a una forma hegemónica donde desaparezcan las subalternidades (Guha, 1996).

Notas:

1. Las otras cuatro leyes estructurales fueron: la Ley de Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley del Tribunal Constitucional.

2. En este acápite se trabajó de manera conjunta con Patricia Chávez León.

Bibliografía

El Diario 2010 (La Paz) 22 de junio.

Guha, Ranajit 1996 “The Small Voice of History” en Subaltern Studies (New Delhi: Oxford University Press) Vol. IX.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1987 Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia. (Madrid: Siglo XXI).

Nostas, Mercedes y Tejada, Alicia 2010 Los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado. En:. Acceso: 10 de febrero de 2011.

* Mokrani es politóloga, investigadora del Centro de Estudios Andino-amazónicos y Mesoamericanos (CEAM) y Coordinadora del Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del OSAL. Uriona es politóloga, Maestría en Política y Filosofía, CIDES-UMSA y Coordinadora del Comité de Bolivia. Fuente: Mokrani Chávez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar 2011 “Construcción hegemónica o monopolización de la política: el Movimiento al Socialismo y las posibilidades del proceso de cambio” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XII, N° 29, mayo.

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Cronología del conflicto social de 2010 *

Enero

En el municipio de Palos Blancos, al norte de La Paz, 15 viviendas del pueblo indígena mosetén son quemadas por un grupo de colonizadores y campesinos, luego de que el presidente Evo Morales declarara las tierras de esa etnia como tierras fiscales. El sector que aglutina a campesinos y colonizadores considera que la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria no los favorece, pues no consolida la propiedad familiar, colectiva y la recuperación de tierras, mientras que el sector indígena habría sido ampliamente favorecido con las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) así como con el saneamiento y distribución de tierras. De ahí que el sector campesino y colonizado comienza a elaborar proyectos de ley de tierra donde se exige la constitución de Tierras Comunitarias Campesinas (TCC) que el Estado debe otorgar mediante la reversión de tierras que no cumplen la función social y susceptibles de ser distribuidas individual y familiarmente, permitiéndose su compraventa.

Febrero

La Confederación Nacional de Autotransporte realiza un paro general de 48 horas como medida de rechazo y protesta por la implementación del Decreto Supremo 420. Uno de los artículos del Decreto, que regula el transporte interdepartamental e interprovincial, establece las sanciones a los conductores que manejen en estado de ebriedad y que causen además accidentes de tránsito, entre las cuales está el retiro definitivo de licencias y la suspensión no sólo del chofer sino de toda la empresa de transportes cuando uno de sus conductores 130 2010: conflictos sociopolíticos en América Latina cometa una infracción, así como multas para los dueños de los vehículos. Según los choferes, estas disposiciones vulneran el derecho al trabajo. Por su parte, el gobierno se niega a modificar el decreto señalando que esta regulación protege la vida de la ciudadanía y su seguridad. (Este conflicto continúa y se radicaliza el mes siguiente).

En Santa Cruz, la Federación de Productores de Caña, la Unión de Cañeros y la Unión Agropecuaria del Oriente (UNAGRO) se declaran en estado de emergencia, amenazando con iniciar medidas de presión que incluyan bloqueos de caminos y movilizaciones para manifestar su rechazo al Decreto Supremo 0434, que suspende temporalmente la exportación de azúcar como medida anti-especulación, rechazando la oferta del gobierno nacional de comprar todo su excedente para compensar la posible pérdida económica de los productores. Asimismo, los productores comunican sus determinaciones señalando que los agroindustriales del rubro no serían los causantes del alza del precio del azúcar y enfatizando en el hecho de que el decreto afectaba la cadena de producción de ese insumo. Igualmente, solicitan al gobierno que se realice un estricto control al contrabando para evitar la especulación. Poco tiempo después, los empresarios cañeros y el gobierno nacional firman un acuerdo para la comercialización del azúcar con lo cual se garantizó el normal abastecimiento del producto en el mercado interno dentro de la banda de precios establecida con anterioridad. Finalmente, se realiza un inventario de la existencia física de azúcar en cada uno de los depósitos pertenecientes al sector industrial y cañero de la zafra del 2009, que alcanza a 1.500.000 quintales, cantidad suficiente para garantizar el normal abastecimiento de los mercados internos.

Marzo

La Confederación de Choferes de Bolivia (CCHB), luego de realizar un ampliado nacional en Sucre, en el que participaron dirigentes de todas las federaciones de transportistas, inicia una huelga de hambre en rechazo a la aplicación del Decreto Supremo 420 de seguridad vial que endurece las penas para los conductores sorprendidos en estado de ebriedad. Paulatinamente, las medidas de presión se incrementan y los choferes instalan bloqueos y realizan un paro nacional de 48 horas. En respuesta, el gobierno llama a la negociación fijando como el marco de la misma tres puntos: la no modificación del decreto; la negociación en torno a la reglamentación del mismo; y la recolección de propuestas para una futura ley. Luego del paro, la CCHB y el gobierno llegan a un acuerdo que pone fin al conflicto cuando éste último accede a elaborar un decreto complementario reglamentario, creándose una comisión para negociar el alcance y la forma de aplicación de las sanciones ya establecidas en la norma contra los dueños de los buses y los operadores.

Abril

El 4 de abril se llevan a cabo las elecciones departamentales y municipales en todo el territorio del país. En las mismas surge como fuerza política de oposición al MAS, pero en la línea de la izquierda, el Movimiento Sin Miedo (MSM), que gana espacios municipales y departamentales de representación en los distintos departamentos. Una vez concluido el proceso electivo, surgen conflictos vinculados con el mal cómputo de votos en distintas mesas electorales, a las demandas de realizar nuevas elecciones en algunos municipios donde se cree hubo fraude electoral y la instalación de una huelga de hambre por parte de candidatos de partidos de la oposición como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento por la Soberanía del Pueblo (MPS) y la Alianza Social Patriótica (ASP), quienes protestan contra la fórmula que utiliza la Corte Nacional Electoral (CNE) para distribuir escaños de asambleístas por población que estaría favoreciendo al MAS. A mediados del mes la huelga que tenía lugar en inmediaciones de la CNE se levanta, debido a que es disuelta con la intervención policial que desaloja violentamente a los huelguistas.

A fines del mes, en La Paz, pobladores de la zona de Caranavi instalan un bloqueo carretero que impide el ingreso y la salida del transporte en esa localidad para exigir al gobierno la construcción de una planta procesadora de cítricos en esa población y no en la localidad de Palos Blancos (Alto Beni), demanda a la que se suman los transportistas interprovinciales para exigir el inicio de las obras en la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, que conecta la ciudad de La Paz con el norte del departamento. El bloqueo se mantiene en este mes por cuatro días consecutivos. (Este conflicto continuará y se agravará en mayo).

Mayo

En la zona de Caranavi las medidas de presión por la construcción de una planta procesadora de cítricos se radicalizan: se instala una huelga de hambre y el bloqueo de caminos perdura a lo largo del mes. Ello genera la protesta de los pobladores de Alto Beni, quienes señalan que la medida perjudica el movimiento económico de la región y genera escasez de alimentos, por lo cual realizan una marcha de protesta hacia La Paz para exigir la resolución del conflicto. Por su parte, el gobierno inicialmente llama a la neg