Se ha dicho, por parte de voceros del gobierno, incluyendo al Presidente y al Canciller, que las demandas son incoherentes, que se contradicen y que no se sostienen, pues se controvierten en el tema de la defensa de la Madre Tierra cuando piden mercantilización de los bosques por su capacidad de absorción de CO2. ¿Dónde está la incoherencia? 

¿No está acaso en un gobierno que ha decidido inescrupulosamente por la exacerbación escandalosa del modelo extractivista, al apostar por la extensión de la explotación minera recurriendo a las empresas trasnacionales, al apostar por la ampliación de las zonas de exploración de hidrocarburos a cargo de empresas trasnacionales trasnacionales, cuando deciden abrirse irracionalmente a la explotación del litio, que no es otra cosa que concesión para guardar reserva por parte de cualquier empresa trasnacional que se adjudique, también se devela esta compulsión extractivista cuando terminan engañados por una empresa trasnacional hindú, subsidiaria de una empresa trasnacional inglesa, en el caso de la explotación de hierro y de industrialización de acero en el Mutún?

Todo esto es reveladoramente iluminador cuando se constata nuevamente y de una manera indudable el compromiso del gobierno boliviano con el gobierno brasilero con el proyecto IIRSA, con la transferencia de energía hidroeléctrica, además de la venta de gas, debido a los grandes requerimientos de la potencia emergente. Toda esta revelación es sobre todo patética cuando se manifiesta abiertamente que se pretende atravesar el Territorio y Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS), protegido por leyes, la Constitución y la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, para cumplir con los onerosos compromisos con el Banco de Desarrollo de Brasil y la inescrupulosa empresa constructora OAS. Después de todas estas acciones empíricamente comprobadas no tiene sentido echarles en cara a los indígenas que no defienden la Madre Tierra por que piden participación en los fondos verdes. El doble discurso estuvo en el gobierno. Ahora se han desenmascarado y el único discurso que tienen es desarrollista y extractivista.

Pedir que la carretera no atraviese el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure obviamente no es ningún desatino, es consecuencia natural de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. Demandar el saneamiento y la titulación de todas las TCOs tampoco es ningún desacierto pues eso corresponde hacerlo después del reconocimiento de los territorios indígenas. Estas son responsabilidades estatales, su incumplimiento mas bien nos muestran la indiferencia y la poca voluntad por resolver estos temas pendientes.

El único tema complicado es la demanda vinculada a el cambio climático y la retribución por el fondo verde; esto indudablemente es discutible. Un tema importante mencionado por el Canciller. Ciertamente esta demanda no es compatible con la posición boliviana en la cumbre de Cancún, que postula la no mercantilización de los bosques. En Cancún nos quedamos solos con nuestra posición, pero nos mantuvimos firmes frente al capitalismo verde de las redes, plus y plus plus. No es congruente tener una concepción de la Madre tierra desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas, que comprenden la relación complementaria y armónica de comunidades y sociedades humanas con comunidades y sociedades orgánicas, otros seres y ciclos vitales. Los bosques no pueden ser mercantilizados y si lo son caemos en la lectura del capitalismo verde que valoriza, desde la perspectiva del valor de cambio y del valor de uso, es decir de la valorización de la fuerza de trabajo, es decir la explotación y la reducción abstracta de la vida a los circuitos y contabilidad monetaria. Con esta observación del Canciller, de acuerdo. Este tema debería discutirse a fondo y con sinceridad. Pero no se puede utilizar como argumento para defender la carretera que atraviese el TIPNIS, como parte del proyecto del IIRSA, menos cuando no se está en condiciones morales para hablar del tema, después de que se ha hecho manifiesto el proyecto extractivista del gobierno.

Siguiendo con las demandas de la marcha indígena, no se puede ser más congruente con el nuevo horizonte constitucional cuando se pide el derecho a la consulta y su desarrollo normativo. Esto no solamente está consagrado en la Constitución, sino que a través de ella nuevamente se ratifican los convenios internacionales, como la declaración 169 de la OIT de NNUU y la declaración de NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En la Constitución se expresa abiertamente la exigencia a la consulta previa e informada. No hay donde perderse aquí. Por otra parte, siguiendo con otra demanda, la petición sobre desarrollo productivo en la perspectiva alternativa, efectuada desde las cosmovisiones indígenas, es comprensible de suyo, además anexando el pedido especifico del traslado a las regiones de la Amazonia y el Chaco de las FDPPIOyCC; esto debido a la necesidad de descentralización, desconcentración y comprendiendo el nuevo contexto de los gobiernos autonómicos, particularmente el de la autonomía indígena. En un sentido más integral y con un alcance mayor va la demanda de fondos para el cumplimiento de las autonomías indígenas, sobre todo recursos para la implementación de la GTI.

También es indispensable una ley de bosques; esto se sobreentiende; no nos olvidemos que, al respecto, esto exige la Constitución, así como el proyecto de Ley de la Madre Tierra, proyecto que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa. En esta secuencia, el solicitud de fondos para la Universidad Indígenas es de por sí comprensible; el gobierno está acostumbrado a abrir instituciones, sobre todo estas que tienen que ver con una formación descolonizadora, hacer montajes, escenificaciones, y después no otorgarles recursos para que funciones, por lo menos de manera suficiente y adecuada. La otra demanda, la de incorporación al seguro universal de salud, ya está en la Constitución; el gobierno y el Estado tienen que cumplir. ¿Por qué no cumple? ¿Se requieren recursos? ¿No se los tiene? ¿No era que no habían mejorado nuestras condiciones macroeconómicas? ¿Se requiere más dinero? ¿Por eso se construye la carretera y se atenta contra un ecosistema y su biodiversidad? ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué las demandas son incoherentes; por una parte no quieren que haya carretera, que no haya desarrollo, y por otra parte piden salud, educación, recursos, es decir desarrollo? ¿Qué el único camino que hay para conseguir recursos y satisfacer demandas en educación y salud es el extractivismo, las carreteras que atraviesen parques, la expansión de la frontera agrícola? ¿Qué clase de concepción tienen del Vivir Bien, del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Lo que se puede ver claramente es que no entienden el significado de la transición transformadora hacia un Estado plurinacional comunitario y autonómico, hacia un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. No se entiende, pues están estancados en el imaginario nacionalista del Estado-nación, liberal y colonial. No pueden salir del círculo vicioso pues están atrapados en el imaginario desarrollista y extractivista. Pero, por otra parte es un chantaje, no aceptan la carretera, no hay educación, no hay salud, no hay recurso. ¡Qué ilustrativa forma de gobernar!

Sobre el censo; nuestro país, como todos los países del mundo, debe realizar censos cada 10 años. Ya Bolivia se ha vuelto a atrasar con sus compromisos internacionales. Por otra parte, para la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, para la planificación integral y participativa con enfoque territorial, que establece la Constitución, se requiere de un censo que contemple una boleta censal que nos dé la posibilidad de construir indicadores específicos y diferenciales, para apoyar a la concretización de las estrategias y las políticas públicas. También es sumamente importante contar con un censo que enumere a las naciones y pueblos indígenas originarios, además de toda la población boliviana, que nos arroje un mapa socio-etno-demográfico de las condiciones actuales del crecimiento, de las migraciones, de los asentamientos rurales y urbanos.

En la misma secuencia, la demanda de vivienda, comprendiendo que se trata de construcciones de acuerdo a las culturas, los hábitats y las cosmovisiones, es una necesidad reconocida por la Constitución como parte de los Derechos Fundamentales. Otra demanda es una relativa a la problemática de la contaminación del Río Pilcomayo; este es un tema preocupante, fenómenos corrosivos que afecta directamente a la vida de los pueblos indígenas Weenhayek, Tapiete y Guarani.

Por último el derecho a una comunicación que garantice la interculturalidad, la irradiación de significados, símbolos, imaginarios de las naciones y pueblos indígenas, es completamente comprensible desde la perspectiva de las formas de gestión y comunicación propias. Esta demanda está reconocida y plasmada en la Constitución. El gobierno, las Asamblea Legislativa plurinacional, los gobiernos autónomos y sus asambleas departamentales deben cumplir, en vez de sorprenderse. Esta su sorpresa es delatora de las profundas y desgarradoras contradicciones en las que se mueve el gobierno.

Se trata, como se ve, de un conjunto de demandas, que incluyen perspectivas regionales y locales. Esto debería ser comprensible, hablamos de decenas de pueblos involucrados; es de esperar que todos tengan demandas de diferentes tipos. Nadie se puede sorprender, menos el Presidente, que se haya construido gradualmente las demandas y configurando una estructura de demandas de consenso, un tanto cohesionada y un tanto dispersa, donde hay unas reivindicaciones prioritarias y otras regionales y locales. Lo que sorprende es la sorpresa de los sorprendidos, que no es honesta; siguen con la política de descalificación, sólo para justificar su avieso compromiso con OAS, el IIRSA, el gobierno brasilero, aunque también hay que tomar en cuenta el compromiso de ampliar la frontera agrícola con los cocaleros y los agroindustriales.

* Miembro de Comuna, http://horizontesnomadas.blogspot.com/