El gobierno colombiano ha hecho un gran despliegue en los medios de comunicación sobre la entrada en vigencia del TLC con Canadá el 15 de agosto, debido al importante papel que este país de 34 millones de habitantes juega en la economía mundial, ya que es el quinto importador del planeta. El gobierno no ha ocultado que más que el mismo TLC, lo estratégico es que acelera o facilita la aprobación de otros TLC que tienen mayor importancia para el gobierno como el de Estados Unidos o la Unión Europea. 

A pesar de su relativa importancia económica, Canadá ha jugado en el escenario mundial más como un subalterno de Estados Unidos que como un actor independiente. Su política exterior durante la era Bush estuvo totalmente plegada a esa potencia y solo tiene unos cuantos TLC con países que están dentro de la órbita de Estados Unidos. El texto de este TLC reproduce para Colombia el esquema de exportación de productos básicos e importación de maquinaria y productos elaborados, que caracteriza el tipo de inserción internacional que propugna el gobierno colombiano.

Como en los demás TLC hasta ahora negociados, se eliminan los aranceles en buena medida para las exportaciones colombianas, pero quedan vigentes los rígidos controles sanitarios y fitosanitarios, de etiquetado y demás, que dificultarán enormemente las exportaciones colombianas. La razón por la cual Colombia no ha accedido en mayor medida al mercado canadiense no radica en la ausencia de un TLC sino en la falta de oferta exportable, así como en los enormes costos de acceder a un mercado lejano al cual muchos otros países más cercanos ofrecen productos similares a precios más baratos. Lo que Colombia comprará será maquinaria, insumos para la industria y lo que Canadá comprará eventualmente son productos básicos, especialmente agropecuarios, la mayor parte de ellos no esenciales. Según el gobierno este TLC, al que han hecho tanto bombo, aumentará en un insignificante 0,06 el PIB de Colombia y en 0,21 las exportaciones. Desde el punto de vista comercial no es comparable la posible ganancia con Canadá con las pérdidas que ha tenido Colombia al haber dado la espalda a los mercados de América Latina.

Se habla de que las mayores oportunidades están en la exportación de grasas y aceites, alimentos de mar conservados y procesados, cacao, cigarrillos, frutas, confitería, vegetales, productos de panadería, productos que Colombia produce en pequeñas cantidades y que salvo permitir ganancias a una que otra empresa, no representan nada significativo para el desarrollo nacional. Mientras tanto, se castiga el mercado interno y en lugar de fomentar la producción que beneficiaría a miles de colombianas y colombianos, se piensa en satisfacer gustos marginales y exóticos de los consumidores canadienses como la vinagreta de mango, las trufas moca y los merenguitos de café con macadamia que fueron destacados en la propaganda oficial en todos los periódicos de todo el país.

El comercio con Canadá es relativamente pequeño y la balanza comercial es favorable a ese país. Entre 2005 y 2010 el comercio pasó de 687 millones a 1.355 millones, pero crecen más rápido las importaciones que las exportaciones. Las exportaciones reales se concentran en petróleo café y flores, y en menor medida en textiles, confecciones y plásticos. Los productos elaborados no llegan ni al 20%. Sobresalen en las importaciones trigo, cebada y papel. Una de las pruebas de los dudosos éxitos de este tratado consiste en que solo dentro de 17 años el azúcar tendrá pleno acceso al mercado canadiense, mientras que el trigo canadiense tendrá un libre acceso inmediato.

En realidad el gobierno le está apuntando a dar facilidades a las inversiones canadienses en servicios financieros, telecomunicaciones y especialmente minería. Estas inversiones, que representan el 13,5% de la inversión extranjera en Colombia, no generan aportes para el desarrollo del país y, por el contrario, constituyen negocios jugosos para los grandes capitales radicados en Canadá, que lo convierten en una especie de paraíso fiscal para las multinacionales mineras de todo el orbe. A través de estos tratados, este país ha demandado a países que no permiten que sus empresas realicen explotaciones mineras, como en el caso de El Salvador, a quien demandó por 70 millones de dólares por negar la licencia ambiental a su empresa Pacific Rim en el proyecto El Dorado.

Este es el segundo TLC con un país desarrollado que entra en vigencia para Colombia, el otro se firmó con Suiza. El gobierno se ufana de las posibilidades de exportación de servicios tales como call centers, traducción de datos, informática y demás servicios, en los cuales la única ventaja a la que podría aspirar Colombia es al ofrecimiento de mano de obra barata y desorganizada.

Todos los estudios sobre las potencialidades de las exportaciones colombianas a Canadá, se basan en identificar qué compra ese país y de acuerdo a eso establecer que ese es un posible nicho para las exportaciones colombianas, pero no se ha considerado el hecho de que los exportadores están gravemente afectados por la revaluación, las deficiencias en infraestructura que aumentan los costos y por la depresión económica mundial- En un momento en que todo el mundo apuesta al fortalecimiento del mercado interno, la protección y el aumento de la acción del Estado en la economía, Santos sigue confiando ciegamente, como Uribe, en las virtudes de las exportaciones y el “libre mercado”.

En contra de lo que el gobierno afirma, el acuerdo no fue concertado ni consultado con los afectados. Y para ocultar la realidad del tremendo negocio que se ofrece a los canadienses, se suscribieron anexos en materia de derechos humanos y medio ambiente y una revisión periódica sobre el efecto del tratado para las pymes. Como en los demás tratados, esto no se refiere al examen de los efectos del libre comercio sobre los derechos económicos y sociales sino a una cierta preocupación sobre el asesinato de sindicalistas y demás violaciones al derecho a la vida, pero ellas son presentadas como problemas del “pasado”. A pesar de todas las evidencias, el gobierno ultraconservador de Canadá se encontrará satisfecho con las declaraciones de Santos de que está tomando medidas correctivas. Se acordó que los gobiernos elaboren un informe sobre derechos humanos para presentarlo a los congresos, pero no hay medidas de investigación ni sanción por violaciones a los derechos humanos civiles, políticos, económicos ni sociales, ni para los Estados ni para las empresas multinacionales.

El apetito de los inversionistas canadienses por apoderarse de recursos mineros, su falta de responsabilidad por los daños ambientales y humanos y la política del gobierno colombiano de asegurarles beneficios ilimitados, aseguran que aun más que durante el gobierno de Uribe, se está hipotecando el desarrollo nacional en pro de las ganancias a los exportadores e inversionistas extranjeros.

Las organizaciones sociales de Colombia deben estar alerta en contra del saqueo de las multinacionales canadienses, hacer un seguimiento riguroso a la aplicación del TLC y exigir a las autoridades el respeto a los derechos humanos de nuestro pueblo. Darse cuenta que en forma más rápida y profunda que durante el gobierno anterior se quiere profundizar un modelo que ya ha ocasionado para el pueblo colombiano 60% colombianos en la pobreza, 3 millones de desempleados y 4 millones de desplazados. Eso es lo que se quiere profundizar en la era Santos 

* Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (RECALCA). www.recalca.org.co