(Plataformaenergetica.org).- Con el gasolinazo de Navidad, la población debía pagar por los carburantes un adicional de casi 1.300 millones de dólares. De lo recaudado, 500 millones iban a cubrir los costos de la medida (aumento de salarios, bonos, etc.), mientras que el saldo de casi 800 millones se distribuía entre las petroleras (60%) y el gobierno de Evo (40%), revela una nueva investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La elevación de los precios internos de los carburantes podría haber sido la mayor y más eficaz medida para que el gobierno del Presidente Evo Morales y las transnacionales petroleras que operan en Bolivia obtengan grandes ingresos. El primero podría haber recibido un beneficio neto anual de más de 300 millones de dólares y las empresas petroleras un adicional de casi 500 millones de dólares, revela el estudio “Gasolinazo: subvención popular al Estado y las petroleras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera”, presentado en un seminario de debate académico y popular realizado este miércoles en la ciudad de La Paz.

El estudio sostiene que los trabajadores y la población consumidora hubiesen sido los grandes perdedores, si el gasolinazo de diciembre de 2010 hubiese prosperado y vencido a la protesta social y laboral.

La investigación revela que, en cifras redondas, la población boliviana debía pagar por el alza del precio de los carburantes (gasolina y diesel) un adicional de casi 1.300 millones de dólares. De lo recaudado, 500 millones de dólares estaban destinados a cubrir los costos de la medida (aumento del 20% en salarios, bonos, etc.), mientras el saldo de casi 800 millones de dólares se distribuía entre las petroleras (60%) y el gobierno de Evo (40%).

Estos millonarios ingresos debían provenir del aumento del precio del barril de diesel de 28,4 a 98,3 dólares y del barril de gasolina de 27,9 a 89 dólares, como consecuencia de la aplicación del Decreto Supremo 748.

Por otra parte, la distribución de estos millonarios recursos entre el Estado y las petroleras se sustentaba en la decisión pública de las autoridades gubernamentales de elevar de 27 a 59 dólares el precio interno del barril de petróleo pagado a las transnacionales, como un medio para incentivar el crecimiento de la producción de petróleo.

400% más de petroganancias

De haber tenido éxito en su aplicación y de cumplirse la otorgación del nuevo incentivo, el gasolinazo hubiera permitido elevar en 400% la utilidad promedio de las petroleras, modificando significativamente la distribución de la renta petrolera entre el Estado y las empresas.

“Como consignan los datos de esta investigación, la implementación de un nuevo incentivo a los productores de petróleo habría elevado la utilidad media que las transnacionales perciben por ese producto en un 400%. Por el contrario, habría reducido las rentas estatales por concepto de Regalías e IDH, del 50% que ahora suman, a sólo 39,2%, en el caso de los líquidos”, señala el estudio.

“En otras palabras, la medida habría significado un retroceso en la distribución de los excedentes petroleros a condiciones parecidas a las prevalecientes antes de la Ley 3058; es decir, a las condiciones vigentes en el neoliberalismo… La gravedad de ese resultado reside, además, en que marcaba las pautas de la orientación que podría tomar la nueva reforma sectorial por parte del Gobierno, en el contexto de su acercamiento al capital extranjero y de las amenazas que plantea el creciente déficit de energía en el país”, advierte el estudio.

El fracaso de la nacionalización

Según el CEDLA, el gasolinazo podría haber proporcionado nuevos y extraordinarios ingresos, aunque hubiese repetido las viejas fórmulas neoliberales que recurrían a la aplicación de impuestos eminentemente regresivos, que transferían su costo a la población en general y a los trabajadores en particular.

“A la luz de la experiencia reciente, ni siquiera el argumento de que esos nuevos recursos habrían estado dirigidos a financiar inversiones productivas resulta justificable, pues las cifras del gasto fiscal muestran que las prioridades y la orientación del gasto no han variado en los últimos años: la infraestructura y el gasto social concentran los principales gastos, frente a la irrelevancia del gasto en sectores productivos”.

En síntesis, la investigación del CEDLA sostiene que “el gasolinazo resulta ser una confesión de parte sobre el fracaso de la nacionalización; una prueba dramática de la incapacidad de la política reformista para potenciar la capacidad productiva del país y cumplir objetivos trascendentales como la industrialización de los hidrocarburos”.

“Es, en otro sentido, la prueba de que aún dependemos de la decisión de las transnacionales para producir, decisión que sigue determinada por el nivel de ganancias que esperan obtener y no por consideración a las necesidades de la población, desmintiendo la posibilidad de la armoniosa convivencia del capital monopólico con la economía estatal y la economía comunitaria, como postula el socialismo comunitario”.

Riesgos, peligros y fracasos del sector petrolero boliviano

La situación del sector hidrocarburífero boliviano es desalentadora y refleja el fracaso de la “nacionalización” emprendida hace más de cinco años por el gobierno del presidente Evo Morales, advierte la nueva investigación del CEDLA. “El balance de cinco años de gobierno es que la producción de petróleo ha disminuido y la de gas natural no ha aumentado, la industrialización está tan o más lejana que en 2005 y la magnitud de las reservas de hidrocarburos son un tercio de lo que se creía”, señala el estudio.

El documento sostiene que “la situación de la capacidad productiva y de las reservas de petróleo es especialmente dramática” y advierte que la política gubernamental, que prioriza los intereses del capital, “se inclinará por garantizar la producción de petróleo a cargo de las empresas transnacionales a costa de la economía popular, aunque apoyada en el argumento de la defensa del interés general resumido en la estabilidad financiera del Estado”.

La investigación sostiene que “la nacionalización se limitó al disfrute de los resultados de la reforma tributaria de la Ley 3058 aprobada en 2005 y de la extraordinaria elevación de los precios de las materias primas en el mercado mundial, pero no recuperó el control estatal sobre el sector —es decir, no restituyó el monopolio estatal que anteriores nacionalizaciones establecieron—, dando únicamente lugar a una empresa pública, YPFB, subordinada a la voluntad de las empresas extranjeras productoras”.

Control transnacional

“La información sobre las áreas petroleras, las reservas y la producción de hidrocarburos revelan que el control del sector sigue en manos de las empresas operadoras transnacionales, quedando la empresa estatal con una participación minoritaria, situación que respalda la decisión gubernamental de otorgar condiciones favorables a éstas, incluida la “nivelación” de precios de los combustibles”.

“Esa situación de preeminencia de las empresas transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos se constata cuando el grueso de la producción —cerca del 80%— continúa en manos de las operadoras extranjeras. El Estado, en cambio, sólo participa en la producción del restante 20% mediante las empresas Andina y Chaco, en asociación con empresas extranjeras”, asegura el CEDLA.

El estudio destaca que, pese a la “nacionalización”, “el control de la producción por las empresas transnacionales ha ido creciendo en los últimos cinco años; en especial, es patente el incremento de la participación de Petrobras, que pasó del 47% en 2004 hasta el 63% en 2009”.

Según el análisis del CEDLA, “la política hidrocarburífera, limitada a aumentar la participación del Estado en regalías e impuestos, no ha cuestionado la propiedad de la infraestructura productiva, ni de los medios de producción necesarios para garantizar la soberanía energética, tal como manda el artículo 358 de la Constitución Política del Estado”.

“El Estado Plurinacional no define la política de hidrocarburos, ni ejerce presión sobre las petroleras para que produzcan, sino que debe recurrir a otorgarles incentivos para estimularlas. Así, como respuesta a la eventual crisis energética, parece haberse inscrito en la agenda gubernamental el aumento de los incentivos a las petroleras y la presión sobre el pueblo consumidor a través de la imposición de precios internacionales”, agrega.

En este marco, el estudio del CEDLA sostiene que la decisión gubernamental del pasado diciembre de elevar el precio de los combustibles para el mercado interno a través de modificaciones en la alícuota del IEHD no fue una acción irreflexiva, sino una medida consecuente con las prioridades de la política económica del gobierno.

Fuente: www.plataformaenergetica.org