(PL y ABI).- Tras 18 días de caminata por zonas de calor y casi sin alimentos, algunas comunidades indígenas del oriente boliviano insisten hoy en una demanda sin razón: paralizar la exploración y explotación de carburantes. La Asamblea Legislativa conformará la próxima semana una Comisión Especial Mixta para verificar si los Organismos no Gubernamentales (ONGs) y agencias internacionales de cooperación usan con transparencia los recursos o con otros fines, confirmaron el viernes las autoridades.

La marcha que partió el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad (Beni) hacia La Paz, rechazó inicialmente la construcción de un tramo carretero que uniría al occidente con el oriente del país suramericano. Así comenzó la protesta, pero ya en medio de la movilización, algunos líderes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Orienta Boliviano (Cidob) añadieron otros 15 exigencias, entre ellas detener todos los planes del sector de hidrocarburos.

Al primer pedido, el gobierno precisó que todavía el diseño del camino que debía atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estaba por definirse, y en esa decisión un gran peso tendría la consulta a los originarios. Los recursos para la obra, por encima de los 230 millones de dólares, los había otorgado Brasil ya desde finales del año pasado, y el proyecto lo acometería la empresa OAS, de la vecina nación, junto a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Aún así, la manifestación comenzó en agosto último. El propio presidente Evo Morales alertó de la coincidencia de ese reclamo, a tres meses de celebrarse en el país por primera vez en su historia elecciones del Poder Judicial. El mandatario también reiteró la voluntad de diálogo del Ejecutivo y puso a disposición de los inconformes con la vía a 10 de sus 20 ministros. Pero las pláticas no han sido posibles debido a la intransigencia de los marchistas.

Morales también comentó la sospechosa coincidencia de la caminata con la campaña opositora de votar nulo o en blanco en los comicios de octubre venidero. Asimismo condenó que a falta de propuestas alternativas al actual modelo, la estrategia de los adversarios del cambio va dirigida a enfrentar a los sectores aliados del primer gobernante indígena.

Al respecto, Morales también explicó a periodistas que de paralizarse todas las actividades hidrocarburíferas, el Estado Plurinacional perdería 11 millones de dólares al día o lo que es igual, tres mil 960 millones de dólares al año. Hasta tanto no se consolide la industrialización de los energéticos y se diversifique la economía, Bolivia todavía depende para su desarrollo de la venta de materias primas como petróleo y gas natural.

“Exigir la paralización de las actividades de exploración, explotación y exportación desde Aguarague, en el Chaco de Tarija (sur), significaría un atentado contra la economía nacional y de los derechos de todos los bolivianos”, remarcó.

Asimismo piden el control de las tierras fiscales por encima de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la institución estatal que impide la explotación ilegal de madera y tierras. Sin embargo, el propio Morales ha reiterado que la esencia de la demanda sin razón son los vínculos probados de dirigentes de la caminata y la embajada de Estados Unidos.

Reiteradas llamadas telefónicas entre el asesor para medio Ambiente y Pueblos Indígenas de esa legación, Eliseo Albelo, son muestra elocuente de la injerencia y desde donde se dirige la protesta de 2011. Ya en 2008, por verificarse planes similares, Morales expulsó de Bolivia al representante de Washington, Philip Goldberg -oh, casualidad- el mismo diplomático en la exYugoslavia antes de fragmentarse en varias naciones.

Un mes después, el gobierno boliviano también suspendía las operaciones y expulsaba del país a las unidades y funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusada de respaldar accione subversivas.

Antes y ahora, las organizaciones sociales y legisladores han solicitado se investigue a fondo las actividades de Organizaciones No Gubernamentales, en contacto con la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid) con proyectos más políticos que medioambientales o de apoyo a la democracia.

La marcha indígena continúa su paso, ayudada por el transporte incluso de las ONG, pese a críticas de activistas de derechos humanos por involucrar a niños, ancianos y embarazadas. Intereses políticos se sobreponen a lógicas preocupaciones por la biodiversidad. Según Morales, será el pueblo quien juzgue a sus responsables.

Investigan a las ONGs

En una conferencia de prensa, el Vicepresidente del Estado Alvaro García Linera, quien es presidente del Órgano Legislativo, adelantó que una Comisión será conformada en la primera sesión del Legislativo los próximos días. “La semana que viene, en la primera sesión de la ALP, vamos a conformar una Comisión Especial Mixta para un seguimiento e investigación de los flujos de recursos monetarios de instituciones sin fines de lucro y algunas ONGs”, indicó.

“El objetivo es transparentar y visibilizar ante el pueblo boliviano su uso, ante denuncias de que las últimas semanas algunas instituciones se han visto involucradas en temas de orden político interno”, afirmó. Reiteró que “El objetivo es transparentar esos usos a fin de que no sean utilizados con otros fines que no sean los de la cooperación al país”. “Ojalá que esos recursos no sean utilizados con fines que estén relacionados con la política o de injerencia en los asuntos internos del país”, anotó.

La creación de la mencionada Comisión es una iniciativa de asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) ante denuncias de que las ONGs utilizan esos recursos para manipular a organizaciones indígenas con el fin de desestabilizar al Gobierno. El diputado del MAS, Edwin Tupa, dijo que algunas agencias internacionales de cooperación, como USAID de Estados Unidos, financia una serie de actividades de dirigentes sindicales e indígenas con el fin de que lleven adelante acciones de desestabilización del Gobierno y de la democracia.

El presidente Evo Morales hizo conocer a la opinión pública los pasados días las fluidas comunicaciones telefónicas de algunos dirigentes de pueblos indígenas del oriente con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia. De acuerdo con los reportes que fueron autorizados por el Ministerio Público, esas comunicaciones se produjeron días antes y durante la realización de la marcha que iniciaron los pueblos indígenas del oriente para oponerse a la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

Morales anotó su preocupación por denuncias sobre el financiamiento de esa marcha, que estaría a cargo de ONGs y de empresarios madereros que quieren mantener el control de las áreas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Otras autoridades mostraron que USAID financia seminarios de “capacitación” de dirigentes indígenas a los que entrega becas y otros incentivos, además de la edición de libros y otros documentos para ser distribuidos en la población.

Las comunicaciones telefónicas de funcionarios de la embajada de Estados Unidos con dirigentes de pueblos indígenas del oriente y de otras organizaciones, como Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ) hicieron que responsables de esa misión diplomática presten un informe al Ejecutivo.

El Vicepresidente aseveró que las conclusiones que emita la Comisión Legislativa serán analizadas, pero el Ejecutivo es el que tomará decisiones al respecto. “Si cumplen con el objetivo por el que fueron autorizadas para trabajar en Bolivia, no habrán problemas, de lo contrario se adoptarán las medidas que correspondan”, remarcó.

* Mario Hubert Garrido es jefe de la agencia Prensa Latina en Bolivia y Adalid Cabrera Lemuz es periodista de la gubernamental ABI.