El Presidente Evo Morales dice que son “innegociables” al menos 10 de las 16 demandas del pliego de peticiones de la VIII Marcha Indígena, porque contradicen políticas de desarrollo económico y van en contra de los intereses de todos los bolivianos. Los originarios piden una moratoria de los proyectos de explotación de hidrocarburos en el chaco de Tarija y solicitan el cambio del trazo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Imposible”, les responde el gobierno.

Al ministro de la Presidencia Carlos Romero le parece “paradójico” que se profundice el distanciamiento entre el gobierno de Morales y el movimiento indígena, considerado que los logros alcanzados por los originarios de tierras bajas en la administración del MAS “no tienen precedentes en la historia: conquistaron el reconocimiento de derechos colectivos en la Constitución del Estado Plurinacional, la única en el mundo que habla de la preexistencia de pueblos indígenas con relación a un Estado, con una serie de implicancias jurídicas en el plano de reconocimiento de derechos históricos…”.

La CPE reconoce el derecho indígena a la tierra, al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, y a la gestión territorial autónoma (Artículo 30), que incluye el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, administrados por sus estructuras de representación de acuerdo a criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza (Artículo 403).(1)

Sin bien el gobierno de Evo constitucionalizó derechos indígenas históricos, éstos son puramente formales y no transcienden el plano declarativo. Por esa razón cientos de originarios protagonizaron la VII Marcha por la autonomía indígena en 2010, exigiendo al régimen que deje discursear y actúe.

La movilización del año pasado pidió la transferencia directa de mayores recursos a los territorios autónomos indígenas desde el poder central (y no a través de las autonomías municipales o departamentales), con el convencimiento de que el “miserable 5% del IDH que establece la Ley Marco de Autonomías es insuficiente y convierte a las autonomías indígenas en instituciones puramente formales”.

Reivindicando principalmente el derecho indígena a ejercer la autodeterminación territorial, la VII Marcha solicitó al “presidente indígena” que flexibilice los requisitos para el reconocimiento de autonomías indígenas y autorice la aprobación de estatutos autonómicos según usos y costumbres, y no mediante referéndum, un instrumento de la “democracia liberal occidental”.

La marcha indígena de tierras bajas de 2010 también reclamó el reconocimiento de los distritos municipales indígenas como entidades descentralizadas administrativamente; y reclamó la aprobación de procedimientos expeditos para transformar en gobiernos indígenas autónomos los territorios originarios ancestrales que exceden los límites municipales y departamentales demarcados por el Estado “colonial”.

Pero el Jefe de Estado rechazó de plano los pedidos de autodeterminación territorial. “Esas demandas son imposibles de atender porque violan la nueva Carta Magna”, respondió el Presidente a los marchistas, acusándolos de querer “descuartizar al Estado plurinacional por intereses personales”.

Cuando los movilizados plantearon aumentar de siete a 12 los escaños especiales en la Asamblea Legislativa Plurinacional para representantes de 34 pueblos originarios (apenas el 4% del total de la Asamblea), Morales les reprendió tildándolos de “minorías” egoístas que ambicionaban una representación política “sobredimensionada”.

“Está bien que las minorías tengan representación, pero esta forma de obtener la representación parlamentaria, solamente con 500 ó 1.000 votos, frente a 120 mil (necesarios para ganar un curul en las ciudades) también es otra forma discriminación”, inquirió Morales.

Cuando los originarios exigieron al gobierno que respete su derecho a decidir sobre los recursos naturales hallados en sus territorios, Morales cuestionó: “¿Cómo es posible que las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de indígenas, ya sean del oriente o del occidente?”. (ver nota 1)

Los indígenas requirieron al Estado y a los privados que les consulten antes de explotar recursos naturales en sus TCOs; y el Presidente replicó: “Están constitucionalizadas las consultas, pero no para que los hermanos indígenas chantajeen al gobierno o a las empresas. La consulta es para evitar problemas de medioambiente; no es para que los dirigentes, mediante las ONG, nos pidan plata…”.

Evo opinó entonces que “el tema de la consulta lamentablemente se ha tergiversado en Bolivia… Cuando queremos construir caminos no faltan hermanos indígenas influidos por algunas ONG que no quieren; cuando queremos explorar petróleo, tampoco quieren; y cuando queremos instalar plantas hidroeléctricas también se oponen”.

“No puedo entender que hermanos indígenas del oriente, de la Amazonía y del norte paceño se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano. Si bien Bolivia es respetuosa del medio ambiente, no puede dejar de desarrollarse explotando racionalmente sus recursos naturales… Es una necesidad tener más petróleo, más gas, más caminos e industrias…”, alegó el jefe indio.

El conflicto por la carretera del TIPNIS

En 2011 arreciaron los ataques del gobierno a los “fundamentalistas que no quieren hidroeléctricas, caminos y otras obras que beneficiarán al pueblo”, sobre todo a las ONGs del país y del extranjero que objetan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, atravesando el corazón del TIPNIS.

“Tenemos los recursos económicos pero aparecen algunos supuestos defensores del medioambiente y ONGs que usan a nuestros hermanos para que no se construya el camino so pretexto de conservar el medio ambiente… A ellos no les interesa el camino por el camino; es negocio para ellos, viven de ello”, arengó el Presidente.

Los únicos que se oponen a la construcción de esa carretera “son las redes oligárquicas y las ONGs que intentan fijar las reglas del desarrollo, al punto de considerar que en la Amazonía boliviana no se debe explorar gas ni petróleo, dejando a Bolivia sin recursos”, criticó el Vicepresidente Álvaro García Linera.

El Vice argumentó que la política del gobierno es preservar la naturaleza, pero también es su “obligación” fomentar el desarrollo con la construcción de carreteras e industrias: “Necesitamos tener escuelas, hospitales, telefonía y carreteras para mejorar el comercio y el transporte…”.

“Por supuesto que hay que proteger el medio ambiente y hacer la consulta en cumplimiento de la Constitución; ahora haremos la consulta, pero no será a los abogados y asesores europeos de las ONGs ambientalistas que hablan suplantando a los pobres o indígenas, llenándose la boca con la protección al medioambiente. Consultaremos a todos, comunidad por comunidad, pero con el principio de la necesidad estratégica de la vinculación carretera entre departamentos, pueblos y comunidades”, enfatizó García Linera.

El ministro de la Presidencia Carlos Romero reconoció que el proceso de consulta y concertación establecido en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 30 de la Constitución es una obligación estatal, pero aclaró que dicha consulta “no es vinculante, es decir que los consultados no pueden vetar iniciativas estatales”.

En ese contexto partió el 15 de agosto de Trinidad la VIII Marcha Indígena, a la cabeza de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), reclamando la paralización de obras de construcción del segundo tramo de la carretera San Ignacio de Moxos y Villa Tunari. Y desde entonces Evo no ha dejado de difamar a los indígenas y a las ONGs “enemigas de la integración, de la economía nacional”.

El lunes de esta semana, Evo restó credibilidad a la marcha indígena que comenzó con una sola demanda (la paralización de la carretera por el TIPNIS), pero una semana después confeccionó un pliego de 13 puntos y días después otro de 16 demandas que “atentan contra el desarrollo de Bolivia”, como por ejemplo la paralización de actividades hidrocarburíferas y obras viales.

Según el Ejecutivo, la carretera solo es un pretexto para esconder intereses extranjeros. “Estoy convencido que no es el pliego de los marchistas de los pueblos indígenas del oriente boliviano; en el fondo no es una marcha por una reivindicación, sino una marcha para paralizar Bolivia”, denunció Morales.

“Algunos dicen no se puede abrir camino por el Parque Nacional Isiboro Sécure; que yo sepa, casi en todo el mundo los caminos y ferrocarriles pasan por parques nacionales, pero bien blindados para que ahí no haya ningún asentamiento”, justificó Evo.

El martes, el Presidente reiteró que “grupos oligárquicos nacionales y trasnacionales obstaculizan el proceso de integración nacional y pretenden privar a los bolivianos del desarrollo”. Aseveró que los indígenas del TIPNIS son manipulados e instigados por “oenegés europeas y estadounidenses que se creen propietarias de la Amazonía boliviana y quieren dirigir el desarrollo de esa región tomando en cuenta sus propios intereses, sin conocer las necesidades de los pueblos indígenas de la Amazonía”.

El miércoles, Evo dijo que envió a sus ministros para que inicien la negociación con los marchistas, “agoten el diálogo y dejen los temas pendientes para tomar decisiones políticas en Palacio”. “Estoy esperando eso”, enfatizó, aunque advirtió que la mayoría de las demandas del pliego indígena son “innegociables” porque van “contra el progreso” del país.

Ese día, el ministro de Comunicación Iván Canelas ratificó la voluntad de diálogo del gobierno, pero dejó en claro que las demandas que conciernen a la economía nacional no están ni estarán en debate. “Hay puntos que son innegociables y entre ellos la paralización de las exportaciones de hidrocarburos porque eso significa la paralización de la economía nacional y eso prácticamente es imposible”, advirtió.

El jueves, el Jefe de Estado lamentó nuevamente que los marchistas no quieran negociar, pese a la disposición de las autoridades. El gobierno intentó cinco veces dialogar con los dirigentes: “Fuimos a Trinidad, Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Moxos, Puerto San Borja y a San Borja sin lograr resultados debido a que los marchistas se han opuesto a negociar”, se quejó la ministra de Autonomías Claudia Peña.

La Ministra Peña aseguró que “hay una amplia disposición por parte del gobierno para analizar las demandas indígenas” e insistió en que el diálogo es la única forma de que la marcha logre resultados. Sin embargo, ¿qué podrían negociar los indígenas si el propio Evo sentenció que casi todas las demandas de la VIII marcha indígena son “innegociables”?

En conferencia de prensa ofrecida el jueves en la ciudad de Cochabamba, Morales desahució cualquier posibilidad de diálogo o negociación en torno a la abrogación de normas referidas a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, o la modificación del trazo del tramo II de la carretera, la primera demanda del pliego.

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez dijo que aún no hay un diseño aprobado del trazo, y el jueves se fijó un año de plazo para estudiar siete posibles opciones, abriendo la posibilidad de modificar el tramo II. Sin embargo, el ministro Romero confesó que “técnicamente no es viable desviarel trazado de la carretera”, y Morales ratificó que no hay otra opción.

“¿Cuál otra alternativa? No hay otra alternativa, no hay otro tramo, es el único que tenemos”, dictaminó Evo y fustigó nuevamente a las ONGs por “hacer meter la pata” a la dirigencia indígena: “Decir que (la vía) vaya por Puerto San Francisco es meter camino a pantanales, bajíos y curichales. Algunos dicen que se vaya a dar una vuelta por arriba, tiene que pasar por Independencia, por Cocapata para bajar a Loreto, pasar por San Borja… son desubicados”. (Erbol)

Morales desestimó otras demandas del pliego, entre ellas las consultas previas a la construcción del túnel Aguaragüe y de las carreteras San Borja-Rurrenabaque y San Buenaventura-Ixiamas, y sobre todo la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Aguaragüe de Tarija mientras no cuenten con la aprobación de los pueblos afectados.

“De Aguaragüe sale el 90 por ciento del gas que se exporta a Brasil y Argentina, la fuente de recursos para entregarlos a las regiones… Exigir la paralización de las actividades de exploración, explotación y exportación desde Aguaragüe provocaría una pérdida diaria de 11 millones de dólares… Significaría un atentado contra la economía nacional y los derechos de todos los bolivianos…”, señaló Evo.

Los marchistas indígenas también exigen el saneamiento de tierras en sus territorios, la expropiación de latifundios, una nueva Ley de Bosques y una Ley especial de áreas protegidas con participación indígena. Pero el Mandatario impugnó todos esos pedidos porque contradicen abiertamente su nuevo plan de tierras.

Según Morales, los indígenas quieren 18 millones de hectáreas adicionales a las 12 millones que ya poseen alrededor de 150 mil originarios, a razón de 80 hectáreas por persona, mucho más de lo tienen los campesinos e indígenas de tierras altas. Por ello, su gobierno propone recortar las TCOs indígenas “excesivas” y repartir las tierras como propiedades privadas entre los campesinos, cocaleros y colonizadores de su partido.

Morales advirtió que su gobierno no permitirá que los pueblos indígenas co administren las tierras fiscales con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), y mucho menos autorizará que negocien con bonos de carbono en el marco del programa REDD y reciban directamente las compensaciones.

El Presidente no se refirió a otras demandas del pliego indígena, como por ejemplo la creación de ítems para médicos tradicionales y su inclusión en programas y sistemas de salud pública; la dotación de viviendas; el acceso a licencias y frecuencias directas y gratuitas para medios de comunicación indígenas; o la creación de la Universidad Indígena.

El Mandatario no explicó si, una vez cuantificada la población originaria en el censo nacional de 2012, se aumentará el número de escaños de diputados especiales indígenas en la ALP. Tampoco dijo nada del Fondo Indígena (FDPPIOyCC) que hasta ahora solo beneficia a la burocracia campesina de la CSUTCB y de la “Bartolinas”.

Evo aseguró que su gobierno respetará a la movilización indígena, pese a que “es injusta y perjudica al pueblo boliviano”, y sin embargo descalificó nuevamente a los marchistas que, en su criterio, “están haciendo turismo” con el financiamiento de ONGs, empresarios, madereros e inclusive de Naciones Unidas.

“Esta supuesta marcha sui géneris en un día avanza 40 a 50 kilómetros; que yo sepa es imposible, ni madrugando, lo real es que no se puede superar los 20 kilómetros. No parece una movilización de reivindicación social sino parece turismo: días que marchan, días que descansan, días que van en carros… ¿Es un viaje a pie o es un viaje a carro?”, se burló Evo y se mofó de las “facilidades con las que cuenta la marcha indígena… Tengo información que les sobra comida, (tienen) campamentos con lindas carpas, avanzadas que se los instalan las carpas…”.

El Presidente recordó que cuando él era dirigente cocalero “las marchas eran autofinanciadas e iban acompañadas sólo por la Asamblea de Derechos Humanos y en último caso de la Defensoría del Pueblo… Si hablamos de la forma de dormir en las marchas, cuántas veces yo sólo con una frazada envuelto y mi mochila era mi almohada… no conozco carpas, nunca he conocido…”.

Nota:

1. La Constitución reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; y “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. La consulta previa es una obligación del Estado y también es un procedimiento de cumplimiento obligatorio que condiciona la explotación de recursos naturales no renovables. Antes de iniciar cualquier proyecto extractivo, el Estado debe convocar de buena fe y de manera concertada con la población interesada, a una consulta previa, libre, informada en el territorio habitado por los afectados, respetando sus normas y procedimientos propios.

El Estado Plurinacional de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria. La democracia directa y participativa se ejerce por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, las asambleas y cabildos deliberativos, y de la consulta previa a naciones y pueblos indígenas, establece el Artículo 11 de la CPE.

Son competencias exclusivas de las autonomías indígenas la administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, y la gestión y administración de los recursos naturales renovables. (Art. 304) Son competencias compartidas de las autonomías indígenas el control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. Una de sus competencias concurrentes es el control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción.