El 8 de agosto de 2011, el gobierno promulgó la “Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación”. Normativa que amerita lgunos comentarios que les presentamos a continuación.

Objetivos, principios y acceso

Los objetivos de la Ley son:

1. Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico.

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnlogías de información y comunicación, así como del servicio postal.

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.

4. Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de infraestructura para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos.

La Ley parte del principio fundamental, constitucionalmente reconocido, del acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Propone garantizar el uso eficiente del espectro electromagnético y proteger a las y los consumidores con criterios de calidad, asequibilidad, protección a la privacidad, eficiencia económica, “neutralidad tecnológica”, entre otros principios.

Ahora bien, los criterios anteriores, entran en algunos casos en conflicto de aplicación y operativización con el objetivo de inclusión digital mediante la reducción de la brecha digital, la democratización y el acceso universal a las telecomunicaciones/TIC.

Respecto al acceso a Internet por parte de la población boliviana, revisando datos de la encuesta de Medición de Condiciones de Vida (MECOVI) de 2008 es posible encontrar datos que reflejan de manera algo más precisa la situación de conectividad en el país, aunque siguen siendo insuficientes para un análisis preciso de la situación de conectividad en Bolivia. Dicha encuesta muestra que el 5 por ciento de los hogares del área urbana tienen conexión a Internet, mientras que en el área rural la conexión domiciliaria es casi cero. Cabe subrayar que las familias con ingresos más altos concentran más del 70 por ciento de la conexión a domicilio, dato que refleja la directa relación entre la brecha socioeconómica con la brecha digital. El 42 por ciento de la población accede a Internet fuera del hogar, estimándose que estas familias acuden a cibercafés o telecentros, o que se conectan desde sus fuentes laborales, escuelas, universidades u otros.

La encuesta también revela que, en promedio, los hogares en Bolivia destinan Bs. 18.5 al mes para conectarse a Internet. Sin embargo, ajustando la información, se puede observar que los hogares en los grupos de menor ingreso económico gastan en promedio Bs. 5.0 al mes (y tienen una conexión domiciliaria no mayor a 1 por ciento), lo que supondría unas dos o tres horas de conexión a Internet al mes.

Estas cifras están reflejando que quienes más acceden son los miembros de hogares con mayor ingreso, situación que se presenta como un desafío en la visión de garantizar el pleno derecho a las TIC y ampliar progresivamente la cobertura, el acceso y la calidad de servicios para la mayoría de la ciudadanía.

Espectro electromagnético y convergencia

Un aspecto crucial es la definición del espectro electromagnético como recurso natural. La normatividad sobre el espectro electromagnético y la utilización del espectro radioeléctrico en tanto recursos naturales estratégicos debiera ser un avance que abra la oportunidad para un uso y aprovechamiento socialmente eficiente y con visión de desarrollo equitativo. Sin embargo, la Ley aquí establece un criterio de concentración de poder y sobre todo cierta miopía respecto al presente y futuro tecnológicos.

El Estado toma el control de hasta el 33 por ciento de las frecuencias disponibles, porcentaje igual que para el uso comercial. El restante 34 por ciento esta designado a uso social comunitario y de pueblos indígenas, originarios y campesinos en proporciones iguales (17 por ciento para cada uno). Este criterio de redistribución impacta decididamente en contra de las inversiones privadas y empresas comerciales en el sector analógico de radio y televisión principalmente.

Se posterga la apuesta por la convergencia tecnológica y por tanto la posibilidad de canalizar y garantizar efectivamente la oferta de servicios que concedan el acceso a servicios integrados de telefonía fija, móvil, Internet y televisión digital, a costos acordes al ingreso promedio nacional y bajo una lógica de inclusión.

Considerando el dinámico mercado global de desarrollo de tecnologías para las telecomunicaciones/TIC y los altos costos de inversión, entre otros factores, con una decisión política de esta naturaleza, sin una visión clara de convergencia de servicios, se puede vaticinar que la brecha digital seguirá su tendencia creciente.

Tarifas

La Ley propone una estructura de precios equitativa en el enunciado pero con una contradicción en su aplicación. Supone que las tarifas garanticen “la provisión eficiente de cada servicio” y también atienda “los principios de solidaridad y asequibilidad”, lo que refleja una posición problemática al momento de operativizar el servicio en las vríticas y limitadas condiciones actuales.

El mayor problema se presenta en el contexto de aplicación en el corto y mediano plazo. De acuerdo con un informe del Observatorio Regional de Banda Ancha, recientemente lanzado por la CEPAL, las tarifas de Internet en Bolivia son las más caras de la región y los niveles de ingreso entre los más bajos del continente. Ante esta realidad, la Ley no establece mecanismos efectivos, desde el mercado, lo social e inclusivo, para garantizar el derecho universal de acceso a las telecomunicaciones/TIC.

En síntesis, en lo que a medidas normativas para la inclusión digital y la democratización de las telecomunicaciones/TIC vía Internet respecta, la Ley corrige aspectos interesantes y ciertos principios para la inclusión digital pero no tiene completa correspondencia con la reducción efectiva de la brecha digital, la inclusión digital de los sectores hasta hoy excluidos, ni tampoco democratización del acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información y comunicación.

Aspectos positivos

Se establece que “los nuevos proyectos de infraestructura para brindar servicios de energía eléctrica, hidrocarburos y transportes deberán incorporar la instalación de fibra óptica y/o ductos y cámaras…”. Esta determinación incide directa y positivamente en la expansión de puntos de interconectividad así como el rordenamiento de las edes de servicios.

El reconocimiento de la firma electrónica, la firma digital, la plena validez jurídica del documento digital, así como los lineamientos básicos para el comercio electrónico, son aspectos positivos y que hacía tiempo eran necesarios en la legislación boliviana. Será importante que los reglamentos correspondientes establezcan las condiciones claras para la convergencia con el sistema financiero y así viabilizar las transacciones e intercambio de bienes y servicios vía nternet.

Gobierno electrónico y software libre

Es positivo el planteamiento del gobierno electrónico, como medida tendiente a la eficacia del aparato estatal, de acercamiento entre la ciudadanía y la administración pública, acelerando trámites y auspiciando la transparencia de gestión, a todo nivel del Estado, y la optimización de servicios públicos.

Por otro lado, la Ley establece la promoción y priorización del software libre y estándares abiertos. Este punto tiene un impacto ciertamente interesante en el horizonte de posibilidad para la apropiación y generación de tecnologías desde el país.

Generación de tecnologías

Se crea el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Digital (PRONTIS), tal como está planteado, es una medida necesaria y positiva, incluso porque también se establecen mecanismos de financiamiento desde el manejo de la burocracia sectorial en beneficio del Estado, desde el mercado y también la cooperación nternacional.

* Fuente: Informe Nacional de Coyuntura N. 164.